La educación privada crece de manera sostenida en Uruguay, producto de la bonanza económica y los cuestionamientos a la enseñanza pública. El gobierno reconoce problemas para controlar estos nuevos centros debido a la escasez de recursos humanos y cuestiona la asociación de “privado” con “calidad” que impera en algunos sectores de la sociedad.
Por Ángela Reyes para EnPerspectiva.net ///
Jocelyn envió a Eugenia a un jardín de infantes público cuando tenía cuatro años. El día del niño, las familias fueron al centro a festejarlo y ella advirtió que la maestra había dejado a su hija sola en el salón sin darse cuenta. Esta era solo una demostración más de lo que ya percibía de manera constante: a su hija no le prestaban la atención suficiente. Con gran esfuerzo decidió inscribirla en un instituto privado, donde hoy cursa primero de escuela.
Los ejemplos de este tipo se multiplican en todos los niveles, desde los jardines de infantes a los institutos terciarios. En Uruguay, la oferta de educación privada cada vez es mayor y más elegida por la población. En Primaria, por ejemplo, cada año se habilitan ocho o nueve centros privados nuevos, informó a EnPerspectiva.net el consejero Héctor Florit. También crece anualmente la cantidad de niños que asisten a estas instituciones: en 2003 era el 13 % del alumnado y diez años después la cifra alcanzó el 17 %.
Lo que también ha cambiado con el transcurso de los años, según Florit, es el perfil de los institutos privados nuevos. Antes eran católicos y ahora “hay un porcentaje de instituciones no convencionales, empresas privadas que no tienen confesión religiosa”. Además, según Zózima González, presidenta de la Asociación de Instituciones de Educación Privada (Aidep), también cambió el perfil en cuanto al tamaño: estos colegios ahora son más chicos, a tal punto que uno con grupos de 20 alumnos se considera grande mientras que antes se consideraban normales los que tenían clases de 30 alumnos.
El aumento de las instituciones privadas en algunos casos llega a sorprender a las autoridades. A nivel de Secundaria, por ejemplo, en la ciudad de Maldonado hay cinco liceos públicos contra más de 20 institutos privados, contó a EnPerspectiva.net el consejero de Secundaria en representación de los docentes, Daniel Guasco.
Juan Pedro Mir, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dijo a EnPerspectiva.net que el aumento de las instituciones educativas privadas es un fenómeno que se da a nivel mundial porque la gente “necesita estar más formada para obtener un trabajo de calidad” y eso lleva a que se potencie la oferta pública y también la privada.
Pero no solo este factor influye: la bonanza económica favoreció el flujo de alumnos al sistema privado, demostrado, por ejemplo, por el incremento de la matrícula luego de una década de crecimiento del país. A esto se suman las críticas a la educación pública, explicó Guasco. Para el docente, este cuestionamiento es resultado de “un discurso instalado en los medios y el sistema político” para favorecer la privatización del sistema, pero no un reflejo de la realidad.
Sin embargo, otros actores del sistema lo ven muy distinto. El investigador y asesor en materia educativa del Partido Nacional, Pablo da Silveira, sostiene que el crecimiento de la oferta privada se debe al “fuerte deterioro de la enseñanza pública”, del que, según él, son responsables en parte los sindicatos por propiciar decisiones que afectan la calidad, como los paros y el actual sistema de distribución de las horas. “Si la enseñanza pública funcionara mejor, es probable que esas instituciones (privadas) no hubieran llegado a existir ni tendieran a multiplicarse”, apuntó tiempo atrás en una columna publicada por El País.
En Secundaria la elección de horas tiene lugar cada año y el proceso nunca logra finalizarse antes del inicio de las clases. Como resultado, hay grupos -especialmente en materias vinculadas a la ciencia, como Física o Matemática- que empiezan ciertos cursos semanas o incluso meses después del inicio del calendario. Esta problemática afecta en mayor medida a los liceos en zonas de contexto crítico, donde además según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) enseñan en general los profesores con menos experiencia.
