Por Máximo Halty ///
Hola, amigos de En Perspectiva. Soy Máximo Halty, hablándoles desde Harare, la capital de Zimbabwe, donde mi esposa y yo estamos basados actualmente trabajando para Naciones Unidas. Aquí, como en los vecinos países de África del Sur, Mozambique y Botswana, estamos iniciando una cuarentena estricta por la pandemia del nuevo coronavirus. Aunque los primeros casos aparecieron hace apenas un par de semanas en esta región, ya amenaza con convertirse en una tragedia de grandes proporciones.
Un paso clave para entender esta pandemia la dio el 16 de marzo pasado el Imperial College de Londres, cuando publicó los resultados de un modelo de simulación de contagio del Covid-19 aplicado al Reino Unido. Los datos eran impactantes: sin ninguna medida preventiva, en un período de tres a cuatro meses, el 80% de la población se contagiaría. La demanda de camas en las Unidades de Tratamiento Intensivo superaría en 30 veces la capacidad existente. Y morirían más de medio millón de personas.
Lo que mas sorprendió, sin embargo, fueron los pobres resultados que daban las medidas de prevención intermedia, es decir, poniendo en cuarentena a los contagiados, aislando a los ancianos y personas vulnerables, pero dejando que las demás personas se enfermaran y se curaran espontáneamente, de manera de ir adquiriendo lo que se llama “inmunidad de grupo”. Según el modelo, con estas medidas siguen muriendo centenares de miles de personas y el sistema de salud queda totalmente colapsado. En cambio, la aplicación de un riguroso distanciamiento social a toda la población muestra un resultado mucho mejor: baja el porcentaje de contagio, y el pico de la epidemia se corre casi tres meses hacia adelante en el tiempo, lo que permitiría aumentar la capacidad del sistema sanitario, y bajar la tasa de mortalidad.
Fue en base a este estudio que el Reino Unido, y varios gobiernos estaduales de los Estados Unidos, decidieron adoptar inmediatamente el modelo de separación social estricta, que empieza con un período de aplicación inicial de entre 8 y 13 semanas, hasta que el proceso de transmisión y contagio se corta. Luego se deben seguir controlando los rebrotes del virus, y cada rebrote detectado requerirá volver a aplicar el “freno” de la separación social, y así una y otra vez hasta que el peligro sea superado, ya sea por el desarrollo de una vacuna o de alguna medicación curativa, lo que se estima que demandará de uno a dos años de plazo.
Suponiendo que esta estrategia logre mantener la colaboración de la población de cada país afectado, y que sus respectivos sistemas de salud reforzados logren controlar las sucesivas olas de contagio del virus, el gran desafió que se nos plantea entonces, visto que esto no se resolverá en el corto plazo, no es tanto el tema sanitario sino principalmente el económico: ¿cómo hacemos para evitar el colapso de nuestras economías durante esta larga “guerra al coronavirus”?
Según los principales analistas económicos, la economía mundial ya entró en una fuerte recesión, con varios países enfrentados a pronósticos de que casi seguramente sufrirán la mayor reducción de su actividad económica en la historia. Conscientes del tamaño del desafío, algunos países europeos que decidieron aplicar la separación social estricta, han empezado también a poner en marcha medidas de apoyo económico de emergencia.
La respuesta de Dinamarca es de las más completas y ambiciosas: el gobierno cubrirá el 75 % del salario de los empleados de las empresas privadas que deban parar por la cuarentena. Además, el gobierno garantizará el 70 % de todos los nuevos préstamos a las empresas, y postergó el pago de todos los impuestos. La idea es poner la economía en una especie de “congelador”, para que pueda arrancar rápidamente en cuanto pase la crisis. El costo total de la intervención será equivalente al 13% del PBI dinamarqués, que se gastaría en un solo trimestre, y que Dinamarca ya se declara dispuesta a aumentar si es necesario. Mientras tanto, en las últimas dos semanas el Reino Unido, Francia, España, Noruega y otros países europeos comenzaron a implementar medidas similares.
Esto es sin duda un reconocimiento de que estamos efectivamente enfrentados a una situación similar a una guerra; y que por eso se necesitan medidas de economía de guerra. Los países que tiene la fortuna de contar con gobiernos lúcidos y Estados fuertes deben movilizar los recursos necesarios para proteger a todos los actores económicos nacionales. Como toda guerra, una vez que acabe habrá que lidiar, por supuesto, con el costo acumulado del conflicto y de la posterior reconstrucción. Pero si la batalla se da con inteligencia, el desafío que tocará enfrentar una vez superada esta crisis será principalmente un explosivo aumento de la deuda publica nacional –o una masiva expansión monetaria no respaldada-, cosa factible de resolver en el mediano plazo, siempre que los actores económicos –empresas y personas- hayan sobrevivido a la crisis. Esta es la apuesta que los gobiernos lúcidos deben realizar.
Por cierto que hay algunos países, como Estados Unidos y Brasil, que, a influjos de sus respectivos presidentes populistas y anti-estatistas, parecen haber decidido no hacer este esfuerzo, negando la existencia misma de una crisis, y es altamente probable que pagarán un fuerte precio por su falta de visión. Muchos otros países no tienen ni la capacidad político-institucional ni los recursos económicos para intentarlo, como es el caso de Zimbabwe y de numerosos países sub-desarrollados en África, Asia y América Latina, los que sin una rápida y masiva ayuda internacional no lograrán evitar un desastre económico y social.
Uruguay, en cambio, dispone de ambos instrumentos para dar la batalla, y ganar esta guerra. A la distancia, hacemos votos para que así sea.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 30.03.2020
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Máximo Halty trabaja en Zimbabwe para la Organización Internacional de Migraciones, de Naciones Unidas.
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Foto: Olla popular organizada por vecinas y vecinos del barrio, en Pérez Castellano y Sarandí. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS