Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La seguridad pública es uno de los grandes temas en el debate político y electoral.
Eso lleva a que de un lado y del otro se lean minuciosamente las cifras de delitos. Unos las examinan para asegurar que bajaron y otros para tratar de demostrar lo contrario.
Esto no es nuevo; llevamos décadas en estas polémicas. Sin embargo, ahora el foco en esta discusión está puesto en un dato que sí suena novedoso, el de las llamadas “muertes dudosas”.
El viernes 19 de enero las nuevas autoridades del Ministerio del Interior (MI) comparecieron ante la Comisión Permanente del Parlamento para informar los números del 2023, que mostraron un descenso en hurtos, rapiñas y abigeatos; y un estancamiento en homicidios, donde se registró uno menos que en 2022, un año en el que se había dado un salto del 25%.
No obstante, desde la izquierda se centraron en el dato de “muertes dudosas”. Señalaron que es “escandaloso” y lo tomaron como uno de los argumentos para sostener que el MI está “maquillando” las cifras.
Desde el gobierno, en cambio, se sostiene que la tendencia de muertes dudosas ya venía en alza desde la administración anterior y aseguran que no hay ningún intento por ocultar delitos.
¿Qué significa que una muerte sea caratulada como “dudosa”?
El año pasado, el MI y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) presentaron los resultados de un estudio titulado “Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022)”, realizado por los investigadores Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges. Allí se estudia el tema muertes dudosas y se explica que son casos “en donde no hay información concluyente sobre la causa del fallecimiento”; por ejemplo, un cuerpo en estado de descomposición sin testigos.
Según las estadísticas del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, las muertes dudosas han tenido un crecimiento fuerte desde 2019. Ese año se registraron 105 muertes dudosas. En 2020 fueron 159, 50 más (un salto importante). Y el año pasado, 2023, se contabilizaron 189.
Estas cifras si bien están contabilizadas por el MI, no entran dentro de las placas con hurtos, rapiñas, homicidios y abigeatos que presenta el Observatorio del MI.
Las autoridades no han dado una explicación definitiva de por qué se dio el aumento, que en un principio se vinculó con el covid-19 y las muertes “sin asistencia” de personas en sus hogares. Pero el mantenimiento de la tendencia una vez terminada la pandemia abre preguntas.
MUCHAS MANOS
Cuando una persona muere sin asistencia, es decir que no fallece en un hospital o con el acompañamiento de un médico, intervienen varias partes.
Hay un médico que certifica la defunción.
Hay policías que hacen las primeras actuaciones e ingresan un parte con los datos que se encontraron primariamente.
Hay un fiscal de Flagrancia, que toma el caso y puede definir pasarlo a otra fiscalía, como una de Homicidios, si fuera necesario.
Está el Instituto Técnico Forense (ITF), que realiza una autopsia para establecer las causas de muerte.
¿Quién de todos ellos tiene que ver con el crecimiento de estas cifras?
Desde el MI, el subsecretario Pablo Abdala dijo a En Perspectiva que la condición de “dudosa” viene de la Fiscalía y del ITF. Pero desde tiendas fiscales y judiciales lo niegan.
QUÉ DICEN LOS FISCALES
Fiscales de Homicidios explicaron a En Perspectiva que ellos no tienen contacto con casos de “muertes dudosas”, porque cuando les llega a ellos ya está claro que es un homicidio o una tentativa.
Son los fiscales de Flagrancia los que sí pueden tomar contacto con “muertes dudosas”. Uno de ellos contó a En Perspectiva que tenía actualmente un caso así: una persona fallecida en un incendio, en el que no quedaba todavía claro si había habido intencionalidad o no.
Pero los fiscales dicen que tal definición viene de los partes policiales o de informes forenses, y niegan que sea una categorización que implementen ellos.
QUÉ DICEN LOS FORENSES
Desde el ITF, mientras tanto, en diálogo con En Perspectiva rechazaron totalmente tener un vínculo con el concepto “muertes dudosas”.
