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La Tertulia de los Miércoles con Marcos Casas, Juan Gabito, Elena Grauert y Lucía Zapata
Dirigentes del Partido Nacional pidieron la renuncia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que el presidente Yamandú Orsi revocara su decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer la medicina de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La resolución presidencial restableció la sanción original de cinco años.
El diputado blanco Federico Casaretto respaldó la resolución presidencial, pero cuestionó la demora en adoptarla y recordó que varios legisladores habían solicitado meses atrás la intervención de Orsi.
“Yo creo que el equipo de jurídica que llevó adelante esto y la propia ministra no pueden seguir en el cargo, no dan las garantías, el Presidente de la República acaba de desautorizar a una secretaria de Estado”.
Lustemberg había defendido en reiteradas oportunidades su decisión de reducir la sanción, argumentando que se había basado en criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la pena.
En setiembre de este año Lustemberg admitió que habían surgido nuevos elementos durante la revisión del expediente y señaló que la decisión sobre su continuidad en el cargo correspondía al presidente Orsi.
Ayer explicó los nuevos elementos que desembocaron en la resolución presidencial, que fue firmada por ella y Orsi.
“Cuando la mamá presenta ese recurso de revocación, en este caso al Poder Ejecutivo dirigido al presidente, ahí surgían otros elementos vinculados a la investigación. Al acuerdo abreviado en la órbita de la justicia penal, una investigación que tiene que ver con pericias; investigación que hubo en la mutualista SMI y en otros ámbitos que dieron mayores argumentos para volver a tomar la decisión de los cinco años con la evaluación de la unidad académica de anestesiología”.
La pediatra María Soledad Barrera, de 41 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Servicio Médico Integral (SMI) el 26 de octubre de 2023. Durante el procedimiento sufrió un paro cardíaco que le provocó un daño neurológico severo e irreversible. La paciente permaneció en ese estado durante diez meses, hasta su fallecimiento en agosto de 2024.
Su madre, Rosario Barrera, presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública para que se investigara la actuación del personal médico. El 3 de diciembre de 2024 la Comisión de Salud Pública dispuso la inhabilitación de Miralles durante cinco años, tras determinar que incurrió en cuatro apartamientos graves de las prácticas médicas esperadas.
El 1.º de octubre de 2025 el MSP, encabezado por Cristina Lustemberg, redujo de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles, invocando criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la sanción. A raíz de esa decisión, varios integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública presentaron su renuncia.
En julio de este año Rosario Barrera introdujo un recurso de revocación contra la decisión del MSP de reducir la inhabilitación de Miralles. Cuestionó la falta de fundamentos suficientes y denunció que la resolución se adoptó sin darle vista ni notificarla.
En la resolución de este martes, Presidencia tomó en consideración nuevas pruebas incorporadas al expediente, especialmente la sentencia penal del 18 de diciembre de 2025, por la que Miralles fue condenada a 24 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba, mediante un acuerdo en proceso abreviado.
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