Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
NACIONALES
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó para hoy a representantes de Katoen Natie y del Sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) para avanzar en alternativas que permitan destrabar el conflicto laboral que ha afectado la operativa en la playa de contenedores del Puerto de Montevideo.
Ayer las partes se reunieron por separado con autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El dirigente sindical Álvaro Reinaldo señaló que hubo “avances trascendentes” y un intercambio sobre las posiciones de ambas partes, aunque todavía no se profundizó en los contenidos de un eventual nuevo convenio colectivo.
Reinaldo también confirmó que el sindicato realizará una asamblea de trabajadores el viernes 14 para informar sobre el estado de las negociaciones y los avances que puedan registrarse hasta entonces.
Uno de los puntos de discordia centrales del conflicto es el reclamo del sindicato para que todos los trabajadores tengan asegurados 25 jornales por mes, en lugar del mínimo de 13 que rige para algunos, independientemente de la cantidad de trabajo que haya en la terminal.
La Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) cuestionó ayer los reiterados paros en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y reclamó al sindicato, a la empresa y al gobierno que adopten medidas para garantizar la continuidad de la operativa del Puerto de Montevideo.
La gremial sostuvo que las medidas sindicales son desproporcionadas y afectan a empresas y trabajadores que no forman parte del conflicto laboral. La industria pesquera, que exporta cerca del 95% de su captura, señaló que las interrupciones portuarias generan perjuicios no solo para su sector, sino también para actividades como la farmacéutica y la producción industrial.
El martes, Campo Unido, que reúne a las principales gremiales rurales, también expresó su preocupación por la continuidad del conflicto en el Puerto de Montevideo. Las entidades señalaron que los paros generan demoras, mayores costos, incumplimientos comerciales y pérdida de competitividad, por lo que reclamaron al Poder Ejecutivo medidas para garantizar el funcionamiento del puerto, incluida la declaración de esencialidad cuando corresponda.
Por otro lado, la Coalición Republicana convocó a autoridades del Ministerio de Transporte, la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Economía a la Comisión de Industria, integrada con Asuntos Laborales del Senado, para que den cuenta sobre las acciones para destrabar el conflicto.
El senador colorado Robert Silva acusó al sindicato de ejercer “uso y abuso” de las medidas de fuerza.
“Están en juego nada más y nada menos que empleo, trabajo, credibilidad y conectividad del país. Si se paraliza el puerto, se paraliza la boca de entrada y de salida de este país y es una situación que realmente nos preocupa”.
En respuesta, el senador socialista Gustavo González defendió el derecho de los trabajadores a realizar medidas de fuerza.
“Los senadores de la oposición siempre defienden a las patronales. El derecho a huelga, es derecho a huelga. Se dice que se perjudica, pero también se perjudican los trabajadores cuando no se les da un salario como la gente”.
La evaluación de la gestión del gobierno de Yamandú Orsi entre la población cayó a su nivel más bajo desde el inicio del actual período, según el último Monitor de Opinión Pública de Opción, correspondiente al bimestre julio-agosto. El informe señala que la desaprobación de la gestión trepó del 48% al 57% en apenas un trimestre, mientras que la aprobación se mantuvo estable en 19% (3% "muy buena" y 16% "buena").
El saldo entre una y otra consideración pasó así de -28 a -38 puntos, profundizando una tendencia de deterioro que la consultora describe como constante desde el segundo trimestre de 2025, cuando el gobierno arrancaba con 49% de aprobación y apenas 19% de desaprobación.
La evaluación presidencial acompaña esa caída. El desempeño de Orsi es aprobado por el 22% de los uruguayos, desaprobado por el 50% y calificado como "ni bueno ni malo" por el 28% restante, lo que deja un saldo de -28 frente al -17 del trimestre anterior.
El desglose por electorado muestra una brecha amplia entre oficialismo y oposición, pero también una señal de alerta – considera Opción- puertas adentro del Frente Amplio: mientras entre los votantes de la Coalición Republicana la desaprobación del gobierno llega al 81% (frente al 74% del trimestre previo), entre los frenteamplistas la desaprobación trepó del 19% al 28%, su nivel más alto desde la asunción del gobierno, en tanto la aprobación se mantuvo casi sin cambios en 39%.
El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para prevenir, detectar y sancionar conflictos de interés en todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), tanto públicas como privadas.
Bordaberry vinculó la iniciativa con el debate generado por la situación del Casmu y sostuvo que el objetivo es evitar que quienes administran recursos públicos (las cápitas del Fondo Nacional de Salud, FONASA) tengan intereses económicos contrapuestos con los de los usuarios.
