Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que la prioridad política ante el caso de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez condenado por lavado de activos, es impedir que el narcotráfico se infiltre en el financiamiento de los partidos. Para eso, propuso abrir una ronda de diálogo entre las colectividades y acordar una nueva ley antes del próximo ciclo electoral.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación sobre los movimientos de dinero de la organización dedicada al narcotráfico a la que pertenecía Leiva. La indagatoria se enfocará en el posible lavado de activos a través de casas de cambio y locales de cobranza.
En entrevista telefónica con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, Pereira dijo que hay aspectos del caso que “no están claros” y reclamó al Partido Nacional que explique a la sociedad qué ocurrió. Sobre el dinero encontrado en la casa de Leiva, cuestionó que pudiera explicarse como parte de la actividad de un cambio: “Que alguien entre a esa casa y vea en una cómoda varios millones de pesos y piense que eso es un cambio, la realidad es que no quedó bien explicado el tema”.
También consideró “muy frágiles” las explicaciones de Gómez, quien reconoció que Leiva no tenía tareas asignadas durante el período en que estuvo contratado. Pereira dijo, no obstante, que la prioridad no es determinar si el exasesor concurría a la Junta Departamental o qué funciones cumplía, sino evitar que organizaciones criminales incidan en la política.
“Lo grave que tenemos por delante es evitar que el narco se entrometa en el financiamiento de los partidos. No se trata hoy de buscar nuevos culpables, se trata hoy de encontrar la solución que evite problemas graves en el futuro”.
Una ley para reforzar los controles
Pereira anunció que buscará conversar con Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres para iniciar una ronda de diálogo. El objetivo, dijo, es retomar el proyecto de financiamiento partidario presentado por el Frente Amplio en la legislatura pasada y trabajar con los demás partidos en una propuesta común.
“Queremos llegar al final del período parlamentario habiendo aprobado una ley de financiamiento de los partidos políticos que garantice la mayor transparencia posible”, señaló. Entre los aspectos a discutir mencionó que la mayor parte de los recursos de los partidos provenga de fondos públicos y que se fortalezcan los organismos de control.
“Si esos organismos de contralor hoy no tienen la potencia para controlar a los partidos, habrá que dársela”, dijo, en referencia a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas. Pereira planteó que el objetivo es que la nueva normativa esté aprobada antes del próximo ciclo electoral, aunque reconoció que el Frente Amplio necesita acuerdos para lograrlo.
El dirigente también respondió a las críticas del senador nacionalista Javier García, quien cuestionó que el Frente Amplio reclamara explicaciones. Pereira dijo que no quería convertir el tema en una disputa entre dirigentes. “No es el tema de hoy una pelea entre García y Pereira”, expresó, y sostuvo que su planteo busca promover un diálogo entre los partidos.
La situación de los ediles
Durante la entrevista, Pereira también se refirió a la denuncia anónima presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre las partidas de secretaría, los contratos de asesores y los pases en comisión de los ediles de Montevideo. Dijo que son asuntos que deben investigarse y discutirse, pero insistió en que la prioridad actual es impedir que el narcotráfico ingrese al financiamiento político.
Además, planteó que los ediles de todo el país deberían recibir un salario. “Si colocamos en manos de los ediles la responsabilidad de votar fideicomisos, préstamos, presupuestos y rendiciones de cuentas, naturalmente esas personas no lo pueden hacer razonablemente bien sin tener un salario”.
A su juicio, la falta de remuneración lleva a sustituir el salario del edil por asesores y es un tema que la sociedad debería discutir. Pereira dijo ser partidario de que los representantes departamentales sean asalariados, una modificación que, según señaló, requeriría una reforma de la Constitución.
Materiales complementarios
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