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NACIONALES
El Poder Ejecutivo impulsa dos mesas de diálogo entre el sindicato y la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) para tratar de evitar el cierre de la planta ubicada en Minas.
La decisión fue anunciada ayer por el ministro de Trabajo, Mario Arizti, que se reunió con autoridades de la firma para discutir posibles soluciones al cierre de la planta, anunciado para el 1 de julio, lo que dejaría sin trabajo a 150 personas.
Una de las mesas estará referida a temas de la industria y la otra a cuestiones laborales. En la primera, se buscarán alternativas ante los problemas de competitividad que alega la empresa. En la segunda, se convocará al sindicato para analizar los aspectos vinculados con el empleo.
Hablando con la prensa, Arizti destacó la voluntad de diálogo de empresarios y trabajadores.
“Tenemos dos meses para trabajar, lo que queda de mayo y todo junio para tratar de avanzar y si se da un acuerdo el cierre no se da", planteó el ministro. “Ambas partes están dispuestas al diálogo y a buscar soluciones”.
En diálogo con El País, Aritzi apuntó que el objetivo es que la planta de Minas no cierre.
En tanto, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) realizará hoy un Congreso Nacional de Delegados. Mañana prevé una movilización en Minas, y otra pasado mañana en Montevideo. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria antes del viernes, está sobre la mesa el inicio ese día de una huelga general en el sector.
El presidente del sindicato, Fernando Ferreira, dijo haber recibido “muy bien” el planteo de conformar esas dos mesas de trabajo, pero cuestionó que el ministerio no haya hablado de fechas ni que la empresa suspendiera el cierre de la planta.
Ademu, la Asociación de Maestros de Montevideo, convocó para hoy a un paro por 24 horas en todas las escuelas de la capital. La razón es la agresión que sufrió ayer una docente en un centro educativo de Flor de Maroñas, en Montevideo.
El sindicato comunicó ayer la decisión de paralizar sus actividades y recordó que la medida responde a una decisión gremial previa de efectuar un paro de estas características siempre que se registra una agresión a cualquier docente.
Ademu resolverá los pasos a seguir hoy de tarde en una asamblea.
La Dirección General de Primaria, en tanto, aseguró que pese al paro la alimentación escolar estará garantizada durante esta jornada.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó ayer una disminución general en la cantidad de evacuados, a raíz de las recientes inundaciones, con respecto a la última jornada. Ayer eran 2.845 en nueve departamentos del país.
El departamento más afectado sigue siendo Paysandú. Allí la situación es más compleja que el lunes, ya que la cantidad de personas fuera de sus hogares pasó de 995 a 1.173.
En Durazno también aumentó la cantidad de desplazados: pasó de 457 a 727. En Salto se mantienen en 527 y en Cerro Largo en 112. En Artigas, el número de afectados pasó de 95 a 102.
La cantidad de personas fuera de sus hogares disminuyó sensiblemente en Treinta y Tres: de 715 a 86. En Rocha hay 40 evacuados, 37 en Soriano y 26 en Tacuarembó.
El informe del Sinae dio cuenta además de que el impacto de las inundaciones o el acumulado de lluvias pueden generar pérdidas directas o indirectas en la producción, o dificultades en su traslado.
Se señalan cultivos de verano como la soja, el arroz, el maíz y la caña de azúcar, que están en zafra de cosecha. También el rubro citrícola.
Asimismo se advierte que podrían verse perjudicados los cultivos de invierno como trigo, cebada y colza, debido a que la anegación de los suelos podría retrasar el período de siembra.
A nivel pecuario, se afirma, las afectaciones pueden ser igualmente notorias. Entre los principales factores se cuenta la pérdida de animales por inundaciones, la falta de forraje para alimentaciones o la necesidad de incurrir en gastos extra por suplementación de alimento. También la imposibilidad de realizar manejo sanitario adecuado y dificultades para el traslado de ganado a los mercados de comercialización.
INTERNACIONALES
Representantes de los gobiernos de China y Estados Unidos se reúnen hoy en Ginebra para analizar, por primera vez juntos, los riesgos y desafíos que genera el uso de la inteligencia artificial, una tecnología en la que ambos países lideran a nivel global.
