Entrevista con el doctor Jorge Basso, ministro de Salud Pública.
EN PERSPECTIVA
Jueves 21.12.2017, hora 8.30
EMILIANO COTELO (EC) —La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dejó sin efecto la apertura anual del “corralito mutual” que debía ocurrir en febrero de 2018, una ventana en la que 1.600.000 personas podían cambiar de prestador de salud.
Con esta medida, a partir de enero quienes quieran pasar de una institución a otra deberán hacer la solicitud mediante una nota justificativa enviada a la Junta Nacional de Salud (Junasa).
Según el ministerio, la decisión busca evitar el delito de intermediación lucrativa que se da cada año, cuando hay quienes entregan dinero a usuarios para que cambien de prestador.
La medida ha generado críticas de varias mutualistas, del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y de la oposición política, que argumentan que el Poder Ejecutivo está coartando la libertad de los usuarios para elegir la institución donde se atienden.
Escuchamos hace unos días en ese sentido la opinión del senador Javier García. ¿Qué responde el Gobierno?
Vamos a conversarlo con el ministro de Salud, doctor Jorge Basso.
Refresquemos qué es el corralito y la apertura del corralito.
JORGE BASSO (JB) —La reforma sanitaria en curso en nuestro país, que ya lleva diez años, establece que las personas que están vinculadas a la seguridad social y por lo tanto integran el Seguro de Salud, aportan un porcentaje de sus ingresos, en función de su composición familiar, que va al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que está en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS) y los usuarios pueden elegir entre 43 prestadores, 42 privados y ASSE como prestador público integral.
EC —La cuota la paga el Fonasa.
JB —La cuota la paga el Fonasa en función de lo que se denomina una cápita, que está vinculada a la edad y el sexo de las personas. El cálculo que [dio origen al] valor de la cápita, siempre en discusión, tiene en cuenta los gastos que originalmente, en el 2006, a partir de la información del Sistema Nacional de Información (Sinadi), presentaron las instituciones privadas. Más recientemente también el sector público comenzó a tener información, en ese momento no tenía absolutamente ninguna información. La idea es que esa cápita dé cuenta del gasto a lo largo de la vida, que obviamente en los dos extremos son mayores y por tanto se evite un fenómeno que se daba antes de la reforma, que es que las instituciones tendían a elegir a aquellos usuarios con menos riesgo, por lo tanto que estuvieran más sanos, que no tuvieran los costos propios del envejecimiento poblacional o los problemas vinculados a la primera infancia. La cápita tiene en cuenta los costos que surgen del análisis de la información.
EC —El “corralito” es un sistema que se instauró durante el Gobierno del doctor Jorge Batlle a raíz de la crisis del 2002. El término viene de Argentina, del corralito bancario, pero acá implicó la prohibición durante años de traspaso de una institución a otra porque era un momento muy delicado y algunas mutualistas podían llegar a quebrar si ocurría un movimiento muy grande. Se abrió por primera vez en febrero de 2011, y en los años sucesivos se constató que cuando se lo abre, en febrero, no hay un traspaso enorme, no hay una movilidad masiva, el movimiento es de alrededor de 4 %.
JB —Siempre ha estado por debajo de 5 %, e incluso en el último año fue de 3,4 %, cuando había 1.600.000 personas en condiciones de cambiarse, que habían cumplido los tres años que se exigían. Hay una tendencia a la disminución.
