EC —En la conferencia de prensa que usted encabezó el lunes a raíz de la presentación de estas solicitudes de procesamiento, destacó que en ningún momento se sintió presionado por el poder político ni por sus superiores. ¿Por qué creyó que era necesario hacer esa aclaración?
LP —Me pareció importante destacarlo, y lo dije en la conferencia de prensa, me parecía que estaba de más o que era una obviedad, pero me parece que es un diferencial del sistema uruguayo, del sistema político, del sistema judicial. Hay un mito de que en este tipo de causas, cuando hay personas del gobierno o vinculadas al gobierno involucradas o denunciadas, uno recibe alguna llamada o alguna presión o alguna indirecta en el sentido de hacer o dejar de hacer determinada cosa. Eso no sucede, no sucedió en este caso, no lo hubiera permitido.
EC —Estaban en el medio las declaraciones que había realizado una colega suya, la fiscal Gabriela Fossati. Declaraciones a partir de las cuales podía entenderse que había cierta dificultad o cierto ambiente de presión cuando se tramitaban causas en las que había complicaciones para funcionarios del gobierno o gente cercana al gobierno.
LP —Es una opinión de ella.
EC —¿Esa opinión de la Gabriela Fossati pesó para que usted hiciera esa puntualización?
LP —No, en realidad ni me acordaba de esas apreciaciones. Simplemente me pareció, por eso que le decía, para marcar un diferencial; no sé si es correcta la palabra diferencial, porque estaríamos diciendo que en otros países eso sucede y yo no tengo pruebas de si en otros países sucede o no. Pero sacando la palabra diferencial, es una calidad del sistema judicial y del sistema político uruguayo que no hay injerencias en este tipo de causas.
EC —Vamos al pedido de procesamiento. Están las siguientes personas involucradas: Raúl Sendic, expresidente de Ancap, por reiterados delitos de peculado y dos delitos de abuso de funciones; dos exdirectores frenteamplistas de Ancap, Germán Riet y Juan Gómez, cada uno con dos delitos de abuso de funciones; José Coya, frenteamplista, que sucedió a Sendic en la presidencia de Ancap, por un delito de abuso de funciones; Juan Justo Amaro Cedrés, colorado, por un delito de abuso de funciones; tres funcionarios jerárquicos de Ancap, Luis Romero, Eduardo Goldsztejn y Ricardo Lemas, con un delito de abuso de funciones cada uno, y Manuel González, ex gerente general de ALUR, por un delito de estafa. Para todos ellos se pide procesamiento sin prisión.
Teniendo en cuenta todo el debate previo, puede pensarse, y hay quienes lo han dicho en estos días, que es un dictamen “flojo”. Por ejemplo, salvo a Sendic, a quien se le asigna el delito de peculado, en general, a quienes fueron integrantes del directorio el delito más grave que se les imputa es “abuso de funciones”, ese delito tan polémico, tan ambiguo, que muchos entienden que hay que derogar. ¿Qué responde usted?
LP —En la conferencia de prensa dije que era consciente de que el delito de abuso de funciones ha generado en los últimos tiempos un debate importante en cuanto a su legitimidad, su constitucionalidad, siempre se dijo que era un cajón de sastre, una figura muy abarcativa, muy amplia. Personalmente he defendido esta figura, entiendo que no es tan amplia como se dice, que es concreta: cometer u ordenar actos arbitrarios. Obviamente, lo que sí es amplio es la multiplicidad de actos arbitrarios que se pueden cometer. Entonces es imposible que la ley tipifique uno por uno todos los actos arbitrarios que podrían cometerse. De la misma manera que la figura del delito de hurto no puede decir “el que roba una heladera, el que roba un televisor, el que roba dinero, el que roba una bicicleta”, entonces dice “el que roba una cosa o dinero”, es imposible que abarque todas las definiciones. De la misma forma, la figura del delito de abuso de funciones dice “cometer u ordenar actos arbitrarios”. Para mí el tipo está suficientemente individualizado.
EC —Pero ¿solo se pudo llegar hasta ahí, o no hubo más que esos delitos posibles? ¿Es un tema de hasta dónde pudo avanzar la investigación o efectivamente no pasó nada más que eso?
LP —Es un poco las dos cosas. Llega un momento en que la fiscalía tiene que dictaminar, no se puede seguir investigando eternamente ni para atrás ni para delante, ni en Ecuador ni las cuentas en Hong Kong, porque es inviable. Además hay una cuestión de un plazo razonable en la investigación presumarial, y yo siempre entendí que esta causa no podía demorar más de dos años desde la presentación de la denuncia. Mi idea hubiera sido terminarla o por lo menos tener el dictamen de la fiscalía antes de fin de año, se demoró por algunos imprevistos, pero tenía claro que tenía que estar antes de abril.
EC —Usted ya tuvo un año.
LP —Sí, yo llevo un año. Pero a abril de 2018 por lo menos tenía que estar concluida la investigación. Entonces es un poco las dos cosas, lo que hay hoy en el expediente es el delito de abuso de funciones, a juicio de la fiscalía, y no hay elementos para entender que son aplicables otras figuras, como el fraude o la conjunción del interés público y privado.
EC —En esa impresión que algunos tienen de que el resultado es escaso también juega el hecho de que varios asuntos en los que la oposición había insistido mucho quedaron al margen para usted, no dan lugar a delitos. Por ejemplo la compra del avión de ALUR, el uso del avión de ALUR, las compras de combustible no registradas en aduanas o todo el capítulo vinculado con la publicidad de Ancap. ¿Qué responde ante esa sorpresa para muchos?
LP —La investigación judicial está para eso, para determinar cuáles de las denuncias son verdaderas y cuáles… no quiere decir que sean falsas, muchas veces una denuncia no es falsa pero en la investigación no se llega a una prueba para la atribución de responsabilidades. Los temas denunciados eran 12, a los que se fueron sumando algunos durante en el transcurso de la investigación y terminaron en 13 o 14 o 15. Y si uno mira el dictamen, los casos en los que la fiscalía entendió que había irregularidades son cuatro o cinco. De manera que sí, muchos puntos de las denuncias o no se pudieron comprobar o directamente la fiscalía entendió que no había delito.
EC —Entonces, ¿qué balance hace de su propia resolución, de su propio dictamen, en cuanto a la gravedad de lo que tuvo que analizar?
LP —Yo quedé conforme con el dictamen, con las conclusiones. Obviamente no se puede conformar a todo el mundo, uno está expuesto a críticas y sabía que de un lado iban a entender que el dictamen no es muy benigno o es muy flojo y del otro lado pueden decir que es muy estricto. Entonces lo que la fiscalía tiene que concluir es que hizo lo que entendía correcto, tras el análisis de toda la instrucción, de todas las declaraciones, de todas las pruebas que hay en el expediente, que fue una instrucción muy extensa, se llegó a estas conclusiones.