Estas conversaciones son consecuencia de la cumbre que los presidentes de las dos potencias, Joe Biden y Xi Jinping, mantuvieron en noviembre del año pasado en San Francisco, donde acordaron la necesidad de afrontar esta cuestión.
Un funcionario estadounidense citado por la agencia AFP indicó que el de hoy será un "intercambio de puntos de vista", sin la publicación de un comunicado conjunto ni anuncios concretos.
Otro integrante de la Administración Biden señaló que China ha convertido el desarrollo de la inteligencia artificial “en una prioridad nacional de primer orden” y que lo hace de una forma que “socava la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados”.
Aunque Pekín y Washington compiten por fijar las reglas asociadas a la inteligencia artificial, también buscan posibilidades de consenso en este sector, que es visto con expectativa por el sector empresarial pero cuyas consecuencias futuras aún generan incertidumbre entre sociólogos, expertos en tecnología o economistas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que China es “el principal país” que hace posible que Rusia pueda llevar a cabo la guerra contra Ucrania, porque proporciona componentes críticos para las armas de Moscú y es el mayor socio comercial del Kremlin.
El político noruego se pronunció en ese sentido durante una intervención virtual realizada ayer desde la sede de la Alianza, en Bruselas.
Stoltenberg añadió que el régimen de Irán está proporcionando drones a Rusia y que la dictadura de Corea del Norte le otorga a Moscú municiones y armas.
Así, aseguró que “los amigos de Rusia en Asia” -en referencia a Irán, Corea del Norte y China- “son clave para la capacidad de Rusia de luchar contra un amigo y vecino europeo de la OTAN”.
Según indicó, no se trata de desplazar la OTAN hacia la región indopacífica, sino que Pekín y las “amenazas globales” se están acercando al territorio aliado.
“Vemos a China en el ciberespacio, en África, en el Ártico, la vemos intentando controlar infraestructuras críticas en nuestros propios países. Todo esto importa para nuestra seguridad. En muchos modos, la guerra en Ucrania demuestra que la seguridad no es regional, sino global”, subrayó Soltenberg.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo hoy en Kiev que la ayuda militar de Estados Unidos "está en camino" y marcará "la diferencia" en la batalla de Ucrania por repeler a las fuerzas invasoras rusas.
Blinken llegó en tren nocturno a la capital ucraniana desde Polonia para una visita no anunciada, coincidiendo con la gran ofensiva de Rusia en el noreste de Ucrania.
Se trata de su cuarta visita desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2002, y llega pocas semanas después de la votación en el Congreso estadounidense de un paquete de ayuda para Ucrania de 61.000 millones de dólares que estuvo bloqueado durante meses por cuestiones políticas internas en Estados Unidos, en pleno año electoral.
Desde entonces, Estados Unidos ha liberado unos 1.400 millones de dólares en ayuda militar.
"El primer propósito de este viaje es enviar una señal fuerte para tranquilizar a los ucranianos que claramente se encuentran en una situación muy difícil", dijo un alto funcionario estadounidense a los periodistas a bordo del tren que transportaba al secretario de Estado.
Mientras tanto, los combates continúan en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, donde el ejército ruso lanzó una ofensiva el viernes y tomó decenas de kilómetros cuadrados.
Las autoridades de Kiev llevaban varias semanas advirtiendo que Moscú podría intentar atacar las regiones fronterizas del noreste, mientras Ucrania padece una escasez de soldados y espera la llegada de más ayuda occidental.
Este avance ruso se produce cuando el presidente Vladimir Putin destituyó el domingo a su ministro de Defensa Serguéi Shoigú, tras dos años de conflicto en Ucrania sin un desenlace claro. El nuevo ministro, Andréi Belóusov, tiene formación de economista y, al igual que Shoigú cuando fue nombrado en 2012, no cuenta con experiencia militar.
Estados Unidos no cree que haya un genocidio en Gaza, pero estima que Israel debe hacer más para proteger a los civiles palestinos, según afirmó el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden.
Mientras las conversaciones para un alto el fuego se estancan e Israel continúa atacando la ciudad de Rafah, el asesor Jake Sullivan insistió en que la responsabilidad de la paz recae en el grupo islamista palestino Hamás.
