Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
NACIONALES
La economía uruguaya se contrajo 0,8% en el segundo trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, según los datos desestacionalizados divulgados ayer por el Banco Central (BCU). En la comparación interanual, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,5%. Antes de conocerse estos datos, los analistas consultados por el BCU habían reducido a 1% su previsión de crecimiento para todo el año.
El principal factor detrás del retroceso fue el sector Agropecuario, Pesca y Minería, cuya actividad cayó 13% frente al trimestre anterior y 22,2% en términos interanuales. El BCU atribuyó el resultado principalmente al bajo rendimiento de la soja durante la zafra 2025/2026 como consecuencia de la sequía, además de una menor actividad pecuaria. En contrapartida, la construcción creció 4,2% interanual, el comercio, alojamiento y gastronomía 2,8%, los servicios financieros 2,3% y la industria manufacturera 1,9%.
Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares aumentó 2,6% interanual y la inversión creció 9,5% interanual, impulsada por la compra de maquinaria y las obras vinculadas, entre otros proyectos, a un centro de datos e infraestructura energética. Sin embargo, las exportaciones disminuyeron 3,9%, principalmente por menores ventas de soja, carne y vehículos, mientras que las importaciones aumentaron 7,8%.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA
El gobierno uruguayo negó que exista un proyecto presentado ante las autoridades para instalar un cable submarino de telecomunicaciones entre las islas Malvinas y las costas de Maldonado, luego de que una investigación de elDiarioAR informara sobre las actividades del buque holandés Fugro Supporter. La embarcación realizó varias escalas en Montevideo entre 2025 y 2026 y posteriormente navegó hacia las islas.
La empresa Fugro sostuvo que las tareas del barco no estuvieron relacionadas con la explotación de hidrocarburos y que se limitaron al análisis del fondo marino para un proyecto de telecomunicaciones. Un sitio de noticias de las islas había señalado que un eventual cable con Uruguay tendría unos 2.000 kilómetros de extensión, demandaría una inversión cercana a US$ 115 millones y tendría costos operativos de aproximadamente US$ 3,5 millones anuales.
Fuentes del gobierno dijeron a la diaria que Uruguay “no tiene ni recibió ningún proyecto” relacionado con Malvinas y Cancillería señaló que, según la información disponible, la iniciativa “no existe”. A su vez, un jerarca del Ministerio de Industria aseguró que la comisión interinstitucional encargada de tramitar este tipo de proyectos no recibió ninguna solicitud para instalar un cable con destino a las islas ni tiene un procedimiento de esas características en curso.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, defendió la presencia en la Expo Prado del stand de la Embajada del Reino Unido que incluye referencias a las islas Malvinas como Falkland Islands y aseguró que ese espacio “no tiene actividad proselitista”. La instalación generó un reclamo de la Embajada argentina ante la Cancillería uruguaya.
“Nosotros le damos un stand al Reino Unido que no tiene actividad proselitista. Lo mismo que no le daríamos a un partido político, no le damos a alguien que haga actividades de ese tipo. El Estado uruguayo tiene relaciones con Reino Unido y nosotros no somos quienes para decirle qué puede hacer y que no mientras se mantenga dentro de nuestras reglas que son comerciales. Así se ha aplicado todos estos años y así se ha entendido”.
Ferber agregó que la representación argentina plantea regularmente un reclamo por este tema ante las autoridades de la Rural, y que la institución es “sensible” a la posición de Buenos Aires sobre la soberanía de las islas.
Argentina había solicitado a la Cancillería que exhortara a las autoridades uruguayas a no mantener contactos oficiales con representantes de las islas y objetó la exhibición de material que considera de contenido político y contrario al reclamo argentino de soberanía. También pidió que se trasladara a la ARU su rechazo a contenidos de carácter jurisdiccional que, según sostuvo, no coinciden con la posición histórica de Uruguay sobre Malvinas.
