Entrevista con el sociólogo Julio Bango, secretario nacional de Cuidados.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 07.10.2015, hora 8.14
(Audio Tabaré Vázquez)
"El segundo pilar refiere a políticas públicas y políticas sociales, y en este pilar destacamos en primer lugar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque la calidad de una sociedad se refleja en cómo cuida a los más vulnerables. Así como en el período de gobierno 2005-2010 el Plan de Emergencia Social fue prioritario, en el período 2015-2020 lo será este sistema, cuya finalidad es diseñar, promover e implementar políticas públicas destinadas a atender las necesidades de las personas en situación de dependencia."
(Fin audio)
EMILIANO COTELO (EC) —Así explicaba el presidente Tabaré Vázquez la importancia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) durante el discurso que dio en cadena nacional el 1º de marzo, el día de su asunción.
Pese a que este plan fue considerado el “buque insignia” del tercer gobierno frenteamplista, el fin de semana pasado la bancada de diputados del oficialismo resolvió recortarle una parte de su presupuesto para reforzar al de la ANEP.
Se ha discutido mucho desde entonces. Aparentemente el recorte se mantiene, pero ayer se dispuso que sea menor. Vale la pena examinar este tema, que se convirtió en un eje de polémica.
¿Qué va a pasar con la implementación del plan? ¿Se retrasa su puesta en marcha? ¿De qué manera se la adapta?
Está con nosotros Julio Bango, secretario nacional de Cuidados.
En primer lugar conviene explicar qué es el SNIC.
JULIO BANGO (JB) —Me parece muy oportuno, en la medida en que es una cuestión nueva. El SNIC hay que verlo en una doble perspectiva, como un instrumento para el ejercicio de un nuevo derecho de los ciudadanos uruguayos y como una función social que viene a intentar resolver un problema que la sociedad uruguaya está teniendo.
Respecto a la primera dimensión, en tanto derecho se inscribe en lo que se ha dado en llamar la nueva agenda de derechos que han promovido los sucesivos gobiernos del Frente Amplio (FA), y tiene que ver con que todas las personas –así lo va a sancionar la ley que está en el Parlamento, si se aprueba –viene bien aspectada, con un amplio soporte político de todos los partidos– en situación de dependencia en Uruguay van a tener el derecho a ser cuidadas, independientemente de su condición económica o de otra índole.
Las personas están en situación de dependencia cuando tienen una imposibilidad total o parcial de desarrollar actividades básicas de la vida diaria (comer, levantarse, bañarse, vestirse, salir de su casa). Cuando eso es extremo estamos en una situación de dependencia severa; si no, hay grados de dependencia. Tenemos personas mayores de 65 años que, por los achaques de la vida, pueden entrar en esta situación, y personas con discapacidad de cualquier edad, un niño, un adolescente, también un veterano, que pueden entrar en dependencia por el tipo de discapacidad. No toda persona con discapacidad necesariamente es una persona dependiente. Por ejemplo un ciego, que tiene una limitación obviamente severísima, si ha hecho el curso de rehabilitación es una persona autoválida. Después tenemos las personas con discapacidad no autoválidas.
Y en la otra punta están los niños y niñas de 0 a 3 años, que están en una situación de dependencia pero por una razón distinta, porque no han adquirido la plena autonomía porque están arrancando el ciclo vital. Es una etapa en la que deben ser protegidos y cuidados particularmente.
En cuanto a la segunda dimensión, la función social del cuidado, tiene que ver con que nuestras sociedades están en un proceso secular de transición demográfica en la que tenemos por un lado una baja tasa de fecundidad, una baja tasa de mortalidad, una alta esperanza de vida. Eso genera una sociedad más envejecida. Me apuro a decir que esto no es un problema necesariamente, habla bien de una sociedad que la gente pueda vivir más porque la calidad de vida promedio de esa sociedad mejora.
El tema es que eso genera efectos, por ejemplo provoca una creciente necesidad de cuidados que hasta ahora han resuelto las familias y dentro de las familias las mujeres, y aquellos que tienen cierto poder de compra en los últimos años lo han resuelto por la vía del mercado, con empresas que han ido generando servicios crecientemente. La decisión de construir el SNIC representa la voluntad del Estado de empezar a intervenir para resolver o paliar o aliviar la carga de cuidado de las familias y sobre todo de miles de mujeres.