En declaraciones a periodistas ayer, Sullivan agregó: “Creemos que Israel puede y debe hacer más para garantizar la protección y el bienestar de civiles inocentes. No creemos que lo que esté sucediendo en Gaza sea un genocidio".
Para llegar a esta evaluación, Washington estaba "utilizando el término internacionalmente aceptado para genocidio, que incluye un enfoque en la intención", explicó el funcionario.
Naciones Unidas negó haber bajado a la mitad el balance de personas muertas en la guerra de Gaza, y explicó que el hecho de que queden 10.000 cadáveres sin identificar pudo haber inducido a una confusión en las cifras.
En medio de una polémica que se instaló en los últimos días por este tema, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, dijo ayer que el número total de 34.622 muertos "sigue sin cambios", y de ellos hay disponibles detalles sobre 24.686, mientras que quedan más de 10.000 cuerpos pendientes de identificación.
De los que se disponen datos, Haq detalló que hay 7.797 niños, 4.959 mujeres, 1.924 ancianos y 10.006 hombres.
El funcionario precisó que la ONU no tiene capacidad de confirmar de forma independiente estas cifras suministradas por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo Hamás, pero recordó que "en el pasado, sus datos han resultado ser generalmente exactos".
Con esta declaración Haq salió al cruce de versiones llegadas desde Israel, según las cuales las cifras de muertos -y en especial de mujeres y niños- habían sido rebajadas a la mitad por la propia ONU.
Un miembro de los servicios de seguridad de la ONU murió ayer durante un ataque ocurrido en la Franja de Gaza. Es el primer empleado internacional de Naciones Unidas que pierde la vida en el territorio palestino desde que comenzó el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás, en octubre.
El funcionario, que era miembro del Departamento de Seguridad, falleció mientras se dirigía a un hospital de la ciudad de Rafah. En el ataque, del que no se conocen mayores detalles, resultó herido otro empleado de la ONU, informó la Secretaría General del organismo.
Se trata de la primera baja internacional de la ONU desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, pero ya habían muerto unos 190 empleados palestinos, principalmente personal de la Agencia Palestina para los Refugiados (UNRWA).
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó “todos los ataques” contra el personal de la institución y pidió una “investigación completa" del incidente.
En Estados Unidos, Donald Trump ganaría las elecciones en cinco de los seis estados clave que presumiblemente definirán la presidencia el próximo 5 de noviembre, según una serie de encuestas publicadas el lunes por The New York Times.
En contraste, la reputación del presidente Joe Biden continúa en sus horas más bajas, arrastrada por el anhelo de cambio, el descontento por la economía y la guerra en Gaza, señala el periódico.
Las encuestas, realizadas del 28 de abril al 9 de mayo por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer con una muestra de 4.000 personas, señalan que el presidente demócrata está perdiendo apoyo sobre todo entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, gran parte de la base de su electorado.
Trump, por su parte, está por delante en cinco de seis estados clave: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. De los estados bisagra (que por lo ajustado de sus resultados presumiblemente definirán la presidencia) Biden solo ganaría Wisconsin.
Mientras tanto, Trump enfrenta varios juicios en los tribunales de Estados Unidos. En Nueva York, por pagos irregulares a una actriz porno para que no revelara una relación extramatrimonial que habrían mantenido en medio de la campaña electoral de 2016. En Washington y Georgia, por intentar revertir los resultados de la elección de 2020. Y en Florida, acusado de llevarse documentos clasificados al dejar la Casa Blanca, en 2021, aunque este juicio fue pospuesto indefinidamente.
El Gobierno de Bolivia anunció ajustes para que los exportadores traigan el 100 % de sus divisas al país, como parte de un acuerdo para mejorar el flujo de dólares.
En febrero pasado, el Gobierno de Luis Arce y empresarios privados consensuaron diez medidas con el fin de mitigar la escasez de dólares que sufre Bolivia. Esto incluyó, por ejemplo, la liberación de exportaciones que hasta ese momento tenían cupos y la aplicación de algunos incentivos para bajar el gasto en la importación de combustibles.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, declaró ayer que se va a “corregir” la práctica de “algunos malos exportadores” que no cumplieron lo acordado, de forma que traigan al país la totalidad de las divisas que generen por sus ventas al exterior.
