Entrevista con Ernesto Talvi, director académico de Ceres.
Carol Milkewitz/EnPerspectiva.net
EN PERSPECTIVA
Jueves 09.06.2016, hora 8.14
EMILIANO COTELO (EC) —Asumir el compromiso de que no habrá aumentos “permanentes” de impuestos, convocar a todos los partidos políticos para consensuar una ley de responsabilidad fiscal “a la chilena”, tomar medidas para reducir el gasto público improductivo, entre ellas, crear una comisión pluripartidaria que se encargue de seleccionar a los directores de las empresas públicas siguiendo criterios técnicos.
Con esas propuestas como alternativas al ajuste fiscal planteado por el Gobierno, el doctor Ernesto Talvi se presentó este martes ante un auditorio mayoritariamente empresarial. Pero desde comienzos de este año Talvi viene desarrollando otra serie de conferencias, tituladas Por el Uruguay que soñamos, que apuntan a un público más amplio y que se realizan sobre todo en el interior del país.
Sobre estos temas vamos a conversar con el director académico de Ceres (Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social), doctor Ernesto Talvi.
Usted comenzó la disertación analizando el déficit fiscal, que actualmente está en 4 % del PBI, y fue en busca de lo que llamó “el pecado original”. ¿Cuáles son las causas del deterioro de las cuentas públicas que está obligando al Gobierno tomar medidas excepcionales ahora?
ERNESTO TALVI (ET) —El déficit actual no nació en una probeta ni por combustión espontánea. El déficit se generó fundamentalmente en la administración anterior. Por una razón muy simple, y es que cuando se instala el enfriamiento, después de casi ocho años de boom espectacular entre 2004 y 2011, el gasto público siguió creciendo como si no hubiera mañana. Además, el superávit de las empresas del Estado, que volcaban habitualmente las ganancias a las arcas públicas y que se mantuvo durante las cuatro administraciones anteriores, fue dilapidado, desapareció, se volatilizó. Entonces hubo un gigantesco gasto, que siguió como si las circunstancias no hubieran cambiado y habían cambiado claramente, se esfumó el superávit de las empresas del Estado y se subió muchísimo el gasto en educación, en salud y en seguridad, pero sin resultados muy auspiciosos.
EC —Ese fue uno de los puntos llamativos de su planteo. Porque cuando se discute a propósito de lo que ocurrió con el gasto en estos años de gobiernos frenteamplistas en esa era de bonanza, el oficialismo insiste mucho en que era obligatorio aumentar el gasto, no había forma de ahorrar porque había una deuda social muy grande. Y por otro lado estaba el problema de la inseguridad pública. Entonces, Mides (Ministerio de Desarrollo Social), ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), Universidad de la República y por otro lado Ministerio del Interior demandaban que se siguieran inyectando recursos.
ET —Dos puntos. Es cierto que el Uruguay venía de una crisis muy seria, había habido un colapso de la economía y también de los gastos públicos y de los ingresos públicos. Pero para el año 2009 eso ya se había recompuesto; en otras palabras, en el año 2009 el gasto público ya era el que habría sido de no haber habido crisis; el tamaño del Estado, el 30 % del PBI, que es el tamaño de la economía, se había recompuesto y estaba en los niveles precrisis, y el número de funcionarios públicos, 248.000, en el año 2009 había vuelto a los niveles del 98 precrisis. Quiere decir que el Estado que teníamos en el 2009 ya estaba en los niveles precrisis, no había ni vestigios de la crisis y ya habían pasado siete años de la crisis. Entonces hasta el 2009 yo lo entiendo.
Pero a partir del 2009 –este es el ejercicio que hicimos–, si se hubiera seguido una regla fiscal como la que siguieron los gobiernos socialistas de Chile (esto es, ahorrar en tiempo de vacas gordas para tener una reserva en tiempo de vacas flacas; o, como me gusta decir también, lo que hace la UTE, embalsar el agua cuando llueve para soltarla cuando hay sequía y seguir generando sin ninguna interrupción), si hubiéramos seguido la regla chilena, el gasto podría haber aumentado; simplemente no podría haber aumentado tanto como lo hizo en base a ingresos que de ninguna manera se iban a poder sostener en el tiempo. Entonces, la situación en la que habríamos agarrado el país a finales de 2015 sería un país con un superávit fiscal de 2 % del producto –que es el que tenía Chile–, con 15 % del PBI menos de endeudamiento, lo que implica que estaríamos pagando hoy US$ 500 millones menos de intereses de lo que estamos pagando, y con un fondo de reserva de US$ 5.000 millones, similar, con relación al tamaño de la economía, al que tiene hoy Chile.
En otras palabras, si hubiéramos empezado una regla en el 2009, hoy con esos fondos, aparte de que estaríamos pagando mucho menos intereses, podríamos estar bajando impuestos para ayudar a las familias y a las empresas en momentos difíciles, en particular bajarles los costos laborales a las empresas para que no tengan que dejar cesantes a los empleados, proteger el empleo, y subir el gasto en infraestructura para compensar la retracción tremenda que está habiendo en el sector de la construcción, protegiendo por ese lado el empleo. Eso es exactamente lo que está haciendo Chile: bajando impuestos, subiendo gasto en infraestructura, sin temor alguno de perder su calidad crediticia. Eso es lo que se llama actuar de manera contracíclica, o sea que uno va contra el viento tratando de ayudar a la economía privada en momentos en que se entra en dificultades.
Lamentablemente, esa oportunidad la perdimos y ahora el Gobierno tiene que subir impuestos y bajar gastos para preservar el buen crédito, en el momento en que las empresas y familias están pasando dificultades.
