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NACIONALES
La 31ª Marcha del Silencio reunió ayer multitudes en Montevideo y decenas de localidades en el interior del país. La movilización, convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en reclamo de memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad la consigna fue: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.
La fecha recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El día anterior se había producido, también en Buenos Aires, la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff.
Como es tradición, la marcha partió sobre las 19:00 desde Jackson y avenida Rivera, donde se encuentra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina, y avanzó en silencio por 18 de Julio hasta Plaza Cagancha.
En el recorrido se leyeron los nombres de las 205 personas detenidas desaparecidas, 8 más que el año pasado, dado que la Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó la cifra la semana pasada, incorporando los casos de Luis Eduardo Bergés García, Aldeber Elgart y Antonio Cosimo Vulcano Díaz, Modesto Orestes Caballero Osuna, Ángel Eduardo González Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, María Mercedes Hourquebie de Francese y Eduardo Rosado Galarza.
Los manifestantes llevaron fotografías de los desaparecidos, margaritas a las que les faltaba un pétalo y el pabellón nacional.
El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a TV Ciudad que la marcha fue la culminación de un “nuevo esfuerzo” y destacó su carácter masivo en todo el país.
La organización reclama que el Poder Ejecutivo ordene formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información disponible sobre enterramientos clandestinos y archivos militares, porque “quedarse pasivamente esperando a que un militar brinde información, no funciona”, dijo Errandonea a Búsqueda.
Los familiares ven algunas señales positivas del gobierno pero también falta de acción. “Vemos pequeños avances”, dijo a ese medio el integrante del colectivo. Entre ellos mencionó la reanudación de la digitalización de archivos de inteligencia policial —que había quedado en suspenso durante el gobierno anterior— y nuevas disposiciones para trabajar sobre archivos del Ministerio de Defensa. “Eso es una buena señal. Hay avances, pero no los suficientes y no los sustanciales”, evaluó.
Ayer el Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó en redes sociales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dio la orden para abrir a la INDDHH archivos militares vinculados con el terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985.
La resolución, firmada el 4 de diciembre por la ministra Lazo, encomienda al Comando General del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias del ministerio «asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales» que puedan resultar relevantes para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.
La medida – destaca el MPP- busca hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 19.822, aprobada en 2019, que encomendó a la INDDHH la búsqueda de detenidos desaparecidos y le otorgó potestades legales para acceder a archivos públicos y privados vinculados al pasado reciente.
El dirigente frenteamplista Rafael Michelini reiteró ayer propuesta sobre cómo debe darse la orden del presidente Yamandú Orsi a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que posean sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Michelini había planteado esa idea a comienzos de este mes, durante un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República en homenaje a su padre, Zelmar Michelini.
Este miércoles, en la entrevista central, aquí, en En Perspectiva, Michelini profundizó en su sugerencia…
“Los familiares, en su última reunión con el presidente, le plantearon que dé la orden. Y en algún caso hemos transmitido que la orden hay que darla —yo estoy de acuerdo— para que entreguen la información. Pero esa orden tiene que ser con objetivos, con propósitos, y responsabilizando a determinado personal, tanto policial como militar, para que pongan su profesionalismo. Porque a veces nosotros no entendemos cómo se hacían las cosas. Y de esa manera creo que vamos a avanzar”.
Michelini volvió sobre su planteo ayer, en una rueda de prensa en el Cementerio Central, donde se colocó una ofrenda floral en recuerdo de Zelmar Michelini. Allí reclamó que el gobierno dé una “orden sustanciosa” a las Fuerzas Armadas para buscar archivos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Reiteró que no debe ser “una orden más”, sino una instrucción con “objetivo”, “propósito” y “fundamentos”, que involucre a personal militar y policial sensibilizado con el tema.
También respondió al comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien había dicho que la fuerza “no tiene nada para ocultar”. Ante esa afirmación, Michelini sostuvo que, “con más razón”, si no hay nada para ocultar, se deben entregar “todos los archivos correspondientes”. Agregó que el acceso a esa documentación es clave para ubicar restos de desaparecidos y dar respuestas a sus familias.
En las últimas horas, varios partidos políticos se manifestaron en relación con el 20 de mayo.