Las autoridades bolivianas aseguran que la falta de dólares que comenzó a sentirse en 2023 fue producto de un “ataque especulativo” y que la situación se ha ido normalizando.
Otros actores, en cambio, sostienen que el problema se mantiene, y que se debe a la importación de combustibles que hace el gobierno y a su política de precios subvencionados.
En Chile, camioneros del norte del país iniciaron ayer un paro por tiempo indefinido en protesta por el aumento de la inseguridad. En la primera jornada de movilización, los choferes bloquearon parcialmente carreteras cerca de las ciudades de Arica y Coquimbo, así como en las afueras de la capital, Santiago.
La medida es impulsada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte,
que entre otros puntos reclama el cierre de fronteras y que solo se permita el acceso por pasos habilitados, con documentación válida, registro biométrico y huella dactilar.
También pide la expulsión inmediata de los extranjeros con antecedentes penales y un estado de excepción constitucional que permita el despliegue de las Fuerzas Armadas.
Aunque la agrupación convocó a un paro nacional, la medida tuvo su mayor apoyo en el norte del país y no fue respaldada por los gremios más grandes, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y la Confederación Nacional de Transporte de Carga.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, aseguró que la paralización se registró “desde Arica a Linares” (o sea desde el norte hasta el centro de Chile), con un 80% de adhesión, y que también se sumaron algunas ciudades de la zona sur.
Ante esta medida de fuerza, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el gobierno está dispuesto al diálogo, pero que los carabineros no permitirán el corte de rutas.
"El diálogo no es una excusa porque si hubo durante el transcurso de estos dos años con los gremios del transporte. También tenemos acuerdos firmados. Estamos haciendo monitoreo y le hemos instruido a los delegados y a carabineros de Chile mantener las rutas despejadas. El gobierno lo va a garantizar. Esperamos hacerlo con la buena disposición de quién está movilizado pero, si es necesario, vamos a utilizar las herramientas que nos da la ley".
En Argentina, la Justicia Federal investiga a una treintena de dirigentes sociales por presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales para asistir a manifestaciones y marchas de protesta. Entre los imputados se encuentran referentes del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad para denunciar amenazas de dirigentes piqueteros.
Los acusados habrían "exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’". En ese sentido, se detalla que en total se registraron 924 casos por llamados a la línea 134.
La ministra Patricia Bullrich escribió en su cuenta de la red social X que “esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones (…) que extorsionaban a las personas para ir a las marchas”. "Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios”, agregó.
En el marco de esta investigación, la Policía realizó ayer 27 allanamientos en comedores y casas particulares. Durante los operativos se secuestraron "dispositivos electrónicos de los imputados, planillas o cuadernos -donde se presume que tomaban asistencia o registros de pagos-; documentación vinculada a planes sociales, (…) comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.
Según dijo al diario Perfil Nicolás Salas, referente de uno de los grupos investigados, la agrupación FOL, se busca "estigmatizar" a estas organizaciones y "generar miedo para que dejen de luchar contra los planes de ajuste que está llevando adelante” el gobierno de Javier Milei.
"Somos las organizaciones que venimos denunciando el vaciamiento de los comedores comunitarios y las bajas de programas de empleo, todo contrario a los anuncios de campaña que hizo el presidente", agregó.
Por último, Salas afirmó: "Si piensan que con esto nos van a amedrentar están muy equivocados, no nos vamos a dejar extorsionar por el Gobierno, que en definitiva te dice que si protestas te van a judicializar o reprimir”, y aseguró que muchas de sus compañeras son las que "garantizan un plato de comida al día" para las personas que son víctimas del hambre.
Una auditoría del Ministerio de Capital Humano de Argentina reveló que la mitad de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal en el gobierno anterior eran "inexistentes", y en uno de ellos incluso funcionaba, en cambio, un barrio privado.
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) fue el organismo encargado de la auditoría, realizada entre el 7 de febrero y el 26 de abril. Según el informe, al que accedió Infobae, se relevaron 2.646 establecimientos de los que 1.247 (52,3%) no pudieron ser validados como comedores o merenderos.
