Por Mauricio Rabuffetti ///
Cuando el canciller Rodolfo Nin Novoa asumió la conducción del ministerio más importante que tiene un país que necesita abrirse al mundo, sonaron los aplausos por la rapidez con la que mostró un cambio de enfoque en relación a su antecesor, Luis Almagro. La cancillería tendría estrategias definidas en función de los intereses del país y no de ideologías políticas.
En la agenda oficial ganó un espacio central la búsqueda de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, e incluso surgieron críticas explícitas a un Mercosur anquilosado, convertido en simple plataforma política y despojado de la centralidad de sus objetivos comerciales fundacionales. Parecía que el pragmatismo le ganaría la partida a la ideología. Pero las últimas semanas mostraron que el tropezón está a la orden del día cuando se pierde la perspectiva en aras de defender a Gobiernos amigos.
La búsqueda de una declaración conjunta de la Unasur en respaldo al Gobierno de Dilma Rousseff fue una decisión apresurada del Gobierno uruguayo que tuvo por lo menos dos consecuencias negativas. La primera y más evidente fue exponer las diferencias de enfoque entre los miembros de este variopinto y poco eficiente colectivo que es la Unasur, justamente el efecto contrario al que Uruguay, que ocupa la presidencia pro témpore del bloque, quería lograr.
La segunda, tal vez menos notoria pero igualmente negativa, fue dejar a Uruguay alineado con países cuya institucionalidad política está permanentemente bajo presión. La imagen del presidente Tabaré Vázquez firmando junto al canciller una nota de exhorto a los demás miembros de Unasur en apoyo al tambaleante Gobierno de Rousseff puso a Uruguay en un lugar que no le conviene.
Una declaración de apoyo solo se divulga cuando se sabe que existe ese apoyo. Si no, cuando mucho se convoca a una reunión en la que cada Gobierno, desde su perspectiva autónoma y soberana, se expresará. Y eso en Unasur incluye al actual gobierno brasileño.
Ni lo uno ni lo otro ocurrió. La declaración de Unasur no se produjo, y tampoco la reunión para discutir la gravísima crisis que atraviesa Brasil por el caso de corrupción más grande que se haya descubierto en un país con historia en materia de corrupción política.
Ahora, a los ojos del continente, la Unasur se muestra dividida y Rousseff aparece con un respaldo resquebrajado, con notorias ausencias y matices. Desde Venezuela, Ecuador y Bolivia aparecieron denuncias de golpismo. Otros Gobiernos fueron más prudentes ante la posibilidad de que las acusaciones de corrupción terminen siendo ciertas. Chile fue el primero en tomar distancia y decir que no opinaría sobre problemas de terceros países.
Recordemos al pasar que Brasil es un país soberano, y aunque el mediático juez Sergio Moro pueda molestar a más de uno con su figuración, no deja de ser un representante de un poder también soberano. A Chile, se sumó Paraguay que no interviene en “asuntos internos” de otros Estados y señaló que la postura de Asunción es “respetar las instituciones” brasileñas.
Viene al caso recordar que a Paraguay se lo suspendió del Mercosur en 2012 porque "lo político pesó más que lo jurídico" y entonces Venezuela entró por la ventana al Mercosur con uno de los socios fundadores privado de su derecho a opinar. Bien o mal suspendido Paraguay, es otro tema. Pero entre los jueces políticos que tomaron aquella decisión estaba Rousseff. Mal podría esperarse entonces que Paraguay asumiera otra actitud que limitarse a un deseo de que las instituciones se preserven en Brasil.
Lo de Paraguay es casi como el “respaldo institucional” del que habló la canciller argentina cuando se le preguntó sobre este asunto, para definir una posición de prudente y sana distancia de su Gobierno con una crisis cuyo final es impredecible. Porque en definitiva, el gran problema radica en que el Gobierno de Rousseff está en serios aprietos por un caso de corrupción que involucra a su partido, el Partido de los Trabajadores, y que ocurre en una empresa, Petrobras, de la que ella misma fue directiva.
Solo la Justicia podrá determinar si tiene alguna responsabilidad en esa trama y si tomó decisiones de gobierno más allá de sus competencias. Y será la Justicia brasileña. Y si la Justicia brasileña descubre y concluye que Rousseff es culpable de algún ilícito, o incluso si termina destituida por el Parlamento o renunciando por propia voluntad, Uruguay habrá quedado como un país que apoyó a un Gobierno que como mínimo se equivocó, en lugar de defender el derecho de todos los brasileños a que su Justicia y sus instituciones hagan su trabajo sin intromisiones.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 30.03.2016
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
