Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
A partir de las 9 de la mañana está convocado un paro general del PIT-CNT en rechazo a la reforma del sistema previsional que está a estudio del Parlamento. La consigna de la movilización es “por mi futuro y el tuyo”. Algunos sectores pararán durante todo el día.
Para las 10 está prevista una concentración en la explanada de la Universidad de la República, desde donde se marchará luego hacia el Palacio Legislativo, donde se leerá una proclama.
Ayer el presidente del PIT CNT, Marcelo Abdala, indicó que para el movimiento sindical “es necesaria una reforma de la seguridad social, pero de otro tipo”.
“Entendemos que es una reforma que eleva la edad de jubilarse, eleva al barrer los años de trabajo y para contingentes masivos de la población trabajadora y genera menos derechos, menos jubilación, condiciones que no tienen nada que ver con las mejores tradiciones del país”.
La duración del paro y su desarrollo dependerá de cada sindicato.
Los servicios de Salud Pública y ASSE se verán afectados por 24 horas. Esta medida abarca a todos los servicios y solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial.
En la educación primaria pública el sindicato adherirá pero sin paro, salvo en Salto, Maldonado y Soriano, donde las respectivas filiales sí convocan a la paralización. En Secundaria el sindicato de docentes de Montevideo convoca al paro en los turnos matutino y vespertino. En el resto del país, dependerá de cada filial.
En la educación privada el paro convocado será durante todo el día. La misma medida aplicarán los gremios de docentes y funcionarios de la Universidad de la República.
El sindicato de transporte adhiere a la movilización pero no parará. Si lo hará el sindicato de las cooperativas de Montevideo, por 24 horas. El taxi parará desde las 9 hasta la medianoche.
AEBU convocará a un paro del sistema bancario en las capitales departamentales entre las 14 y las 16. En Montevideo la medida comienza a las 13:30.
En el caso de los ministerios, la paralización será entre las 9 y las 14.
Tras un acuerdo alcanzado entre el gobierno y los partidos que integran la coalición se enviará al Parlamento un proyecto con once modificaciones al proyecto de reforma del sistema previsional aprobado en el Senado.
Así quedó definido ayer luego de una nueva presencia del Poder Ejecutivo en la comisión especial que analiza el tema en la Cámara de Diputados.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó en conferencia de prensa los cambios, algunos de los cuales amplían el régimen de pensiones previsto en la reforma.
“Reducir los años que se requieren para un beneficiario de pensión en cuanto a los años de matrimonio y concubinato, regular de manera más ajustada las posibilidades de que una parte de los activos de las AFAP puedan invertirse en el exterior para que sean más estrictos los criterios, tener en cuenta las prestaciones vinculadas a distintos colectivos con discapacidad, seguir avanzando con la Caja Notarial a los efectos de establecer las reglas de juego que permitirían que este instituto también forme parte de la propuesta.
Mieres había confirmado ante la comisión que se negocia con la Caja Notarial el futuro de ese subsistema y si será incluido o no en la reforma. Al respecto la fórmula que sigue el Poder Ejecutivo fue sugerida por el Partido Colorado y plantea un “período ventana” de tres años, en el que una comisión formada especialmente monitoreará la situación económica y financiera de la institución. Pasado ese plazo, dicha comisión definirá si corresponde la inclusión o no de la Caja Notarial en el sistema.
La delegación del gobierno también se mostró de acuerdo en reducir la cantidad de años de residencia mínimos para que los inmigrantes de entre 65 y 70 años de edad, sin recursos, puedan acceder a subsidios especiales. Los colorados plantearon fijarlo en cinco años.
El Ministerio del Interior confirmó ayer la renuncia del jefe de Policía de Flores, Gonzalo Larrosa, a los efectos de “no interferir” en una investigación administrativa sobre traslados irregulares de presos mientras dirigía el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Un comunicado del ministerio menciona una serie de chats de conversaciones entre Larrosa y “personas ajenas” a esa secretaría entre marzo de 2017 y noviembre de 2018.
