El diputado nacionalista Pablo Abdala planteará hoy en la Cámara Baja un llamado a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para conocer el futuro del proyecto de la regasificadora. En diálogo con En Perspectiva, Abdala sostuvo que la garantía de US$ 100 millones que el gobierno ejecutará en caso de incumplimiento por parte de la empresa GNLS (concesionaria de la obra) es insuficiente para resarcirse del daño ocasionado.
Abdala aseguró que habrá consecuencias patrimoniales el país, porque en caso de que el Estado quiera hacerse de lo que ya está construido deberá, por contrato, hacerse responsable de las deudas que GNLS contrajo.
EN PERSPECTIVA
Martes 18.08.2015, hora 10.18
EMILIANO COTELO (EC) —La Cámara de Diputados va a considerar hoy un planteo de Pablo Abdala, legislador del Partido Nacional [PN] que procura llamar a sala en régimen de comisión general a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.
El tema: el futuro del proyecto de la planta regasificadora.
La inquietud de Abdala se generó luego de que el consorcio GNLS, concesionario de la obra y encargado luego de la operación, le comunicara a Gas Sayago Sociedad Anónima que en estas condiciones no puede seguir adelante con este proyecto.
Como ustedes recordarán, cuando se conoció esta novedad el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa una postura que ya había comunicado: que en caso de incumplimiento se ejecutaría la garantía de US$ 100 millones prevista en el contrato.
El proyecto de la regasificadora ya había tenido complicaciones en marzo, cuando GNLS decidió rescindir el contrato con la constructora brasileña OAS, a la que le había encargado las obras del muelle y la escollera. Desde ese momento los trabajos están paralizados.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Vamos a profundizar en este tema, estamos en línea con el diputado Abdala para saber más a propósito de esta convocatoria.
¿Por qué quiere citar a la ministra Cosse al Parlamento y qué es lo que le interesa saber específicamente sobre el futuro de la planta regasificadora?
PABLO ABDALA (PA) —El PN ha hecho un análisis muy detenido sobre este asunto y hemos llegado a la conclusión de que estamos frente a un problema preocupante con aristas complejas. La obra está detenida desde hace prácticamente seis meses, hace 20 días que la empresa concesionaria comunicó que no estaba en condiciones de proseguir con la ejecución del proyecto. Cuando la ministra fue convocada a las comisiones de las dos cámaras por este tema, en el caso de la Cámara de Diputados compareció el 1º de julio, nos dijo que el contrato se iba a cumplir y que ya se había llegado a un acuerdo con la empresa concesionaria que había sugerido o propuesto a una nueva empresa constructora para continuar con las obras. Sin embargo, 20 días después la empresa concesionaria comunicó que no estaba en condiciones de seguir.
Nosotros entendemos que este nuevo escenario le abre al país consecuencias muy complicadas desde el punto de vista de las derivaciones que puede emerger del contrato concesión y de sus cláusulas tal como fue concebido.
RA —Vayamos a eso, porque desde el gobierno se ha insistido en que en caso de que GNLS, como todo hace prever, no termine con la obra se puede ejecutar la garantía de estos US$ 100 millones, que por lo tanto se haría de ese dinero para luego adoptar la decisión que se entienda conveniente. ¿Qué riesgo le ve usted en este caso a estos aspectos que quedan abiertos en esta situación?
PA —Nosotros después de haber analizado el contrato, leído todas sus cláusulas y haber estudiado sus anexos, hemos llegado a la conclusión de que la ejecución de la garantía de US$ 100 millones que el presidente anunció -en una actitud que yo comprendo, con la que trató de transmitirle tranquilidad a la población en relación a que el interés nacional estuviera a buen resguardo-, mucho nos tememos que no sea suficiente para cubrir o contemplar las consecuencias que puedan surgir de esta situación. ¿Por qué?, porque el contrato de concesión, desde nuestro punto de vista, francamente está concebido, estructurado y redactado para que el concesionario privado no corra ningún riesgo, y que en cambio sea el Estado el que asuma y por lo tanto contraiga todos los riesgos que puedan emerger de esta operación.
