Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La Cámara de Diputados aprobó anoche la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, donde se “facultó” al Poder Ejecutivo a “compensar” a los canales de televisión por los minutos gratis que deberán ceder para publicidad electoral.
Este último aspecto era el más polémico del proyecto y se sancionó a través de un aditivo que tuvo solo los votos del oficialismo y que requirió una extensa negociación en la coalición de gobierno.
La televisión abierta, las señales propias de las empresas de televisión para abonados y las señales con licencia para operar en Uruguay podrán incrementar, durante la campaña electoral, de 15 a 20 los minutos por hora l transmisión destinados a la publicidad. Diez de esos minutos deberán ir “gratis” a los partidos políticos, en el horario de 18 a 24 horas.
Blancos, colorados e independientes estaban dispuestos a mantener el período máximo de 15 minutos de publicidad por hora y ceder cinco de esos minutos a los partidos. Pero esa fórmula alternativa no contaba con el voto de Cabildo Abierto, que dejó en claro que sí así sucedía no votaría la “compensación” destinada a los canales por esos minutos.
Aprobada solo por la coalición, una parte de ese aditivo “facultó” al Poder Ejecutivo a otorgar esa “contraprestación”. Para calcular ese monto deberá tomarse como base el precio promedio que por publicidad pagaron los organismos públicos en los doce meses anteriores a la elección interna. El texto establece que si esta “compensación no se otorga, todo lo dispuesto en este capítulo será inaplicable”.
El Frente Amplio no votó esta “compensación”. Sí, en cambio, la oposición dio sus votos al inciso que establece que los medios deberán cobrarle a todos los partidos el mismo precio por la publicidad que sí se pague, que deberá regir por todo el ciclo electoral y que deberá ser comunicado con antelación. Este inciso no fue votado por el Partido Nacional.
El proyecto ahora pasa al Senado.
Ante los trascendidos sobre una posible entrega en Uruguay de Sebastián Marset, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que el gobierno que encabeza “no negocia con narcotraficantes”.
Lacalle Pou fue consultado ayer por la prensa sobre el tema a partir de las declaraciones que Marset efectuó en la entrevista del domingo pasado en el programa Santo y Seña, de Canal 4.
El presidente dijo esperar que la coordinación entre las fuerzas policiales de la región resulte efectiva para la captura del narcotraficante y dejó en claro que no hay margen para la negociación.
“El gobierno, a través de sus ministerios, en este caso Interior y Cancillería, generó las alertas que había que generar. El gobierno no negocia con narcotraficantes, eso está meridianamente claro, no tendría ni que decirlo".
Ante otra pregunta, Lacalle Pou dijo que no vio la entrevista a Marset. Sí, apuntó, leyó todo lo que se dijo después de ella. En particular se refirió a las expresiones del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, que dijo haberse “sorprendido” de que el “relato” de Marset sobre cómo consiguió el pasaporte uruguayo “coincida casi en un cien por ciento” con el del gobierno.
"No tengo tiempo para dedicarle a cada uno que habla. Además, un amigo mío siempre decía ‘o subimos el nivel, o bajamos el volumen'".
En una línea similar al presidente se había expresado horas antes el fiscal general Juan Gómez, que aseguró: “la fiscalía general de la Nación no negocia con narcotraficantes”.
La declaración fue una respuesta a las conversaciones que, según dijo el abogado Santiago Moratorio, ha mantenido con varias autoridades para que su cliente, Sebastián Marset, se entregue a la justicia uruguaya junto a sus familiares.
Hablando con Subrayado Gómez dijo que “ningún fiscal está dispuesto a saltarse la aplicación de la ley y de los tratados y convenios internacionales que rigen”. Y agregó: “Si hay una alerta roja de Interpol, se actuará como debe ser” y “Marset será detenido”.
“Un mensaje muy claro, la Fiscalía General de la Nación está para cumplir las normas y de modo alguno, ningún fiscal podría pasar por encima de la ley y de los tratados internacionales. Que quede muy claro, no se negocia con narcotraficantes en esta situación”.
El domingo pasado, en el programa Santo y Seña de Canal 4, Moratorio confirmó que desde finales de 2022 está en “conversaciones” con autoridades uruguayas en busca de “garantías” para que se entreguen a la justicia de nuestro país Marset, un hermano suyo, su cuñado y su pareja, que están requeridos en Paraguay.
