Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
NACIONALES
Los trabajadores de la empresa de transporte colectivo UCOT vienen cumpliendo un paro hasta las 11:00 de la mañana de hoy en respuesta al secuestro que sufrió ayer un ómnibus de la compañía, llevado a cabo por hinchas del Club Atlético Cerro.
El paro comenzó ayer y finalizará hoy cuando termine una movilización hacia el Ministerio del Interior y la Torre Ejecutiva convocada a partir de las 9:00.
Según informó Subrayado, para hoy está prevista una reunión entre representantes del sindicato y el ministro del Interior, Carlos Negro, quien les informará sobre el avance de la investigación. El hecho está siendo indagado por Dirección General de Seguridad en el Deporte.
Según declaró a Montevideo Portal el dirigente sindical Matías Costa, el hecho ocurrió ayer por la mañana, cuando varios hinchas del club albiceleste se subieron a un coche de la línea 306 en la zona de la curva de Tabárez, en el Cerro.
El Club Atlético Cerro jugó contra Danubio ayer a las 11 en el estadio Jardines del Hipódromo.
De acuerdo con esa versión, uno de los hombres apuntó al conductor en la cabeza y le ordenó continuar hacia el intercambiador Belloni. Durante el trayecto, una motocicleta habría circulado delante del ómnibus como escolta, obligándolo a atravesar semáforos en rojo y a desplazarse fuera del recorrido habitual.
Los pasajeros que se encontraban en el vehículo presenciaron la situación pero permanecieron quietos y en shock al ver el arma, declaró Costa.
El dirigente sindical afirmó además que durante el trayecto se realizó una llamada al 911, pero cuestionó que la Policía no haya concurrido al lugar.
Los individuos abandonaron el ómnibus tras unos 40 minutos de viaje, al llegar al intercambiador Belloni. Posteriormente, el conductor, visiblemente afectado por lo ocurrido, comunicó el hecho a las autoridades y realizó la denuncia correspondiente.
Tras varios meses alejado de la exposición pública, el expresidente Luis Lacalle Pou volvió a participar de un acto político ayer, cuando fue el principal orador de la celebración por los 190 años del Partido Nacional, realizada en la Plaza Matriz de Montevideo.
Al empezar su oratoria, los asistentes al acto cantaron “vamos a volver”. Además, en varios pasajes del discurso, los presentes vitorearon a Lacalle Pou al grito de “Presidente”.
Presentándose como un “viejo militante”, en lo primeros minutos de su oratorioa el exmandatario hizo un balance de su gestión y afirmó sentirse “satisfecho” pero no “conforme”.
“Les cuento que estoy tranquilo. Estoy satisfecho, no estoy conforme. Tuvimos aciertos y como toda obra humana, tuve errores, pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas”.
Más adelante, reivindicó la política que, enfatizó, debe ser honorable.
A esos efectos, realizó dos apuntes.
Por un lado, planteó que la política debe responder con mayor rapidez a las necesidades de la población. En ese sentido, llamó a “abrazar” la inteligencia artificial “como una manera de acelerar la política, y que los problemas se resuelvan antes”.
Por otra parte, se refirió al tono con que se debe debatir.
“Mi preocupación es que a veces cuando abarcamos algunos temas de alguna manera uno ve que se empieza a ir la discusión y ya no es en la situación de ese oriental, de ese uruguayo, de ese que eligió nuestro país, sino que es un enfrascamiento entre los partidos o los políticos. Y flaco favor le hacemos a la política si termina siendo un concurso de egos, el insulto o el agravio. Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengámosle respeto”.
El exmandatario también puso énfasis en la necesidad de alcanzar acuerdos y gobernar desde la unidad. Enfatizó que “todos los días en otros lugares del mundo” se ve a “presidentes que insultan, agravian y descalifican, cuando tendrían que ser los padres de una gran familia”, aseguró.
Cerca del final de su mensaje, Lacalle Pou sostuvo que su gobierno tuvo un fuerte tinte “humanista”. Lo dijo cuando retomó volvió sobre su concepto de la libertad, que, aclaró, no es rígido.
“Me he vuelto con el tiempo cada vez menos ortodoxo. Que no quiere decir que mis valores y principios los ande cambiando según conveniencia, pero en la práctica soy cada vez menos ortodoxo. Porque qué lindo ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud y no puede criar a sus hijos.”
Según destacó Lacalle Pou, “justicia es tratar desigual a los desiguales”
En los minutos finales, el ex presidente reflexionó sobre la diferencia entre poder y autoridad, a partir de un proceso de introspección que, según relató, inició antes de terminar su mandato. Señaló que el poder surge formalmente del voto, mientras que la autoridad se construye a partir de vínculos intelectuales, morales y afectivos.