¿Es “privado” sinónimo de “calidad”? Para argumentar que sí, algunos se basan en los datos de repetición: mientras que en las instituciones públicas el guarismo sobrepasa los dos dígitos (en el caso de Ciclo Básico de Secundaria, por ejemplo, tres de cada diez alumnos no logran aprobar cada año según los datos publicados recientemente), las privadas lo tienen por debajo del 5 % en la mayoría de los casos. Además los niveles de abandono también son sustancialmente menores en las instituciones privadas que en el sector público.
Según Guasco, la repetición no debe ser tomada como un indicador de calidad, porque los privados “no utilizan la repetición como herramienta; es vox populi, cuidan a sus clientes” y además en algunos casos aplican el derecho de admisión. En muchos bachilleratos privados, por ejemplo, no se acepta a alumnos que al momento de ingresar deban exámenes de los años anteriores, y esto también repercute en los resultados. El consejero sostuvo que en evaluaciones estandarizadas internacionales y de las universidades, los mejores resultados los tienen algunos públicos como el IAVA. “Hay un engaño de que lo privado es mejor porque tiene mucho chirimbolo, hay mucha cosa que hace el adorno para convencer a la gente”, dijo.
Para la presidenta de Aidep, los indicadores de la calidad de los colegios privados van mucho más allá que el índice de repetición: la cantidad de alumnos por grupo, el trabajo con la familia, los criterios de selección de los funcionarios y la estabilidad del personal, las propuestas pedagógicas en muchos casos innovadoras y la optimización de los recursos son algunos de los puntos que mencionó.
Sobre la selección de los alumnos, González insistió en que “el hecho de poner requisitos es una manera de atender la demanda”. “Un alumno que tiene previas, que se llevó cuatro (materias a examen) a nivel de cuarto de liceo, por ejemplo, es un alumno al que le va a llevar muchísimo tiempo nivelarse con el resto y la exigencia académica es muy alta; si no repite ese año, repite el siguiente”, agregó.
Da Silveira, por su parte, explicó en El País que “las mediciones de calidad de las que disponemos (por ejemplo, las pruebas PISA) revelan que la calidad de nuestra enseñanza privada no es particularmente buena”, lo que no es raro porque se combinan “unas pocas instituciones de gran prestigio y mucho poderío económico” con “cientos de instituciones pequeñas, poco conocidas y dotadas de presupuestos exiguos”.
Cuando Jocelyn cambió a su hija a un colegio privado, la cuestión de la calidad fue el factor determinante. “No quiero decir que lo público sea malo, pero sé que acá le prestan más atención porque son solo seis alumnos en la clase, la maestra es buenísima”, explicó a EnPerspectiva.net. Estuvo a punto de sacarla del colegio porque el sueldo no le daba, y finalmente logró acordar que le mantendrían la misma cuota durante todo el ciclo.
Pese al crecimiento de la educación privada, en todos los niveles de enseñanza las instituciones públicas siguen concentrando la mayor parte de la matrícula, de acuerdo a los datos del Anuario Estadístico de Educación 2013.
Muy difícil de controlar
El control de la oferta privada por parte del Estado, que es quien habilita a las instituciones de nivel inicial, primaria, secundaria y terciaria, es muy difícil de lograr, debido entre otras cosas a la escasez de recursos fiscalizadores del sector público.
En el caso de Secundaria, el organismo puede monitorear que se cumplan los requisitos formales para que un centro sea habilitado, pero no logra hacer un seguimiento de los docentes en cada uno de los liceos, un objetivo que sí se cumple en los públicos. Para que un liceo sea habilitado por la institución debe cumplir ciertos estándares a nivel de infraestructura, por ejemplo contar con los laboratorios necesarios para impartir materias como Biología o Química, y también a nivel de contenidos, por ejemplo entregar a Secundaria una lista de la bibliografía que se utilizará para dictar cada materia y en algunos casos los curriculums vitae de los docentes. También hay gran cantidad de disposiciones administrativas, por ejemplo establecer y comunicar los horarios de las materias.