El restante 47,7% no pudo ser evaluado adecuadamente debido a varias razones, entre ellas que los comedores ya no estaban en funcionamiento (32%), discrepancias entre los datos de preinscripción y la realidad (25%), y direcciones declaradas que nunca albergaron un comedor (casi el 16%).
Uno de los casos más notorios es el del supuesto comedor "Gauchito Gil", que al ser investigado se determinó que "en su lugar en realidad hay un barrio privado”, indica el informe.
En Brasil, el gobierno del presidente, Lula da Silva, confirmó la suspensión en el pago de la deuda de Rio Grande do Sul con la unión por tres años, mientras el estado enfrenta la peor catástrofe climática de su historia por las inundaciones.
La medida busca garantizar más dinero para acciones de reconstrucción del estado. La suspensión de la deuda pasará por el Congreso, que necesita ratificar la decisión de Lula para que entre en vigor.
"Las instituciones del país están unidas por Rio Grande do Sul. No habrá problemas de aprobar las cosas en el Congreso porque todo será hecho de común acuerdo para asistir lo más rápido posible las necesidades del pueblo gaucho".
El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, calificó la medida como un "paso muy importante", pero reforzó que el Estado pide la quita de la deuda, no sólo la postergación. La deuda ronda los 20 mil millones de dólares.
La semana pasada el propio Leite, que llegó a referirse a un plan Marshall como necesario para reconstruir Rio Grande, dijo que los cálculos iniciales dan cuenta de cerca de 4 mil millones de dólares en obras para reconstruir el estado.
Las lluvias y crecidas sin precedentes de los ríos han dejado hasta ahora 147 muertos y 127 desaparecidos, según el último boletín de defensa civil publicado la noche de ayer.
El río Guaíba volvió a superar ayer los cinco metros en la capital, Porto Alegre, causando nuevos estragos y dificultando los trabajos de los rescatistas, luego de una semana en que su nivel había bajado lentamente.
La semana promete, lamentablemente, más lluvia para el estado a partir del miércoles, en un escenario con nuevos riesgos de deslizamientos de tierras y más inundaciones según expertos.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal en Brasil)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Desde el Frente Amplio (FA) se acusó a la campaña de Álvaro Delgado de “violar la ley” de publicidad electoral y pidió un “apercibimiento público” de la Corte electoral ante la difusión de un spot del precandidato nacionalista.
El aviso fue emitido en las últimas horas en la televisión abierta. Dura casi cinco minutos y consiste en un “repaso” de los logros del actual gobierno, para luego referirse al “segundo piso de transformaciones” que promueve Delgado. Al final invita a conocer el programa de gobierno en su sitio web.
Varios dirigentes frenteamplistas señalan que el spot viola la ley que regula la publicidad electoral, que en su primer artículo dice que “los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita” cuando falten sólo treinta días para las elecciones internas.
Hablando con La Diaria el diputado Carlos Varela dijo que “no solo Delgado”, sino también el colorado Andrés Ojeda están violando la ley, pero señaló que lo del nacionalista “es más evidente”.
Varela planteará hoy que la bancada del FA consulte a la Corte Electoral “qué se está haciendo sobre el tema” y sostuvo que, por lo menos, debería haber un “apercibimiento público” a Delgado. El diputado reconoció que la ley tiene un problema: no establece una sanción a quien la viola.
Hablando con la prensa ayer el presidente del Frente Amplio,Fernando Pereira, apuntó por su parte a la financiación de la campaña de Delgado y el contenido del spot.
“Lo interesante sería saber cómo lo financia. Llegó el momento de que los partidos que publiquen spots de cuatro minutos y medio y digan cómo los pagan. Un spot así sale más de $ 200 mil. Y el contenido… ¿Es lo que pasó en este gobierno? El gobierno vive en Narnia”.
Desde la campaña de Delgado se dijo a El País que la pauta está “enmarcada en la normativa”, ya que se trata de publicidad de un “call to action” para que la gente conozca el programa, lo descargue y sepa en qué está basado. Además se dijo que, al tratarse de un spot extenso, tiene solo tiene dos salidas por canal, dos días.
El senador Javier García dijo que los cuestionamientos del FA son por su duración y no por su contenido. Afirmó que la izquierda trata de “censurar” y negó que el spot esté infringiendo la ley.