Según El País, Larrosa admitió ante la investigación que en ese último año, cuando estaba al frente del INR, la diputada frenteamplista Susana Pereyra, esposa del entonces ministro Eduardo Bonomi, le solicitaba “traslados” de presos de una cárcel a otra. Consultada por ese medio, la legisladora negó esa información.
En los últimos días Larrosa había sido señalado por el exdirector nacional de Policía, Mario Layera, y por el exdirector de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, como uno de los responsables de los traslados que se realizaron entre 2017 y 2018 del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia a Cárcel Central para acceder a “visitas conyugales” y donde terminó manteniendo encuentros con el mafioso italiano Rocco Morabito, preso en ese lugar.
Citado por Telemundo, el ministro Luis Alberto Heber sostuvo ayer que la renuncia de Larrosa no estuvo motivada por este último hecho.
La fiscal Gabriela Fossati, que este martes había notificado a Fiscalía que había sido certificada por 30 días tras sufrir un “quebranto de salud”, comunicó en las últimas horas que adelantará su retorno al trabajo.
En diálogo con El Observador, Fossati explicó que cuando se dirigía a asumir la titularidad de su nueva sede, a la que fue trasladada por disposición del fiscal general Juan Gómez, había sufrido un “quebranto de salud” ante la “profunda tristeza” que le había producido la decisión.
Según Montevideo Portal, Fossati presentó ayer una certificación por solo nueve días, por lo que estará retornando a sus labores el jueves 30 de marzo.
Fossati ya se había certificado por 15 días a principios de marzo, cuando tomó estado público un audio que la magistrada le había enviado al periodista Carlos Peláez en el que relataba las dificultades que decía haber encontrado para investigar el caso de Alejandro Astesiano.
La fiscal terminó reintegrándose de esa licencia una semana antes, cuando la sede fiscal que encabezaba debía pronunciarse sobre los motivos que la llevaron a indagar al sociólogo Gustavo Leal.
Luego de los hechos de violencia en que estuvieron involucrados alumnos del Liceo Zorrilla, el “Colectivo de Familias” de ese instituto dijo que desconoce el “grado de aplicación” de los protocolos definidos para estas situaciones y reclamó “información concreta” sobre su existencia y efectiva puesta en práctica.
El grupo también señaló que toman “como propia” la plataforma del gremio de estudiantes del liceo, que dijo ver como necesaria la presencia de la Policía en el centro pero que reclama a su vez mayor atención psicológica.
“En particular pedimos la conformación de un equipo multidisciplinario permanente con una carga horaria adecuada a la dimensión de liceo para la atención de la emergencia y la creación de protocolos y talleres sobre violencia, acoso, género, redes sociales y convivencia dentro y fuera de la institución”, se especifica en un comunicado fechado este martes.
Los padres señalan que solicitarán una reunión con las autoridades de los “distintos niveles de la educación” con el fin de “contribuir al encuentro de soluciones de largo plazo”.
Además, indican que ya tienen una reunión coordinada con la dirección del liceo para abordar esta problemática.
INTERNACIONALES
En la apertura de la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua que se desarrolla en Nueva York, la primera en casi medio siglo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ayer sobre la situación de este recurso natural:
"El agua es un derecho humano y un denominador común de desarrollo para dar forma a un futuro mejor, pero el agua se encuentra en serios problemas. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible, y evaporándola a través del calentamiento global. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas".
En un informe conjunto realizado por ONU-Agua y Unesco, publicado con motivo de la conferencia, los autores advierten del "riesgo inminente de una crisis mundial del agua".
Sin agua suficiente en muchos lugares, aunque demasiada en otros o contaminada, las situaciones dramáticas se multiplican. "Si no se hace nada, entre 40 y 50% de la población seguirá sin tener acceso a servicios de saneamiento y cerca del 20-25% al agua potable", aseguró el autor principal del informe, Richard Connor.