“No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad”, afirmó.
El acto fue abierto por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien planteó que el nacionalismo debe asumir el desafío de construir una “historia del futuro” y convertirse en una alternativa para una sociedad que, afirmó, atraviesa un momento de desánimo y desesperanza.
Delgado sostuvo que el Partido Nacional no debe limitarse a esperar los errores del actual gobierno, sino que debe mantener un “compromiso militante” de cara a los próximos años.
Además, llamó a defender las políticas impulsadas durante el gobierno de Lacalle Pou frente a quienes, según sostuvo, pretenden revertirlas por razones ideológicas y por encima del interés nacional.
El Plenario Nacional del Frente Amplio, que sesionó el sábado, aprobó por unanimidad el documento que orientará la discusión del Congreso Ordinario de octubre que definirá el rumbo estratégico de la coalición de izquierdas.
El texto, al que accedió La Diaria, reconoce una “enorme carencia anímica” entre militantes y dirigentes intermedios y atribuye parte de la situación a problemas en la gestión política y errores en la comunicación del gobierno.
En el escrito también se plantea la necesidad de revisar la política exterior del gobierno y alcanzar posiciones más claras y consensuadas dentro del FA, particularmente frente a Estados Unidos y la situación de Palestina.
El documento será discutido en los aproximadamente 500 comités de base antes del Congreso “José Mujica”, previsto para el 16, 17 y 18 de octubre.
Al finalizar el Plenario Nacional, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que el oficialismo debe asumir que la ciudadanía no lo votó “ni para tirar las estanterías ni para dejar las cosas como estaban: nos votó para cambiar”, dijo.
Asimismo, afirmó que existe una diferencia sustancial entre la actual administración y el gobierno de Luis Lacalle Pou.
“Hay un gobierno que avanza. Hay un lógica que es que Lacalle luce mejor en la tribuna cuando habla, cuando se expresa, cuando comunica”, pero “en la cancha tuvo resultados muy negativos”, mientras que “probablemente, Yamandú Orsi no luzca tan bien en la tribuna, pero en la cancha gobierna mejor”, dijo Pereira.
Uruguay convocará a una reunión informal de cancilleres en Montevideo el 2 de setiembre, con el objetivo de contribuir a destrabar la tensión diplomática entre Argentina y Brasil.
Según informaron fuentes de Cancillería a Telemundo, el encuentro buscará “facilitar el diálogo” entre los dos principales socios del Mercosur.
La iniciativa se conoció luego de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, mantuviera el sábado reuniones con sus pares de Argentina, Pablo Quirno, y Brasil, Mauro Vieira. Los encuentros ocurrieron en Colombia, un día después de la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente.
Lubetkin había señalado previamente que el enfrentamiento entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva “no ayuda a nadie” y constituye una “mala noticia para todos”, mientras que el presidente Yamandú Orsi también manifestó su preocupación por la escalada entre ambos gobiernos.
En una medida sin precedentes, el gobierno de Brasil solicitó el martes de la semana pasada el regreso a Buenos Aires del embajador argentino por los reiterados insultos que el presidente Javier Milei profesó contra su par Luiz Inácio “Lula” Da Silva. Además Itamaraty rebajó el nivel de las relaciones bilaterales al de encargado de negocios.
El presidente Yamandú Orsi afirmó que Uruguay mantiene conversaciones con Estados Unidos desde hace varios meses sobre la posibilidad de recibir a personas deportadas a raíz de la política migratoria de Donald Trump, pero aclaró que la “propuesta” de Washington” está siendo “afinada” y su gobierno no asumió ningún compromiso.
El mandatario aseguró que las negociaciones se realizan en reserva.
“La propuesta de Estados Unidos está afinándose. Son miles y miles de latinoamericanos que están siendo retornados al continente, a distintos países. Los vuelos ocurren desde octubre del año pasado. Uruguay todavía no llegó a ningún acuerdo”.
La posibilidad de recibir deportados generó cuestionamientos dentro del Frente Amplio.
Además, legisladores oficialistas se molestaron con el canciller, Mario Lubetkin porque éste les había señalado que no había una propuesta concreta de Estados Unidos. Sin embargo, el semanario Búsqueda informó el jueves que la Cancillería recibió el 24 de julio un planteo escrito de Washington.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, acusó a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, de “trancar” la negociación con HIF Global para la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú.
