La semana pasada, la multinacional Uber se mostró abierta a volver a negociar con las intendencias de Montevideo y Canelones un marco regulatorio para su actividad, luego de que un fallo de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia determinara que no incurrió en prácticas comerciales desleales con los taxis.
El acercamiento se concretó por carta el lunes pasado, pero ambas intendencias respondieron que se niegan a dialogar mientras la compañía siga prestando sus servicios de forma “irregular”.
Paralelamente, la empresa recomendó a los choferes que realicen aportes a DGI, ya sea por la vía del monotributo o por pagos de IVA mínimo. De todas maneras, el director de Rentas, Joaquín Serra, dijo que Uber “no puede eludir sus obligaciones” ya que por una disposición de la Ley de Presupuesto "es responsable por todos los impuestos impagos de los conductores".
Según Serra, Uber debe impuestos desde el 1º de enero, y será intimada a pagarlos una vez que se regularice. “Hay un orden de prioridad", detalló el jerarca: "Primero esta aplicación tendrá que ser regulada (…) En segundo lugar vienen las cuestiones tributarias. Si invirtiéramos el orden podríamos darle una legalidad al servicio que no la tiene", aseguró Serra.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Leonardo Costa, Gabriel Mazzarovich, Gonzalo Baroni y Hoenir Sarthou.
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