La semana pasada se conoció la noticia de que el juez Alejandro Martínez de las Heras condenó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Banco Central a indemnizar a cuatro inversores del fondo agropecuario República Ganadera SRL.
El argumento del magistrado se centró en que el Estado incumplió su obligación de controlar a la empresa, y esa omisión —lo que la Constitución define como "falta de servicio"— les generó un daño a esos inversores.
Los damnificados reclamaban más de 269 mil dólares entre daños y "pérdida de chance". El juez reconoció el reclamo, aunque por un monto menor: 25 mil dólares para cada uno. Se trata de un fallo de primera instancia, y tanto el MGAP como el BCU ya anunciaron que van a apelar.
Pero este antecedente abrió la puerta a que otros inversores de fondos ganaderos —que también cuestionan los controles del Estado sobre estos fondos— presenten sus propias demandas contra el Estado.
De hecho, al menos 350 damnificados de Conexión Ganadera preparan una demanda contra el Estado, dijo Camilo Silvera, uno de los abogados que representa a inversores en este caso.
Emilliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron vía telefónica con el Dr. Camilo Silvera.