La difusión del spot de Alvaro Delgado también fue cuestionada por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
El legislador habló de un “despliegue casi obsceno de determinadas corrientes o sectores políticos, que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parecen casi infinitos”, y que se ven no sólo en las propagandas de televisión, sino también “en la calle y en las redes” sociales.
Hablando con la prensa, Manini consideró fundamental la aprobación de la nueva ley del financiamiento de partidos políticos, y ató esta norma a la nueva ley de medios.
“Cabildo Abierto entiende que están relacionadas. El capítulo de la publicidad gratuita, que le dé cabida a todos los partidos, que están hoy en la ley de medios vigente. Queremos asegurar que lo que se aprobó en Diputados termine siendo aprobado. Estamos muy preocupados por que se apruebe de una vez por todas la ley de financiamiento de los partidos políticos”.
El texto de la ley de financiamiento que salió de Diputados establece que en los períodos electorales el tiempo de tandas publicitarias permitido se extienda a 20 minutos. Por cada hora de transmisión entre las 18 y la medianoche, se reservan diez minutos de espacios gratuitos para publicidad electoral.
En el Senado, los nacionalistas plantean reducir ese tiempo a un mensaje de cinco minutos en los canales, para que los partidos lo usen por única vez y en forma gratuita en las elecciones de octubre y en un eventual balotaje de noviembre.
Cabildo Abierto (CA) llegó a las firmas necesarias para habilitar la propuesta de plebiscito de reforma constitucional “contra la usura y por una deuda justa”.
Enrique Montagno, coordinador de la campaña que llevó adelante el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, señaló a la diaria que por el momento cuentan con 278.000 firmas y superan las 276.600 que se necesitan constitucionalmente para que se habilite el mecanismo de democracia directa.
Cabildo Abierto tenía como objetivo que el plebiscito se diera en la fecha de las elecciones nacionales, el 27 de octubre, pero al no llegar a las firmas antes del 27 de abril, optaron por recolectarlas hasta el 24 de mayo para que el plebiscito se pueda dar en el balotaje.
En diálogo con La Diaria, Montagno señaló que entre este lunes y martes llegarán “más paquetes” con firmas y que en las últimas dos semanas que quedan intentarán alcanzar las 305.000 firmas que se pusieron como objetivo por si hay algunas rúbricas que la Corte Electoral tenga que descartar. “Estamos a contrarreloj para alcanzar ese número”, indicó, y agregó que el próximo fin de semana será de “jornadas nacionales” de recolección de firmas.
“Es el último empuje para tratar de llegar a la cifra. En el interior están trabajando y están motivados”, expresó. En ese marco, dijo que por las lluvias e inundaciones en el norte y litoral del país “la gente bajó un poco los brazos”, pero apuntó que en otros puntos del país “está todo el mundo trabajando y motivado”.
De acuerdo a Montagno, la gente “dejó para el último momento” la firma. El coordinador recordó que hace un año tienen la propuesta sobre la mesa pero que a la espera de recibir apoyos de otros partidos políticos se postergó la juntada de rúbricas. “En junio va a hacer un año que empezamos con el proyecto, organizar toda la estructura. Somos bien chiquitos y tenemos poca experiencia”, señaló.
Una sentencia dictada ayer por el juez letrado Alejandro Martínez de las Heras obliga a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a pagar 5 unidades reajustables por día, hasta que responda a una pregunta efectuada por el senador Charles Carrera en un pedido de acceso a la información pública.
La pena será efectiva hasta que la administración le conteste al legislador “cuántas reuniones de directorio solicitadas por los directores en representación de la ANP en TCP (Terminal Cuenca del Plata) hubo en el período del 19 de julio de 2020 al 13 de octubre de 2023”.
En abril, un tribunal de Apelaciones había confirmado la condena a la ANP a entregarle información a Carrera sobre el funcionamiento de TCP. Salvo esta, el organismo había respondido todas las preguntas formuladas. “Esperamos que cumplan de una vez y entreguen toda la información solicitada”, expresó ayer Carrera al difundir la sentencia.