El Frente Amplio adhirió a la convocatoria de Madres y Familiares y llamó a participar en la Marcha del Silencio. En una declaración emitida el martes, la fuerza política sostuvo que no puede haber “una democracia plena” mientras persistan el ocultamiento, la impunidad y el silencio, y reclamó que el Estado garantice los recursos necesarios para avanzar en la búsqueda, la investigación y el acceso a la justicia.
El Partido Colorado emitió un comunicado ayer en el que reafirmó su compromiso con la verdad, la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la defensa de los derechos humanos. Señaló que la memoria y la búsqueda de la verdad “no pertenecen a un partido o a un sector”, sino que son una responsabilidad colectiva, y recordó la creación de la Comisión para la Paz durante el gobierno de Jorge Batlle como un hito para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
El Partido Nacional no emitió una declaración formal, pero publicó ayer un mensaje en sus redes sociales en recuerdo de Héctor Gutiérrez Ruiz, a quien definió como “símbolo de la democracia, la libertad y el compromiso con el país”. Además, difundió una carta de Wilson Ferreira Aldunate al dictador argentino Jorge Rafael Videla, fechada el 24 de mayo de 1976, en la que cuestionaba las omisiones del régimen argentino ante los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no emitió una declaración propia, pero reposteó el mensaje de un militante de su fuerza política que cuestionó que jóvenes del Frente Amplio y de los partidos Nacional, Colorado e Independiente participaran juntos ayer en la Marcha del Silencio. El texto sostiene que los dirigentes de los partidos tradicionales reaccionan con “alarma” cada vez que Cabildo Abierto da “apoyo al Frente Amplio en cuestiones administrativas de Gobierno”, pero, al mismo tiempo, “esconden muy bien las claudicaciones que constantemente realizan frente a la izquierda en la batalla cultural”.
El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también se expresó en redes sociales y ratificó su “más firme compromiso” con el “nunca más dictadura y terrorismo de Estado” y con la búsqueda de “verdad para los familiares de los desaparecidos”.
La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y el INAU firmaron un convenio para investigar la identidad y el origen de personas internadas en el ex Consejo del Niño entre 1968 y 1985. La presidenta del INAU, Claudia Romero, dijo que el objetivo es ayudar a quienes tengan dudas sobre su identidad u origen, o hayan sufrido vulneraciones de derechos durante la dictadura.
El acuerdo prevé crear una comisión interinstitucional y digitalizar documentos del organismo, antecesor del INAU, para facilitar el acceso a los llamados “archivos de vida”.
La titular de la Secretaría, Alejandra Casablanca, sostuvo que el convenio forma parte de las políticas de memoria y reparación del Estado, y busca contribuir a la verdad histórica y a las garantías de no repetición.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que el papa León XIV podría visitar Uruguay durante la primera quincena de noviembre, incluyendo la presencia en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres en la ciudad de Florida.
Según dijo, la información surge de fuentes del Vaticano a las que tuvo acceso, aunque aclaró que todavía falta la confirmación oficial del Poder Ejecutivo y de la Iglesia.
La eventual visita coincidiría con fechas cercanas a la tradicional peregrinación nacional en honor a la Virgen de los Treinta y Tres.
Enciso ya había enviado una invitación formal al papa León XIV para visitar Florida y el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres si se concreta un viaje a Uruguay.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, concurrió ayer a la Comisión de Trabajo de Diputados para explicar el proyecto de Ley de Empleo Integral que presentó el Poder Ejecutivo.
La iniciativa prevé usar fondos públicos para subsidiar entre 25% y 80% del salario en la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, como mayores de 50 años, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, jóvenes de entre 15 y 29 años que buscan su primera experiencia laboral, personas liberadas o que cumplen penas, y personas trans.
En rueda de prensa, Castillo aclaró que el proyecto no resolverá por sí solo todos los problemas del mercado laboral, sino que forma parte de una estrategia más amplia para promover el empleo y facilitar el acceso al trabajo.
“La ley no va a resolver todos los problemas de inequidades y desempleo que existen en el país. Hubo algunas consultas en torno a qué estaba pasando con las zonas de frontera: no es una ley que vaya a resolver los problemas de frontera, que existen desde tiempos inmemoriales. Simplemente es una iniciativa que coloca una propuesta más en materia de política activa de empleo con fondos públicos, a los efectos de fomentar la generación de contratos utilizando mecanismos de subsidio”.
