Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
El gobierno entrante y los partidos que conforman la coalición multicolor están enzarzados en la negociación por los cargos que tendrá la futura oposición en los directorios de entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos del Estado.
El Frente Amplio ofreció en primera instancia 34 cargos. Blancos, colorados, cabildantes e independientes preparan una contrapropuesta en la cual solicitarán algunos lugares más.
¿Qué es lo que está en juego con estos nombramientos?
¿Por qué se alega que en esta distribución hay cargos categoría A, otros categoría B y finalmente están los C?
¿Qué poder hay detrás de ese tipo de posiciones?
¿Cuáles son las remuneraciones que están en juego?
¿Cómo entran en esta negociación los cargos de secretario y prosecretario en cada una de las dos cámaras del Parlamento?
Además de los sueldos y la influencia que se tiene en todos estos cargos, ¿cuántos puestos de colaboradores o asesores tiene derecho a nombrar cada uno de estos jerarcas?
¿Qué tipos de contratos se manejan en esos vínculos con el Estado? ¿Pueden pasar a ser funcionarios? ¿Es una cifra que ha crecido?
Conversamos En Perspectiva con el politólogo Alejandro Milanesi, doctor en Ciencias Políticas, especializado en reforma del Estado, quien fue recientemente asesor en la Oficina Nacional de Servicio Civil.
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