Renunció el fiscal de Corte, Jorge Díaz
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, renunció ayer a su cargo. Le correspondía continuar hasta abril de 2022.
Según explicó Díaz, tenía la decisión tomada desde el año pasado pero en aquel momento la aplazó porque estaba vacante el cargo de fiscal adjunto y no había quien pudiera realizar la transición. Desde febrero, la fiscalía adjunta la ocupa Juan Gómez, que será quien asuma ahora el cargo principal.
Termina así un ciclo de muy alta exposición pública para Jorge Díaz, que como fiscal de Corte lideró en 2017 la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, una transformación dificultosa y rodeada de polémica.
Hablando ayer en conferencia de prensa, Díaz repasó los hitos de su ciclo, particularmente aquella reforma:
Los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato que se instaló de algunos sectores de que este era un código pro delincuente, que ataba de manos a la Policía y que aumentaba la inseguridad.
Desde el espectro político, varias figuras, como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, o el senador Charles Carrera elogiaron a Díaz en su despedida. “Se retiró de su cargo un gran protagonista de la vida y la institucionalidad republicana, que dejó una marco muy importante en la Justicia”, escribió Orsi.
Sin embargo, también surgieron voces críticas: el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, dijo que el alejamiento de Díaz era “muy bueno para el sistema”, mientras que el colorado y exfiscal Gustavo Zubía afirmó que se terminaba “un período de muchos desencuentros” y de “condenados sin juicio”, en referencia a los procesos abreviados que inauguró el nuevo Código del Proceso Penal.
La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Patricia González, Agustín Iturralde y Oscar Sarlo.
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2 Comentarios
Lo positivo en el nuevo CPP es que exista una fiscalía separada del juez que juzga. Pero como simple ciudadano, para nada instruído en derecho, veo una asimetría respecto a la defensoría, que no tiene ni cerca de la autonomía, los recursos y la jerarquía que tiene la fiscalía. Eso me parece de por sí inaceptable, porque rompe esa idea de que hay una parte que acusa, otra que defiende y otra que falla.
También veo un problema en que el fiscal general dependa directamente de otros poderes del Estado (su elección depende del legislativo y, si entiendo correctamente, recibe directivas desde el poder ejecutivo). A mi no me queda claro hasta qué punto una fiscalía así tiene independencia para acusar a gente del propio sistema político, por ejemplo. Creo que en el Uruguay la independencia del poder judicial por lo menos tiene perforaciones y –aprovecho a decirlo– veo con mucha preocupación que se esté hablando de un Ministerio de Justicia por eso mismo.
Pero lo peor, lo que visceralmente rechazo, es el ánimo acuerdista que tiene para ser un código penal. En mi opinión la pretención del Estado haciendo justicia penal no debe jamás ser mediar entre partes en litigio, como si todas fueran igualmente legítimas. Si hablamos de derecho penal, estamos hablando no de un conflicto ni de algo que involucre únicamente a víctima y victimario. El código anterior tenia el enorme mérito de buscar la «verdad material de los hechos», es decir, que si un delito se cometió, no importa cuán afectada se sienta la víctima ni con qué acuerdo reparatorio se sienta suficientemente resarcida. Como ciudadano a mi me ofende cualquier delito penal porque yo soy potencialmente la próxima víctima del delincuente o incluso de las prácticas de un sistema que tiene por vocación evitar el juicio toda vez que sea posible.
Toda la sociedad es potencialmente la próxima víctima y sólo cabe pretender la profilaxis del delito por todos los medios. Este tratamiento basado en acuerdos se parece al de un código de comercio, donde dos partes a priori igualmente legítimas están litigando porque no se ponen de acuerdo en cómo repartirse un bien o quién debe afrontar una deuda. El código penal tiene otra materia muy diferente, donde la mayor parte del tiempo hay violencia física implicada y muchas veces alguien que puso en peligro la vida misma de otra persona. Presumiblemente hay una parte que es ilegítima y que por lo tanto no puede beneficiar de derecho a acordar condiciones. El tema es saber mediante un juicio justo quién es la parte ilegítima y darle un castigo acorde a principios generales (y por lo tanto no personales, porque no es un problema privado).
No sé ni me importa si con este código se encarcela más o menos gente. A mi tratándose de materia penal me preocupa mucho más el aspecto filosófico y moral que cualquier otro. Considero entonces que la obra de Díaz, por muy eficiente que haya hecho al CPP, es filosóficamente negativa para la sociedad. Como dije más arriba: opinión de alguien no formado en derecho, pero que cree que la filosofía del derecho es algo que nos involucra a todos.
La renuncia del FISCAL Díaz es una excelente noticia. Un agente de Justicia INNEGABLEMENTE SESGADO HACIA LA IZQUIERDA Y SU DEFENSA, ES UNA NEFASTA INFLUENCIA PARA LA JUSTICIA!!! CELEBRAMOS ESTA RENUNCIA!!