En Ucrania el presidente, Volodimir Zelenski, visitó posiciones militares cerca de la línea de frente de Bajmut y prometió replicar a todos los bombardeos rusos, que ayer dejaron por lo menos nueve muertos en la región de Kiev y en el sur del país.
"Ciertamente responderemos al ocupante por cada ataque a nuestras ciudades… Los ataques rusos de hoy en Zaporiyia, el ataque nocturno en la región de Kiev… Todos los ataques rusos recibirán una respuesta militar, política y legal. Rusia perderá esta guerra".
Un ataque ruso con drones alcanzó en la madrugada una escuela secundaria en Rzhyshchiv, unos 80 km al sur de Kiev, dejando ocho muertos y siete heridos.
En Zaporiyia, al menos una persona murió y 32 resultaron heridas en otro ataque ruso contra un edificio residencial.
Durante su recorrida por las posiciones cercanas a Bajmut, Zelenski reconoció la "difícil" labor que llevan adelante las tropas que defienden esa ciudad en la batalla más prolongada y feroz desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.
Kiev considera que mantener el control de esta ciudad industrial, ubicada en la región de Donetsk, que en gran parte está dominada por Rusia, es clave para impedir el desmoronamiento de todo el frente oriental.
En Estados Unidos la Reserva Federal aumentó en un cuarto de punto porcentual sus tasas de referencia que ahora están en el rango 4,75 – 5,00%, como esperaba el mercado. Lo hizo aún preocupada por la inflación y a pesar de los problemas que atraviesa el sector bancario.
La Fed sostuvo que las dificultades del sector bancario "probablemente resulten en condiciones de crédito más ajustadas para hogares y empresas, y podrían pesar sobre la actividad económica, el empleo y la inflación", según su comunicado al término de su reunión de política monetaria que comenzó el martes.
"La amplitud de los efectos (de la crisis bancaria) es incierta", añadió el banco central.
De todas formas, reafirmó que "el sistema bancario estadounidense (es) sólido y resiliente".
Además, la Fed actualizó sus previsiones económicas para Estados Unidos y ahora anticipa para este año una inflación algo más alta de lo esperado en diciembre: 3,6% frente a 3,5% inicialmente previsto. El banco central agregó que seguirá "atento" a los precios.
Por último, el organismo redujo su pronóstico de crecimiento del PIB para este año: 0,4% frente a 0,5% previsto inicialmente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos cerró ayer su primera jornada de audiencias sobre el caso de “Beatriz”, una salvadoreña a la cual su país negó un aborto pese a que su vida corría peligro.
La mujer, cuyo verdadero nombre se desconoce, fue diagnosticada en 2013 con una enfermedad autoinmune. Posteriormente se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación. 81 días después, los médicos le practicaron una cesárea. El bebé murió cinco horas más tarde.
Beatriz falleció unos años después, en 2017, en un accidente de tráfico, pero la Corte dio inicio el año pasado a este caso, el primero que trata vinculado al aborto.
En El Salvador el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años. Además, los tribunales salvadoreños lo tipifican habitualmente como homicidio agravado, lo que eleva la condena a entre 30 y 50 años de prisión.
Un centenar de activistas se congregaron afuera de la Corte Interamericana, en Costa Rica, para seguir la audiencia.
Del otro lado de la calle, una veintena de activistas contrarios al aborto se manifestaban en silencio con banderas celestes.
En San Salvador, un centenar de mujeres coparon el auditorio de la Universidad de El Salvador para seguir la audiencia vía internet. Vestían en su mayoría camisas verdes con la leyenda "Beatriz quería vivir y ser feliz".
La Organización de los Estados Americanos expresó ayer su "preocupación" por la impugnación y exclusión de candidatos a las elecciones generales del 25 de junio en Guatemala.
"Cientos de personas, algunas de ellas de muy alto perfil" ya han sido excluidas del proceso de inscripción que termina el 25 de marzo, afirmó la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia del organismo regional.
En un comunicado, la secretaría advirtió contra aquellas exclusiones que sean "contrarias a los principios interamericanos que rigen la participación en asuntos públicos".
