Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
La sanción que el directorio del Partido Nacional impuso al edil montevideano Gonzalo Gómez abrió una discusión que, para el senador Sebastián Da Silva, va más allá de la situación particular del dirigente: cómo impedir que personas vinculadas al narcotráfico se acerquen a partidos y otras organizaciones.
El directorio suspendió por dos años los derechos y obligaciones partidarias de Gómez y le pidió que deje su banca en la Junta Departamental de Montevideo. La decisión se tomó luego de que el edil admitiera que Pablo Leiva, a quien había contratado como asesor, no tenía tareas asignadas, pese a que se destinaban recursos públicos para ese cargo. Leiva fue condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Gómez aceptó devolver el dinero recibido durante el período en que el asesor no cumplió funciones.
Da Silva consideró que la decisión partidaria llegó tarde, pero la respaldó. “La decisión fue tardía, pero suficiente”, dijo en diálogo como Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva. A su juicio, al principio pesó una reacción corporativa dentro del partido, cuando lo necesario era actuar con mayor rapidez.
Consultado sobre por qué la Comisión de Ética se concentró en el uso de los recursos y no en la relación del asesor con el narcotráfico, Da Silva coincidió en que ese era el aspecto más grave del caso. “Lo más grave es cómo se coló esto en la vida institucional o en el Partido Nacional”, señaló.
Sin embargo, marcó una diferencia entre la situación de Leiva y la de Gómez. “Sinceramente no creo que Gonzalo Gómez esté vinculado al narcotráfico. Entonces no lo voy a tratar de narco; si pensara eso, tendría que hacer la denuncia”, expresó. Agregó que, según la información que manejaba, se había abierto otra investigación fiscal para indagar posibles ramificaciones. “Cuando se ramifique o no, tomaremos otra decisión”, afirmó.
“No podemos fingir demencia”
Para Da Silva, el caso debe servir como advertencia a los partidos y a otras instituciones. Sostuvo que el narcotráfico no se mueve únicamente en los barrios más vulnerables y que las organizaciones criminales pueden operar también a través de personas con una apariencia de respetabilidad. “Hay narcos de traje, macanudazos, con relojes de 50.000 dólares en la muñeca”, dijo.
El senador describió a Uruguay como un país de acopio de cocaína destinada a mercados europeos y afirmó que, ante esa realidad, las organizaciones políticas deben estar atentas a señales de posibles vínculos. “No podemos tener este planteo y después, cuando aparecen las cosas en el jardín de casa, fingir demencia”, sostuvo.
Ante la pregunta de cómo aplicar esa vigilancia, Da Silva respondió que los dirigentes deben usar su criterio y reaccionar frente a donaciones que les generen dudas. “Cuando la limosna es grande, hasta el pobre desconfía”, dijo. También sostuvo que la respuesta debe ser rápida cuando surgen evidencias, aunque reconoció que los partidos no son jueces y que deben respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.
La entrevista también abordó los controles al financiamiento político. Da Silva rechazó que los partidos dependan exclusivamente de fondos estatales, pero dijo que hay que revisar los mecanismos de control y sus “huequitos”. Como ejemplo, cuestionó que ciertos sectores —mencionó a las automotoras y a los abogados penalistas— queden, según su planteo, fuera de determinadas obligaciones de prevención del lavado.
Sobre el pedido del Partido Nacional para que Gómez deje su banca, el senador señaló que el edil fue elegido por la ciudadanía y que la decisión final le corresponde a él. “No hay obligación fáctica porque el hombre fue electo”, dijo. Si renuncia, agregó, “salva la bandera” del partido.
Materiales complementarios
Accedé aquí a la declaración del Directorio del Partido Nacional sobre el edil Gonzalo Gómez
Accedé aquí al dictamen de la Comisión de Ética del Partido Nacional sobre el caso de la contratación de asesores por parte del edil Gonzalo Gómez