Moratorio explicó que el objetivo es que estas tres personas no sean extraditadas a Paraguay y sean enjuiciadas en Uruguay, donde podrían demostrar que no hay pruebas de que hayan cometido ilícitos. Moratorio dijo que mantuvo conversaciones con la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y el Ministerio del Interior.
En Bolivia el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó ayer que Interpol aceptó el pedido de su país para que se declarara una “alerta azul” contra Marset a nivel internacional.
De esta manera el narcotraficante será buscado por los delitos de los que se lo acusa en Bolivia, país que lo señala por haber montado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
El jefe de Interpol Uruguay, Juan Rodríguez Reina, le dijo a El País que la “alerta azul” sirve como “medida de información” sobre “la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”.
Aclaró que sigue vigente la alerta roja que es “para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena”, referida al pedido de captura que pesa sobre Marset desde Paraguay.
En Paraguay, fue removido el jefe de Gabinete de Interpol en ese país, investigado por el levantamiento de la alerta roja que pesaba sobre la pareja de Marset.
Otros 17 agentes también fueron relevados de sus cargos. Se aguarda que la sede central de Interpol en Francia determine la identidad de la persona que, días atrás, ingresó al sistema y “borró” a la esposa de Marset de la lista de personas buscadas. La alerta roja fue restablecida.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga, Ernesto Toledo, dijo que “no termina de entender” cómo en un sector como el suyo, de baja rentabilidad, en los últimos dos años han ingresado empresas con inversiones millonarias y flotas de hasta 15 camiones.
La pregunta que se plantea desde la gremial es: qué medios de transporte utilizan las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
En una nota que publica La Diaria, el gremialista advirtió que un camión con acoplado cuesta unos US$ 200 mil. También destacó que las ventas de estos vehículos cero kilómetro se incrementaron significativamente en los últimos dos años. Para equipar una flota como las de empresas que ingresaron recientemente al mercado, dijo, se necesita una inversión de hasta US$ 5 millones.
Toledo dijo: “es difícil no vincular estos temas de la situación que vive el país con el avance del narcotráfico. De hecho, varios procedimientos han demostrado que la droga entró al puerto [de Montevideo] en camiones”.
Por otra parte, según el gremialista, el transporte de cargas tiene baja rentabilidad pero alta facturación, por el costo de sus servicios. “O sea que también hay riesgo de blanqueo de capitales”, alertó.
Para los transportistas de carga, la situación en la principal terminal portuaria del país es “alarmante” debido a la “falta de controles” de los organismos del Estado. Toledo estimó que el escáner hoy operativo controla entre 10% y 15% de los casi 1.000 contenedores que ingresan diariamente al puerto de Montevideo. Y mientras el puerto opera las 24 horas, el escáner solo lo hace de ocho a 12 horas, con paradas de mantenimiento varias veces al mes.
El gobierno anunció que el año que viene comenzarán a operar dos nuevos escáneres, que permitirán inspecciones en hasta el 80% de los contenedores que pasan por el Puerto de Montevideo.
INTERNACIONALES
El movimiento Hamás está dispuesto a prolongar otros cuatro días la tregua con Israel y a liberar a más rehenes a cambio de prisioneros palestinos, según anunció hoy una fuente cercana a ese grupo islamista, en medio de presiones de los mediadores internacionales para conseguir un alto el fuego duradero en el conflicto.
El alto al fuego entre Israel y Hamás entró hoy en su sexto día, con un nuevo intercambio previsto de rehenes israelíes y presos palestinos.
La tregua entró en vigor el viernes para un plazo inicial de cuatro días y luego se extendió 48 horas, hasta mañana, jueves, a las 05H00 GMT, para permitir el canje de otros 20 rehenes israelíes en manos de Hamás por 60 palestinos presos en Israel, según afirmó Catar, principal mediador.
Esta prórroga permitió la entrega anoche de doce rehenes en manos del grupo islamista (diez israelíes y dos tailandeses) y de 30 presos palestinos, entre ellos uno de 14 años.
Los medios israelíes aseguran que el gobierno ya recibió la lista de rehenes que serán devueltos por Hamás hoy, aunque ninguna fuente oficial lo confirmó.
Esta mañana, una fuente cercana a Hamás indicó que el movimiento islamista está "de acuerdo" en prolongar la actual tregua cuatro días más.
Finlandia anunció ayer que cerrará totalmente su frontera con Rusia a partir de mañana jueves para impedir que sigan llegando refugiados de terceros países. La medida estará vigente hasta el 13 de diciembre.
El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó que la clausura del puesto fronterizo de Raja-Jooseppi, el único de los ocho que permanecía abierto, es una medida “necesaria y proporcionada”.
Una vez entre en vigor, no será posible solicitar asilo en la frontera terrestre con Rusia, la más larga de la Unión Europea con 1.340 kilómetros, y los únicos puntos donde se permitirá serán los puertos y aeropuertos internacionales de Finlandia.
El Gobierno finlandés sostiene que el fuerte incremento de refugiados que llegan a su frontera se debe a un “ataque híbrido” organizado por Moscú, destinado a desestabilizar el país tras su reciente ingreso en la OTAN y su decidido apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia.
Solo en noviembre llegaron a Finlandia desde Rusia unos 900 solicitantes de asilo de terceros países, treinta veces más de lo habitual, pese al cierre de siete de los ocho puestos fronterizos en las dos últimas semanas.
El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó, respondió que la decisión de Finlandia de cerrar la frontera es un acto “irracional”. Según Rusia, esa resolución crea nuevas “líneas divisorias en Europa”.
En México, tres periodistas del estado de Guerrero y uno más en el vecino Michoacán resultaron heridos ayer tras ser blanco de ataques a balazos, informaron autoridades locales.
El primer ataque se registró al mediodía cuando los comunicadores regresaban de dar cobertura a un hecho de violencia, informó la fiscalía estatal.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, cuando los reporteros viajaban en un automóvil y fueron agredidos por hombres que viajaban en una motocicleta.
Según informó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), los comunicadores se encuentran "estables".
"Pedimos a las autoridades de Guerrero investigar los hechos y brindar la seguridad necesaria a ellos y sus familias", agregó RSF en su cuenta de X (antes Twitter).
Los tres periodistas se dedican a cubrir notas de política y policiales para diferentes medios locales, detalló RSF.
Por la noche, en la ciudad de Apatzingán, en el vecino estado de Michoacán, un periodista del portal local ABC fue atacado a balazos, según un reporte de la policía local.
Estas agresiones ocurren después de que la semana pasada otros tres reporteros fueron secuestrados y posteriormente liberados en la ciudad de Taxco, también en Guerrero, un estado golpeado por la violencia ligada al crimen organizado.
México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según diversas organizaciones de protección a reporteros.
Al menos otros cinco periodistas han sido asesinados en México en 2023, según RSF. Las autoridades investigan si estos hechos están relacionados con su labor informativa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó ayer que pedirá "licencia" a la Asamblea Legislativa para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en febrero.
"Como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente", dijo Bukele a sus ministros en una reunión transmitida en cadena de radio y televisión.
El mandatario agregó que en los comicios del 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si le reelige junto al vicepresidente Félix Ulloa para un segundo mandato.
Ante su ausencia en los próximos seis meses, Bukele instó a sus ministros a que "se pongan las pilas" y trabajen, tras advertir que habrá una evaluación para que puedan continuar en un eventual segundo mandato. "Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel", dijo.
El mandatario le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado, presente en la reunión, que investigue a todos los ministros.
Tras romper el bipartidismo de izquierda y derecha en 2019, este empresario de la generación millennial cuenta con el respaldo de 90% de la ciudadanía, según encuestas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer a su homólogo estadounidense, Joe Biden, levantar todas las sanciones que pesan sobre su país e iniciar una nueva era de relaciones, "al máximo nivel", entre Caracas y Washington, rotas desde 2019, aunque con acercamientos en los últimos meses.
"Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía, y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto y de colaboración, al máximo nivel, entre Estados Unidos y Venezuela", dijo Maduro, durante un acto con representantes del sector económico en Caracas.
El líder chavista dirigió este mensaje concretamente a Biden, para luego asegurar que existe un "poderoso consenso" en el país en torno a la idea de restablecer el vínculo diplomático.
A mediados de octubre, EE.UU. señaló que todavía no estaba listo para restablecer las relaciones con Venezuela, pese al proceso de acercamiento que están llevando a cabo ambos países, lo que permitió el levantamiento temporal de ciertas sanciones contra el Ejecutivo de Maduro.
En Brasil, el Senado aprobó la adhesión de Bolivia al Mercosur. Como tal iniciativa fue aprobada anteriormente por la Cámara de Diputados, el texto va ahora a la promulgación.
Firmada en 2015, en Brasilia, en el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), la inserción del país vecino necesitaba la aprobación de los parlamentos de todos los países miembros para concretarse y solo faltaba Brasil.