Añadió que "los mecanismos establecidos para impugnaciones y exclusiones de candidaturas generan incertidumbre y tensiones".
En Colombia, la situación humanitaria por el conflicto armado "empeoró" por quinto año consecutivo en 2022, denunció ayer el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Los choques entre las fuerzas estatales y cinco grupos armados rebeldes que también se enfrentan entre sí dejaron 515 víctimas de "artefactos explosivos" (56 de ellas letales) y al menos 58.010 desplazamientos forzados de diez o más familias en este periodo.
Son las peores cifras desde que la guerrilla tras el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
De acuerdo al informe, unas 39.000 personas estuvieron confinadas "por el recrudecimiento de las acciones armadas".
Por otra parte, la Cruz Roja saludó "el diálogo de paz entre el gobierno colombiano y los diferentes grupos armados no estatales" y manifestó que espera que "esto pueda transformarse en hechos concretos que alivien a la población civil".
En Chile, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, lo que dejará al país andino junto a Ecuador como los dos únicos países en la región en tener esa extensión laboral.
El proyecto de ley ingresó en 2017 al Congreso, fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Como esta última cámara le hizo algunas modificaciones, debe volver a Diputados, donde la aprobación se da por descontada. El gobierno confía en que la iniciativa pueda convertirse en ley antes del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores.
El proyecto no contemplaba inicialmente la gradualidad en su implementación, pero tras su paso por el Senado se estableció que este cambio se hará en un plazo de cinco años.
De esta forma, en el plazo de un año la jornada laboral semanal será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación de la ley y a 40 horas luego de cinco años.
En Argentina, el Producto Interno Bruto subió 5,2% en 2022, que aunque estuvo por debajo del 10,3% de 2021, marcó un segundo año consecutivo de crecimiento, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadísticas.
Este incremento se vio sostenido sobre todo por un aumento del consumo privado (+9,4%), de las exportaciones (+5,7%) y de la formación bruta de capital fijo (10,9%), precisó el reporte.
En tanto, el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un descenso de 4,1%.
El crecimiento de la economía se da en un contexto de alta inflación. Argentina terminó 2022 con un aumento del costo de vida de 94,8%. En 12 meses a febrero, el aumento de precios superó el 100% para colocarse en 102,5%.
El índice de desempleo cerró el año pasado en 6,3%, frente al 7% de 2021, indicó también ayer el Indec.
Argentina está sujeta a un programa de disciplina fiscal con el Fondo Monetario Internacional en el marco de un acuerdo de refinanciación de una deuda contraída en 2018 por 44.000 millones de dólares.
Según el último relevamiento del Banco Central entre las principales consultoras económicas argentinas, las expectativas sobre el desempeño del PIB este año son alentadoras.
En cuanto a los pronósticos respecto a la inflación, estimaron que este año llegará a 99,9%.
En Brasil, la policía realizó ayer una operación en cinco estados para desmantelar una presunta organización criminal que pretendía atacar y asesinar a autoridades, entre ellas al exjuez del Lava Jato Sergio Moro.
La fuerza del orden arrestó a nueve hombres, ligados al grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), que pretendían realizar ataques contra funcionarios y autoridades, incluyendo homicidios y extorsión mediante secuestro.
Moro, exjuez, exministro de Justicia y actual Senador por el estado de Paraná, era uno de los principales blancos de los criminales.
El exjuez asoció el plan de ataques del cual sería víctima a una "represalia" del PCC, una de las organizaciones delictivas más poderosas de Latinoamérica que domina el tráfico de drogas y armas en Brasil.
En 2019, cuando era ministro de Justicia de Bolsonaro, Moro autorizó el traslado de Marcos Willian Herbas, "Cartola" -jefe del PCC- y otros 21 miembros de la organización a presidios de máxima seguridad, restringiendo entre otras cosas las visitas.
Las detenciones se produjeron en el estado de Sao Paulo, y dos sospechosos permanecían prófugos en el estado de Paraná, sur de Brasil y de donde es oriundo Moro.