Por su parte, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, escribió en redes sociales luego de escuchar la comparecencia del jerarca: “¡Hay que decir las cosas como son! Hoy recibimos en la Comisión de Trabajo al Ministro Juan Castillo para interiorizarnos en el proyecto del Frente Amplio que busca ampliar la Ley Integral de Empleo. ¿Y saben qué? Según el propio ministro, no hay nada nuevo. Lo vamos a apoyar porque entendemos que "algo es algo" y la gente necesita respuestas ya. Pero que quede claro, Uruguay no se arregla con soluciones paliativas. El país necesita la creación de empleo genuino que dé estabilidad a los uruguayos”, apuntó.
El senador nacionalista Martín Lema presentó un pedido de informes al Ministerio de Trabajo sobre el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el empleo en Uruguay.
Lema advirtió que estas herramientas ya generan reestructuras, reducción de personal y sustitución de tareas en varios sectores. Por eso pidió saber si el gobierno tiene estudios sobre los empleos más expuestos y medidas de reconversión laboral.
También consultó si hay programas para trabajadores mayores de 40 o 50 años y advirtió sobre posibles efectos en la sostenibilidad de la seguridad social.
La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, informó que la cartera trabaja junto a los sindicatos policiales en dos comisiones: una de Salud y Seguridad, y otra específica sobre Salud Mental. La medida se conoce luego de que el Sindicato Policial Nacional reclamara fortalecer las políticas de prevención y atención en salud mental dentro del Ministerio del Interior, ante las situaciones de estrés y desgaste que atraviesan los funcionarios.
Valverde se refirió al tema ayer, al ser consultada por el femicidio de la concejala de Los Cerrillos, Florencia Rodríguez. La mujer fue asesinada la semana pasada por su expareja, un policía de Montevideo que también mató a la nueva pareja de ella y luego se suicidó.
“Las circunstancias que rodean a estos hechos están siendo investigadas. Por supuesto que hay una perspectiva de la salud mental. En el Ministerio del Interior, desde la Ley de Presupuesto, estamos enfocados en esto, con la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, lo que era antes el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito. Además, convocamos a unidades del Ministerio del Interior y a sindicatos para trabajar en dos comisiones: una de Salud Mental y otra de Salud y Seguridad, para poder construir entre todos líneas para atender esto”.
El caso de Los Cerrillos se sumó a otro episodio ocurrido el pasado 10 de abril en Punta de Rieles, Montevideo, cuando otro efectivo policial asesinó con su arma de reglamento a su expareja y a los padres de ella, y luego también se quitó la vida.
La subsecretaria afirmó que, además de los aspectos vinculados a la salud mental, estos casos reflejan una cultura machista basada en vínculos de propiedad.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno confirmó la sentencia que rechazó la demanda de Carmela Hontou contra el periodista Nelson Fernández y el diario La Nación. Hontou reclamaba 95.000 dólares por daños y perjuicios por dos artículos publicados en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, que la vinculaban con la propagación del COVID-19 en Uruguay tras su regreso del exterior y su participación en actividades sociales.
El fallo sostuvo que a la información periodística no se le puede exigir “veracidad” absoluta, sino “verosimilitud”, especialmente en contextos de emergencia e interés público. También señaló que Hontou y su empresa, Cerro Laguna S.A., no solicitaron rectificación ni respuesta al medio ni al periodista.
La sentencia concluyó que no se probó real malicia, intención de dañar ni abuso del derecho a informar, por lo que entendió que La Nación y Fernández actuaron lícitamente.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se declaró en conflicto luego de evaluar las últimas negociaciones con la Asociación de Laboratorios Nacionales, en el marco de los Consejos de Salarios.
Según dijo a La Diaria la secretaria general del gremio, Zoya Franco, no hubo avances suficientes en reclamos centrales como horas de cuidados, recuperación salarial y ajustes vinculados a la inflación.
El sindicato convocó a un paro este jueves desde las 12:00 y se movilizará durante una reunión tripartita prevista para las 14:00 en la Dinatra. También mantiene el trabajo a reglamento, con suspensión de horas extras y cambios de sector o de tareas.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión 0,71%. El interbancario fondo sigue por encima de los $40 y operó en promedio a $40.015.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 2,49% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,80 para la compra y $41,20 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,030.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial tuvo una leve baja y cotizó en AR$ 1.397,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también disminuyó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.430,00.
El Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1633.
El precio en tiempo real de Bitcoin es de U$S 77.781,48. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una suba de 2,16% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).