EC —Para eso se prevén distintos instrumentos. Por un lado está la posibilidad de acompañantes personales, cuidadores personales, pero por otro lado se prevé la creación o el desarrollo de instituciones.
JB —Efectivamente. Según el tipo de dependencia es el tipo de necesidades y el tipo de servicios que se instrumentan. El SNIC recoge una tradición de servicios de cuidado en el país, sobre todo en el ámbito de la primera infancia. Tenemos los jardines de 3 años en la ANEP, pero también el Plan CAIF, que es un logro del país que va a cumplir 30 años. Ambos se incorporan al SNIC cambiando sus modalidades y ampliando cobertura; ese es el desafío que tenemos para estos cinco años y los que vendrán.
Por otro lado, para las personas en situación de dependencia severa se instrumentan un Programa de Asistentes Personales que va a suponer la posibilidad de que una familia con una persona con dependencia severa tenga como máximo 20 horas semanales un asistente personal. De esa manera se aliviará la carga de cuidados de esa familia, que tiene que dedicar 24 horas por día a cuidar a esas personas.
EC —¿Cuáles son las variantes en el caso de las personas mayores con dependencia?
JB —El asistente personal, en cuanto a su formación como tal, tiene que tener una serie de instrumentos que le permitan habérselas en situaciones distintas, con dependencias con distintos tipos de origen. Un asistente personal no es un cuidador de salud, no sustituye a un enfermero, a una enfermera, al personal o al Sistema Nacional Integrado de Salud. Tiene que ser una persona que acompañe en las actividades básicas de la vida diaria y por otra parte tenga la capacidad de detectar situaciones para poner en marcha el sistema de alerta.
EC —En el caso de los adultos mayores con dependencia, por un lado está la posibilidad del acompañante, pero por otro está el acceso a instituciones, como hogares, casas de salud, hogares diurnos. ¿Forman parte de este esquema también?
JB —Sin duda. Ahí tenemos un desafío enorme con los llamados hogares o casas de salud, que internacionalmente se denominan servicios sociosanitarios, porque hay una dimensión de salud. Los llamamos casas de larga estadía o residencias de larga estadía. El desafío que tenemos es homogeneizar la calidad de estos servicios. Más que promover un aumento de cobertura, vamos a hacer un fuerte trabajo en materia de fiscalización y de regulación de la mano del Ministerio de Salud Pública (MSP), que tiene, como autoridad sanitaria del país, una responsabilidad muy importante en la fiscalización del componente sanitario, porque en muchas residencias hay personas con deterioro de la salud y se requiere mantener esas condiciones sanitarias. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también tiene una parte importante que jugar, porque las personas que están ahí no están internadas. Si tuvieran que estar internadas irían a un sanatorio, por lo tanto van a vivir ahí y no pueden tener conculcados otros derechos de toda persona que vive en una circunstancia especial.
Por tanto hay un programa muy relevante en materia de fiscalización para estos cuatro años y medio que nos quedan de gestión. Vamos a decirlo con claridad: hoy habría que cerrar algunas de estas residencias porque no cumplen con las condiciones, pero el país no tiene resuelto qué hacer, adónde irían esas personas. Entonces nos parece más inteligente hacer un plan de trabajo con estas residencias, darles plazos, apoyarlas en el proceso de mejora de la calidad, de modo que todos salgan beneficiados. No se trata de cerrar residencias, sino de mejorar las condiciones de vida de la gente que está ahí.
EC —¿Integran el SNIC?
JB —Sin duda.
EC —¿Puede ocurrir que una persona mayor con dependencia tenga por el SNIC acceso a un acompañante, a un cuidador, o que el sistema la respalde en el costo de su internación en una casa de salud? ¿Cómo es eso?
JB —Desde el punto de vista de la inversión económica del sistema y del presupuesto, tenemos previsto hacer la apuesta más fuerte en los asistentes personales. Partimos del supuesto de que para la familia y para la persona es mejor que la persona se mantenga en su entorno natural, en su domicilio, con sus afectos, que tomar una decisión que puede ser más drástica de tener que ir a una residencia. Por tanto las apuestas en términos de la inversión económica van orientadas más al Programa de Asistentes Personales.