La propuesta establece que directores, administradores, gerentes y otros responsables no podrán tener intereses económicos, directa o indirectamente, en proveedores de la institución, una restricción que también alcanzaría a determinados familiares y entidades vinculadas. Además, deberán presentar declaraciones juradas de intereses y abstenerse de participar en decisiones relacionadas con eventuales incompatibilidades.
Para el sector público, la propuesta indica que la violación del régimen de incompatibilidades constituirá el delito de conjunción del interés personal y público, previsto en el Código Penal, además de las responsabilidades administrativas que correspondan.
Para el sector privado se crea el delito de “conjunción de interés en instituciones privadas de salud”, con penas de entre 12 meses y seis años de prisión, multas e inhabilitación para ocupar cargos de dirección, mientras que también se prevén sanciones para proveedores que otorguen beneficios indebidos.
El proyecto también contempla la situación de médicos que ejercen funciones directivas y simultáneamente realizan actividad asistencial remunerada en la misma institución o entidades vinculadas, así como casos de autorreferencia de pacientes sin justificación clínica.
Para controlar el cumplimiento del régimen, Bordaberry propone crear una Junta de Idoneidad y Transparencia en Salud, con autonomía técnica, encargada de investigar denuncias, aplicar sanciones y comunicar posibles delitos a la Justicia.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó que el nuevo sistema de contenedores intradomiciliarios tiene una aprobación del 85% entre los hogares incorporados.
Al hablar en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Bergara compartió una encuesta contratada por la comuna a la consultora Equipos, que muestra que el 56% de los montevideanos dijo estar “muy satisfecho” y 29% “bastante satisfecho” con el nuevo sistema.
La comuna ya retiró casi 1.000 contenedores de la vía pública y sumó más de 40.000 hogares al nuevo sistema.
Bergara señaló que la meta para el final del período es alcanzar a casi medio millón de hogares con contenedores intradomiciliarios y retirar más de 7.000 recipientes tradicionales de las calles.
Además, 91% de los encuestados consideró que la limpieza de su cuadra y barrio está “mejor” o “mucho mejor” desde la implementación del sistema.
“Sentimos que estamos en la dirección correcta que este cambio va implicar un cambio sustantivo en la realidad de la limpieza de Montevideo y en la percepción de los vecinos y ahora lo que nos queda acelerar el paso con los recursos presupuestales y extrapresupuestales para avanzar en el 90% que aún nos queda por resolver”.
Por otro lado, el intendente también destacó otros resultados de su primer año de gestión, como la reducción del déficit de la Intendencia en 75%, la aprobación del presupuesto y de los préstamos solicitados y el convenio colectivo por cinco años alcanzado con los funcionarios municipales.
Sobre el proyecto inmobiliario en la zona de los Bañados de Carrasco, Bergara aseguró que la Intendencia analizará la iniciativa contemplando aspectos ambientales, urbanos y económicos. Afirmó que la comuna no pondrá “ni un ápice” de sostenibilidad ambiental en riesgo y señaló que una inversión superior a US$ 1.000 millones podría generar miles de empleos.
Un grupo de alumnos del Instituto de Profesores Artigas (IPA) se manifestó ayer en contra de las ocupaciones definidas por el gremio de estudiantes de ese centro.
La gremial levantó ayer una ocupación que ya llevaba tres semanas pero tiene previsto aplicar medidas “intermitentes”, según informó Subrayado.
Sofía Cabrera, una de las alumnas que se manifestaron en contra de la ocupación, dijo al informativo que esa modalidad de protesta genera incertidumbre para quienes concurren al instituto sin saber si podrán ingresar.
El Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA), reclama la anulación del “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”, aprobado por el Codicen de la ANEP. El plan busca que docentes de Secundaria y UTU que están trabajando pero no completaron su carrera puedan obtener el título mediante un proceso de reconocimiento y acreditación de los saberes adquiridos durante su trayectoria laboral. Sin embargo, los estudiantes sostienen, entre otros argumentos, que no se puede equiparar la experiencia laboral con la formación académica necesaria para obtener un título docente.
Cabrera aclaró que comparte la preocupación por la situación de los profesores no titulados pero que está en desacuerdo con las formas de protesta elegidas por el CEIPA y los resultados que han dado.
El gremio de estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) canceló la proyección del documental “La Gran Palestina”, prevista para ayer, luego de que dirigentes de la oposición advirtieran que el filme es una “propaganda terrorista”.
La película, estrenada en 2025, fue dirigida por el mexicano Rafael Rangel y realizada en colaboración con integrantes de Hamás. En ella se aborda la situación de los refugiados en la Franja de Gaza durante los meses posteriores al alto el fuego acordado en enero de 2025.
La actividad había sido cuestionada por legisladores como el colorado Felipe Schipani, quien sostuvo que la universidad pública no debería funcionar como espacio de “propaganda terrorista” de Hamás y pidió explicaciones al decano de la FIC, Federico Beltramelli.
El Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico), organizador de la actividad, señaló tras la suspensión que la iniciativa buscaba únicamente generar un espacio para ver una película y debatir sobre ella, sin intención de provocar un conflicto, y aseguró que procurará mejorar los mecanismos de información para futuras actividades. Asimismo, dijo desconocer la autoría de un afiche promocional de la proyección.
Al mismo tiempo, el gremio reafirmó su respaldo a la causa palestina y a su derecho a existir.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reclamó investigar “a fondo” las circunstancias que rodearon la muerte de la auxiliar de enfermería Florencia Amorín, quien estaba siendo investigada por el retiro irregular de medicamentos controlados. En un comunicado, el sindicato expresó su pesar y pidió que el caso sea analizado más allá de una eventual falta disciplinaria o conducta individual.
La FFSP señaló que los trabajadores de la salud están expuestos a altos niveles de estrés y sufrimiento, por lo que reclamó fortalecer las políticas de prevención y atención de la salud mental y los consumos problemáticos. Sostuvo que la respuesta no debe ser exclusivamente punitiva y pidió protocolos que permitan detectar y asistir estos casos de forma temprana.
El sindicato también reclamó garantías para que pedir ayuda no implique “quedar expuesto, estigmatizado o perder automáticamente la fuente laboral”.
Amorín, de 27 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en los hospitales Español y Evangélico y había sid o denunciada por el retiro irregular de fármacos controlados, entre ellos fentanilo, morfina y diazepam. Tras ser reportada como desaparecida el domingo, su cuerpo fue encontrado el martes en la zona de playa Malvín. Según información aportada a las autoridades, antes de desaparecer había enviado mensajes en los que manifestaba intenciones de atentar contra su vida.
Cuatro familias que viven en predios linderos al lugar donde se construye el data center de Google en Canelones presentaron un recurso ante el Ministerio de Ambiente para intentar detener el avance de las obras.
Según informó El Observador, los vecinos cuestionan la autorización ambiental previa otorgada en junio de 2024 a Eleanor Applications para el proyecto Los Teros, que se desarrolla en el Parque de las Ciencias con una inversión estimada en US$ 850 millones.
Los propietarios sostienen que nunca fueron notificados ni consultados durante la evaluación ambiental, pese a que sus viviendas habían sido identificadas como un entorno sensible frente a los posibles impactos del emprendimiento, especialmente en materia acústica.
De acuerdo con el recurso, recién pudieron acceder al expediente el mes pasado, cuando las obras se encontraban prácticamente terminadas. Las familias afirman además que el proyecto modificó de forma permanente su entorno y alteró las condiciones nocturnas por la iluminación industrial.
Los vecinos también denunciaron ruidos que comenzaron a percibirse durante las tareas de construcción y las pruebas de los equipos, entre ellas operaciones de limpieza de tuberías, ensayos de bancos de carga y funcionamiento de generadores. Por ese motivo, solicitaron que se deje sin efecto la autorización ambiental o, subsidiariamente, que sea modificada para completar la evaluación de los impactos sobre sus viviendas e incorporar medidas específicas de prevención, mitigación y monitoreo. Si el reclamo administrativo no prospera, los propietarios podrán recurrir posteriormente ante la Justicia.
La diputada frenteamplista Ana Laura Melo, del Movimiento de Participación Popular (MPP), presentó 17 declaraciones juradas de caracterización urbana ante la Dirección Nacional de Catastro desde que asumió su banca en febrero de 2025. El dirigente colorado y exdirector de Catastro Augusto Alcalde sostuvo que esta actividad podría contravenir las restricciones establecidas para los legisladores por el artículo 124 de la Constitución.
En diálogo con El País, Alcalde calificó la situación como una “infracción constitucional grave” y afirmó que podría implicar la pérdida de la banca, al entender que los legisladores tienen prohibido gestionar asuntos de terceros ante organismos públicos.
También cuestionó la cantidad de trámites realizados por Melo y señaló que, aunque un legislador puede ejercer su profesión en asuntos propios, la presentación de 17 declaraciones ante Catastro resulta difícil de encuadrar en esa excepción.
La diputada, en declaraciones al matutino, rechazó las objeciones y aseguró tener estudiadas sus incompatibilidades. “En el caso de las declaraciones juradas de caracterización urbana, a mí me contrata un cliente particular que va a hacer una transacción con su inmueble y la facturación de esas caracterizaciones urbanas están a nombre de mi cliente”, describió.
“Parte de mi actividad sí es presentar ante los organismos que corresponda sus permisos, sus declaraciones juradas, todo lo que mi cliente requiera. O sea, sí o sí el trabajo profesional está vinculado a organismos del Estado, pero no trabajando para el Estado ni para ningún ente”, agregó.