El Tribunal de Instancia de la ciudad de Vigo, España, archivó provisionalmente la denuncia por estafa presentada por Mario Cardama contra los intermediarios que le habrían conseguido la garantía falsa de EuroCommerce Bank utilizada en el contrato con Uruguay para construir dos patrulleras oceánicas por 82 millones de euros. Según informó Búsqueda, la decisión, que fue adoptada el 21 de mayo, se basó en que existe una investigación penal abierta en nuestro país por los mismos hechos y no fue recurrida por el empresario español.
Cardama había presentado la denuncia en diciembre de 2025, meses después de que el gobierno de Yamandú Orsi denunciara ante la Justicia uruguaya un presunto fraude relacionado con el aval de 4,1 millones de euros. El empresario sostiene que también fue víctima de una estafa y señaló como posibles responsables o partícipes a intermediarios vinculados a Forum Europe, Star Alliance Consulting y EuroCommerce.
Según su denuncia, pagó 30.000 euros más IVA a Forum Europe por la intermediación, 123.405 euros a EuroCommerce por la emisión del aval y 36.000 euros más IVA a Star Alliance por una renovación de la garantía que finalmente resultó frustrada.
La investigación uruguaya comenzó el 24 de octubre de 2025, luego de que el gobierno intentara ejecutar el aval y detectara irregularidades en EuroCommerce, que posteriormente fue eliminada del registro comercial británico. El Poder Ejecutivo presentó desde entonces varias ampliaciones de la denuncia y el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez comenzó a tomar declaración a testigos. Cardama, en tanto, incorporó su denuncia española al arbitraje internacional que inició contra Uruguay por la rescisión del contrato de las OPV, presentado el 28 de abril, casi un mes antes de que la causa en Vigo fuera archivada.
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La empresa Colonia Express lanzó una campaña de recolección de firmas para respaldar la puesta en marcha de su nueva conexión directa entre Montevideo y Buenos Aires, en momentos en que mantiene una disputa con Buquebus por las condiciones para operar en el puerto capitalino.
La compañía difundió en sus redes sociales una petición publicada en Change.org, que hasta este lunes había reunido más de 9.770 adhesiones, con el objetivo de demostrar ante las autoridades que existe demanda para incorporar un segundo operador en la ruta.
En la petición sostiene que el Montevideo Express permitiría aumentar la competencia, ofrecer alternativas de precios y atender una demanda creciente de pasajeros entre ambas capitales.
Colonia Express obtuvo el 30 de julio la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para realizar el servicio con el catamarán Montevideo Express, con capacidad para unos 600 pasajeros. Sin embargo, todavía no fueron definidos los horarios de las frecuencias porque existe un problema de infraestructura en el puerto de Montevideo: para embarcar y desembarcar vehículos el buque necesita utilizar un pontón, una plataforma flotante que permite conectar el barco con el muelle, y el único disponible en el muelle Maciel pertenece a Buquebus, actual operador de la ruta directa entre las dos capitales.
Según explicó el director de Colonia Express, Sebastián Planas, tampoco habría espacio disponible en la terminal para instalar un segundo pontón, por lo que la Administración Nacional de Puertos (ANP) debe encontrar una alternativa que permita hacer efectiva la autorización concedida por el MTOP.
La definición involucra además las condiciones en las que Colonia Express podría utilizar la infraestructura propiedad de su competidora, incluido el precio que eventualmente debería pagar por su uso.
En una consulta realizada por En Perspectiva, Colonia Express confirmó que la autorización otorgada por el MTOP continúa vigente y señaló que, si no se encuentra una solución que le permita comenzar a operar, analiza recurrir a la Justicia contra el ministerio y la ANP.
Buquebus, por su parte, impugnó la resolución del MTOP que autorizó a Colonia Express a operar la ruta y solicitó que sea anulada. Subsidiariamente, pidió que el permiso quede condicionado a que se demuestre que el puerto tiene capacidad real para dos operadores simultáneos y a que, antes de aprobar las frecuencias, ambas compañías acuerden el precio que Colonia Express deberá pagar por utilizar el pontón.
MÁS NOTICIAS
El presidente Yamandú Orsi confirmó 40 millones de pesos para terminar de financiar la ampliación del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Udelar, en Salto.
