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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, consideró que el edil Gonzalo Gómez debe recibir una sanción partidaria por la contratación de un asesor que, según lo planteado en la entrevista, no trabajaba. “Tendría que devolver el dinero, me parece, como una primera acción”, dijo Olivera en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva.
Consultado sobre si el Partido Nacional debería sancionar al edil, Olivera respondió: “Yo creo que sí”. Mencionó que entre las posibles medidas podía estar la suspensión de los derechos partidarios, aunque señaló que la decisión correspondía a la Comisión de Ética y al Directorio blanco.
El intendente separó esa discusión de la causa penal por la que Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos. Sostuvo que, hasta el momento, no había elementos para vincular a Gómez con la actividad delictiva. “Si la Justicia no condenó y no encontró implicancia […] no sé si amerita una renuncia”, dijo. Y agregó: “No hagamos culpable a todo el mundo”.
Para Olivera, el reproche al edil se relaciona con la forma en que se manejó la contratación y con que el asesor no cumplía tareas. “Lo reprochable es que el hombre no iba a trabajar”, señaló. En cambio, consideró que no correspondía exigir la renuncia de Gómez si no se probaba que hubiera tenido participación en el delito. “El hombre fue electo por la gente”, dijo.
“Hay que sincerar” las partidas y contrataciones
Olivera planteó que el caso debe impulsar una discusión más amplia sobre los recursos que reciben los ediles y la contratación de asesores en las juntas departamentales. Propuso que el Congreso Nacional de Ediles aborde el tema y busque transparentar las distintas modalidades que existen en el país. “Hay un valor supremo a preservar en todo esto que tiene que ver con la institucionalidad, con la democracia, con la transparencia”, sostuvo. “Si hay alguna cosa que esté medio grisácea, hay que echarle transparencia a esto en los 19 departamentos”.
Como ejemplo, indicó que en Paysandú los ediles no reciben partidas de secretaría, no tienen asesores pagados por la Junta ni pases en comisión. “Los ediles en Paysandú no cobran absolutamente nada”, dijo, aunque precisó que pueden recibir viáticos cuando deben viajar y cubrir gastos de traslado, alimentación o alojamiento.
Aun así, Olivera cuestionó que la función sea honoraria. Dijo que el trabajo de los ediles requiere tiempo para asistir a sesiones, comisiones y actividades en el territorio, y que la falta de remuneración puede dejar afuera a personas que no pueden sostenerlo económicamente. “Termina siendo una actividad para los que tengan tiempo, para los que tengan plata”, señaló. “La política tiene que profesionalizarse también”.
El intendente sostuvo que reconocer económicamente la tarea requeriría reformar la Constitución, que establece el carácter honorario de los ediles. Sin embargo, expresó dudas sobre las posibilidades de que una iniciativa de ese tipo consiga apoyo popular. “No soy nada optimista con el tema”, dijo.
Controles al financiamiento político y voto electrónico
Sobre la propuesta de reforzar los controles al financiamiento de los partidos, Olivera se mostró de acuerdo. “Todo lo que sea para extremar controles y para que no se escapen estas cosas, está bien”, señaló, en referencia a los riesgos de que el crimen organizado busque infiltrarse en la política. También dijo que “cada vez más tenemos que pensar de qué forma damos garantías para que esto no pase”.
Consultado sobre la posibilidad de que partidos y campañas se financien únicamente con fondos públicos, respondió que no le parecía mal, siempre que no implicara un aumento del gasto estatal. “Uruguay no está en condiciones de afrontar eso”, dijo. Añadió que un sistema con las mismas reglas para todos podría reducir gastos de campaña, aunque advirtió que sería necesario evaluar cómo sostenerlo con los recursos actuales.
Olivera también respaldó avanzar hacia el voto electrónico. Consideró que podría reducir el gasto en la impresión de hojas de votación y sostuvo que Uruguay tiene condiciones para estudiar esa alternativa: “Me parece que está la madurez del sistema como para avanzar”, dijo, aunque subrayó que deberían mantenerse las garantías y los controles electorales.
Durante la entrevista, el intendente también defendió que el Partido Nacional procese el caso de Gómez con garantías y sin “linchamientos”. A propósito de los reclamos de explicaciones formulados por el Frente Amplio, dijo: “El presidente del Frente Amplio (Fernando Pereira) no es quien para demandarle explicaciones al Partido Nacional”. Sin embargo, reiteró su respaldo a reforzar los controles y transparentar las prácticas de los partidos.