Melo sostuvo además que antes de asumir su banca se asesoró sobre las limitaciones para ejercer como arquitecta y que está dispuesta a aportar información si existen elementos que contradigan su interpretación.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance del artículo 124 de la Constitución, que establece restricciones para la actividad de senadores y diputados y que ya había generado un debate político en torno al senador colorado Andrés Ojeda, cuestionado por el Frente Amplio por haber presentado un escrito ante Fiscalía en calidad de abogado. Según El País, Ojeda reaccionó al nuevo episodio y afirmó: “Ahora queda en evidencia la persecución política”.
El jefe de Neurocirugía del Hospital Pereira Rossell, Gonzalo Costa, renunció y denunció faltantes de insumos e irregularidades que, según afirmó, obligaron a suspender cirugías programadas por falta de elementos básicos desde el año pasado. La carta fue difundida por El Observador, que señaló que el médico había advertido a las autoridades sobre la situación y cuestionó la falta de respuestas.
Costa sostuvo que no podía garantizar las condiciones mínimas de seguridad para sus pacientes y decidió dejar sus cargos. Tras su salida, otros dos neurocirujanos que realizaban guardias también presentaron renuncia, aunque ASSE aseguró que la cobertura asistencial está garantizada.
El presidente de ASSE, Álvaro Danza, rechazó que exista “omisión de asistencia” y afirmó que “se están dando las prestaciones adecuadas”. Según informó El Observador, Danza señaló que se concretó la compra de un microscopio de US$ 300.000 y que se busca reactivar el convenio entre la cátedra de Neurocirugía y el Pereira Rossell.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La producción de la industria manufacturera uruguaya aumentó 5,4% en junio respecto al mismo mes de 2025, según estimó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en base a datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Si se excluye la actividad de la refinería de Ancap, el crecimiento fue de 4,7%, mientras que el núcleo industrial, que también deja fuera a las plantas de celulosa y a la producción de concentrados de Pepsi, registró una expansión de 4,4%.
Por sectores, las ramas orientadas al mercado interno y con bajo comercio exterior incrementaron su producción 9,4%, impulsadas principalmente por la elaboración de productos de panadería, que creció 11,3%, y de pastas y fideos, con un aumento de 5,5%.
El Cinve señaló además que las industrias vinculadas al comercio intra-rama avanzaron 5,3%, mientras que el sector exportador aumentó 8,5%, marcando su primer crecimiento interanual del año. Las ramas que compiten con productos importados, en tanto, tuvieron un incremento más moderado, de 0,7%.
En materia laboral, las horas trabajadas en la industria crecieron apenas 0,3% en junio frente a un año atrás, según el INE. Al mismo tiempo, el índice de personal ocupado registró una caída de 3%, lo que muestra que el aumento de la producción no estuvo acompañado por una expansión del empleo industrial.
El Sunca de Maldonado advirtió por el deterioro de la situación laboral en las obras del hotel y casino San Rafael, donde más de 200 trabajadores fueron enviados al seguro de desempleo y podrían sumarse nuevos casos.
Según explicó a El País el secretario general del sindicato en Maldonado, Michael Pistone, detrás de la paralización parcial del proyecto existe un conflicto comercial entre el Grupo Cipriani y la constructora Criba, responsable de las obras.
Pistone señaló que en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo, Criba informó que lleva varios meses financiando con recursos propios la construcción de la torre y del hotel casino y que ya no tendría capacidad para continuar haciéndolo bajo esas condiciones.
Cipriani, en cambio, negó mantener una deuda con la constructora y atribuyó las diferencias a incumplimientos y retrasos en determinadas etapas de la obra, que derivaron en sanciones económicas. Criba rechazó esa explicación y sostuvo que durante el proyecto se incorporaron modificaciones y nuevas tareas respecto del contrato original.
Para el dirigente sindical, las diferencias entre las empresas terminaron afectando directamente a los trabajadores. “Ahí es donde nace el conflicto comercial entre ellos que, por primera vez, lo oficializan y lo trasladan, pero la realidad de los hechos es que esto sigue repercutiendo de manera negativa en nosotros, los trabajadores”, afirmó Pistone a El País. Además, cuestionó que anteriormente se atribuyeran los problemas de la obra a la conflictividad sindical y sostuvo que los trabajadores quedaron “como rehén” de la disputa empresarial. Sobre el suministro de hormigón, aclaró que Criba dejó de solicitarlo y que no se trató de una decisión de los proveedores ni de una medida del Sunca.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió el proyecto de Rendición de Cuentas y advirtió que Uruguay debe avanzar en seguridad y atención de la pobreza infantil para preservar el modelo de convivencia del país, que consideró uno de sus principales activos para atraer inversiones y personas.