Ahora se creará un grupo de trabajo con representantes de los cuatro países miembros para elaborar un cronograma de adhesión de Bolivia a todas las reglas del Mercosur.
El ponente del proyecto, el senador Chico Rodrigues, afirmó que la entrada de Bolivia impulsará la integración regional y beneficiará a las empresas brasileñas.
El pleno también aprobó un requerimiento que crea una comisión de cinco miembros para, en hasta 180 días, visitar Bolivia y verificar la situación política y social del país.
Tal contenido fue una solicitud de la oposición, que inicialmente se posicionó contra el proyecto de adhesión al bloque.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arribó ayer a Arabia Saudita, país que es el principal socio comercial del país entre las naciones árabes, donde se propone potenciar las relaciones económicas.
Con un mensaje en sus redes sociales el jefe de Estado informó sobre su llegada. “Nuestro primer destino en esta visita a Medio Oriente, para reuniones con el jefe de Estado y empresarios brasileños y sauditas".
Lula da Silva se reunió con el primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. “Hablamos sobre las inversiones sauditas en Brasil en diferentes sectores y sobre el potencial de las exportaciones brasileñas”, manifestó.
Es la primera parada en una gira que incluye Qatar, Emiratos Árabes y Alemania.
Sobre su visita a todos los países agendados, Lula da Silva dijo: “presentaremos proyectos de inversión en Brasil e incrementaremos las relaciones comerciales y de asociación entre nuestros países en los sectores energético, agrícola e industrial”.
Javier Milei terminó ayer su primera misión oficial internacional ya como presidente electo de Argentina, al completar el viaje a Estados Unidos, donde se reunió con el ex presidente Bill Clinton y con funcionarios de la administración de Joe Biden.
Al no haber asumido aun el cargo, por una cuestión de protocolo no puede reunirse con Biden, pero sí lo hizo con Jake Sullivan, el asesor del presidente en temas de seguridad nacional, y con Juan González, el principal consejero en temas vinculados a América latina.
El mensaje de Milei en términos diplomáticos era muy claro: quería dar una señal fuerte de alineamiento con Estados Unidos, y dejar aclarado que su relación de simpatía personal con Donald Trump no sería un obstáculo para mantener la sintonía con un gobierno del partido demócrata.
A Milei no lo acompañó Diana Mondino, su futura canciller, que prefirió viajar a Brasilia para tratar de recomponer la relación con el presidente Lula da Silva, que ya arrancó mal por las declaraciones agresivas de Milei durante la campaña.
En cambio, quien sí acompañó a Milei fue Luis “Toto” Caputo, el probable ministro de economía, quien se reunió con los funcionarios del gobierno estadounidense, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y con potenciales inversores de Wall Street.
Esto dejó en evidencia cuáles son las urgencias que se planteó Milei para el arranque de su gestión: quiere asegurarse una ayuda financiera que lo ayude a transitar los difíciles meses del verano, cuando todavía no ingresan los dólares de la exportación agrícola y se sentirán a pleno los efectos inflacionarios por la liberación de precios regulados.
A juzgar por lo que afirma el propio Milei y las autoridades del FMI, hay buena disposición para una ayuda, aunque no trascendió el monto. En el organismo hacen referencia a un nuevo programa, llamado fondo de resiliencia, para asistir a economías en situación de crisis, y del cual podría salir un desembolso inmediato para Argentina.
Claro que se trata una cuota de 1.300 millones de dólares, una cifras pequeña para los grandes desafíos que tiene Argentina, que ya en el arranque de la gestión Milei debe hacer frente a vencimientos por 1.400 millones en diciembre y 5.500 millones en enero. Pero el presidente destacó el gesto diplomático de Kristalina Georgieva, la directora del Fondo, que dio a entender que renegociará el acuerdo vigente con un calendario de pagos más benevolente.
Mientras tanto, la transición en las semanas previas al cambio de gobierno viene complicada en la economía. La parte positiva es que está bajando el dólar en el mercado paralelo, pero los precios en las góndolas de los supermercados sufren remarcaciones casi a diario.
Los economistas ya prevén una inflación superior al 12% para noviembre y creen que luego de la asunción de Milei, cuando se ajusten tarifas de servicios públicos, podrá subir por encima del 20 por ciento mensual.
(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Asumió ayer su cargo la nueva presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Virginia Cáceres.
La jerarca, que era la secretaria general del organismo, sustituye a Robert Silva, que renunció para dedicarse a la campaña electoral como precandidato en el Partido Colorado.