Por eso estábamos tan preocupados con lo que sucedió en la discusión presupuestal. En el caso de las casas de larga estadía o residencias, en el marco de este proceso de mejora de calidad vamos a generar un sistema de bonos, de modo de, si hay que sacar gente para llevarla a otra residencia para que esté en mejores condiciones, pagarle un subsidio a esa persona o a la residencia que la acoja para poder ir mejorando las condiciones de la residencia sobre la que estamos trabajando. Ya hay una experiencia en el Banco de Previsión Social (BPS), que se conoce como cupos cama, pero está limitada a las personas que viven en viviendas del BPS y que por el deterioro por la edad ya no pueden estar solas. En este momento, como el BPS forma parte del SNIC, estamos tratando de integrar estas prestaciones para tener una oferta más sólida con los mismos estándares en el trabajo del Mides, del MSP y el BPS.
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EC —El SNIC de hecho comenzó a implementarse en el período de gobierno anterior, aunque muy medido, muy en una etapa larvaria. Iba a tener su gran impulso en esta administración. Ahí aparece el tema del presupuesto, lo que se suele llamar presupuesto incremental, el aumento de presupuesto que se preveía para los años 2016 y 2017. Para el 2016 estaban previstos $ 1.206 millones y para el 2017 $ 2.235 millones.
Pero el fin de semana pasado se anunció que, a los efectos de obtener recursos para otros programas que estaban complicados, por ejemplo de la ANEP, se le iban a quitar al SNIC $ 400 millones en cada uno de estos años. Ya conocemos toda la discusión que se generó. ¿Ayer cambiaron estos números?
JB —Sí, cambiaron con respecto a lo que la bancada del FA había resuelto originalmente el domingo en una decisión mayoritaria. Nosotros obviamente preferíamos la opción del presupuesto que había enviado el Ejecutivo, que era un presupuesto equilibrado. Obviamente siempre hay demandas en la sociedad, que son infinitas respecto a los recursos con que el Estado o el gobierno de turno cuenta, pero nos parecía que era un presupuesto equilibrado. En el Parlamento siempre se busca hacer reasignaciones sobre la base del presupuesto que envía el Poder Ejecutivo, a nosotros nos tocó ser parlamentarios y conocemos bien en qué consiste ese trabajo, pero no esperábamos que los recortes vinieran por las prioridades incrementales.
El Poder Ejecutivo había definido cuatro prioridades en materia presupuestal, que eran los sectores que verían incrementada la línea de base presupuestal, que eran la educación con prácticamente 40 %, el SNIC con 16 %, luego venían las infraestructuras y la seguridad, y en quinto lugar aparecían algunos recursos para salud. Esas eran las prioridades en términos de los incrementos.
En la discusión parlamentaria se llegó a esta propuesta que se conoció ayer y que ahora se modificó.
EC —La fórmula que se encontró en el fin de semana era bastante cruda con el SNIC, implicaba recortarle la cuarta parte de sus nuevos recursos. Porque en total para los dos años estaban previstos $ 3.400 millones, y se le quitaban $ 400 millones cada año. ¿Cuánto es finalmente el recorte? ¿Es la mitad?
JB —Aparentemente sí, todavía no tenemos la información oficial y no se ha votado, pero el recorte anda por ahí, unos $ 200 millones en el primer año, 2016, y luego… no tengo claro todavía si son $ 200 o $ 400 millones o se quitan $ 400, pero hay un compromiso de que en la medida en que el sistema los requiera, esos recursos estarán en el 2017. Eso habría sido lo que se negoció anoche en la bancada de diputados del FA.
Esto empieza a subsanar un error, para mí era un error, porque más allá de los porcentajes, cualitativamente afectaba al Programa de Asistentes Personales, que quedaba en $ 0 para 2016. Eso representaba la imposibilidad total de hacer cualquier acción en materia de implementación de este programa.
EC —No iba a poder avanzarse en asistentes personales ni para discapacitados ni para adultos mayores dependientes.
JB —Para personas con dependencia severa. Nos dejaba en la necesidad de comenzar en el 2017.
EC —La explicación que habían dado en la bancada del FA era que había una serie de rubros que se sabía que no iban a ser ejecutados en el primer año. Por ejemplo, el diputado Sabini dijo que “como el SNIC todavía no tiene una institucionalidad, iba a haber dificultades para ejecutar todos los rubros”.
