Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Esta madrugada la Justicia imputó a tres mayores de edad por el delito de abuso sexual especialmente agravado, en el caso de la denuncia de violación en un apartamento del barrio Cordón, presentada por una mujer de 30 años el domingo 23 de enero.
Los tres jóvenes irán a prisión preventiva por 180 días mientras prosigue la investigación que conduzca, eventualmente, a la sustanciación del juicio. Además, la Justicia le tipificó a uno de los encarcelados un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima.
La fiscal del caso, Sylvia Lovesio, señaló en rueda de prensa tras la resolución judicial, que solicitó la reserva de la investigación y la jueza hizo lugar, por lo que a partir de ahora no se podrá informar del contenido del expediente.
Sobre las pruebas que sustentaron la imputación, Lovesio se limitó a responder que “hay un cúmulo de evidencias enorme que configura la semiplena prueba”. La fiscal explicó que pidió la prisión porque así lo determina la ley de urgente consideración (LUC).
La LUC prevé que este tipo de delitos sean inexcarcelables porque quitó la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio.
La fiscal argumentó que la prisión fue resuelta, además, porque existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.
La doctora Lovesio indicó que el delito de difusión de imágenes “tiene que ver con que uno de los imputados difundió esos videos” con imágenes de lo ocurrido el 23 de enero. La fiscal expresó que no podía dar más detalles puesto que “la víctima ya fue bastante discriminada y expuesta, no por la Fiscalía”.
La audiencia que finalizó con las tres imputaciones fue presidida por la jueza subrogante Marcela Vargas, debido a que la titular, Blanca Rieiro, dio positivo de coronavirus.
Además de los tres hombres actualmente en prisión, viene siendo indagado por el mismo caso un adolescente de 17 años que declaró como testigo ayer en la Fiscalía de Delitos Sexuales. El caso del menor está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes.
En paralelo, también continúa la investigación penal por la divulgación de material íntimo de la mujer sin su consentimiento. Esta materia está a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género. Además, se investiga la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
Hoy, En Perspectiva, conversamos con el abogado Juan Raúl Williman, que dirige el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y patrocina a la mujer que denunció la violación grupal.