El anuncio se conoció después de una reunión que el mandatario mantuvo este martes con el rector Héctor Cancela. Los fondos, provenientes de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no se otorgarán por la vía del presupuesto universitario, sino mediante aportes destinados a completar la financiación de las obras.
El proyecto prevé un nuevo edificio de unos 1.400 metros cuadrados, necesario para extender los desarrollos educativos y tecnológicos del Cenur en la región. La Udelar ya había conseguido aproximadamente 80 por ciento del financiamiento edilicio y estos 40 millones permitirían completar el costo.
En el encuentro también se abordó el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina. Cancela dijo que Orsi planteó la necesidad de trabajar sobre los “círculos de violencia”: situaciones que se reproducen en distintos ámbitos y pasan de una generación a otra. El presidente propuso buscar mecanismos para interrumpir esos ciclos.
La Cámara de Diputados rechazó ayer la creación de una comisión investigadora sobre los archivos de Jeffrey Epstein y las vacunas contra el Covid 19, solicitada por Gustavo y Nicole Salle.
La mayoría argumentó que la propuesta tenía una amplitud extraordinaria y que trascendía las fronteras del territorio nacional.
El informe recordó que, según la ley que regula estas comisiones, su cometido es investigar situaciones ilícitas o irregulares vinculadas con la actividad administrativa del Poder Ejecutivo.
Gustavo Salle cuestionó la decisión y afirmó que implicaba subestimar al Parlamento y a la ciudadanía.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuestionó ayer que la oposición vuelva a impulsar la habilitación de los allanamientos nocturnos pese a que la ciudadanía ya rechazó esa posibilidad en dos plebiscitos.
“Obviamente que todos los temas pueden ser debatibles. Lo que sí me llama la atención es que cuando se discuten temas como el voto de los uruguayos en el exterior o los plebiscitos relacionados con delitos cometidos durante la dictadura se dice una y otra vez por parte de la oposición que eso ya fue laudado dos veces. Cuando se trata de los temas que ellos impulsan, aunque ya haya habido dos pronunciamientos negativos siguen insistiendo”.
Hablando en conferencia de prensa, el jerarca sostuvo que una eventual solución debería surgir de un consenso entre los partidos y afirmó que quedó demostrado que las “soluciones mágicas impulsadas de uno u otro sector no funcionan”.
La semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro, había señalado que se trata de un asunto “muy debatible”, mientras Orsi manifestó que no se negará a analizar propuestas que puedan contribuir a mejorar la seguridad.
El tema volvió al debate después de que el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propusiera al presidente Yamandú Orsi crear una comisión multipartidaria para elaborar una ley constitucional.
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio respaldó ayer a la senadora Blanca Rodríguez luego de las críticas que recibió por plantear la necesidad de penalizar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación. La fuerza política sostuvo que la legisladora fue objeto de una “campaña de descalificación y desprestigio” a partir de lo que consideró una tergiversación de sus declaraciones.
La polémica comenzó después de que Rodríguez afirmara durante una actividad en San José que “hay que penalizar los discursos de odio” y aclarara posteriormente que se refería a expresiones violentas en cualquier ámbito y no únicamente a las relacionadas con la política. También indicó que actualmente no existe un proyecto de ley presentado y que el asunto se encuentra en discusión.
Dirigentes de la oposición cuestionaron sus declaraciones. El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo sostuvo que el Estado no puede castigar una idea por considerarla odiosa, mientras que el senador colorado Andrés Ojeda señaló que ya existe legislación sobre la materia. El FA calificó las críticas dirigidas a Rodríguez como “violencia política basada en género” y exhortó a los partidos a abandonar el insulto, el agravio y la confrontación violenta.
La Justicia condenará hoy a Marcos Ledesma, pareja de Jairo Larrarte, por encubrir las maniobras con el fondo ganadero Grupo Larrarte. La pena, alcanzada mediante un acuerdo abreviado, será de 24 meses, de los cuales diez se cumplirán en prisión efectiva y el resto mediante medidas alternativas.