El dirigente nacionalista advirtió que Uruguay podría perder una inversión de unos US$ 6.000 millones, que puede ser la mayor inversión privada de la historia del país, y afirmó que cuenta con información de que existe un “riesgo real” de que el proyecto sea trasladado a Paraguay.
“Yo entiendo que la ministra Cardona, que no le gusta el hidrógeno verde en Uruguay, que se opuso a todo este proceso siendo directora de UTE por la oposicón en el periodo pasado, tiene que cambiar el chip. Ahora es la ministra de Industria de todos los uruguayos. El Uruguay necesita inversiones de esta magnitud que son llamadoras de otro tipo de inversiones”.
Delgado sostuvo que la iniciativa había avanzado hasta la etapa de negociación del acuerdo de inversión, pero que Cardona habría frenado el proceso y lo habría llevado “casi a punto cero”. Asimismo, reclamó al presidente Yamandú Orsi que intervenga para destrabar la situación.
En respuesta, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acusó a Delgado de “ponerse del lado de la empresa” mientras hay una negociación en curso.
"No entiende nada. Tendría que asesorarse. Cuando un país está negociando con una empresa lo que no puede hacer un presidente de partido es ponerse del lado de la empresa. ¿Qué quiere? ¿Que le regalemos la energía?¿Que hagamos públicas negociaciones que son reservadas? ¿Eso es responsabilidad partidaria? No, eso es irresponsabilidad".
Pereira señaló que, si bien “es un tema de una inversión importante”, HIF Global “es una empresa que demanda más de lo que un país puede dar”. “Tener cierta soberanía para decidir hasta dónde está dispuesto a llegar un país es parte de lo que pasó”, añadió.
El proyecto de HIF Global fue impulsado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y, tras la asunción de Orsi, las partes firmaron un nuevo memorando y negociaron cambios en la ubicación de la planta debido a reclamos de Argentina. El contrato definitivo todavía no fue firmado y uno de los principales puntos de discusión es el precio de la electricidad que suministraría UTE: la empresa pretende pagar US$ 40 por megavatio, mientras que la estatal busca elevarlo a US$ 45, aunque bajo determinadas condiciones.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que las propuestas presentadas por Cabildo Abierto (CA) para modificar la Rendición de Cuentas deberán tramitarse mediante una ley independiente, debido a que exceden el marco del proyecto presupuestal ya enviado al Parlamento.
“Todas esas iniciativas que están propuestas por Cabildo Abierto son todas contemplables, pero fuera del marco de la ley presupuestal, porque la ley ya fue remitida, no hay mensaje complementario en una Rendición de Cuentas y, por tanto, cualquier iniciativa de esas características debería ser objeto de una ley aparte”, afirmó.
Entre los planteos de CA se encuentra aumentar en 50% el monto de la asignación única que el gobierno pretende crear para niños y adolescentes, cuyo tope sería de $10.000. También enfatizó en mantener las condicionalidades para el a las prestaciones, vinculadas al control de la alimentación, la atención médica y odontológica y la asistencia escolar. Para financiar esa y otras medidas, CA propuso establecer durante un período limitado una tasa de 5% sobre las ganancias de bancos y administradoras de crédito.
El ministro señaló que todavía no había estudiado en profundidad el documento presentado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al presidente Yamandú Orsi, aunque consideró que existe margen para analizar las ideas.
El oficialismo necesita dos votos de la oposición para aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados, mientras que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron que no acompañarán el proyecto en general. Cabildo Abierto, en cambio, se mostró dispuesto a negociar su apoyo a cambio de modificaciones.
Mañana martes comienza la votación del proyecto en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Representantes.
El Ministerio de Economía aclaró ante el Parlamento que el artículo de la Rendición de Cuentas que otorga a las cooperativas de vivienda un crédito por un monto equivalente al IVA de los materiales de construcción, no tendrá carácter retroactivo, no alcanzará las tareas de refacción, y tampoco los gastos de asesoramiento contratados para las obras.
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, estimó que la medida implicará una pérdida de recaudación de unos US$ 10 millones anuales cuando esté plenamente implementada. Los créditos comenzarán a otorgarse en 2027, por lo que el impacto fiscal será gradual y durante el primer año probablemente será inferior al 30% de esa cifra. Vallcorba aclaró que los US$ 10 millones constituyen una estimación y no un límite para el costo de la política.
