El senador del Partido Independiente Pablo Mieres cursó en mayo varios pedidos de informe para saber si “hay una lógica profesional o amiguismo político” para designar a gerentes de empresas públicas y bancos oficiales. Como no fueron contestados el Senado los reenviará hoy automáticamente. En diálogo con En Perspectiva, Mieres aseguró que la demora “agiganta la sospecha” sobre la falta de profesionalismo en la elección de cargos gerenciales, algo que termina “politizando la administración”.
El legislador trabaja en un proyecto de ley que obligue a las empresas públicas a enviar al parlamento compromisos de gestión, que establezca criterios para la selección de cargos, y regule la publicidad oficial.
EN PERSPECTIVA
Martes 04.08.2015, hora 7.50
EMILIANO COTELO (EC) —El plenario del Senado reenviará hoy automáticamente una serie de pedidos de informes firmados por el Partido Independiente [PI] a seis ministerios.
¿Por qué ocurrirá esto? Porque vencieron los plazos de respuesta estos pedidos de informes sin que se hubiera producido una contestación al senador Pablo Mieres.
Concretamente el pasado 18 de mayo el senador del PI envió varios pedidos de informes sobre los criterios para designar a los gerentes en las empresas públicas y los bancos oficiales, y cuántos de estos cargos existen actualmente en la estructura del Estado. Esos pedidos de informes estaban destinados a los ministerios de Transporte, Industria y Economía pero con referencia a Administración de Ferrocarriles del Estado [AFE], Administración Nacional de Puertos [ANP], Correos, Agencia Nacional de Vivienda [ANV], Banco Hipotecario [BHU], Banco Central del Uruguay [BCU], Banco de Seguros del Estado [BSE], Banco República [BROU], OSE, Corporación Nacional para el Desarrollo [CND], Antel, ANCAP, UTE y Administración de Servicios de Salud del Estado [ASSE].
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Para profundizar en este tema estamos en comunicación con el senador Mieres.
¿Por qué realizó el pedido de informes? ¿Cuál era el objetivo principal?
PABLO MIERES (PM) —Nosotros tenemos la necesidad de conocer si efectivamente hay en la administración pública uruguaya, y en particular en el funcionamiento de las empresas públicas, una lógica profesional o una lógica de amiguismo político. Lo que queríamos tener claro era todo el panorama. Nos parece que el instrumento del pedido de informes es el más adecuado para conocer qué es lo que está pasando en cada empresa a la hora de tomar la decisión nada menos que de la definición de las gerencias: conocer primero cuántas gerencias hay, pero sobre todo de qué manera se proveen esos cargos. La pregunta concreta era cuáles de esos cargos se definen por decisión política, cuáles por concurso y en el caso de ser por concurso cuáles son abiertos y cuáles cerrados dentro de la propia administración.
RA —¿Y cuáles entiende usted que son los cargos que se pueden ocupar por designación política y cuáles necesariamente requieren un llamado?
PM — En esto hemos hablado mucho con Conrado Ramos, nosotros tenemos la convicción de que puede ser aceptable que un gerente general sea de confianza política, pero por debajo de ese gerente general todos los demás cargos deberían ser resueltos en función de criterios de profesionalidad, es decir, con llamados, concursos abiertos o cerrados, buscando maximizar la excelencia. Tenemos la sospecha de que eso no es así, con la demora en la contestación -fíjense que en dos meses y medio no hubo una sola respuesta de un solo ente autónomo o servicio descentralizado, no llegó ninguna respuesta a nuestro despacho- la sospecha sobre cuáles son los criterios se agiganta. Después tenemos los líos que tenemos y nos encontramos con los resultados que nos encontramos en algunas empresas públicas, puede ser que esas cosas tengan que ver también con la falta de profesionalidad de quienes están a cargo de la gestión.
RA —En materia de normativa, ¿hoy en día no hay nada establecido en cuanto a cómo designar a los gerentes?
PM —No, a nivel legislativo no lo hay, y obviamente eso entonces queda en manos de la discrecionalidad de los directorios. Tenemos la sospecha de que los directorios también usan ese criterio de designación para resolver las gerencias, lo cual politiza la administración y además genera el grave riesgo de perder calidad. Yo digo todas estas cosas porque como no me contestaron… éstas son las presunciones que nos llevaron a hacer el pedido de informes.