Sin embargo, luego de que la institución está habilitada el control es escaso. Esto se debe, explicó Guasco, al déficit de inspectores: cada 200 docentes de una asignatura se necesita de manera aproximada un inspector. En el caso de Biología, por ejemplo, hay 2.000 docentes, por lo que debería haber 10 inspectores. Sin embargo, hay solo tres. Esta es una de las mejoras que Secundaria reclama para este presupuesto.
A nivel de Primaria, en las escuelas privadas “hay mucho menos supervisión que en el sector público”, donde se aplica el estatuto del docente que requiere que al menos una vez al año el maestro reciba una visita de orientación y otra de calificación, que son fundamentales porque determinan la calidad dentro del aula y la posibilidad de ascenso de los maestros, explicó Florit. Mientras tanto, en el sector privado los avances dependen de manera exclusiva de los criterios de cada institución.
Colegios privados en situación “muy frágil”
Zózima González, presidenta de la Asociacion de Institutos de Educación Privada (Aidep), explicó que la situación de los colegios privados es “muy frágil”: hay instituciones endeudadas y otras “luchando para sobrevivir o haciendo ajustes severos”. El 80 % de los ingresos de los colegios está destinado a sueldos –en algunos casos hasta el 90 %–, y en este sentido enfrentan un problema grande con educación inicial, donde la normativa exige que haya un adulto cada 12 niños, y si los alumnos tienen un año, un adulto y un ayudante cada seis niños. “Por un lado es favorable porque da garantías al alumno, pero por otro es peligroso porque pone en riesgo la sustentabilidad de los centros”, explicó.
Esta fragilidad aumenta por la gran movilidad que hay de los alumnos dentro de los colegios privados. Entre otros factores, el desplazamiento de la población a la Costa de Oro afectó a los liceos del Centro, por ejemplo, mientras que los del interior sufren por la migración hacia la capital.
El “único apoyo” que reciben por parte del Estado es la exoneración de impuestos. Sin embargo, la visión de que los privados no reciben apoyo y deben echar mano a otras herramientas, como las donaciones, es discutida desde el gobierno.
Para Guasco la exoneración de aportes al BPS es “una financiación indirecta de la población” a estos colegios. Recordó además que los docentes del área pública sí realizan los aportes de previsión. “No es una crítica, es una alerta, es preguntarnos si tiene que ser así”, dijo.
Asimismo, el consejero aseguró que en algunos liceos privados sí existe el lucro, aunque dijo que no se podía generalizar. Guasco cree que “el conocimiento pasó a ser inversión” y en la educación “hubo mucho mercantilismo”, por lo que algunos empresarios “ponen un liceo en vez de poner una fábrica de chorizos”.
MEC pone el ojo en los institutos terciarios
El aumento de la oferta educativa que tiene lugar en Primaria y Secundaria se replica a nivel terciario y también en la educación técnica y tecnológica, mal llamada “no formal”, que incluye a todas las academias que brindan cursos sobre conocimientos específicos -por ejemplo de marketing, recursos humanos, baile, programación- donde los alumnos pueden acceder en muchos casos sin haber aprobado Secundaria.
Existen unas 1500 instituciones educativas y culturales de este tipo que, aunque no están bajo control del Estado, se registran en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a efectos de poder tramitar luego una exoneración de impuestos, prevista en la Constitución para todas las organizaciones privadas dedicadas a la educación y la cultura.
Las carreras terciarias están habilitadas por el Estado y en consecuencia tienen un grado de control, pero en los centros privados que se dedican a la educación técnica o tecnológica no existe monitoreo: no hay ninguna certificación de los contenidos que imparten ni garantía de calidad.
Las autoridades del MEC trabaja para que en un plazo de cinco a diez años existan estándares evaluativos de estos centros, de modo que se pueda otorgar las habilitaciones como sucede en los otros niveles de educación. El objetivo es formalizar la oferta y que el ministerio pueda certificar los conocimientos que se imparten. En ningún caso esto implicaría cerrar las instituciones que no cumplan con los estándares, porque en Uruguay está consagrada la libertad de educación, pero sería una herramienta para los alumnos al momento de decidir dónde estudiar. Esta meta, no obstante, supondría la asignación de más recursos para el MEC, una aspiración difícil de concretar en la actual situación económica, explicó Mir.