De acuerdo con los elementos reunidos por Fiscalía, Ledesma encubrió la maniobra de Larrarte, basada en la apropiación indebida de los fondos de decenas de damnificados que habían confiado sus ahorros al empresario para invertir.
Jairo Larrarte fue condenado en setiembre de 2025 a tres años y ocho meses de prisión efectiva. El empresario había sido imputado por un delito continuado de estafa, un delito de apropiación indebida y otro de libramiento de cheques sin fondos, en régimen de reiteración real.
El Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno rechazó por unanimidad el planteo de prescripción presentado por la defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera y confirmó la resolución adoptada en julio por la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera. La decisión permite que la causa por la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial continúe hacia el juicio oral.
La defensa pretendía que se declararan prescriptos los hechos anteriores al 11 de junio de 2015, al considerar que había transcurrido el plazo de diez años cuando Carrera fue formalizado. Fiscalía sostiene, en cambio, que las distintas conductas atribuidas al exjerarca integran delitos continuados y que, por lo tanto, el plazo debe contarse desde la última acción. Según informó El País, el Tribunal entendió que la jueza fundamentó suficientemente su decisión y señaló que la discusión sobre la continuidad de los delitos deberá resolverse durante el juicio.
Carrera está acusado de un delito continuado de fraude y otro de utilización indebida de información privilegiada. La fiscal Sandra Fleitas pidió cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 UR. Fiscalía sostiene que Carrera ordenó la atención de Hernández en el Hospital Policial y autorizó la entrega mensual de tickets de alimentación, mientras que la defensa niega que haya dispuesto la internación y atribuye esa decisión al entonces ministro Eduardo Bonomi.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el gobierno presentó ayer en la Expo Prado los principales lineamientos de la Estrategia Nacional de Riego, destinada a ampliar la infraestructura hídrica mediante inversión privada acompañada de estímulos públicos.
Tabaré Aguerre, presidente de la Comisión para asuntos de Riego, explicó en rueda de prensa que entre las medidas anunciadas se encuentra la creación de una ventanilla única para agilizar los proyectos de inversión en riego y la actualización de los incentivos fiscales.
“El riego se ha desarrollado en Uruguay sobre la base de la inversión privada y la propuesta es que siga siendo una inversión privada promovida con importantes beneficios en el ámbito de la Comap, es decir, deducciones de impuestos a la renta. La lógica es, el privado hace la inversión y el Estado, ¿cómo participa? Participa dejando de cobrar impuestos a la renta en los años siguientes, como muchas otras actividades. También se decidieron cambios en las tarifas energéticas, se crea una tarifa zafral de riego que incorpora mejores condiciones, que reduce los costos fijos y que aumenta el número de kilowatts por el cual un consumidor pasa de mediano consumidor a gran consumidor, que eso implica un costo importante en el costo fijo de riego. Eso pasó de 250 kilowatts a 850 kilowatts”.
En particular, la estrategia también busca fomentar proyectos colectivos de almacenamiento y utilización del agua. Para ello, se reglamentarán beneficios fiscales previstos en la Ley de Riego para asociaciones de productores y el Ministerio de Ambiente prepara un decreto que facilitará los permisos para proyectos multiprediales que compartan reservas de agua.
En el mercado local, el dólar bajó ayer, en esta ocasión 0,07%. El interbancario fondo operó en promedio a $40,191.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 2,95% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,00 para la compra y $41,40 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,149.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial tuvo una leve baja y cotizó en AR$ 1.506,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) tuvo una leve suba y cotizó en el entorno de los AR$ 1.560,00.
El Euro disminuyó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1542.
Los precios del petróleo siguen superando los 100 dólares. Las preocupaciones sobre el suministro siguen ligadas a la guerra entre Estados Unidos e Irán y a las perturbaciones en torno al estrecho de Ormuz, mientras que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita sigue afectado por los ataques.
En este momento, el barril de Brent del mar del Norte, referente del mercado mundial, cotiza a 107,62 dólares.
Mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cotiza a 103,74 dólares.