Desde la oposición se cuestionó que el monto previsto pueda resultar insuficiente frente a las metas de construcción de viviendas cooperativas. El diputado nacionalista Juan Pablo Delgado consideró que la medida es “justa y necesaria”, pero señaló que, si se destinaran US$ 10 millones anuales durante los tres años restantes de gobierno, alcanzaría para unas 6.000 viviendas y representaría apenas el 38% del objetivo fijado por el Ministerio de Vivienda para el quinquenio.
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, informó en el Parlamento que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios es mejor de lo previsto tras la aprobación de la ley de salvataje.
Según las nuevas estimaciones, la institución tendrá ingresos anuales unos US$ 13 millones superiores a los proyectados inicialmente por el Poder Ejecutivo, debido a que la caída esperada en la recaudación por cambios de categoría y declaraciones de no ejercicio fue menor a la prevista.
La reforma aprobada en 2025 elevó progresivamente los aportes de los profesionales activos, que podrían alcanzar el 22,5% en 2028, y estableció una contribución para los pasivos de entre 2% y 5%, según sus ingresos. Vallcorba explicó que para 2026 la Caja proyecta un resultado positivo cercano a $229 millones (US$ 5,7 millones), mientras que para 2027 se prevé un superávit global de unos $50 millones (US$ 1,25 millones), considerando los resultados financieros y otros ingresos.
Ante este escenario, el subsecretario sostuvo que el gobierno no observa actualmente una situación que requiera medidas de emergencia ni nuevas asistencias extraordinarias. La Caja recibe US$ 70 millones anuales de Rentas Generales, pero el Ejecutivo considera que no será necesario incrementar ese aporte por el momento, aunque continuará monitoreando la evolución de las cuentas. El planteo se conoció luego de que el gobierno dejara sin efecto mediante un decreto el cobro de nuevos timbres de salud aprobado por la directiva de la institución.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Grupo Cipriani confirmó ayer en un comunicado que postergará la apertura del hotel y casino San Rafael de Punta del Este hasta la temporada 2027-2028, debido a las demoras acumuladas en la construcción.
La empresa explicó que el proyecto sufrió retrasos por distintos factores, entre ellos el conflicto entre el Sunca y las empresas de la construcción, la pandemia y los procesos de aprobación.
La compañía afirmó que durante las últimas semanas mantuvo conversaciones con el gobierno, la Intendencia de Maldonado, el sindicato y los trabajadores para intentar recuperar el cronograma, pero aseguró que no fue posible encontrar alternativas. Cipriani advirtió que aplazar la apertura tendrá consecuencias para Punta del Este y Uruguay, entre ellas la reprogramación de reservas, espectáculos, eventos internacionales y compromisos asumidos, además de afectar a cientos de trabajadores y empresas vinculadas al proyecto.
El grupo señaló que más de 300 jóvenes se encuentran actualmente capacitándose en su academia de hotelería y gastronomía y que el complejo prevé emplear a más de 1.000 personas. Por eso, anunció que buscará alternativas para mantener los puestos de trabajo hasta la apertura y en la construcción del edificio. Cipriani aseguró que su compromiso con el proyecto “permanece intacto”, recordó que ya invirtió unos US$ 250 millones y consideró “impostergable” concretar la apertura en la temporada 2027-2028.
El Sindicato de Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) mantiene paralizadas las actividades en la playa especializada en contenedores del Puerto de Montevideo desde el viernes y hasta nuevo aviso en la jornada de hoy, cundo los empleados se reunirán en asamblea.
La medida implica que no hay atención a camiones hasta que finalice esa instancia y se retome la actividad.
Según informó Katoen Natie (KN), principal accionista de TCP, el sindicato volvió a reclamar una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, tomando como referencia el acuerdo alcanzado recientemente en el sector de la construcción.
La empresa sostuvo que ese convenio fue negociado en los Consejos de Salarios de esa actividad y que sus condiciones no pueden trasladarse automáticamente a una negociación colectiva en el puerto.
KN también señaló que el gremio reclama aumentar la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista trabajo efectivo. La empresa consideró que estos planteos dificultan alcanzar un acuerdo “viable y sostenible” y señaló que las negociaciones continuarán en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
Por su parte, el dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Álvaro Reinaldo, dijo a Radio MonteCarlo que la reducción de la jornada laboral está planteada desde el año pasado y acusó a la empresa de buscar excusas para no negociar.
Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) informó que evalúa una reestructura en Uruguay que podría incluir una reducción de personal y la eliminación de algunos beneficios laborales acordados por encima de los laudos establecidos.
La empresa hizo pública la información durante una reunión tripartita que tuvo lugar el viernes en el Ministerio de Trabajo y señaló que espera respuestas del gobierno durante la próxima semana.