Durante una exposición ante la Liga de Defensa Comercial, el ministro defendió los cambios en las transferencias a la infancia incluidos en la Rendición de Cuentas.
"Por cada adulto mayor pobre, tenemos 9 o 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres. No solo es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, sino porque además, aunque no tuviéramos ninguna consideración de justicia social, eso es una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos. Nuestra rambla, nuestra convivencia en sociedad".
En materia de seguridad, Oddone señaló que es necesario destinar más recursos para incorporar tecnología y aumentar el personal, debido a la aparición de nuevos problemas. En ese sentido, destacó que el proyecto prevé 300 nuevos cargos para el área, aunque reconoció que se trata de una cifra inferior a los 1.000 funcionarios que había solicitado inicialmente el ministro del Interior, Carlos Negro.
Por otro lado, Oddone cuestionó la escasa cultura de gestión de riesgos que, a su entender, existe entre los empresarios. Para el ministro, no debería instalarse la expectativa de que el Estado se haga cargo de las pérdidas cuando los privados cuentan con mecanismos para protegerse.
Además, planteó que el tipo de cambio ya no es la herramienta para resolver problemas de competitividad. La alternativa, sostuvo, es trabajar sobre los factores que determinan la productividad y los costos de producir en Uruguay.
En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión 0,19%. El interbancario fondo operó en promedio a $40.344.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 3,34% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,15 para la compra y $41,55 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,164.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial tuvo una leve suba y cotizó en AR$ 1.492,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.535,00,00.
El Euro disminuyó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1522.
Los precios del petróleo permanecen estables ante el estancamiento del proceso de paz entre Estados Unidos y Medio Oriente.
En este momento, el barril de Brent del mar del Norte, referente del mercado mundial, cotiza a 87,67 dólares.
Mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cotiza a 81,95 dólares.
OTRAS NOTICIAS
Una joven de 24 años fue asesinada a balazos y su padrastro, de 57, resultó herido durante un ataque ocurrido cerca de las 6:00 de este miércoles en Piedras Blancas, Montevideo.
Según informó El Observador, ambos fueron atacados por un hombre en las inmediaciones de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco. La joven fue trasladada a un centro de salud con una herida grave, pero murió posteriormente.
De acuerdo al matutino, la víctima no tenía antecedentes penales y, antes de morir, habría señalado que el ataque podía haber sido ordenado por su expareja, quien se encuentra en prisión.
El objetivo del ataque a balazos ocurrido este martes frente al Hospital Maciel era Kevin Morotto Vernier, un delincuente de 28 años que ya fue blanco de otros dos intentos de asesinato en menos de un año.
Morotto, que sobrevivió al tiroteo, había concurrido al Maciel para recibir atención por las heridas sufridas en uno de esos ataques, ocurrido el 20 de julio, cuando fue baleado mientras circulaba en un auto por la ruta 74.
El anterior atentado contra su vida fue en el estacionamiento del ex Comcar el 24 de setiembre de 2025.
El delincuente, oriundo de Santa Catalina, tiene cuatro antecedentes por delitos como hurto, rapiña y porte de armas, y fue indagado seis veces por homicidios desde que tenía 16 años.
Según Subrayado, los investigadores vinculan los ataques con disputas territoriales por la venta de drogas en el Barrio Maracaná.
Erwin “Coco” Parentini, exbarrabrava de Peñarol y preso desde 2015, será sancionado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) luego de amenazar al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la directora del organismo, Ana Juanche.
Según informó Subrayado, las autoridades denunciaron el hecho ante Fiscalía y la Dirección de Inteligencia investiga una carta manuscrita de tres páginas entregada por Parentini a un funcionario.
En la misiva, Parentini aseguró conocer la agenda pública de Negro y describió situaciones en las que podría atacarlo, mientras que también incluyó amenazas contra Juanche. El recluso ya había protagonizado episodios similares desde prisión y actualmente se encuentra alojado en la Unidad 25 de máxima seguridad, luego de que el INR lograra revertir judicialmente su traslado al Penal de Libertad.
Según Subrayado, el Ministerio del Interior considera a Parentini un recluso de alta peligrosidad y, además de la sanción por las nuevas amenazas, resolvió endurecer las medidas de aislamiento. El exbarra tiene múltiples condenas por delitos cometidos desde prisión y, de mantenerse el actual cómputo de pena, debería permanecer recluido al menos hasta agosto de 2037.
Por su parte, ayer las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) redactaron una declaración a raíz de las “reiteradas y graves amenazas e intimidaciones vertidas en los últimos días” contra Negro y Juanche, “provenientes de referentes de estructuras criminales en privación de libertad”.