OTRAS NOTICIAS
La Justicia condenó a ocho de los nueve policías detenidos en el marco de la investigación de la denominada “red de los caranchos”, mientras que un noveno funcionario rechazó un acuerdo abreviado, fue imputado y continuará sometido al proceso judicial ordinario. Los ocho uniformados recibieron penas de entre 14 y 24 meses de prisión.
Los policías fueron condenados por delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado, uso de información privilegiada y alteración de documento público. Con estas sentencias, la investigación acumula 18 personas condenadas y otras tres formalizadas, aunque los investigadores estiman que la organización podría involucrar a unas 60 personas, entre funcionarios públicos, abogados y gestores.
Según la investigación fiscal, la red obtenía información sobre personas involucradas en siniestros de tránsito para que abogados las contactaran y gestionaran reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), quedándose con parte de las indemnizaciones. La investigación avanzó después de la denuncia de un accidentado que afirmó haber recibido amenazas al intentar dejar de trabajar con los abogados que gestionaban su caso.
La Justicia imputó ayer a un hombre de 40 años por intentar matar a su pareja, una mujer de 56, durante un episodio ocurrido el viernes pasado en la zona de camino Los Carpinchos y camino Melilla. El acusado, que se entregó a la Policía el lunes después de permanecer prófugo, deberá cumplir prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2027.
Según informó el Ministerio del Interior, luego de una discusión el hombre tomó un arma y efectuó tres disparos contra la mujer, que resultó herida en un brazo y en la espalda. Posteriormente la encerró en una habitación e intentó prender fuego la vivienda. Las llamas también alcanzaron un galpón y destruyeron la casa de otro hombre que alquilaba en el mismo terreno.
La víctima consiguió sobrevivir y permanece internada. Fiscalía imputó al hombre por la presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio, y un delito de incendio, ambos en régimen de reiteración real y en grado de tentativa.
INTERNACIONALES
Después de que Estados Unidos confirmara por primera vez que tiene armamento desplegado en órbita, China advirtió ayer sobre el riesgo de convertir el espacio en un "campo de batalla".
"Estados Unidos dispone de armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", indicó el lunes un portavoz de la Fuerza Espacial estadounidense en un comunicado.
La nota estadounidense no ofreció detalles sobre qué armas han sido desplegadas en el espacio ni sobre cuántas hay.
El ministerio chino de Relaciones Exteriores se opuso a la medida y advirtió contra la "militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística en ese ámbito".
Rusia, por su parte, pidió que el espacio permanezca "libre de cualquier arma".
Las empresas OpenAI, Anthropic y Google DeepMind trabajan en la creación de un organismo de supervisión de los riesgos asociados a la inteligencia artificial, en medio de crecientes llamados a mejorar los controles de esta tecnología.
Las preocupaciones sobre la seguridad de la IA se han intensificado en las últimas semanas.
Dos trabajadores renunciaron a importantes desarrolladoras de IA al advertir la amenaza contra la humanidad que implica esta industria.
La idea de una entidad de supervisión surgió de una propuesta de Demis Hassabis, de Google DeepMind, para crear un organismo inspirado en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), que supervisa a los corredores y firmas de inversión en Estados Unidos.
En Estados Unidos, un exempleado de Google DeepMind que renunció recientemente advirtió que la inteligencia artificial (IA) tiene "el potencial de matarnos a todos", ya que se vuelve más poderosa y difícil de controlar.
"Creo sinceramente que la IA tiene el potencial de matarnos a todos y que quizá se nos esté acabando el tiempo para evitar ese desenlace", declaró en un redes Bilal Chughtai, un ingeniero que dejó en julio Google DeepMind donde trabajaba en la seguridad y alineamiento de modelos con respecto a los valores humanos.
El experto se hizo eco así de la alerta lanzada hace una semana por otro informático, Jacob Coxon, que dejó Anthropic y trabajó antes en OpenAI.
Durante la cumbre de ministros de Energía del G20, Estados Unidos expuso un cambio radical en su política en esta materia.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció en medio de la cumbre el fin de algunos de los límites de emisiones para las centrales eléctricas de gas y carbón.