Según el sindicato de Pilsen, una de las alternativas implicaría reducir en 80 la cantidad de puestos de trabajo.
El gremio agregó que la empresa también analiza la posibilidad de importar la totalidad del producto en lugar de mantener la producción local. Tras la reunión, los trabajadores acordaron suspender las medidas durante 45 días, por lo que la planta de Montevideo retomará su operativa normal desde hoy. Las partes volverán a reunirse el 18 de agosto para continuar las negociaciones.
FNC sostuvo que producir cerveza en Uruguay cuesta aproximadamente el doble que hacerlo en Argentina o Brasil y atribuyó la diferencia principalmente a los costos logísticos, laborales, de mano de obra e impositivos. El sindicato, por su parte, afirmó que el levantamiento de las medidas no significa el final del conflicto y que continuará defendiendo los puestos de trabajo.
En el mercado local, el dólar bajó el viernes, en esta ocasión 0,06%. El interbancario fondo operó en promedio a $40.246.
En la semana, la divisa estadounidense tuvo una leve baja de 0,03% frente al peso uruguayo (al comparar la cotización del viernes frente al viernes previo).
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 3,11% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes en $ 39,00 para la compra y $ 41,50 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró el viernes en R$ 5,091. En la semana, el dólar disminuyó 0,02% en el país norteño.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial disminuyó levemente el viernes y se situó en AR$ 1.498,50 y en la semana aumentó % 0,91. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en AR$ 1.525,00. En la semana, el paralelo bajó 2.14%
El Euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1565.
Los precios del petróleo arrancan una nueva semana con signo positivo mientras por el esperado acuerdo de paz en Medio Oriente no llega
El precio del barril de Brent del mar del Norte, a las 07:30 horas, cotiza a 84,11 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate subió 78,88 hasta dólares.
OTRAS NOTICIAS
Un tribunal de apelaciones ratificó íntegramente la condena dictada en diciembre contra nueve militares y un médico militar por delitos de lesa humanidad vinculados al llamado “caso Roslik”. Las penas van de 11 años y seis meses a 15 años y seis meses de prisión, por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
Según informó El Observador, el fallo confirmó además la condena a 13 años de prisión para el médico militar Eduardo Saiz, considerado responsable de participar en sesiones de tortura y controlar el estado de los detenidos sometidos a tormentos.
El proceso no juzgó directamente el homicidio de Vladimir Roslik, médico de San Javier asesinado bajo tortura en 1984, sino las torturas que sufrió en una detención anterior y las padecidas por otros arrestados durante la redada de 1984.
Según la sentencia, los militares integraron un esquema represivo destinado a someter a detenidos a “tratos inhumanos y tormentos” para obtener confesiones. El tribunal rechazó el argumento de las defensas de que esas acciones podían justificarse por el contexto de enfrentamiento político y militar de la época, al considerar que ni siquiera una situación de guerra interna habilita la tortura ni la violación de las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad.
Cuatro personas fueron detenidas por el intento de robo a un cajero automático ocurrido en la madrugada del viernes en un centro comercial de Avenida de las Américas, próximo a Parque Miramar.
Según informó la Policía de Canelones, los delincuentes eran cinco y llegaron en una camioneta Citroën Berlingo robada, con la matrícula adulterada. Utilizaron un tanque de oxígeno y otros elementos para provocar una explosión, pero no lograron dañar las bandejas de dinero del cajero, que contaba con un sistema de entintado y otras medidas de seguridad.
Tras ser alertados, efectivos policiales encontraron a los delincuentes mientras escapaban y se inició una persecución que continuó por la Rambla en dirección a Montevideo, incluso a contramano. La fuga terminó en la zona de Avenida Bolivia y la Rambla, donde los sospechosos perdieron el control del vehículo y chocaron contra el muro de una vivienda. Uno fue detenido en el lugar y otros dos fueron encontrados escondidos en una casa cercana, mientras que un cuarto integrante fue localizado horas después en una vivienda de Paso Carrasco. Un quinto sospechoso permanece prófugo.
Entre los detenidos hay tres chilenos y un uruguayo de 28 años que se presentaba en redes como cantante de trap bajo el nombre de Nahuel One23. Todos cuentan con antecedentes penales.
Los ciudadanos chilenos habían ingresado al país recientemente y alquilado una vivienda en Ciudad de la Costa. Durante el operativo se incautó una pistola Glock 9 milímetros, robada a un funcionario policial en 2019 y posteriormente modificada, además de 25 cartuchos y los elementos utilizados para intentar acceder al cajero, entre ellos garrafas de gas, un tanque de oxígeno, baterías y herramientas de corte.