El Bitcoin alcanzó su valor récord el 5 de octubre de 2025, dónde cotizó a U$S 126.198,07, impulsado por la valorización de las acciones estadounidenses y la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS
La Policía de Montevideo detuvo ayer a un hombre de 49 años investigado por varias denuncias de delitos sexuales contra adolescentes en la zona del Prado.
A partir de un llamado al 9-1-1, el sospechoso fue ubicado en Guaná y Joaquín Requena, en el barrio Cordón. No opuso resistencia y quedó a disposición de la Justicia.
Tiene nueve antecedentes penales y es investigado por siete denuncias. Fiscalía de Delitos Sexuales lo vincula con el abuso de una joven de 15 años ocurrido el 27 de abril en el Prado.
Dos homicidios se registraron anoche en distintos puntos de Montevideo.
Uno de los casos ocurrió en una vivienda de Unidad Casavalle, donde un hombre fue encontrado muerto en su cama con un cuchillo incrustado en el cuello. El hallazgo fue realizado por su hijastro, que dio aviso a la Policía.
El otro crimen ocurrió en la zona de Piedras Blancas. Según información primaria, una persona ingresó a la policlínica de Malinas con un disparo en la espalda y murió poco después.
El Departamento de Homicidios trabaja en ambos casos. De momento, las víctimas no fueron identificadas.
Además, murió ayer un joven de 24 años que había sido baleado el martes en el barrio 17 de Junio, en Montevideo.
Según informó Telemundo, la víctima fue llevada primero a la policlínica Badano Repetto con dos heridas de arma de fuego en el abdomen y luego trasladada grave al Hospital Pasteur. Tras su fallecimiento, el caso pasó a ser investigado por Homicidios y Fiscalía.
INTERNACIONALES
Estados Unidos inculpó ayer al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
A Castro Estados Unidos le atribuye responsabilidad en el asesinato de cuatro personas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.
Estados Unidos "no olvida a sus ciudadanos", proclamó el Fiscal General, Todd Blanche, en rueda de prensa en Miami ante la comunidad de origen cubano.
“Hoy anunciamos una acusación imputando a Raúl Castro y a varios otros de conspiración para matar a estadounidenses”.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la inculpación por Estados Unidos al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 es una "acción política" sin "basamento jurídico" que busca justificar una "agresión militar" a la isla.
"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba", escribió en redes Díaz-Canel.
El mandatario subrayó que Cuba actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales".
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial difundido ayer, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.
El video muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español.
"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", dijo el secretario de Estado.
“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible o alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.
El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, conversaron ayer por la noche mientras tomaban el té en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.
Según la agencia china Xinhua, el mandatario chino dijo que a lo largo de los años, él y Putin mantuvieron intercambios frecuentes y cercanos, y de forma conjunta crearon un nuevo modelo de relaciones entre grandes países caracterizado por el respeto mutuo, la equidad y la justicia, así como por la cooperación de ganancia compartida, inyectando la estabilidad a un mundo cambiante y turbulento.
Al señalar que las dos partes han alcanzado un nuevo consenso importante sobre la promoción de la asociación de coordinación estratégica integral China-Rusia, Xi expresó la confianza en que con los esfuerzos incansables de ambas partes, las relaciones entre los dos países sin duda aprovecharán el impulso del desarrollo de alta calidad y alcanzarán nuevas alturas.
Por otro lado, el mandatario ruso elogió la visita como pragmática, eficiente y fructífera, y dijo que él y Xi revisaron el desarrollo de las relaciones Rusia-China, sostuvieron intercambios profundos de puntos de vista sobre una amplia gama de temas y trazaron el rumbo para la cooperación futura, lo que ayudará a garantizar un fuerte impulso para la relación bilateral.
Rusia espera mantener una comunicación estrecha con China, fortalecer la coordinación estratégica y hacer nuevas contribuciones a la paz y la prosperidad mundiales a través de la certidumbre y la estabilidad de las relaciones entre Rusia y China, expresó Putin.
En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Teherán están "en el límite" entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques contra Irán.
Trump ha dado señales contradictorias desde que anunció el lunes que había cancelado la reanudación de los ataques para dar tiempo a las negociaciones, oscilando entre el optimismo sobre un acuerdo y las amenazas de más acciones.
"Está justo en el límite, créanme", dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, cuando le preguntaron en qué punto se encontraban las conversaciones con Irán.
"Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos para actuar. Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser respuestas completamente buenas, al cien por ciento", explicó.
Irán "examina" una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, mediador en estas conversaciones entre los dos países beligerantes, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando", declaró en la televisión estatal el portavoz del Ministerio, Esmail Bagai, que expresó su "gran desconfianza" hacia Washington.
El portavoz reiteró las exigencias de la república islámica: "el desbloqueo de los activos iraníes congelados" en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.
En Israel, el ministro de Seguridad publicó un video en el que se observa a activistas detenidos de una flotilla con destino a Gaza arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo, lo que desató condenas internacionales.
El video, compartido en redes por el ministro israelí, Itamar Ben Gvir, se publicó después de que las fuerzas de ese país interceptaran los barcos de la flotilla en el mar y comenzaran a detener a cientos de activistas extranjeros en el puerto sureño de Ashdod.
El video suscitó condena internacional y también dentro de Israel, donde Ben Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores. "Israel tiene pleno derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza", declaró Netanyahu en un comunicado. "Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y las normas de Israel".
Además, Netanyahu pidió que los activistas sean expulsados "cuanto antes".
Bajo el mensaje "Bienvenidos a Israel", en las tomas, se ve a decenas de activistas en la cubierta de un barco militar, con el himno de Israel sonando de fondo y al ministro ondeando la bandera nacional.
Mike Huckabee, embajador en Israel de Estados Unidos, el principal aliado del país, calificó como "despreciables" las acciones del ministro israelí.
Entre las reacciones de estupor, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió "disculpas" a Israel por el trato "monstruoso, inhumano e indigno" a estos activistas, entre ellos una cuarentena de españoles.
En Estados Unidos el gobierno levantó las sanciones que había dispuesto contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, en cumplimiento de una orden judicial.
Un aviso publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro comunicó que se eliminó la aplicación de sanciones a Albanese, incluida en una lista negra a nivel mundial que le impedía usar las principales tarjetas de crédito o realizar operaciones bancarias.
Albanese, de nacionalidad italiana, ha sido una férrea crítica del trato de Israel hacia los palestinos en su función como relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados.
La semana pasada, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Richard Leon, dictó una medida cautelar contra las sanciones.
Cuando se anunciaron las sanciones contra Albanese en julio del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que ella ha "escupido un antisemitismo descarado, expresado apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente".
Albanese niega estas acusaciones de antisemitismo, que también han sido formuladas por Israel.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respaldó al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero imputado por tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En el Parlamento, Sánchez descartó un adelanto electoral después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidiera su dimisión un día después de que se conociera la imputación de Zapatero.
“Mire señor Feijóo: toda la colaboración con la Justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”.
Feijóo preguntó a Sánchez qué influencia tuvo el expresidente socialista en su gobierno y lo acusó de ser el líder de un gobierno corrupto.
En Perú, la derechista Keiko Fujimori supera en intención de voto al izquierdista Roberto Sánchez para el balotaje presidencial del 7 de junio, según un sondeo difundido ayer.
La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori es la favorita con 39% de intención de voto, mientras que Sánchez marca el 35%, señala la encuesta de Ipsos publicada por el diario Perú 21.
Un 14% votaría en blanco o nulo y otro 12% aún no define su opción electoral, de acuerdo a la segunda medición que realiza Ipsos desde la primera vuelta del 12 de abril.
Fujimori subió un punto porcentual y Sánchez bajó tres puntos en comparación a la primera encuesta, publicada el 24 de abril.
EN LA REGIÓN
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que hará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales, en un intento por apaciguar las protestas que exigen su renuncia a solo seis meses de haber asumido el poder.
Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
En su primera aparición ante la prensa en casi una semana, el mandatario también anunció la conformación de un "consejo económico y social", una instancia para consensuar el rumbo que su gestión plantea para el país.
"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes".
En la rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, en La Paz, el mandatario no precisó cuándo se realizarán los ajustes en su equipo.
En la mañana de ayer, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que grupos en las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional".
En Venezuela, activistas de derechos humanos y familiares exigieron la destitución de autoridades penitenciarias por la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia, varios de ellos sometidos a desaparición forzada.
La manifestación tuvo lugar en medio de la promesa de 300 nuevas excarcelaciones de presos políticos, hecha por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.
La ONG Foro Penal estima que al menos 20 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2014.
