Producción: Gastón González Napoli
El lunes pasado, la calificadora de riesgo Fitch Ratings publicó un comunicado sobre Uruguay ante el próximo cambio de gobierno, donde dejaba planteadas dudas sobre la llamada “coalición multicolor” en cuanto a su capacidad para ordenar las cuentas públicas.
Ese enfoque provocó una polémica sobre la injerencia de estas compañías en asuntos políticos de los países que examinan.
Veamos primero lo principal del texto.
En su informe, Fitch comienza señalando que “el nuevo gobierno de Uruguay se enfrenta al desafío de reducir un déficit fiscal alto ante crecimiento bajo” y luego sostiene:
La estabilidad política es una fortaleza crediticia en medio de la volatilidad en otras partes de Latinoamérica, pero la estabilización de la carga de deuda pondrá a prueba la capacidad de la administración de adoptar medidas políticas contundentes y confiables.
La victoria estrecha de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, de centro-derecha, marca un cambio de gobierno después de 15 años de mandato del partido Frente Amplio, de centro-izquierda. Lacalle se ha comprometido a levantar las tasas de crecimiento débil y reducir el déficit fiscal para estabilizar la deuda pública creciente.
La estabilidad institucional de Uruguay ha ayudado a evitar cambios drásticos de políticas en el pasado, pero no garantiza una acción decisiva en relación con los desafíos económicos, como lo demuestra la inercia de algunas reformas y la erosión de la credibilidad de las políticas en los últimos años.
Y luego agrega las consideraciones que provocaron más controversia:
“Lacalle se ha comprometido a abordar los principales obstáculos para la competitividad, lo que incluye la reducción de las tarifas de los servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles.
Aunque el Partido Nacional ha formado una coalición que le dará una mayoría legislativa, su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas. Por ejemplo, en un documento en el que se esbozan sus objetivos comunes, la coalición abandonó sus planes de liberalizar las importaciones de combustible para incorporar los puntos de vista de facciones más izquierdistas.
La inclusión de Cabildo Abierto, un partido socialmente conservador, podría crear fricciones dentro de la coalición”.
Y también indica que…
El nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, pero esto podría resultarle difícil. Los recortes de gastos prometidos de USD900 millones (1,6% del PIB) han suscitado cierto escepticismo por parte de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno y es posible que se enfrenten problemas de implementación.
Respuestas
El informe provocó una respuesta crítica del presidente electo Luis Lacalle Pou, que se expresó este miércoles en una entrevista en Radio Sarandí
Creo que se mete en un terreno que no le corresponde. Me tiene sin cuidado. Sí se que está partiendo de premisas muy arriesgadas. Y se supone que una consultora de riesgo no tiene que partir de premisas muy arriesgadas.
Ayer el tema se discutió en La Tertulia de En Perspectiva, donde por ejemplo Carlos Ramela expresaba una opinión similar a la de Lacalle Pou:
Es evidente que tiene todo el derecho a advertir sobre el déficit, a decir cómo se puede corregir, cómo no. Incluso qué medidas considera ya tomadas que son perjudiciales en ese sentido. Acá hizo una consideración política directa, y eso es lo que me parece que no corresponde.
Pero, ¿es normal que una calificadora de riesgo haga comentarios y advertencias sobre la política interna de un país?
Calificadoras
Repasemos. Las grandes calificadoras de riesgo son tres: Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P). Son todas compañías privadas, todas con base en Estados Unidos, salvo Fitch que tiene su sede repartida entre Nueva York y en Londres.
Se ocupan de calificar el riesgo de default de un deudor, es decir cuál es el riesgo de impago. Y analizan tanto a empresas como a organizaciones, gobiernos locales y países soberanos.
Las tres le otorgan en este momento el grado inversor a Uruguay, lo que le permite al Estado acceder a crédito con mejores tasas de interés y da una señal a los inversores externos de que es seguro poner dinero en el país.
No es un estatus que Uruguay haya tenido siempre. De hecho, lo perdió durante una década, a partir de la crisis de 2002, hasta recuperarlo en 2012. La primera agencia que le dio el espaldarazo a nuestro país fue S&P, en abril de aquel año.
Hoy, las tres calificadoras ubican la deuda uruguaya dentro del grado inversor, pero en distintos escalones. S&P y Moody’s otorgan un grado por arriba del mínimo, mientras que Fitch lo hace en el más bajo. S&P y Moody’s agregan la perspectiva estable; en cambio, en octubre pasado Fitch revisó su perspectiva y la pasó a negativa. Una advertencia, una luz amarilla.
Esa agencia considera que Uruguay es uno de los países que más vio crecer su deuda en relación con su producto interno bruto desde el 2013, cuando le dio finalmente al gobierno el grado inversor. A eso le sumó el déficit fiscal persistente para modificar su visión de la economía nacional.
En aquel entonces, octubre de 2018, el ministro Astori consideró ese informe como un llamado de atención que el país podía superar.
Política
Hecho el repaso, vamos a la discusión de las últimas horas: ¿las calificadoras suelen inmiscuirse en cuestiones políticas?
Según economistas consultados por la producción de En Perspectiva, consideraciones de “economía política” son totalmente normales y hasta esperables de parte de agencias de riesgo, analistas y bancos de inversión, dado que responden a inversores privados. Esto se diferencia de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que se mueven con mayor diplomacia.
Pero aún así, el análisis político entra en la ecuación para realizar evaluaciones integrales. En el pasado podía suceder que los economistas no tuvieran en cuenta el contexto, aunque eso ya no sucede.
En diálogo con En Perspectiva, así lo explica el economista Aldo Lema:
La evaluación del escenario político y cómo este determina la evaluación económica es un elemento que siempre se ha considerado y que creo que en el último tiempo, durante los últimos años, en un tiempo de mayor fragmentación política partidaria a nivel regional y global, este tipo de consideraciones han ido creciendo.
Por ejemplo, en febrero de 2015, poco antes de la toma de posesión de Tabaré Vázquez en su segundo período, un informe de Fitch preveía que el presidente electo continuaría con la línea económica del Frente Amplio, que balanceaban políticas amigables con el mercado con la expansión de programas de bienestar social. Pero la agencia también adelantaba que podría haber oposición a medidas de consolidación fiscal o que buscaran mejorar la competitividad si se percibía que se estaba poniendo en riesgo las protecciones sociales.
Una postura similar tomó S&P en agosto de 2014, antes de las elecciones nacionales donde Vázquez obtendría la victoria. Según reseña el periodista de El País Fabián Tiscornia, la agencia publicó que la continuidad de las políticas del Frente Amplio iba a depender “del dinamismo interno” de ese partido, “donde muchos elementos son más radicales” que el entonces candidato presidencial.
Otro ejemplo de la región: en noviembre pasado, Fitch Ratings mantuvo la calificación BB con perspectiva negativa de Brasil, es decir dos escalones por debajo de Uruguay. En el comunicado, la agencia resaltó el “difícil panorama político” del país norteño, en particular el parlamento fragmentado y cuestiones de corrupción que “enlentecen el progreso oportuno en reformas fiscales y económicas”.
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Foto: Fachada de Fitch Ratings. Crédito: Solvency Ii Wire / Flickr
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