En su discurso, Cáceres reivindicó que es la primera mujer que asume al frente del Codicen. Dijo que, así, se rompe un nuevo “techo de cristal”.
“Cuando las mujeres decidimos asumir un rol más protagónico en los espacios públicos, este proceso ha estado cargado de controversias y cuestionamientos. Esa es la historia que nos ha tocado transitar a las mujeres cuando decidimos dar un paso adelante. Así es que la nueva presidenta del Codicen aseguró que desde que su nombre se puso sobre la mesa como la primera opción para asumir la presidencia, se cuestionó sus “actitudes”, su “trayectoria”, el pedido de venia, que se la trató de “ilegal” y que, en suma, “algunos se postularon públicamente, pero es el costo que tenemos que pagar las mujeres por dar un paso al frente”.
Cáceres dijo que elige “dar vuelta esta página: asumo el compromiso de conducir el órgano principal de educación tendiendo todos los puentes necesarios con todos los actores del sistema y con el único objetivo de seguir generando políticas educativas de calidad”.
Hoy tendrán lugar en todo el país las elecciones de la Universidad de la República.
En la votación se designará a los integrantes de la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República y a los integrantes de las Asambleas de cada facultad. También a los nuevos miembros de los órdenes estudiantiles en Ciencias Sociales, Química, Arte y Comunicación.
Hay 320 mil convocados para votar, entre estudiantes, egresados y docentes. El voto es obligatorio hasta los 75 años de edad.
En caso de no votar y no justificarlo, los estudiantes serán sancionados con la imposibilidad de rendir exámenes durante dos períodos consecutivos, y docentes y egresados recibirán una multa de cinco Unidades Reajustables (UR), unos $ 8.150 al valor actual.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó ayer su “satisfacción” ante la liberación del primer grupo de rehenes a partir del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.
De todas formas, Cancillería lamentó que “desafortunadamente”, la ciudadana uruguaya Shani Goren no está en el grupo de liberados.
Goren es nieta de uruguayos y el gobierno le reconoció la ciudadanía a raíz de las gestiones realizadas por su familia luego de ser secuestrada por Hamás, en su incursión sobre Israel el pasado 7 de octubre.
Cancillería ratificó que “reiterará las gestiones con países y organizaciones que implementan el referido acuerdo para que su liberación pueda concretarse, teniendo presente las dificultades que supone por darse en el contexto de un conflicto armado".
La Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) resolvió ayer volver a notificar al senador nacionalista Juan Sartori y le pidió que amplíe la información aportada sobre su incremento patrimonial.
Ante el organismo el legislador había presentado recientemente balances de sus empresas y un escrito sobre su situación patrimonial. La presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, le dijo a La Diaria que lo requiere ahora la junta es que “certifique” esa documentación a través de un contador.
Lo que pide la Jutep es que Sartori justifique un incremento patrimonial de US$ 39 millones, que surge de comparar la declaración jurada que presentó en 2022 con la que había presentado en 2020.
Lo que dice Sartori es que ese incremento se debió a empresas que no declaró al estar incluidas en un holding, que sí está detallado en su declaración.
El senador ya fue declarado omiso por la Jutep al no haber presentado la declaración jurada con los bienes de su esposa. El Senado debería retenerle por eso la mitad de su salario e imponerle una multa. Además, quedaría impedido de ejercer nuevamente la función pública.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró ayer las obras del puente Paso Real, que permiten la recuperación del cruce sobre el arroyo Rocha. La inversión en estos trabajos sumó unos 2.000.000 de dólares.
El nuevo puente comunica el barrio Hipódromo con la ciudad de Rocha y habilita el cruce vial sobre el arroyo homónimo, tras la escasa infraestructura pública vial del lugar. La obra resuelve, mediante la instalación de un perfil longitudinal y transversal, los cortes frecuentes que acontecían ante la crecida del arroyo Rocha.
El proyecto implica una extensión de poco más de un kilómetro, con sus correspondientes accesos. Incluye una calzada de 87 metros e incorpora una senda para ciclistas. El diseño consta de 11 arcos metálicos que hacen a su estructura y contempla, adicionalmente, un puente secundario de 30 metros con las alcantarillas necesarias para asegurar el drenaje pluvial.
Además, el presidente presenció la concreción de obras viales en las rutas n.° 9 y 109, y de un nuevo museo.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
“Uruguay arranca el año electoral con una economía con bajo crecimiento, relativamente cara y con una situación fiscal delicada”, dijo el economista Ignacio Munyo, en un desayuno de trabajo organizado por Ceres, el centro de estudios que dirige.