INTERNACIONALES
En Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu confirmó ayer su rechazo al plan para Gaza auspiciado por Estados Unidos y aceptado por el movimiento Hamás, en un nuevo distanciamiento de su aliado Donald Trump en medio de una reñida carrera electoral en Israel.
"Israel rechaza el documento de 15 puntos", explicitó ayer el primer ministro en una reunión de su gabinete. Las fuerzas israelíes "no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", declaró Netanyahu.
El plan de Trump es la última etapa de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos y anunciado en octubre, que redujo pero no puso fin a las operaciones israelíes en Gaza.
Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, aceptó el acuerdo por el que debería entregar sus armas a una incipiente autoridad palestina encargada de gobernar el territorio durante un periodo de transición.
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron este fin de semana un pacto de defensa conjunta en un contexto marcado por los ataques hutíes contra el reino saudita y la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El pacto, suscrito el viernes en La Meca por el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se debatía desde hacía tiempo pero los recientes acontecimientos en la región se aceleró su aprobación.
Los países quieren reforzar sus alianzas de seguridad tras ser el blanco de disparos desde Irán, al igual que otros aliados de Washington en la región, y de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán.
El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos.
La presidencia turca afirmó que el acuerdo de defensa "no tiene como objetivo a ningún país en particular" y señaló que aportará en "la preservación de la paz y la estabilidad en nuestra región", indicó en un remitido el director de Comunicación de Turquía.
El viceministro saudita de diplomacia pública afirmó que "el acuerdo no representa un esfuerzo por establecer un eje militar o un bloque" y "tampoco está vinculado a ninguna ambición nuclear o carrera armamentista".
El gobierno de Irán dijo que el estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial, seguirá cerrado hasta que Estados Unidos acepte "todas" las condiciones impuestas.
Para reabrir el estrecho de Ormuz, Teherán reclama a Washington el fin de la agresión contra Irán y del bloqueo de sus puertos, levantar las sanciones contra su economía y descongelar sus activos e "indemnizar íntegramente a Irán por los daños causados" por la guerra.
En una entrevista al medio digital Axios, el presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó estas exigencias. "Nos lo estamos tomando con calma", afirmó.
"Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", dijo Trump.
En Irán, el excomandante en jefe de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai fue nombrado secretario de la principal instancia de seguridad del país.
El nuevo jerarca, de 71 años, dirigió el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, entre 1981 y 1997.
Después ocupó puestos de importancia en el sistema de los ayatolás antes de ser nombrado en marzo consejero militar del guía supremo Mojtaba Jamenei.
En julio declaró que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra desatada a fines de febrero contra Teherán por Estados Unidos e Israel, tenía más importancia que las "bombas atómicas".
Siria anunció ayer haber alcanzado un acuerdo sobre el futuro de las dos bases rusas ubicadas en el país, que Moscú utilizó para apoyar al presidente Bashar al Asad durante la guerra civil.
Las instalaciones militares del aeropuerto de Hmeimim y del puerto de Tartús, que son las principales posiciones de Moscú en la costa mediterránea, serán transformadas "en centros conjuntos de formación, en el marco de nuevos acuerdos que preserven los intereses mutuos", declaró el Ministerio sirio de Relaciones Exteriores.
En Ucrania, un depósito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que almacenaba suministros médicos en la ciudad de Dnipró, "fue alcanzado y destruido", declaró el director general de esta agencia de la ONU.
Un miembro del personal de la OMS y varios conductores se habían desplazado al lugar el viernes pasado. "El equipo logró evacuar 130 de los aproximadamente 300 palés y abandonó la zona antes del ataque", agregó.
El almacén "contenía suministros médicos humanitarios destinados a los centros de salud de la línea del frente, principalmente suministros de emergencia de la OMS", detalló el responsable de la agencia.
En España, los agentes policiales comenzaron los controles fronterizos temporales a viajeros procedentes de Italia, una decisión adoptada en respuesta a medidas similares impuestas por Roma tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.
Estos controles en conexiones aéreas y marítimas se están realizando "en forma aleatoria", centrados especialmente "en los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países", especificó el sábado el Ministerio del Interior.
En los vuelos revisados, que no son todos ni a todos los pasajeros, los agentes realizan el control a la salida de la pasarela que conduce fuera del avión, sin causar desviaciones del flujo de viajeros, apuntó Interior.