El ministro de Justicia de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino, felicitó a la Policía Federal por el accionar y dijo que la banda planeaba un ataque "nacional".
En las redes sociales, el expresidente Jair Bolsonaro y aliados asociaron el intento de ataque a un supuesto plan de Lula da Silva, quien esta semana había dado una entrevista asegurando que cuando estaba preso en Curitiba, por corrupción, pensaba que sólo quedaría tranquilo cuando ejecutase una venganza contra Moro.
Dino dijo que las acusaciones están basadas en "mala fe" y que la operación fue exitosa para defender la vida de un senador de la oposición.
(Corresponsal: Marcelo Silva de Sousa)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Con el aval del Poder Ejecutivo nacionalistas, colorados y Cabildo Abierto acordaron un nuevo texto para el proyecto de ley que reconoce moral y económicamente a las víctimas de grupos armados que operaron antes y durante la última dictadura.
El nuevo texto fue redactado por el diputado colorado Ope Pasquet y a diferencia del que estaba a estudio hasta hoy en la Cámara de Diputados y que había llegado desde la Torre Ejecutiva, prevé montos concretos para las reparaciones económicas.
Serán US$ 150 mil para los familiares o causahabientes de las personas que murieron víctimas de esos hechos.
En el caso de que a consecuencia de esas acciones la persona hubiera sufrido una incapacidad permanente, total o parcial, la víctima o sus herederos podrán reclamar US$ 100 mil. Finalmente, los que hayan sido privados de su libertad por parte de estos grupos por más de 72 horas, o sus herederos, cobrarán US$ 50 mil.
El proyecto contempla una de las objeciones de Pasquet hacia la anterior iniciativa y define que la comisión que estará encargada del análisis de las solicitudes de amparo a estas pensiones estará integrada por los ministerios de Educación y Cultura, Interior y Economía, y representantes de las organizaciones que nuclean a las víctimas.
La reparación incluye la construcción de memoriales en recuerdo de las víctimas, de hechos sucedidos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 a manos de "integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos".
El nuevo proyecto será votado el próximo miércoles en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados.
La decisión de algunos senadores del oficialismo de iniciar el proceso de juicio político contra Carolina Cosse comenzó a generar fricciones en la coalición de gobierno. El diputado colorado Felipe Schipani consideró que es un “error garrafal” que solo logrará “victimizar” a la intendenta de Montevideo.
A través de su cuenta de Twitter el legislador, que pertenece a Ciudadanos, cuestionó la decisión adoptada el martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Allí su sector estaba ausente, ya que la representación le correspondería a Adrián Peña, que recién reasumirá su banca luego de Semana de Turismo.
Schipani consideró que un juicio político a Cosse es una “medida desproporcionada”. El diputado advirtió que “se dejó de hablar del despilfarro del concierto de Lali y volvimos a la victimización sobre el juicio político”. Y agregó: “si no ponemos cabeza, va a ser difícil un cambio en Montevideo”.
A todo esto la intendenta Carolina Cosse consideró ayer que la propuesta de juicio político en su contra es una “barbaridad para la democracia” y afirmó que está lejos de ser un hecho particular.
“Esta es una acción que no es aislada. En las elecciones departamentales toda la coalición y ministros del gobierno que ya estaba instalado, me atacaron. La presente administración de Antel intentó generar una opereta política judicializando algo a través de una pesudo auditoría. Y se agrega esto que es algo totalmente fuera de lugar porque en la intendencia ni yo hemos cometido una falta legal ni por su puesto violado ningún aspecto de la constitución”.
El juicio político fue pedido por un grupo de ediles de la oposición departamental, que acusan a Cosse de violar la Constitución al no responder los pedidos de informes que se le solicitan.
La intendenta tiene un plazo de diez días para efectuar sus descargos a la comisión. Si allí se entiende que hay lugar a juicio político, la eventual destitución de la intendenta requeriría el voto de 21 senadores, cuatro más de los que dispone la coalición de gobierno.