RA —Sí, veía por ejemplo que en la conferencia que realizaron ayer Ramos incluso se preguntaba justamente si se va a evaluar a esos gerentes en cuanto a la confianza política o al desempeño profesional de la tarea, ese es un poco el objetivo.
PM —Exactamente, porque en definitiva si el criterio de selección es el dedo, ¿cómo se mide la evaluación? Está todo encadenado. Esto tiene que ver con la idea que tenemos en el PI de presentar a la brevedad, estamos trabajando sobre eso, un proyecto de ley más general sobre las empresas públicas.
RA — ¿En ese sentido concretamente qué aspectos contemplaría de esto que estamos hablando?
PM —Aspectos vinculados con establecer criterios por la vía legislativa con respecto a la profesionalidad de los cargos de gestión, de gerencia, en los entes autónomos y servicios descentralizados; prohibiciones con respecto a la proliferación de empresas colaterales subsidiarias, hijas, nietas y bisnietas… Ustedes saben que la administración de las empresas públicas se ha poblado de sociedades anónimas que por ser tales son de derecho privado, pero son con plata de todos, con plata del Estado. Cumplen tareas de las que no sabemos mucho ni podemos controlar muy bien, a algunas les va bien, a otras más o menos, a otras muy mal… En definitiva esas potestades que han asumido de hecho todas las empresas públicas de crear una subsidiaria donde tienen el capital del 100% y entonces hay un director del directorio originario que participa de esa empresa y a su vez esa otra crea una tercera… Esa trama del mundo empresarial -que además escapa del control propio del derecho público- creemos que hay que limitarla fuertemente y establecer normas que prohíban ese tipo de manejo, porque después nos podemos encontrar con sorpresas muy complicadas.
También creemos que es necesario legislar en materia de la publicidad de los entes monopólicos. Nos parece que de una buena vez tiene que haber criterios que establezcan que las empresas públicas que no compiten en el mercado pueden hacer comunicación, por supuesto -comunicación empresarial, institucional, informar…- pero no tienen por qué invertir en publicidad cuando no están compitiendo en el mercado. Por supuesto, este es un tema más complejo porque cada empresa pública tiene distintos rubros, algunos son de competencia y otros no, pero en los que no son de competencia no debería existir esa lógica.
RA —Sí, recuerdo que en la campaña electoral usted incluso lo había planteado en el foro en el que participaron todos los candidatos a la Presidencia y había encontrado cierto apoyo de los demás candidatos, entre ellos el presidente Tabaré Vázquez.
PM —Y el presidente dijo que estaba dispuesto a firmar ya mismo ese acuerdo, o sea que vamos a ver.
RA —¿No ha tenido mayores conversaciones o avances respecto a ese tema después con los demás candidatos o el presidente?
PM —No, pero porque justamente estamos en la etapa de elaboración, es un proyecto de ley bastante complejo, hay que estudiarlo en profundidad.
El otro componente que queremos incorporar allí es la obligación de los compromisos de gestión. Esto me parece que es muy importante y Conrado ha subrayado este asunto muchas veces: la necesidad de que cada empresa pública cuando se inicie un período de gobierno presente un documento al Parlamento en el que establezca con claridad para el quinquenio cuáles son los compromisos de gestión, qué objetivos tiene planteados, qué metas, qué plazos, etcétera, y esa sea un poco la hoja de ruta, pero además [brinda] la capacidad de control del Poder Legislativo sobre ese funcionamiento. Así evitamos que aparezcan conejos que se sacan de la galera en la mitad del camino, como por ejemplo lo que pasó con Antel Arena, que de repente Antel decidió que iba a construir un estadio deportivo, para lo cual no está habilitada desde el punto de vista constitucional. A su vez permite que el Parlamento pueda evaluar si esos entes autónomos están cumpliendo efectivamente con los objetivos planteados.
RA —¿En el proyecto también estará contemplado este aspecto de cómo se designa a los gerentes?
PM —Sí, claro, esa es la idea, que salvo el caso de la gerencia general deberían existir criterios objetivos y profesionales para la designación de los gerentes de las distintas áreas.