JB —Ahí está el error de apreciación de los compañeros. Quizás si nos hubieran consultado, podríamos haber evacuado esa cuestión. No es una queja, sabemos de la intensidad del trabajo parlamentario en el presupuesto en estos momentos, se está todo el día trabajando, negociando, y pudo haber alguna desatención en ese sentido. Pero si bien es cierto que la institucionalidad se está por crear ahora, nosotros venimos trabajando desde marzo y entre otras cosas venimos generando, junto con el BPS como actor central, un proceso de formación y de capacitación de los futuros asistentes personales. En estos momentos estamos yendo a todo el país junto con el BPS a formar gente, lo que nos va a permitir tener casi 850 nuevas personas formadas en este 2015, más lo que formó el BPS junto con Pronadis (Programa Nacional de Discapacidad) y el Mides en el 2014.
EC —Esa era una de las especulaciones, que para el año que viene, para el momento de implementación y de entrada en vigencia de estos nuevos presupuestos, no iba a existir una cantidad suficiente de cuidadores formados.
JB —Exacto. Pero además la lógica, por lo menos del programa piloto que venía trabajando, planteaba que las personas con un mínimo de capacitación podían incluso hacer capacitación en servicio.
EC —Lo que está previsto es que el acompañante, si no tiene la formación ya adquirida, puede empezar a desarrollar las tareas con el compromiso de participar en los cursos en un cierto plazo.
JB —En 18 meses. Creo que el objetivo de la bancada era el cumplimiento del programa de gobierno, que el no conocimiento de estos procesos llevó a tomar un supuesto erróneo que generaba este cambio cualitativo. Porque más allá de la asignación presupuestal, el cambio es cualitativo en el sentido de que podíamos arrancar con el tema de la infancia, que es obviamente trascendente y que va a ser el 55 % del presupuesto quinquenal si la economía va bien y en el 2017 podíamos terminar de asignar y cumplir las metas quinquenales planificadas por el sistema. Si bien podíamos arrancar con una parte muy relevante, cualitativamente nos quedábamos rengos en el arranque del sistema. Esta revisión que han hecho los diputados permite que el sistema arranque y lo haga en todos sus componentes, como teníamos previsto, y por lo tanto que el programa de gobierno se empiece a ejecutar desde el 2016.
EC —Pero arranca con limitaciones, sin que ustedes puedan implementar todo lo que tenían previsto.
JB —Efectivamente, arranca con limitaciones, sin que podamos implementar todo lo que teníamos previsto.
EC —¿Saben a cuáles de los rubros del SNIC se afecta con estos recortes que ahora son menores, ya no son de $ 400 millones por año, serían de $ 200 millones?
JB —Sí, los ajustes estaban focalizados en dos programas. De uno se habló poco. Con la propuesta, teníamos $ 0 para asistentes personales, no arrancaba el trabajo con las personas con dependencia severa, y quedaba sin asignación, también con $ 0, el programa de teleasistencia para las personas con dependencia moderada.
EC —¿Qué es teleasistencia?
JB —La teleasistencia es una modalidad en la que una persona que vive sola y por ejemplo se cae o se siente mal y no puede apelar a su familia, llamar a la emergencia o lo que fuere, tiene un botón de pánico que puede tocar. Eso activa una central que pone en juego una serie de recursos, una red de emergencia, que puede ser el aviso a la familia, si vive en un edificio al portero del edificio, a los vecinos más cercanos, a la emergencia móvil si la tiene. La persona gana en seguridad y en tranquilidad, porque sabe que, más allá de que vive sola, tiene un recurso más al que apelar en caso de tener algún problema. Eso también se afectaba en su totalidad. Ahora, si bien no se van a cumplir las metas que teníamos previstas para el primer año, que van a ser menores, sí vamos a poder arrancar con los dos servicios, tanto con la teleasistencia como con los asistentes personales. Esos eran los dos rubros que se veían afectados en el 2016 y en el 2017.
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EC —Tengo algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo este que dice: “Qué buen proyecto, en este momento tengo una familiar que quedó ciega, no tiene familia, no sabemos a quién llamar para que la acompañe, solo podemos valernos de los vecinos”. Esa es una de las situaciones de las tantas que se podrían imaginar.
JB —Esta persona puede llamar al Mides, pedir para conectarse con el Pronadis, y ahí le pueden indicar lugares donde hacer cursos de rehabilitación, para lectura en sistema braille y otros aspectos que le van a permitir, más allá de esta enorme limitación, manejarse y ser autoválida. En caso de que sea autoválida no formaría parte del SNIC, más allá de la enorme limitación que tiene, pero podría valerse por sí misma y mejorar su situación. Que llame al ministerio que ahí va a tener algunas respuestas.