Tres médicos legistas dijeron que es un término que ellos no usan; uno de ellos lo calificó de “invento” y otro incluso dijo que le molestaba porque una muerte nunca puede ser dudosa: la persona está muerta o no.
En el rubro forense se habla de muertes violentas (esto incluye los suicidios y accidentes, además de los homicidios) o por causas naturales.
Los informantes explicaron que en el ITF se resuelve “en un 99.9% de los casos” la causa de muerte, por lo que no pueden quedar dudas.
Sí admitieron que puede haber una “etiología médico-legal indeterminada” por ejemplo “en casos de precipitaciones”. Traducido, esto quiere decir que en casos como el de una persona que muere por caer desde cierta altura, puede haber dudas sobre si lo empujaron, se cayó o se tiró. Pero muy difícilmente quedan dudas sobre por qué efectivamente murió.
Es decir, fuentes forenses y de Fiscalía se desmarcan de la responsabilidad que les endilga el MI.
¿Y entonces? Más allá de quién es responsable por el aumento de las muertes dudosas, ¿se puede usar entonces para “maquillar” cifras de homicidios, que son el punto más crítico a nivel seguridad hoy en día, como reconoce el propio gobierno?
Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, dijo a En Perspectiva no tener evidencia de que exista un maquillaje de cifras. Otra fuente del rubro forense consideró que tampoco hay evidencia de una “conspiración” para ocultar delitos. Es decir, en ese plano solo pueden hacerse especulaciones dado que el gobierno no ha provisto una respuesta definitiva respecto de por qué se dio este aumento en los casos de muertes dudosas.
Lo que sí aparecen en el ambiente judicial son dudas sobre cómo el Estado lleva el registro de las muertes violentas.
De acuerdo con el informe diagnóstico anteriormente mencionado que realizó el investigador Emiliano Rojido para el MI, en “una parte importante de los casos” de muertes dudosas, en los días siguientes esa duda queda resuelta, gracias al trabajo del ITF.
De hecho, una fuente del sistema de Justicia dijo a la producción de En Perspectiva que la única forma de esconder cifras sería impedir que un cadáver pasara por el ITF.
Sin embargo, el informe de Rojido establece que incluso cuando los forenses concluyen que una persona murió por causas naturales e indican la reclasificación del caso para que deje de figurar como dudoso en el registro, ese cambio que debe hacerse en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública “no siempre es una prioridad” para los funcionarios responsables.
Otras fuentes van por la misma línea. El fiscal Willian Rosa explicó que no siempre lo que tipifica el MI se compagina con lo que resuelve en última instancia la Justicia. Es decir, un caso puede quedar registrado como homicidio, y que la investigación posterior defina que no fue un asesinato. Sin embargo, en el registró del MI queda como homicidio.
Por eso, dijo Rosa, las estadísticas del MI y de la Fiscalía tienen ciertas divergencias: en 2022, como ha remarcado el senador Carrera, el MI reportó 383 asesinatos, y Fiscalía registró 388.
Una fuente del rubro forense afirmó directamente que el método de registro basado en partes policiales “es malo”. Puso como ejemplo que en el sonado caso de un asesinato ocurrido el año pasado en un supermercado TaTa del Parque Rodó, el primer parte policial lo ingresó como rapiña.
PASANDO RAYA
Para pasar en limpio, entonces: a partir de 2020 hubo un crecimiento en las cifras de “muertes dudosas”, que no entran en la estadística de homicidios. Hay especulaciones de parte de la oposición de que allí hay asesinatos que no quedan registrados.
No está claro por qué se dio ese aumento, y distintos actores del sistema se pasan la pelota de la responsabilidad.
En el ambiente de la Justicia, hasta donde pudo averiguar En Perspectiva, no hay evidencia de que se utilicen las muertes dudosas para “maquillar” cifras, pero sí hay quienes manejan que habría que modificar el sistema de registro de delitos.
Y un paso en ese sentido que se ha propuesto tanto desde filas del oficialismo como de la oposición es que el Observatorio del MI se independice y pase a la órbita del Instituto Nacional de Estadística.
Producción: Gastón González y Valentina Priore.
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Enlace relacionado: Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022)