"El ministro actual (Julio Zerpa) tiene total responsabilidad por estas muertes y las de otros presos que han muerto bajo custodia del Estado", dijo Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). Zerpa fue designado por Maduro en junio de 2024.
Unas cien personas caminaron hasta el ministerio de servicios penitenciarios en Caracas. Varios cubrieron sus bocas con cinta adhesiva por tratarse de una "marcha en silencio".
Manifestantes cargaron un ataúd simbólico con los nombres de los fallecidos. "Ni uno más", se leía en una de las pancartas.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei logró aprobar en la Cámara de Diputados el recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones.
La propuesta del Poder Ejecutivo propone pasar de un sistema masivo, basado en criterios geográficos, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. A cambio, el gobierno se comprometió a subsidiar la energía eléctrica en provincias del norte y el litoral.
La iniciativa contó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.
Además, La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron la denominada Ley Hojarasca -que elimina leyes obsoletas- y una decena de tratados internacionales.
Por otro lado, legisladores del partido de Milei bloquearon sin mayores sobresaltos la convocatoria de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó dos decretos presidenciales de gran alcance destinados a regular el funcionamiento de las redes sociales. El objetivo del Poder Ejecutivo es operativizar y poner en práctica las obligaciones que habían sido fijadas por el Supremo Tribunal Federal en 2025.
Aquel fallo de la máxima corte brasileña había determinado que las plataformas digitales tienen una mayor responsabilidad civil por los contenidos delictivos publicados por terceros, especialmente cuando se constatan fallas sistémicas en su moderación. Sin embargo, hasta el momento el dictamen carecía de efectividad real porque no se había establecido qué organismo del Estado se encargaría de la fiscalización.
A partir de ahora, la elegida para asumir este rol de regulador es la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano con autonomía vinculado al Ministerio de Justicia. Esta entidad pública tendrá la potestad de auditar a las multinacionales tecnológicas, exigirles informes y, fundamentalmente, aplicar severas sanciones administrativas que no requieran intervención de los jueces.
Las penalidades previstas en el Marco Civil de Internet no son menores: incluyen multas que pueden alcanzar el diez por ciento de la facturación del grupo económico en Brasil, la suspensión temporal de las actividades o directamente la prohibición de operar.
Los decretos, que entrarán en vigencia en un plazo de sesenta días, ponen especial foco en dos áreas críticas.
Por un lado, la actualización del Marco Civil exige a las empresas una moderación proactiva y sistemática contra crímenes graves, como el terrorismo, el racismo, la incitación al suicidio y los delitos antidemocráticos. Por el otro, el texto enfocado en el combate a la violencia de género determina que las empresas deberán retirar de forma obligatoria los contenidos de desnudez no consentida en un plazo máximo de dos horas tras la denuncia de la víctima, al tiempo que les prohíbe de manera taxativa la generación de pornografía sintética mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
Precisamente, durante el acto oficial en el Palacio del Planalto, el presidente Lula da Silva fundamentó la necesidad de esta fiscalización estatal frente al vacío legal que arrastraba el tema.
El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó formalmente al gobierno federal activar de forma inmediata todas las providencias necesarias para concretar la extradición de la ex diputada Carla Zambelli, una de las figuras más visibles del ala dura del bolsonarismo.
Zambelli permanece detenida en Italia desde mediados del año pasado.
La Corte de Apelación de Roma ya concedió el visto bueno a la extradición en dos sentencias firmes que responden a las condenas ratificadas por la máxima corte brasileña. La exparlamentaria acumula en su país penas que suman quince años de prisión.
Fue condenada a diez años de penitenciaría por la invasión ilegal de los sistemas informáticos del Consejo Nacional de Justicia, donde implantó una orden de arresto falsa contra el propio juez Moraes, y a otros cinco años y tres meses por un recordado incidente en la víspera de las elecciones de 2022, cuando persiguió a un ciudadano apuntándole con un arma de fuego en pleno centro de San Pablo.
Pese a los recursos interpuestos por la defensa, que alegaba una supuesta persecución política, la justicia italiana desestimó los reclamos basándose en el tratado bilateral vigente desde la década de 1990.
Tras la notificación de Moraes, la Cancillería y el Ministerio de Justicia deberán coordinar el traslado de la exparlamentaria, quien al pisar suelo brasileño será recluida de forma inmediata en la Penitenciaría Femenina del Distrito Federal.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