Los legisladores oficialistas señalaron que “los amedrentamientos dirigidos contra autoridades públicas representan un intento sistemático de presionar al Estado, erosionar el principio de autoridad y vulnerar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Además, consideraron que “ante las pretensiones de organizaciones delictivas de condicionar o chantajear a los servidores públicos y a sus familias, el sistema político debe responder con absoluta unidad, firmeza y determinación institucional, sin perjuicio de las actuaciones judiciales en curso”.
Agregaron que “este respaldo político e institucional refleja asimismo la voz y el sentir de toda la sociedad uruguaya, hastiada de la violencia, la cultura del amedrentamiento y el accionar impune con el que las organizaciones criminales pretenden vulnerar la tranquilidad de nuestras familias y la convivencia pacífica”.
Por lo tanto, los legisladores del oficialismo declararon su “más absoluto, categórico y unánime rechazo a las amenazas e intimidaciones” vertidas contra ambos jerarcas, “así como contra cualquier otra autoridad del Estado”.
Los legisladores frentistas subrayaron que la “república y sus instituciones democráticas no cederán ante chantajes, amedrentamientos o presiones de estructuras delictivas, reafirmando que el orden, la ley y la autoridad en los centros de reclusión y en todo el territorio nacional corresponden exclusivamente al Estado”.
INTERNACIONALES
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella informó que para afrontar las consecuencias del terremoto declarará la emergencia económica, una medida que lo faculta a decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso.
El gobierno determinó "hacer uso de la emergencia económica", señaló el mandatario, quien asumió el viernes pasado con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.
De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con "aportes nacionales e internacionales" y reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.
“La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos”
El balance hasta ahora es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.
El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.
Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.
Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en "su lucha" contra el narcotráfico, anunció en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países.
"A través del recién inaugurado presidente (…), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror", señaló el jefe del Pentágono.
El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el colombiano manifestó su intención de enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados.
Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para Colombia en materia de seguridad.
Un sismo de magnitud 5,5 sacudió ayer El Salvador, Honduras y Nicaragua sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos y observatorios locales de sismología.
El temblor tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, unos 160 km al sur de la capital, precisó el instituto estadounidense.
El movimiento se produjo a una profundidad de 56,8 km.
El ministerio de Medio Ambiente salvadoreño indicó que el sismo tuvo una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y que "no existe amenaza de tsunami para El Salvador". También se sintió en Honduras y Nicaragua.
Las autoridades de protección civil de los tres países no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque provocó temor entre los pobladores.
En Cuba, el Partido Comunista organizó exposiciones, conciertos y conferencias como homenaje en el centenario del nacimiento de Fidel Castro.
Sin embargo, el aniversario del 13 de agosto llega en medio de una de las peores crisis que recuerda la isla de 9,4 millones de habitantes, sometida a una fuerte presión de Washington y afectada por una grave escasez de alimentos y agua, así como por apagones crónicos.
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá", sin que Irán "pueda hacer nada al respecto".
"Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘UN MURO DE ACERO’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto", dijo el republicano en redes.
Trump afirmó en varias ocasiones que sus fuerzas armadas controlan el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Irán sostiene que en la práctica controla gran parte de ese paso marítimo y que tiene intención de imponer un sistema de peajes en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó el sur de Líbano y reafirmó su determinación de mantener tropas en la zona que ocupan en esa región, así como en Siria y en Gaza.
"Tal y como el primer ministro y yo mismo hemos afirmado claramente, no nos retiraremos de esta zona de seguridad" , declaró Katz, citado por su oficina.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó ayer la destrucción "sistemática" del sur del país, donde Israel afirmó estar demoliendo "todas las casas" en la zona controlada por su ejército.
Salam señaló que los "ataques, incursiones, demoliciones y la destrucción sistemática de viviendas", infraestructura, edificios gubernamentales y lugares de culto por parte de Israel "representan una grave violación de los principios y normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario".
En Líbano, el Parlamento aprobó una ley de amnistía general destinada a beneficiar a miles de presos y prófugos de la justicia, en la primera norma de este tipo desde 1991.
La medida, apoyada por varios grupos políticos, polariza el debate desde hace años.
La oficina del presidente del Parlamento anunció "la adopción de un proyecto de ley que concede una amnistía general y reduce la duración de determinadas penas".
Los promotores de la ley dijeron que se busca reducir el hacinamiento en las cárceles, donde muchos reclusos llevan años a la espera de juicio.
Según el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la tasa de sobrepoblación alcanzaba el 300% en 2025. La administración penitenciaria contabilizó 6.268 detenidos a finales de marzo.
Israel hizo su primer bombardeo aéreo en Gaza en más de una semana, indicaron el ejército israelí y la Defensa Civil palestina, que reportó una víctima mortal.
La Defensa Civil, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, dio cuenta de un muerto y de varios heridos. Según la fuente, el ataque tuvo lugar en Beit Lahia, en el norte de la franja.
