Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
La Tertulia de los Martes con Pablo Díaz, Juan Erosa, Elena Grauert y Lucía Zapata
El edil nacionalista Gonzalo Gómez convocó ayer a una conferencia de prensa en la que dijo que desconocía las actividades ilícitas de Pablo Leiva y reconoció que “debió haber tenido más recaudos” antes de contratarlo en su despacho. Explicó que llegó a él por recomendación de su hijo Lucio, con quien mantenía una relación personal y sostuvo que se sintió “abusado” en esa confianza.
El edil comentó que Lucio Leiva le había hecho saber que su padre “llevaba adelante de manera lícita y legal” actividades en un cambio, pero “desconocía totalmente las actividades ilícitas que llevaba adelante en su fuero privado”. Gómez afirmó que debió haber tomado mayores precauciones antes de contratarlo, especialmente por ocupar un cargo público.
Sobre las funciones de Leiva, Gómez explicó que los contratos que la Junta pone a disposición de los ediles no necesariamente se destinan a tareas de asesoramiento y pueden utilizarse para otras funciones, como community manager o secretaría administrativa. En el caso de Leiva, señaló que las tareas previstas estaban relacionadas con la “representación” y la canalización de “demandas” de la ciudadanía.
Gómez admitió que Leiva no concurría a la Junta, que las pocas comunicaciones que mantuvo con él fueron a través de su hijo y que nunca llegó a asignarle tareas.
“Pablo Leiva no venía a la Junta Departamental, lo pueden consultar con cualquier funcionario o edil. Y las tareas que pensaba asignarle en cuanto a esa cercanía de poder facilitarme en todo lo que tiene que ver con las demandas, no se llevaron adelante. Y asumo el error de que no fueron asignadas esas tareas. No tenía tareas asignadas a la secretaría tampoco”.
Según Gómez, Leiva percibía por su contratación $52.000 nominales, unos $42.000 líquidos. Consultado sobre qué competencias había valorado para incorporarlo, Gómez reiteró que confió en la recomendación de Lucio y señaló que las funciones previstas no requerían conocimientos específicos jurídicos o contables.
Gómez aseguró además que Jorge Gandini, su esposa Laura Scalabrino y el sector Por la Patria desconocían tanto a Pablo Leiva como el vínculo laboral que mantenía con él. También sostuvo que Leiva no militaba en la lista 250, nunca había integrado una lista ni tenía actividad política en el Partido Nacional. El edil dijo que pidió disculpas a Gandini y Scalabrino porque, a su entender, “se vieron involucrados injustamente en toda esta causa”, luego de que trascendiera que la Policía investigó el eventual uso de un local de cobranzas a nombre de la esposa de Gandini en el esquema de lavado.
Tras conocerse el caso, Gómez desvinculó también de su despacho a Lucio Leiva, pidió licencia en el Directorio del Partido Nacional y deberá comparecer ante la Comisión de Ética de la colectividad. Lucio, por su parte, renunció como vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo y sostuvo en una carta que los hechos que provocaron la exposición pública de su nombre le son “completamente ajenos”.
Gómez remarcó que Lucio Leiva no fue formalizado por la justicia y mantuvo su confianza en él, al considerar que no corresponde responsabilizarlo por las actividades de su padre. En tanto, descartó renunciar o pedir licencia a su banca en la Junta Departamental: reconoció que cometió un “error de gravedad” al no ser más precavido con la contratación, pero sostuvo que no puede hacerse responsable por las actividades que Pablo Leiva desarrollaba en su ámbito privado.
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