En su solicitud de acceso a la información pública, el senador frenteamplista había pedido conocer cuántas reuniones de directorio fueron solicitadas por los representantes del Estado en TCP y qué temas estuvieron allí planteados. Además, consultó cuántas reuniones de directorio hubo en el período mencionado y pidió que se le entreguen las actas de las sesiones desde marzo de 2020 hasta el 26 de octubre de 2023, cuando efectuó el pedido de información.
El gobierno presentó ayer el primer “bono de impacto social” aplicado al ámbito de la educación.
El proyecto presentado ayer es un “piloto” que incluye un fideicomiso de US$ 600 mil y que estará a cargo del centro educativo Ánima. Estará enfocado en unos 50 jóvenes de contexto socioeconómico vulnerable, que cursarán el bachillerato tecnológico.
Los bonos de impacto social fueron definidos por las autoridades como contratos basados en resultados, que permiten la obtención de recursos para brindar servicios sociales de forma anticipada, mediante la inversión privada.
Este instrumento involucra, entre otros actores, a los inversores, a los proveedores de esos servicios y a las entidades que participan de los pagos, que abonan la prima a quienes invierten en caso de que se logren las metas planteadas.
El director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, explicó en rueda de prensa que “el Estado entra cuando se cumplen los resultados previamente acordados, medibles y verificados”.
Agregó que “es un nuevo tipo de contrato que se basa en alcanzar los resultados para desembolsar ese recurso”, y que si los resultados no se alcanzan el Estado no paga”, concluyendo que “esa es la innovación de este instrumento”.
Las metas que deberán cumplirse son: la aprobación del ciclo educativo, la graduación, la obtención de empleo al año de egresar y su mantenimiento por cuatro meses o el pase a la educación terciaria.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Uruguay está exportando energía eléctrica a Brasil dado que las inundaciones que afectan al estado de Río Grande Do Sul provocaron daños en el sistema eléctrico de esa zona del país vecino.
Según informa El Observador, en lo que va del mes se llevaban exportados al país norteño 7,5 GWh a través de la conversora de Melo-Candiota.
En tanto, este mes también se exportó energía uruguaya hacia Argentina, ya que el país vecino presentó costos marginales altos en su sistema, del orden de US$ 150 MWh, dijo a El Observador la presidenta de UTE, Silvia Emaldi
En lo que va del año las ventas de energía a la región representaron ingresos por unos US$ 7 millones para el ente. Unos 185 GWh se colocaron en Argentina y algo más de 37 GWh en Brasil, añade el matutino.
En el mercado local, el dólar ayer subió por tercera jornada consecutiva, en esta ocasión un 0,05%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,531.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una baja acumulada de 1,26% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,35 para la compra y $39,75 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$5,141.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en AR$884,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también aumentó y cotizó en el entorno de los AR$1045,00.
Por su parte, el Euro subió y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0789.
El precio en tiempo real de Bitcoin es de $ 62.878,28 dólares y su capitalización de mercado actual es de $ 1,238.55 dólares. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una baja de 6.65% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
Un hombre de 39 años y una mujer de 22 fueron imputados ayer por el doble homicidio ocurrido el sábado en Parque del Plata, Canelones.
Deberán cumplir prisión preventiva por 180 días. Las víctimas eran un hombre de 47 años, que tenía diez antecedentes penales, y su yerno de 18 años.
El fiscal de Atlántida, Ignacio Montedeocar, dijo ayer que los crímenes estuvieron motivados por “problemas vecinales”.
Empleados de UTE encontraron ayer el cuerpo de un hombre en el techo de una subestación de la zona de Maroñas, en Montevideo.
Los funcionarios notaron que el equipo de aire acondicionado ubicado en ese lugar no funcionaba y subieron al techo a revisar el motor del aparato. Allí hallaro el cuerpo, en avanzado estado de descomposición.
La policía trabaja para identificar a la víctima. La hipótesis principal es que el hombre murió electrocutado al intentar robar el motor del aire acondicionado.
DEPORTES
Peñarol le ganó ayer a Defensor Sporting 89-74, por la primera semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
El carbonero se puso así 1-0 en la serie que, a cinco partidos, continuará el próximo jueves.
Por la otra llave seminal, Aguada y Nacional disputarán hoy su primer partido.