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez anunció el viernes su decisión después de que Italia rechazara el ultimátum lanzado horas antes exigiendo el fin de los controles impuestos tras la crisis de Ceuta.
En Ceuta, miles de personas se movilizaron para exigir una respuesta a la crisis migratoria y reclamaron la renuncia del presidente del gobierno español Pedro Sánchez.
La plaza de la Constitución se llenó de banderas españolas y ceutíes y de miles de manifestantes, que reclaman “respuestas” para la crisis, “solidaridad” al conjunto de la sociedad española.
“Presidente, no estás solo”, gritaron los manifestantes en en apoyo a Juan Jesús Vivas. Apenas unos segundos después, gritaban: “¡Sánchez, dimisión!”, consignó El País de España.
El presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, leyó un manifiesto en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que promovieron la convocatoria.
“Una ciudad plural, una ciudad construida durante generaciones por personas que rezan de manera diferente, que conservan costumbres distintas y que proceden de orígenes diversos, pero que comparten una misma tierra, una misma convivencia, una misma bandera y un mismo destino”.
En Estados Unidos, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, fue confirmado como fiscal general después de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.
Blanche representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de entrar al gobierno.
El Senado, que los republicanos controlan por un estrecho margen, lo confirmó por 50 votos contra 49. Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se sumaron a los demócratas y votaron en contra.
"Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia", escribió Blanche en redes.
También en Estados Unidos, el cáncer de próstata que padece el expresidente Joe Biden se agravó e hizo metástasis "en sus huesos y otras partes", reveló su hijo Hunter, en una reciente entrevista con la BBC.
En mayo de 2025, apenas cuatro meses después de dejar el cargo como el presidente en ejercicio de mayor edad, Biden reveló que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.
En Colombia, dos ataques con explosivos en diferentes puntos, que dejaron al menos un policía muerto y varias personas heridas, marcaron el inicio del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El nuevo presidente prometió enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados tras su investidura el viernes en Cali.
Disidentes de la guerrilla FARC destruyeron con explosivos un peaje en construcción en una carretera cercana a esa ciudad, informó el Ejército en la madrugada del sábado.
El ataque ocurrió sobre la vía Panamericana en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Dos guardias de seguridad sufrieron heridas leves.
El Ejército responsabilizó a las filas de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.
También la madrugada del sábado, en el departamento del Cesar un uniformado murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía, informó esa institución.
Seis integrantes de grupos ilegales murieron ayer en los primeros combates militares del nuevo gobierno de Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella.
Cuatro rebeldes, entre ellos un mando medio de una disidencia de la extinta guerrilla FARC, fueron abatidos en un municipio amazónico del departamento del Meta , mientras que dos integrantes del principal cartel narco de Colombia, el Clan del Golfo, murieron en una zona rural del departamento de Antioquia.
“Estos resultados alcanzados por nuestra fuerza pública son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide)”.
En Venezuela, el sindicato de periodistas se reunió con la delegación opositora que mantiene un diálogo político con el gobierno interino para denunciar actos de censura contra una reportera local en el inicio de las negociaciones, informó el gremio en redes sociales.
La denuncia tuvo lugar el viernes, un día después de que el gobierno interino de Venezuela y miembros de la oposición sostuvieron la primera sesión de diálogo, auspiciado por Estados Unidos, que apunta hacia una transición política y a eventuales elecciones.
La primera jornada estuvo marcada por el hermetismo y restricciones a la prensa, con acceso únicamente para fotógrafos.
La periodista Deisy Martínez, del medio local Efecto Cocuyo, denunció que cuerpos de seguridad del Estado confiscaron sus equipos y discutieron sobre detenerla.
La dejaron ir luego de borrar las imágenes que tomó, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El gremio, que también menciona restricciones a la prensa, elevó el reclamo a la delegación opositora en un encuentro previo a la segunda jornada de negociaciones.
En Ecuador, la fiscalía acusó formalmente el sábado a siete supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, entre ellos dos expolíticos de izquierda, un empresario y varios miembros de una banda criminal.
Villavicencio era un legislador reconocido por sus investigaciones anticorrupción. Fue asesinado a tiros en 2023 al salir de un mitin de campaña en Quito una semana antes de las elecciones presidenciales de ese año, en las que era candidato.
Entre los acusados están el empresario Xavier Jordán, el exministro del Interior José Serrano, el excongresista Ronny Aleaga; el máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría conocido como alias Pipo, y otras tres personas relacionadas con esta banda criminal.
Jordán, que vive en Estados Unidos, "financió y planificó" el asesinato, según el ente acusador.
