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La Tertulia de los Jueves con
Martín Bueno, Pablo Díaz,
Ana Laura Pérez y Daoiz Uriarte
El Poder Ejecutivo presentó ayer los lineamientos del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa de más de 240 artículos que será enviada al Parlamento la semana próxima.
El gobierno la define como una batería de reformas microeconómicas para promover empleo, inversión, mayor competencia, menos burocracia y una reducción de costos para empresas y consumidores.
La presentación estuvo a cargo de los ministros Gabriel Oddone, de Economía; Fernanda Cardona, de Industria; Cristina Lustemberg, de Salud Pública; y Alfredo Fratti, de Ganadería.
Oddone sostuvo que el proyecto busca modernizar la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas, y lo calificó como una señal central del rumbo económico del gobierno.
“El corazón de la competitividad está en los costos de gestión y en los costos de funcionamiento del sistema. Y el sector público, muchas veces –por costumbre, por no hacer revisiones profundas de las decisiones tomadas en el pasado– pone sobre los contribuyentes, en particular sobre las empresas, un peso extraordinario”.
El texto está dividido en cuatro capítulos: agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión.
Entre otras medidas, se propone crear registros únicos para que las empresas no deban presentar la misma documentación ante distintos organismos, fijar plazos máximos de respuesta y aplicar el llamado “silencio positivo” cuando el Estado no responda dentro del plazo previsto.
También se plantea ampliar de cinco a diez años la vigencia de registros sanitarios, técnicos y ambientales, permitir renovaciones mediante declaración jurada y habilitar trámites en paralelo. En comercio exterior, el proyecto impulsa el autodespacho aduanero, la digitalización de documentos y la eliminación de varios trámites en papel.
Otro eje es la promoción de la competencia. La iniciativa busca dar más autonomía a la Comisión de Defensa de la Competencia, facilitar que haya varios importadores de un mismo producto y obligar a los comercios a informar el precio por unidad de medida, como kilo, litro o unidad, para que los consumidores puedan comparar mejor.
El proyecto también incluirá medidas para mipymes, fintech, parques industriales, producción agropecuaria familiar y salud. Entre ellas, un sistema gratuito de gestión empresarial para pequeñas empresas, espacios controlados para probar soluciones financieras innovadoras, una plataforma digital para la cadena cárnica y la simplificación de trámites sanitarios sin reducir controles, según afirmó el gobierno.
Desde la oposición las primeras reacciones fueron favorables al proyecto de competitividad del gobierno, aunque los legisladores aclararon que esperarán a conocer el texto completo cuando ingrese al Parlamento.
El senador Javier García valoró positivamente que el gobierno haya considerado medidas que, según sostuvo, ya habían sido propuestas por la bancada del Partido Nacional a impulso de Laura Raffo.
Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo al diario El País que la orientación del proyecto “es compartible” y que todo lo que contribuya a simplificar trámites, ganar competitividad y eliminar costos “es siempre bienvenido”. De todos modos, cuestionó si el oficialismo tendrá consenso interno para avanzar.
Desde el Partido Colorado, Carlos Rydström valoró el anuncio y dijo que va “en el sentido correcto”. Sostuvo que el proyecto reconoce que muchas veces el Estado y la burocracia son un obstáculo, y adelantó que merece apoyo multipartidario.
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