EC —Otra aclaración: el SNIC es eso, un sistema que coordina a una serie de instituciones. El sistema como tal no es el que ejecuta los planes de los que estamos hablando.
JB —Efectivamente, se genera una institucionalidad, que es una Junta Nacional de Cuidados, porque para el cuidado como materia no tenemos que hacer un ministerio del cuidado, no es una nueva sectorialidad, es un componente transversal de la acción de varios ministerios. Entonces en esa Junta están el MSP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por supuesto el Mides, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el INAU, el BPS, la ANEP, y los senadores [n. de r.: debería decir "los diputados"] incluyeron al Congreso Nacional de Intendentes por el tema de la descentralización, lo que nos parece un acierto, mejora el proyecto. Y el Mides, en tanto ministerio coordinador de las políticas sociales, tiene a su cargo la articulación del sistema a través de la Secretaría Nacional de Cuidados. Eso implica que la ejecución va a estar dada por los distintos integrantes de este sistema, que son centralmente el INAU, la ANEP, el BPS, el MSP y el propio Mides, que algunos aspectos de ejecución va a tener.
EC —A partir de estos recortes que se están discutiendo, ¿qué dificultades terminan concretándose en la puesta en marcha del plan? Por ejemplo, hablábamos de acompañantes personales.
JB —Asistentes personales.
EC —¿Cuántas personas van a poder acceder a asistentes personales?
JB —Todavía no lo sabemos. Teníamos una meta para el quinquenio, que era atender en el quinquenio, si la cosa venía bien, si la economía venía bien, al 60 % de la población con dependencia severa. Como en el Uruguay este tema no estaba planteado, el sistema estadístico nacional no recoge mediciones de la gente en situación de dependencia. Recién en mayo pudimos tener la Encuesta Longitudinal de Protección Social que hizo el BPS, que es el único instrumento que hemos tenido para poder sopesar y evaluar cuál es la población con dependencia severa en el Uruguay y la población dependiente en general.
A partir de estos datos, trazamos en la planificación un intento de cobertura del 60 % de la población dependiente para el quinquenio. Y después habíamos escalado una programación año a año para llegar al 60 %. Ahora cuando se decidan los recursos tendremos que recalcular qué vamos a poder hacer, sobre todo en estos dos años.
EC —Esta conversación cae en un momento bastante incómodo, porque usted ni siquiera tiene claro cuál es el acuerdo al que se llegó ayer.
JB —Claro, ayer de noche, y estamos a las 8.45 horas. Tenemos que ver qué se vota y ahí empezar a trabajar. Ahora nos vamos para la oficina a trabajar, a ver cuáles van a ser las metas que vamos a poder hacer.
EC —¿Tienen la impresión de que todavía es posible obtener mejoras en la instancia del Senado?
JB —Es una decisión de los parlamentarios, no nos corresponde meternos en el proceso de decisión de ellos. Como Poder Ejecutivo decimos que el presupuesto que iba era un presupuesto equilibrado, que creíamos que contemplaba todas las dimensiones de lo que se requiere, con prioridades claras. Si el Parlamento modifica, bien, lo entenderá, y nosotros tendremos que ajustarnos a las decisiones.
EC —Sí, pero llama la atención lo que señalaba en cuanto a que se tomaron decisiones sin consultar a quienes están al frente de un sistema como este.
JB —No, los parlamentarios tienen un conocimiento bastante claro del SNIC, porque lo hemos debatido en la fuerza política, es parte del programa. Sí hay algunos detalles que no se tuvieron en cuenta, por ejemplo se pensaba que no se empezaría a ejecutar en el año próximo. Ahí sí hubo una falta de información o de evaluación que dificultó el proceso.
EC —De todos modos, con la complejidad que implica tratar de sacar conclusiones en este momento, me parece bueno mirar globalmente el proyecto. Usted recién señalaba qué era lo que estaba previsto, qué es lo que tienen previsto que ocurra en el quinquenio en cuanto a asistentes personales. Estaba previsto abarcar el 60 % de las personas con dependencia severa. ¿Qué más, qué otros pilares componen el proyecto en su conjunto en estos cinco años? ¿Qué objetivos hay?