El organismo justificó la decisión ante la creciente demanda de electricidad impulsada por las necesidades de la inteligencia artificial (IA).
Trump abogó en 2025 por la "perforación sin restricciones", un pedido que se intensificó con la guerra que lanzó con Israel contra Irán el 28 de febrero.
"El presidente Trump quiere que el mundo entero evite verse obligado a centrarse en una región (Oriente Medio) plagada de un ciclo de perturbaciones vinculado a cuellos de botella geográficos", admitió Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.
Arabia Saudita y Egipto exigieron ayer la libertad de navegación en el mar Rojo después de que el primero de los dos países prometiera una respuesta firme a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, que controlan una de las entradas a esta estratégica ruta.
En una ofensiva relámpago, los hutíes lograron tomar el control de todo el territorio yemenita sobre el mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, lo que puso en jaque a Arabia Saudita que para sus exportaciones de hidrocarburos dependía de este paso que conecta el océano Índico y el mar Mediterráneo.
Con sus infraestructuras petroleras bajo ataque, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán viajó a El Cairo para ver al presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi y buscar apoyos diplomáticos.
Los dos dirigentes "enfatizaron en la importancia de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima" a través de los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, informó la presidencia egipcia.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo apoyado por Irán que desmintió esa información.
"El martes 15 de septiembre de 2026, las Fuerzas Reales Sauditas de Defensa Aérea lograron interceptar y destruir un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada" del islam, escribió la alianza en un comunicado.
"El dron fue interceptado al sur de la ciudad de La Meca", informaron.
Los hutíes calificaron de "mentira" la versión de Riad. "Las acusaciones sobre el supuesto ataque contra La Meca son una mentira trillada, ya utilizada anteriormente, que ya no engaña a nadie", escribió en redes un líder hutí.
En Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que la guerra con Irán costó alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto.
Dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2.000 y 3.000 millones de dólares o más si la guerra continúa.
Las cifras reflejan el costo de reemplazar las municiones gastadas y el equipo perdido en combate, así como el aumento de los precios de combustible para las fuerzas armadas, entre otros factores, señaló el informe.
Italia anunció que prolongó por otros 15 días los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España, lo que provocó una medida recíproca de Madrid en el marco de la disputa entre estos dos Estados miembros de la Unión Europea.
El Ministerio del Interior italiano indicó en un comunicado que esta prolongación era necesaria, tras las evaluaciones realizadas por un comité encargado de la seguridad fronteriza.
La confrontación diplomática se mantiene desde el 1 de agosto, cuando el Ministerio del Interior italiano implementó estas medidas temporales después de que miles de migrantes procedentes de Marruecos irrumpieran en el enclave español de Ceuta a finales de julio.
La suspensión inicial de un mes por parte de Roma del acuerdo de libre circulación de Schengen con España, condenada por Madrid y otros países de la UE, llevó a España a imponer una suspensión recíproca a los viajeros italianos.
Dinamarca acusó a Rusia de haber disparado dos bengalas hacia uno de sus helicópteros sobre el mar Báltico.
Dinamarca aseguró que uno de sus helicópteros realizaba una operación fotográfica de rutina cerca de una fragata rusa localizada en aguas internacionales cuando "fue blanco" de bengalas disparadas por el buque de guerra.
"Las acciones rusas tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia", afirmó la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que lo calificó de acto "irresponsable".
"Según el ejército danés, el incidente ocurrió el lunes por la noche, frente a la costa de Gedser, la ciudad más al sur de Dinamarca.
En Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski dijo que planea tomar decisiones impopulares y difíciles para recortar el enorme déficit presupuestario del país, sumido en una guerra con Rusia desde febrero de 2022.
El déficit está marcado en particular por una brecha de 26.500 millones de dólares en gasto militar.
Zelenski baraja siete fórmulas presupuestarias que afirma son "necesarias para financiar el déficit del presupuesto del estado".
"Algunas cosas pueden ser difíciles, pueden ser impopulares y desagradables. Pero justo ahora, sin estas medidas, es imposible asegurar las necesidades totales de nuestra defensa y la resiliencia de Ucrania", dijo el mandatario en su alocución diaria al país en redes sociales.
