Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Juan Gabito,
Miguel Fernández Galeano y Lucía Zapata
El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, aseguró que el directorio está dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de cobrar timbres profesionales a todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto, siempre que el Poder Ejecutivo aporte los recursos necesarios para que la institución pueda pagar las jubilaciones y pensiones y cumplir con sus obligaciones. De todos modos, el directorio ratificó la medida que había causado polémica a comienzos de la semana pasada.
Según explicó Pérez el jueves en diálogo con Subrayado, la decisión de la Caja buscó dar sostenibilidad a la institución en el corto, mediano y largo plazo, dado que no hay margen para aumentar los aportes de los activos, que ya rondan el 22,5%. Sostuvo además que la medida está amparada en el artículo 71 de la ley orgánica, y que responde a controles que debieron haberse hecho hace 20 años: “Si se hubieran hecho hace 20 años, la Caja no estaría en esta situación”, afirmó.
El presidente de la Caja se mostró optimista respecto a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, y planteó como posibilidad que el dinero de la recaudación esperada de los timbres sea aportado directamente por Rentas Generales. Descartó una lectura “tremendista y fatalista” de la medida y advirtió que, de no llegar a un acuerdo, a partir del 1º de agosto se gravará con un timbre profesional cada consulta o acto médico, incluidos los odontológicos. “Esta medida salva la Caja de Profesionales”, sentenció.
El anuncio del cobro de este timbre generó un fuerte rechazo de parte del director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Doménico, que sostuvo que “la resolución es formalmente irregular y fácticamente de mayúscula inconveniencia”.
Mientras tanto, la presidenta de la Junasa (Junta Nacional de la Salud), Gabriela Pradere, advirtió en diálogo con radio Montecarlo sobre el incremento de costos que estos timbres significarán para los usuarios – en caso de llegar a aplicarse- en las consultas de policlínica o las de puerta de emergencia:
“Efectivamente esto se ve como un problema, que en el fondo es un problema asistencial. Primero porque sobrecarga el costo en el bolsillo de las personas en su proceso asistencial, eso puede tener un impacto, por ejemplo, en que la gente postergue consultas por problemas de acceso económicos. Hoy tenemos consultas que están exoneradas de tasas, donde hoy la persona paga cero y pasaría a pagar 200 pesos por la consulta, solo por el timbre. Eso implica también que muchas personas dilatan la acción y eso tiene un problema sobre la salud de las personas, hay un problema de acceso. Además en un momento donde desde la administración se está tratando de justamente disminuir esas barreras de acceso de la población a los procesos asistenciales”.