RA —¿Por qué?
PA —Hay cláusulas que concretamente hacen referencia al escenario que tenemos planteado hoy, de rescisión por incumplimiento del concesionario. Sin embargo, hay una cláusula 35 que establece que el Estado uruguayo para poder hacerse de los bienes que ya se hayan construido de la planta, para poder adquirir las instalaciones portuarias ya construidas, lo que de la escollera y el muelle ya esté construido y elaborado, en realidad previamente tiene que cancelar las obligaciones que con terceros haya contraído previamente el concesionario, habiéndole dado en garantía la propia planta y esos mismos bienes.
RA —Esto es: ¿para hacerse de lo que ya está construido el Estado debería cancelar, hacerse responsable, de las deudas que ha contraído GNLS, por ejemplo con obreros?
PA —No solo con obreros, eventualmente con quienes hayan financiado esta operación en todo o en parte. Es decir: con terceros en general, así está dicho a texto expreso. A lo cual debe agregarse la garantía soberana que el Estado otorgó oportunamente, que fue suscrita por el entonces ministro [de Economía, Fernando] Lorenzo en el año 2013 cuando se avanzó en el proceso de selección y la firma del contrato de concesión. Y la fianza solidaria de UTE y ANCAP, todas las cuales son de carácter indivisible, ilimitada, con renuncia a la inmunidad soberana, y que desde nuestro punto de vista también en un escenario como este pueden comprometer el interés del Estado porque pueden determinar que el Estado deba actuar como garante de todas las obligaciones que emergen del contrato, incluso de aquellas que el propio concesionario, en ejecución del contrato, haya contraído para la ejecución.
Nosotros advertimos que hay una complejidad muy grande en todo esto que se deriva además de situaciones poco claras que tienen que ver con todo el proceso previo de selección de la empresa concesionaria. Claramente hay una serie de inconsistencias en las distintas etapas que se cumplieron, yo diría que hasta aspectos bastante sospechosos que creo que es necesario que en algún momento se aclaren y que también respecto a eso el Poder Ejecutivo se haga cargo y dé respuestas concretas.
RA —¿Cuáles son esos aspectos sospechosos?
PA —Me estoy refiriendo a informes contradictorios que aparecen en el expediente, a la opinión y la intervención de una consultora privada que fue especialmente contratada antes de la adjudicación a los efectos de analizar todas las ofertas y dar una opinión, que concluyó recomendando al Estado que no avanzara en la adjudicación que estaba planteada, y que finalmente se concretó, para esta oferta, la que finalmente fue adjudicataria -que suponemos que está conformada por el consorcio que integran Gaz de France y en su momento la empresa OAS, que era la empresa constructora-. La consultora que se contrató especialmente estableció que este consorcio no reunía las condiciones necesarias y suficientes como para llevar adelante la construcción de la planta regasificadora. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, la empresa OAS -que como todos sabemos además está directamente vinculada a los más severos escándalos de corrupción que se han vivido en los últimos tiempos en Brasil- llama poderosamente la atención que haya sido contratada como empresa constructora de esta obra cuando tenía escasa o prácticamente nula experiencia y antecedentes en materia de construcción de instalaciones off shore, es decir: muelles, escolleras y particularmente la realización de dragados, que fue un tema aparte en todo este proceso de ejecución de esta obra. A la vista está que hubo severas dificultades en la ejecución y se generaron sobrecostos producto de distintas circunstancias.
Por otra parte otra de las debilidades que el proceso tiene es que tampoco está demasiado claro, y esto lo ha reconocido la propia gerenta de Gas Sayago, que es la empresa que conforman UTE y ANCAP, que Gaz de France efectivamente esté respaldando esta operación. ¿Por qué?, porque GNLS S.A., que es la empresa nacional constituida a los efectos de la firma del contrato de concesión, no fue la que se presentó inicialmente al llamado, cambió dos veces la razón social. Cuando se firmó el contrato de concesión inclusive GNLS estaba en proceso de formación. La propia gerenta de Gas Sayago SA, del Estado uruguayo actuando en régimen de derecho privado, reconoció que desde el punto de vista jurídico el vínculo de Gaz de France con la empresa que resultó adjudicataria no estaba claro y no estaba formalmente establecido.