Hoy tendrá lugar en el Cementerio Parque Martinelli el sepelio de Hugo Manini Ríos, director del semanario La Mañana y hermano del líder de Cabildo Abierto.
Durante su juventud fue docente, trabajo que dejó para dedicarse a la producción arrocera.
A esta tarea se dedicó durante más de 40 años en su campo de la zona de Rincón de Ramírez (Treinta y Tres). Fue presidente de la gremial de los arroceros (ACA) entre 1999 y 2005.
Fue también conocido por haber integrado la Juventud Uruguaya de Pie (JUP).
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Un grupo de camioneros argentinos autoconvocado dejó de hacer viajes hacia Uruguay y anuncia cortes en los puentes binacionales de forma intermitente y sorpresiva.
La medida es en protesta a una nueva normativa que establece la obligatoriedad de pagar los fletes vía transferencia bancaria, lo que les impide cobrar con dólares en efectivo y convertirlos al doble en el mercado paralelo de su país.
Según consigna El País, desde este lunes ya hay aproximadamente unos 15 camiones instalados en el paso que une a Puerto Unzué y Fray Bentos. Si bien, hasta el momento, no obstaculizan el tránsito de camiones hacia Uruguay, sí se encuentran sobre el costado de la ruta y piden “la colaboración”, con el cese de las actividades de carga, “al total de las empresas argentinas” que tienen actividades de fletes con Uruguay y viceversa.
El objetivo del grupo de autoconvocados es “ser escuchados por el gobierno uruguayo”, en relación a las consecuencias “negativas” y la “nula rentabilidad” que afirman implicó la nueva normativa para los camioneros argentinos con actividad en Uruguay.
Estos camioneros, a través de sus representantes, ya presentaron recursos administrativos contra el decreto reglamentario de la normativa y una acción de inconstitucionalidad contra la ley, indica el matutino.
En el mercado local, el dólar tuvo una mínima suba ayer de 0,09%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,979.
En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 2,73% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,70 para la compra y $40,10 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 5,265.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 205,38. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 391,00.
Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0880.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
Dos operativos desarrollados ayer por la Policía en Artigas, Rivera y Tacuarembó contra el microtráfico de drogas culminaron con la detención de 32 personas y la desarticulación de una red que trabajaba para la banda delictiva brasileña Os Manos, que opera en la zona fronteriza con Uruguay.
Los operativos incluyeron 26 allanamientos en las tres capitales departamentales y en la ciudad artiguense de Bella Unión, en donde se realizaron 13 de las detenciones. Allí se logró la incautación de drogas, tres armas de fuego y elementos de contrabando.
En el caso de Artigas, la investigación comenzó luego del asesinato de un hombre a manos de un menor de 17 años, en Bella Unión. El chico afirmó pertenecer a la banda brasileña y el crimen estuvo motivado por un ajuste de cuentas ordenado por la organización.
El hecho generó un trabajo de más de seis meses, que culminó con las detenciones e incautaciones de ayer.
DEPORTES
El Consejo de Liga de los clubes rechazó ayer modificar la fecha de disputa del clásico del Torneo Apertura, que finalmente se jugará el sábado 1 de abril en el Campeón del Siglo, por la jornada 9 del campeonato.
El tema había generado una intensa discusión en los últimos días, ya que la intención de la Asociación Uruguaya de Fútbol era cambiarlo para la fecha 12 y disputarlo en el Estadio Centenario, tal como pretendía el Ministerio del Interior por motivos de seguridad.
El problema es que el principal escenario deportivo del país no estará disponible en el fin de semana del 1 y 2 de abril, por recital que allí dará Joaquín Sabina.
Lo que falta saber es si el partido se jugará con público local o si también podrá ser presenciado por hinchas de Nacional, una decisión que depende del ministerio.
Peñarol quiere que sea con hinchada visitante y eso dependerá mucho del operativo de seguridad que disponga Interior, pero Nacional ya informó que el clásico del Clausura en el Gran Parque Central será sin público visitante.