JB —En términos de la primera infancia, por ejemplo, que se llevaría alrededor del 55 % del presupuesto quinquenal, por la relevancia que tienen en el país los servicios de cuidado. Que los tiene, no es que estemos inventando la pólvora, estamos ampliando cobertura y articulando en términos sistémicos para darle más eficiencia a la política pública. En 30 años de Plan CAIF y con la existencia de la ANEP de mucho más, el Uruguay ha logrado cubrir el 47 % de los niños y niñas de 0 a 3 años de cualquier condición con servicios de cuidado de infancia.
Si logramos ejecutar las metas y disponemos del presupuesto en este quinquenio, pasaríamos del 47 % al 64 % de la cobertura de los niños y niñas. Ese 64 % se abriría en un 100 % de los niños y niñas de 3 años cubierto –seríamos el primer país de la región que lo tendría–, un 77 % de cobertura de los niños de 2 años, e iría descendiendo, porque los bebes de 0 a 1 lo recomendable es que estén el mayor tiempo posible con su familia. Pero hay familias que tienen situaciones tales de habitabilidad, etc., que a veces es bueno que tengan servicios de cuidado, que es preferible que tengan servicios de cuidado a que estén todo el tiempo en el domicilio. Entonces también va a haber servicios de cuidado para los más chiquititos.
EC —Para eso hay que invertir también.
JB —Para eso hay que invertir también.
EC —Invertir en infraestructura.
JB —Ahí está prevista una inversión muy fuerte en el quinquenio, y en los primeros dos años estaríamos realizando el 30 % de la inversión en infraestructura del quinquenio.
EC —Básicamente edificios.
JB —Nuevos jardines de ANEP, nuevos centros CAIF, ampliación de CAIF existentes y de jardines existentes. También hay que darse maña y utilizar un montón de infraestructura que existe a nivel social para generar modalidades más flexibles que permitan cubrir más población.
EC —¿Y en otras áreas del sistema cuáles son los objetivos?
JB —Después tenemos dentro de los componentes del sistema toda la cuestión de las políticas regulatorias. Por ejemplo, el país tiene cinco sistemas de supervisión de la primera infancia, dos de ANEP, para jardines públicos y privados, dos de INAU, para CAIF y para los centros diurnos de INAU, estatales, y uno del MEC para centros de educación inicial privados, las mal llamadas “guarderías”. Estamos trabajando fuertemente para tener en el quinquenio por lo menos dos sistemas de supervisión. Esto revela cómo se ha construido la política pública: ha sido autorreferida desde los servicios y no desde los problemas de las personas. El ejercicio que estamos haciendo con todos estos organismos del sistema es decir: los niños y niñas de 0 a 3 años, ¿cuál es el modelo, cuál es el servicio, cuáles son los estándares de calidad que precisan para cumplir sus objetivos de desarrollo en estos servicios? Y a partir de ahí construir la supervisión. Entonces tenemos la ilusión, y estamos trabajando para que no quede en una ilusión, de reducir los sistemas de supervisión.
En materia de política de regulación de los servicios, de categorización laboral de los asistentes personales, de políticas de formación, políticas de generación de conocimiento. Porque hay que saber más, hay que construir estadísticas en clave de dependencia –que el Uruguay no tenía, sí tiene de pobreza, entre otras– para poder ser más eficientes en la implementación de estas políticas y hacer rendir más la plata que es de todos los uruguayos. Hay una agenda de trabajo por delante que va mucho más allá del servicio tal o cual.
EC —¿Qué otras inversiones en infraestructura están previstas?
JB —El 92 % de las inversiones en infraestructura van a primera infancia.
En el caso de un programa que no mencionamos, el de los centros diurnos, se irá a la generación de centros en todo el país para personas que puedan salir, que todavía estén en situación de dependencia moderada, que puedan ir a esos centros a socializar, vencer la soledad, salir y aliviar la carga de cuidado de las familias, pero también tener profesionales que hagan ejercicios cognitivos, ejercicios físicos que les permitan retrasar el proceso de entrar en una mayor dependencia, que muchas veces es inevitable, pero que se puede retrasar si las personas hacen determinado tipo de ejercicios. Ahí más que invertir en infraestructura vamos a apelar a los municipios, a las intendencias, a que se utilicen las capacidades logísticas que tienen los gobiernos de segundo y tercer nivel de gobierno y también de la sociedad civil, para gastar menos, invertir menos plata del Estado y aprovechar lo que ya existe poniendo los recursos humanos, generando los programas. Como ves, hay mucho trabajo por hacer.
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Transcripción: María Lila Ltaif