Serrano, quien fue ministro del expresidente izquierdista Rafael Correa y actualmente está en un centro de control migratorio en Estados Unidos, presuntamente entregó información "sensible" sobre los movimientos del candidato.
En Brasil, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgó un programa electoral que incluye la defensa de la soberanía, la reducción de la desigualdad y el combate al crimen organizado.
El documento de 84 páginas plantea tener una posición firme ante “cualquier intento de subordinar Brasil a los intereses extranjeros”, una referencia al mandatario estadounidense Donald Trump.
A nivel internacional, se propone la aproximación con los países del grupo BRICS y el sur global.
Con respecto a la seguridad interna, el programa de Lula sostiene que un enfrentamiento al crimen organizado exige mejorar la cooperación entre los niveles de la administración pública, “ampliar el margen de acción” de la Policía Federal y establecer “procedimientos más ágiles”.
En Brasil, el senador y candidato Flávio Bolsonaro cuestionó a la actual composición del Supremo Tribunal Federal y prometió cambiar la integración si es electo presidente.
El parlamentario hizo estas declaraciones durante su participación en un evento en Itapetininga, en el interior de San Pablo.
Según Bolsonaro, los candidatos para el Tribunal Supremo serán personas que "respeten la Constitución y no utilicen los recursos públicos para enriquecerse".
También afirmó que sus candidatos no promoverán la "persecución" política.
“El próximo presidente de la República indica cuatro ministros del Supremo Tribunal Federal. Y yo voy a poner allí hombres y mujeres que respeten la Constitución, que no usen la máquina pública para enriquecer, que respeten el dinero de los contribuyentes, que no promuevan persecución, que no miren más capas de proceso, que no hagan más con ningún brasileño lo que hicieron con Jair Bolsonaro”.
La crisis de morosidad en el sistema financiero argentino incrementó la presión sobre el gobierno para encontrar una solución política al tema. A diferencia de otros momentos, en que el problema se centraba en las empresas, ahora la crisis se focaliza en las familias.
La morosidad promedio es de 7,6 por ciento, pero si se considera solo el sector de individuos, crece a 12,7 por ciento. Y esto es contando únicamente el sector bancario, porque las cifras suben aun más si se considera a las nuevas billeteras digitales, a las financieras de las propias cadenas comerciales o a los prestamistas informales.
En el Congreso hay varios proyectos presentados para abordar el tema. Casi todos proponen que se establezca por ley planes de refinanciación con plazos más largos, límites a las tasas de interés y hasta condonación de deudas para las franjas de menor ingreso de la población.
Pero el gobierno se ha negado de plano a una solución política y alienta a que los bancos propongan una solución “de mercado”.
Fue muy comentada una frase del presidente Javier Milei, en el sentido de que nadie fue obligado a tomar un crédito, y que un subsidio a los deudores supondría un castigo al resto del mercado.
Y, además, dice el gobierno que el problema de la morosidad es un síntoma de que está bajando la inflación.
La explicación es que había un acostumbramiento a que la inflación “licuaba” las deudas, porque los ingresos crecían mientras las cuotas quedaban fijas; pero ahora, con la inflación en un 2% mensual, ese efecto ya no se produce y queda en evidencia el sobreendeudamiento.
El tema le ha valido a Milei una erosión en su imagen, dado que la oposición hizo hincapié en que la crisis de morosidad no obedece a una ola de consumo suntuario, sino a que hay familias que recurren al financiamiento para cubrir los gastos básicos, como alquiler, alimentación y servicios públicos.
Aun así, la postura oficial sigue siendo la no intervención estatal. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó la propuesta de bajar los encajes obligatorios para dar más liquidez a los bancos.
Su argumento es que esa medida no tendría el efecto buscado de una caída en las tasas de interés y, en cambio, supondría un empeoramiento en la liquidez del sistema bancario.
Para el gobierno, la clave pasa por bajar el costo. Y pone el foco en los impuestos que se aplican a los créditos, como el IVA y los ingresos brutos, que conforman un tercio del costo crediticio.
Lo cierto es que la brecha entre la tasa de interés pasiva, es decir la que se les paga a los ahorristas, y la tasa activa, que es la que cobran los bancos por los préstamos, está en uno de sus niveles máximos. Puesto en números, los depositantes de plazo fijo obtienen un 20 por ciento, mientras que el costo de un crédito excede largamente el 100 por ciento.
Y las últimas encuestas empiezan a mostrar que el problema de la morosidad de las familias se está transformando en uno de los riesgos de pérdida de apoyo social para el presidente Milei.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