Si bien destacó que Uruguay demuestra una “gestión macroeconómica como política de Estado”, que es “apreciada por inversores y calificadoras de crédito a nivel internacional”, Munyo precisó que el crecimiento es “escaso” y, además, como muestra el tipo de cambio real bilateral con los principales socios comerciales, es “muy caro” para los negocios.
“Por otra parte, expresó su preocupación por la evolución del déficit fiscal del país (4,4% del PBI a setiembre), el mismo que en 2019, así como por el aumento de la deuda pública (68,2% del PBI), mayor a cuatro años atrás”. En ese sentido, también mencionó que “en el periodo actual hubo un incremento del gasto público de 2,9%, lo que deja niveles de gasto público en el entorno del 30% del PBI, similar a lo que se tuvo en los últimos 10 años”.
En el preludio a la campaña electoral, afirmó que “no hay margen para aumentar el gasto ni subir impuestos”.
En declaraciones a canal 5 antes del encuentro, Munyo apuntó los retos que tiene la economía uruguaya para dar un salto:
“Estamos a mitad de camino en la escalera de desarrollo. Ahí hay aspectos que son centrales, por ejemplo: aumentar las exportaciones del país. Uruguay exporta todavía poco en relación a estándares de países que crecen en el largo plazo. Para poder exportar más primero hay que aumentar la oferta exportadora, o sea, lo que el país produce con capacidad de exportar. Para eso hay que invertir y hay que tener crédito. Es una cadena que hace que se tenga que movilizar la economía, tenemos buenas experiencias de sectores que han impulsado las exportaciones en los últimos tiempos en el Uruguay y hay expectativas de nuevos sectores”.
Munyo advirtió que el principal riesgo de “retroceso” para el país y para el próximo gobierno sería la eventual aprobación del plebiscito que impulsa el PIT-CNT para incluir en la Constitución un régimen único de seguridad social en manos del Estado.
En el mercado local, el dólar bajó ayer por segunda jornada consecutiva, en esta ocasión 0,28%. El interbancario fondo se operó en promedio a $39,092.
En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 2,44% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,85 para la compra y $40,25 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$4,887.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en AR$ 359,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 945,00.
Por su parte, el Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0982.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
La jueza penal Isaura Tórtora dispuso este martes el procesamiento con prisión, por cinco delitos de homicidio muy especialmente agravado, del militar retirado José Ricardo Arab en la causa de los "Fusilados de Soca".
Graciela Estefanell, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo (embarazada), Floreal Amaral, Mirta Hernández, Julio César Abreu y el niño Amaral García Hernández, de 3 años, fueron secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974.
El niño fue entregado a una pareja de agentes militares argentinos y vivió en la provincia de Formosa sin conocer su verdadera identidad hasta 1985, informó el abogado Pablo Chargoñia.
Los adultos fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y torturados en el centro clandestino de detención “300 Carlos R” o “Infierno Chico” en una casa en rambla República de México. Fueron ejecutados cerca de Soca el 20 de diciembre de 1974.
Arab ya está recluido en la cárcel de Punta de Rieles por otros delitos vinculados al terrorismo de Estado.
Por otra parte, un tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión de cinco militares, por la desaparición y muerte del militante comunista y trabajador portuario Julio Correa Rodríguez.
Esto sucedió en 1975, en el centro de torturas “300 Carlos”.
Los procesados son: Omar Lacasa Antelo, Rudydard Sciosia, José Luis Parisi Alegre, Antraning Ohannessian y Rubely Pereyra .
La sentencia anula el fallo de la jueza Silvia Urioste, que había rechazado previamente los procesamientos.
DEPORTES
Peñarol le ganó 1-0 ayer a Fénix en el Parque Capurro, y volvió momentáneamente a la punta de la tabla del Torneo Clausura.
Será así por lo menos hasta hoy, dependiendo de cómo le vaya a Liverpool en Belvedere ante Boston River.
Racing sumó su cuarta victoria consecutiva ayer en el Supicci al vencer 1-0 a Plaza, que descendió. Los de Sayago tienen asegurado un cupo en la Copa Sudamericana y están segundos en el Clausura.
El descenso de los de Colonia se confirmó tras el triunfo de Torque 5-1 sobre Deportivo Maldonado, que les permite a los gestionados por el Grupo City seguir con chances de permanecer en Primera División.