En un comunicado, el ejército israelí precisó que había "realizado un bombardeo contra un comandante de Hamás en el norte de la Franja de Gaza".
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que recibió ayer a su par palestino, Mahmud Abbas, pidió la reconstrucción de la Franja de Gaza
En el encuentro, Erdogan reafirmó el apoyo de su país al establecimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital, y pidió además que la reconstrucción de la Franja de Gaza comience sin demora.
Durante una conferencia de prensa conjunta, el presidente turco dijo que apoyar a Palestina es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional.
Además, agregó que “Turquía seguirá defendiendo la causa palestina en todos los foros con la mayor firmeza posible. Se está socavando la existencia de un Estado palestino soberano. Es imposible ignorar esto o permanecer indiferente”, según consignó el diario local Hürriyet.
Por su parte, el presidente del Estado de Palestina dijo que la única vía para lograr una paz justa es poner fin a la ocupación israelí y establecer el Estado independiente de Palestina, con Jerusalén Oriental como capital.
Naciones Unidas instó ayer a Rusia a levantar la prohibición emitida contra el único partido antiguerra, Yabloko, para que pueda presentarse a las elecciones parlamentarias de setiembre.
A raíz de un recurso presentado por una formación nacionalista pro-Kremlin, la Corte Suprema de Rusia prohibió el pasado lunes que Yabloko pueda participar en esos comicios, privando a los electores que se oponen al conflicto en Ucrania de la posibilidad de reclamar, a través de su voto, que se le ponga fin.
"Estamos profundamente preocupados por la prohibición de Yabloko, uno de los partidos políticos más viejos de Rusia, en las elecciones parlamentarias de septiembre", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Ucrania atacó el puerto ruso de Novorossiysk y dejó fuera de servicio dos terminales de granos.
El ataque utilizó drones y misiles y alcanzó también una base naval. Las autoridades rusas informaron de tres muertos y al menos 24 heridos. Novorossiysk es uno de los principales puertos de exportación de trigo de Rusia, por lo que el episodio puede afectar los embarques y generar presión sobre los precios internacionales.
En Estados Unidos, el incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio a 3,4% en 12 meses, según el índice publicado por el Departamento de Trabajo.
El dato del IPC estuvo en línea con las expectativas del mercado, en un contexto de caída de precios de la gasolina por el cese temporal de hostilidades en Medio Oriente entre junio y principios de julio, antes de que se recrudeciera el conflicto.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, celebró en redes los datos de inflación, y consideró que es "la prueba de que la política económica del presidente Donald Trump funciona".
En Venezuela, el gobierno interino y la oposición acordaron iniciar un proceso para transformar el sistema judicial, dijeron ambas partes en una declaración al finalizar el primer ciclo de diálogo de cara a una transición democrática.
En la declaración, Dinorah Figuera, que encabeza la delegación opositora, dijo que acordaron "iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia" enfocado en la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, además de activar un nuevo proceso para la postulación y designación de magistrados.
Además, anunciaron que "concentrará esfuerzos" para recuperar activos en oro del Banco de Inglaterra, que fueron retenidos después de que el gobierno de Reino Unido desconociera la reelección del derrocado Nicolás Maduro.
"Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra", dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez al término de una primera ronda de diálogos impulsados por Estados Unidos.
En Argentina, cientos de personas se congregaron en Buenos Aires para reclamar contra los recortes de financiamiento en ciencia y tecnología implementados por el gobierno de Javier Milei. La concentración se desarrolló bajo el lema: "Me pongo la camiseta por Argentina y nuestra ciencia".
Los manifestantes denuncian un deterioro sostenido del sistema científico desde la llegada al poder del presidente Milei, en diciembre de 2023.
También reclaman la prórroga de las becas posdoctorales cuyos contratos finalizaron en julio, además de la efectivización de cargos ya concursados y una recomposición salarial.
El presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología cayó 43% en términos reales entre 2023 y 2026, mientras que la participación del sector en el presupuesto también se redujo durante ese período, según datos oficiales.
Los salarios de investigadores acumulan una pérdida real de 40,5% desde noviembre de 2023.
A la protesta también se unieron agrupaciones políticas, sindicales e incluso algunas organizaciones de jubilados, que se sumaron luego de participar en su propia manifestación por bajas pensiones, a un par de kilómetros, frente al Congreso.
La movilización coincide con la salida en julio de Darío Genua, quien estaba al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
La Justicia argentina ordenó el embargo preventivo del apartamento donde está recluida en prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Kirchner.
Además de ese inmueble ubicado en San José 1111, se incluyen en la resolución propiedades en Puerto Madero y hoteles en El Calafate.
El embargo, que había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, abarca también inmuebles y vehículos de otros condenados en la causa.