Creo que entonces todo esto le abre al país una serie de interrogantes muy grandes, muy importantes, y nos preocupa fundamentalmente que hace 20 días que la empresa está ida, o que anunció que no continuaba con las obras, y la ministra no ha emitido sonido, está guardando un escrupuloso silencio y a través de la prensa del día de hoy nos enteramos de que está negociando.
RA —Sí, le cito justamente esas versiones. Es una nota que maneja el diario El País en base a fuentes que están en las negociaciones. Allí señalan que GdF-Suez y la japonesa Marubeni se mostraron dispuestos a pagar esta garantía de US$ 100 millones, también señalan que las fuentes negaron enfáticamente que el Estado corra riesgo por la garantía que extendieron UTE y ANCAP en favor de Gas Sayago y la garantía soberana del Estado. Aclaran que la garantía entraría en juego en caso de impago de Gas Sayago por la obra, que ya está claro que no va a hacer GNLS. Esto es lo que dijo un informante.
Otra fuente indicó que otro punto que se discute es cuáles son los activos transferibles de GNLS a Gas Sayago. Identificaron que el dragado que se hizo en Puntas de Sayago obviamente es uno de ellos y que el otro son los pilotes bajo el mar que construyó la brasileña OAS. Justamente el resto de los activos que tiene GNLS es parte de lo que se discute. De eso sin embargo no hay una voz oficial.
PA —De todas formas esa versión, tomémosla por buena, ratifica nuestras preocupaciones y yo diría que en algún sentido incluso las acrecienta. En primer lugar, estas versiones parecen empezar a relativizar esa afirmación presidencial de que aquí no había nada que negociar y que el contrato simplemente se iba a cumplir y se iba a aceptar la garantía.
En segundo lugar: creo que las circunstancias de que desde frentes oficiales se diga que no temen por las circunstancias de que la garantía soberana pueda generarle inconvenientes al Estado, bueno, eso es parte de lo que nosotros queremos discutir con la ministra. Hemos leído el contrato y francamente tenemos una interpretación bien diferente, entendemos que claramente esta garantía, que además está puesto a texto expreso que es ilimitada e indivisible, con renuncia a la inmunidad soberana, y además estableciendo por anticipado que en caso de conflicto o litigio el mismo se va a dirimir en el ámbito del arbitraje internacional. Yo creo que esto abre un proceso de final insospechado y por lo tanto de grave riesgo para Uruguay en términos de las consecuencias patrimoniales.
En tercer lugar, lo que usted acaba de leer, en el sentido de que según las fuentes oficiales las obras de dragado quedarían tal como están y el Estado las asumiría y los demás bienes o instalaciones son motivo de discusión o negociación, confirma que no era tan así como cuando se decía que si se incumplía la obra se ejecutaba la garantía y nos hacíamos de la planta para después retomar la obra y continuarla. Las versiones están confirmando efectivamente lo que nosotros decíamos, que por imperio de la cláusula 35 el Estado va a tener que negociar, seguramente va a tener que pagar o hacerse cargo de determinadas obligaciones al margen de la garantía, para poder efectivamente lograr la adquisición de lo que se haya construido hasta este momento.
Todo esto en realidad confirma la complejidad del tema que tenemos planteado y que los US$ 100 millones de garantía son realmente cambio chico frente a las consecuencias patrimoniales que puedan devenir de una inversión que supera largamente los US$ 1.2 millones respecto a la cual claramente hay intereses de acreedores y deudas impagas delas más diversas. Entre otras a proveedores nacionales que han brindado servicios en régimen de subcontratación por más de US$ 15 millones que hoy están esperando que alguien les pague. El concesionario claramente hasta este momento se ha negado a pagar, yo me temo que también terminen reclamando o yendo contra el Estado uruguayo.
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Transcripción: Andrea Martínez
