Comisión pro referéndum contra la LUC pide que se amplíe el plazo constitucional para juntar firmas

Foto: Juntada de firmas contra la LUC, en el entorno de la feria del Parque Rodó, de Montevideo, febrero del 2021. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Comisión Nacional Pro-Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) presentará esta semana una solicitud ante la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, para que el Parlamento apruebe una extensión del plazo constitucional que existe para la recolección de firmas a favor de una consulta popular.

De acuerdo al artículo 79 de la Constitución, los promotores de la iniciativa tienen un año desde la promulgación de la ley para presentar las firmas. En este caso el plazo finaliza el 9 de julio. Sin embargo, la comisión nacional proreferéndum aduce que la pandemia y las restricciones a la movilidad les están complicando la tarea y dificultando que puedan completarla en la fecha prevista. 

En un comunicado, la comisión sostuvo que “que es oportuno, justo y necesario para salvaguardar el derecho constitucional que tienen todas las ciudadanas y los ciudadanos, que se amplíe el plazo correspondiente de recolección de firmas, bajo el principio jurídico de que ‘al impedido por justa causa no le corren plazos’”. Según la comisión, “dicha ampliación del plazo protegerá la libertad de la ciudadana o ciudadano para que, según su leal saber y entender, haga uso de su derecho constitucional y decida adherir o no a la convocatoria del referéndum”.

Además, la comisión entiende que hay un antecedente similar, que es la postergación de las elecciones departamentales, resuelta el año pasado a raíz de la pandemia.

El jueves pasado, en entrevista con En Perspectiva, el presidente del PIt-cnt, Fernando Pereira, le pidió “altura al sistema político”:

Si el parlamento fue capaz de legislar para si mismo, es decir para los partidos políticos para que tengan mejores condiciones para hacer una campaña, supongo que tendrá la misma altura para prorrogar los plazos para juntar firmas.

Cambiar por ley los plazos constitucionales para la recolección de firmas requiere, además de los votos del Frente Amplio, el respaldo de, por lo menos, tres senadores y ocho diputados de la coalición, donde ya hubo algunos pronunciamientos en contra. 

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte.

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Candela Stewart

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2 Comentarios

  • N o son comparables las elecciones departamentales del año pasado con la campaña de recolección de firmas por el referéndum. En aquéllas, la votación era obligatoria, y ya sabemos que la organización de las mismas requiere la instalación de las comisiones receptoras de votos, con tres miembros más el custodia, más delegados partidarios, más las colas que se forman con los votantes; todo ello requirió una replanificación para evitar aglomeraciones de gente. En cambio, el acto de firma se puede hacer en forma aislada: una persona que adhiere, y a lo sumo una o dos que le facilitan la papeleta y le recogen la firma e impresión digital; nada de eso necesita amontonamiento de gente. Y si es por la propaganda, bien la pueden hacer por los medios de prensa habituales o mediante cartelería y parlantes; lo de las barriadas y movilizaciones bien lo pueden suspender, como se suspendieron los mitines y actos en la campaña de las elecciones departamentales. Y algo más: la LUC no es una ley que produzca efectos definitivos, como la ley de caducidad o las leyes sobre el aborto y las personas trans, que fueron sometidas a referéndum. Si se comprueba que algunos artículos son inconvenientes, bien se los puede modificar a posteriori por otra ley, o bien se puede proponer su derogación en la campaña electoral del 2024, así que tampoco desde ese punto de vista el referéndum se torna necesario.

  • Al pedir esto, la comisión pone al gobierno en el apuro de que si niega el aplazamiento, ante un posible fracaso en la recolección de firmas, hay cómo justificarlo. Si el gobierno lo da, entonces la apuesta sube para la recolección de firmas: si no llegan, entonces es que a pesar de la extensión del plazo, la gente no firmó.

    Lo más trágico para la izquierda es que si las firmas se consiguen, ganar el referéndum me parece bastante improbable. En el fondo, pienso que mucha gente del gobierno debe ver las cosas como dice Carrasco: ojalá que lleguen, así pierden en las urnas.

    Ya comenté otra vez por acá que hicieron un rejunte de temas en una única convocatoria, lo que hace muy difícil despertar adhesiones entusiastas. Yo por ejemplo puedo estar en contra de los artículos en cuestiones económicas, pero de los que seleccionaron en temas de seguridad, sólo dos me parecen malos. Más aún, veía como probablemente positivos esos artículos que los fiscales hicieron quitar de la ley porque iban en contra de la filosofía del nuevo CPP. Justamente por eso me parecían positivos, así que el diagnóstico lo comparto.

    Entonces, si bien todavía no tomé posición definitiva y soy votante del FA, la convocatoria me genera apatía. Y el problema es que la apatía induce a la inacción, a dejar todo quieto. Dudo mucho que el referéndum junte votos de los votantes de la coalición y pienso que a alguna gente de izquierda nos dejará indiferentes, con propensión a no participar.

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