La Justicia entiende que “corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real” para hacer efectivo su decomiso.
En Chile, las escuelas podrán revisar las mochilas y pertenencias de sus alumnos tras promulgarse una ley para reforzar la seguridad en los centros educativos del país, impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
El gobierno propuso la nueva legislación luego de que en marzo un estudiante de 18 años mató a cuchilladas a una inspectora e hirió a cuatro personas, incluidos tres alumnos, en un establecimiento de Calama, en la norteña región de Antofagasta.
“Cuando te cesan un avión, ¿qué les preguntan? ¿Cómo se llaman? Les piden el pasaje, les piden el carnet de identidad, y después le dicen, mire, pase su mochila por aquí. ¿Y alguien alega? ¿Alguien le dice, ha visto usted que reclama en la puerta del avión? No, es que yo no voy a entregar mi mochila. Entonces uno, cuando llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza.Eso, estas escuelas protegidas, es una ley. Pero para ustedes tiene que ser mucho más que una ley, es un estilo de vida. Es una manera en la que queremos construir nuestra sociedad. Y para eso los jóvenes son fundamentales. Si ustedes nos ayudan a cuidar la escuela, nos van a ayudar a cuidar Chile”.
Luego aseguró en sus redes que la norma entrega "herramientas concretas" para prevenir la violencia y "devolverles autoridad" a los profesores.
La ley, que rige desde ayer, también prohíbe a los estudiantes portar vestimentas que impidan su identificación, salvo que estas se lleven por motivos de salud, religiosos o debidamente justificados.
En un movimiento clave para el escenario económico y político de Brasil, el Senado aprobó por amplia mayoría -61 votos a favor y apenas dos en contra- el proyecto de ley que le otorga luz verde al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para usar la recaudación extraordinaria de la venta de petróleo con el fin de bajar los impuestos a los combustibles. La iniciativa, que ya contaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados, quedó pronta para la firma del presidente.
Para entender el contexto de esta medida, hay que mirar el tablero internacional. Las tensiones globales y el conflicto en Oriente Medio vienen presionando al alza la cotización del crudo y encareciendo insumos productivos de peso. Si bien esa suba beneficia al Estado brasileño por la vía de mayores ingresos de exportación de petróleo y gas, al mismo tiempo encarece la nafta, el gasoil y los fertilizantes en la economía local.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca amortiguar ese choque utilizando los recursos extra generados por royalties, participaciones en la explotación petrolera y dividendos de empresas estatales como Petrobras para subsidiar y reducir tributos a la importación y comercialización de gasoil, nafta, biocombustibles y queroseno de aviación. Además, para no dañar al sector del etanol, la ley fija que cualquier rebaja a la nafta deberá mantener la competitividad de este biocombustible.
Como la Ley de Responsabilidad Fiscal y las normas presupuestarias prohíben dar beneficios impositivos sin aclarar de dónde sale la plata ni medir el impacto en las cuentas públicas, la ley crea una excepción reglamentaria para el ejercicio actual.
Aprovechando la oportunidad legislativa en pleno año electoral, el Parlamento le adosó varios agregados -lo que en Brasil se conoce como –"jabutis"-: exenciones impositivas por 5.000 millones de reales para la industria de fertilizantes, subsidios al sector de los biocombustibles por hasta 1.200 millones de reales, beneficios impositivos para la organización del Mundial de Fútbol Femenino de 2027 y flexibilizaciones de gasto en áreas como defensa, educación y salud.
Pese a estos agregados, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, destacó que el texto incluye mecanismos de freno al gasto que permitirán contener el crecimiento de las obligaciones estatales. Según los números del Ministerio, estas trabas generarán un ahorro fiscal cercano a los 10.000 millones de reales hacia 2027.
En el terreno judicial, la Fiscalía General de la República respaldó las restricciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal sobre el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple condena de 27 años y tres meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones humanitarias.
El procurador general, Paulo Gonet, presentó un dictamen recomendándole a la Corte que rechace los recursos interpuestos por la defensa de Bolsonaro. De esta forma, la Fiscalía pide mantener firme la suspensión de las visitas de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, dispuesta por el juez Alexandre de Moraes. La sanción se originó cuando el legislador hizo pública en redes sociales una carta que su padre le había entregado en persona en la que respaldaba su precandidatura presidencial.
La defensa pretendía habilitar nuevamente los encuentros invocando el lazo familiar y la condición de abogado que el senador ejerce sobre su padre. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que la prisión domiciliaria no exime al condenado del cumplimiento de las pautas fijadas y que el expresidente cuenta con un equipo legal que garantiza su defensa sin necesidad de ese contacto personal. Gonet también apoyó vetar la realización o difusión de declaraciones de índole político-electoral por parte de Bolsonaro hasta que concluyan las elecciones.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