Un empresario ruso con vínculos con el Kremlin pagó por las celebraciones luego de la boda del hijo mayor del presidente Donald Trump y de su esposa, confirmó la pareja.
Donald Trump Jr. y Bettina Trump dijeron en una publicación conjunta en Instagram que su "querido amigo" Umar Kremlev "organizó muy generosamente dos noches increíbles" de festejos en las Bahamas en mayo.
Antes de la publicación, el sitio web de investigación ProPublica informó que Kremlev pagó las cuentas de cientos de miles de dólares por las fiestas.
"Fue un regalo de boda extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que seguimos estando increíblemente agradecidos", decía la publicación de Bettina y Don Jr.
En el Reino Unido, la declaración conjunta de Escocia, Gales e Irlanda del Norte a favor de la autodeterminación reabrió el debate constitucional en el país y provocó un rechazo inmediato de Downing Street.
El documento firmado el lunes en Cardiff sostiene que ningún gobierno de Westminster debe poner obstáculos a la democracia y reclama que Londres prepare y facilite eventuales cambios constitucionales.
Sus impulsores, sin embargo, reconocen que cada territorio tiene una situación diferente: John Swinney reclamó un nuevo referéndum para Escocia dentro de los próximos cinco años; Michelle O’Neill defendió una consulta sobre la reunificación irlandesa antes de 2030; y el líder galés Rhun ap Iorwerth evitó fijar un calendario.
La repercusión del acuerdo fue política más que institucional. El portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, respondió que el gobierno cree firmemente en la unión del Reino Unido y que su prioridad es aliviar la carga económica de los ciudadanos, no abrir debates sobre referéndums.
El texto tampoco obliga a convocar consultas ni modifica el marco legal, pero coordina por primera vez a los tres movimientos nacionalistas y vincula sus proyectos con un eventual regreso a la Unión Europea tras el Brexit.
En Ecuador, el gobierno decretó el estado de excepción en ocho de sus 24 provincias, considerándolas como las más afectadas por la violencia del narcotráfico, que continúa pese a las permanentes operaciones militares y policiales.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aliado del estadounidense Donald Trump, declaró el estado de excepción para las provincias costeras de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de la andina Pichincha.
La medida, anunciada ayer por la "grave conmoción interna" tendrá una duración de 60 días.
Noboa, mediante un decreto, suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia en las áreas en estado de excepción, donde intervendrán las Fuerzas Armadas para contrarrestar las actividades criminales.
En El Salvador, cientos de personas denunciaron una pérdida de derechos bajo el régimen de excepción que ampara la lucha antipandillas del presidente Nayib Bukele, durante una marcha por el Día de la Independencia.
La movilización, que transcurrió sin incidentes, se desarrolló en paralelo a un desfile oficial con fuerte presencia de policías y militares.
Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, al menos 30.000 detenidos son inocentes y más de medio millar han fallecido bajo custodia estatal.
En Brasil, los jueces del Supremo Tribunal Federal expusieron sus diferencias a los gritos ayer, en una sesión inédita sobre la suerte del magistrado Alexandre de Moraes, acusado de posibles vínculos con un banquero preso.
La génesis del escándalo es el financiero preso Daniel Vorcaro, cuyos dudosos vínculos con el poder salpican a jueces, parlamentarios y hasta al propio Flávio Bolsonaro.
El caso desató tal tormenta que eclipsó la campaña de las elecciones en las que el presidente, Luiz Inácio Lula de Silva, buscará su reelección ante Flávio Bolsonaro.
El juez André Mendonça, propuesto en el cargo por Jair Bolsonaro, pidió que la corte se reuniera para evaluar un informe de policía sobre mensajes que Vorcaro envió a un número atribuido a Moraes, quien estuvo a cargo del juicio que condenó a Bolsonaro por golpismo en 2025.
Aunque la sesión, transmitida en vivo por televisión y YouTube, debía analizar si se abría una investigación a Moraes, los jueces se dedicaron en gran parte a intercambiar acusaciones.
Moraes acusó a su colega de estar "al servicio" de la derecha y de pedir a la policía presionar a investigados para declarar en su contra."¡Es mentira!", contestó Mendonça.
La sesión, que se prolongó todo el día, finalizó con un pedido de aplazamiento del juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, que podría prolongarse hasta diciembre.
"Estamos con una actitud que degrada la imagen del tribunal. Tengo que interrumpir esta situación", afirmó Dino.
El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami.
Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente "no culpable" ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a "culpable" a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.
"El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios", explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida.
El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.
Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades.
Chile podría crecer cerca de un 3% anual con las reformas económicas adecuadas y "si los precios del cobre se mantienen altos", según una nota de análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La economía de Chile, mayor productor mundial de cobre, cayó por segundo trimestre consecutivo, por las menores exportaciones del metal.
El Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0,2% entre abril y junio respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central.
"Consideramos que la desaceleración actual es en gran medida temporal, ya que refleja una producción de cobre transitoriamente más débil, y proyectamos una recuperación en 2027″, explicó Bikas Joshi, experto del Fondo en una nota dedicada al país sudamericano.
Ante sus dificultades macroeconómicas, Chile renovó una línea de crédito flexible con el FMI por otros dos años en agosto, por un valor de 11.800 millones de dólares.
En Argentina, la vuelta del tema Islas Malvinas al primer plano político empieza a plantear dudas sobre hasta dónde llegará el gobierno de Javier Milei en su amenaza de sanciones a quienes colaboren con la extracción de recursos de las islas. Y, también, si hay posibilidades de roces diplomáticos con países de la región.
Esto incluye a Uruguay, que está en el centro de la atención mediática. Y es así que situaciones que existen desde hace décadas, como la conexión logística desde el puerto de Montevideo para el abastecimiento de las islas, ahora, en un contexto de mayor sensibilidad política, empiezan a llamar la atención.
En Argentina tuvo mucha repercusión el evento del stand del gobierno isleño británico en la exposición rural del Prado. Y ahora también está en foco un presunto acuerdo para que desde la costa de Maldonado haya una conexión de cable submarino que, sin tocar aguas del Río de la Plata, llegue hasta Malvinas.
Hasta ahora, la conectividad de las islas es satelital, y el gobierno británico planea una mejora drástica de la infraestructura, para apoyar las nuevas actividades económicas, en particular la del proyecto petrolero Sea Lion, que fue el que disparó la avanzada de Milei contra las empresas que formen parte de esos emprendimientos.
Desde el gobierno argentino no hubo declaraciones oficiales respecto de los movimientos del barco Fugro Supporter, de una empresa holandesa que se especializa en estudios del suelo submarino. Pero en la prensa se da como un hecho que esa embarcación tiene el cometido de establecer la conexión submarina entre Uruguay y Malvinas.
Es una situación que plantea interrogantes complicados. Para empezar, porque la empresa holandesa es contratista de la petrolera argentina YPF en uno de sus principales proyectos para transportar petróleo y gas desde la cuenca de Vaca Muerta hasta la costa, donde el hidrocarburo se embarcará para la exportación.
De hecho, esta empresa figura en un listado de compañías que han sido advertidas sobre la incompatibilidad de hacer negocios en Argentina y en las islas.
Lo que no está claro, o por lo menos la cancillería argentina no aclaró, es si la eventual conexión submarina estará considerada como una de las actividades de apoyo a los proyectos de extracción de recursos naturales.
De momento, la Cancillería se ha concentrado en responder a cada movimiento diplomático que se hace en Londres, como por ejemplo la difusión de una guía con recomendaciones legales a empresas que quieran hacer negocios en las islas.
Lo cierto es que el ambiente está más sensibilizado, y la Cancillería empieza a recibir presiones de sectores nacionalistas para endurecer su postura hacia países de la región. Esto, además de Uruguay, incluye a Brasil, que mantiene la conexión aérea con las islas. Y, sobre todo, a Chile, que quiere establecerse como principal apoyo logístico desde su base sureña, a través del estrecho de Magallanes.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
