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NACIONALES
Dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno de Yamandú Orsi luego que se confirmara ayer que los homicidios tuvieron un aumento de 13% interanual en los primeros nueve meses del año. De acuerdo con el informe del Área de Estadística y Criminología Aplicada, entre enero y setiembre se registraron 312 asesinatos, frente a los 275 del mismo período del año pasado.
El exministro del Interior Nicolás Martinelli afirmó que el Ejecutivo está repitiendo los errores de anteriores administraciones frenteamplistas y criticó la continuidad de Carlos Negro al frente de la cartera. "No escuchar a la oposición, no escuchar a la gente y encerrarse en la defensa de un ministro que es parte del problema y no de la solución", expresó en sus redes sociales.
Por su parte, el senador nacionalista Javier García afirmó que el país se encamina hacia el peor año de violencia y criminalidad y consideró que la permanencia de Negro compromete al propio presidente Orsi.
El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que es necesario "volver a ejercer la autoridad en todo el territorio del Uruguay".
“Tenemos que ver la causa de este mal resultado. Y es la vuelta de la estrategia y los fundamentos de política de seguridad de Bonomi, de Daisy Tourné, todas esas cosas que fracasaron. Tenemos que volver a ejercer la autoridad”.
Desde el oficialismo, el senador socialista Gustavo González reconoció que el aumento de los homicidios es preocupante, pero defendió la gestión del Ministerio del Interior.
Aseguró que la Policía ha golpeado duramente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y sostuvo que esas acciones generan disputas territoriales entre bandas criminales.
“El ministerio del Interior ha golpeado como nunca a familias de narcotraficantes. Y eso los pone nerviosos”.
El informe del Ministerio del Interior, difundido oficialmente este martes, muestra que los homicidios tienen un incremento sostenido a lo largo del año, con 97 en el primer trimestre, 104 en el segundo y 111 en el tercero. Además, el 73,4% de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego, la proporción más elevada desde que comenzó la serie estadística en 2013.
El 53,8% de los homicidios estuvo relacionado con ajustes de cuentas o conflictos entre delincuentes. Otro 8,3% respondió a altercados espontáneos y conflictos diversos, mientras que el 8% estuvo vinculado a situaciones de violencia doméstica. Los asesinatos ocurridos durante rapiñas, hurtos o copamientos representaron el 4,2% del total. En el 16% de los casos todavía no se pudo determinar el móvil.
Entre las víctimas hubo 18 menores de edad, cuatro más que en el mismo período de 2025. También aumentaron las lesiones, que llegaron a 8.581 casos, un 1,5% más que el año pasado, y las amenazas, que crecieron 3,9%, hasta alcanzar las 12.917 denuncias.
En la mayor parte de los otros delitos hubo bajas. En cuanto a las rapiñas, la disminución fue de 3,4% en la comparación con los primeros nueve meses de 2025. Entre enero y setiembre se registraron 11.409 denuncias por rapiñas, mientras que los hurtos descendieron 0,3%, hasta alcanzar los 77.505 casos. Los robos de vehículos también bajaron 7%, con 9.291 denuncias.
El informe oficial señala que los abigeatos tuvieron una reducción de 24,1%, con 568 casos, mientras que las denuncias por daños disminuyeron 4,1%, hasta las 13.883. Las extorsiones también registraron una caída de 19,7%, con 326 casos. En contrapartida, las estafas y los fraudes informáticos fueron los únicos delitos contra la propiedad que aumentaron, con un crecimiento de 3% y un total de 20.610 denuncias.
En cuanto a los delitos vinculados a la violencia de género, se registraron 15 homicidios de mujeres por esta causa, uno menos que en los primeros nueve meses de 2025 y la cifra más baja de los últimos seis años. Las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados disminuyeron 2,1%, hasta las 31.187, mientras que los delitos sexuales cayeron 6,4%, con 2.163 casos.
OTRO TEMA QUE SE DESTACA ESTA MAÑANA
El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, cuestionó la realización de una actividad por el Día de la Mujer Palestina prevista para el próximo 26 de octubre en el Palacio Legislativo, que contará con la participación virtual de Majida al-Masri, dirigente del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).
El diplomático expresó a El País su preocupación por lo que considera una "pretensión de legitimar a organizaciones terroristas mediante la participación de sus miembros en actividades públicas". Además, sostuvo que el FDLP es responsable de ataques contra civiles israelíes, incluidos los del 7 de octubre de 2023.
La actividad fue solicitada por el senador frenteamplista Gustavo González y autorizada por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse. Legisladores de la coalición republicana enviaron una carta a la vicepresidenta para solicitar que se impidiera la participación de Al-Masri, a quien cuestionan por sus vínculos con el FDLP y sus declaraciones en defensa de la resistencia palestina. Entre los dirigentes que criticaron la convocatoria se encuentran los nacionalistas Sebastián Da Silva, Javier García y Graciela Bianchi.
González rechazó las acusaciones y aseguró que el FDLP es una organización legal en Palestina que no figura en la lista estadounidense de organizaciones terroristas. El legislador sostuvo que la oposición está "equivocadísima" y negó que el grupo haya cometido atentados o secuestros. También defendió la participación de Al-Masri, a quien presentó como una dirigente política que reside en Cisjordania, un territorio que, según destacó, está ocupado por Israel y donde, por lo tanto, ese país podría detenerla si tuviera razones para ello.
La vicepresidenta Carolina Cosse por su lado, rechazó el pedido de legisladores de la oposición para impedir la actividad con la dirigente palestina.
Cosse defendió la libertad de expresión y sostuvo que no le corresponde a ella determinar quién puede participar de actividades convocadas por los parlamentarios.
"El Parlamento es la casa de la democracia uruguaya", afirmó en sus redes sociales. La vicepresidenta explicó que no existe un reglamento específico sobre el uso de las salas del Palacio Legislativo y que el criterio vigente permite a cada legislador solicitar espacios bajo su responsabilidad. Por ese motivo, consideró que no corresponde que, en su calidad de vicepresidenta, decida "quién puede hablar y quién no".
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, su colega de Trabajo, Juan Castillo, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, presentaron ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio el proyecto que habilita la jubilación anticipada a los 60 años. Los jerarcas continuarán hoy dando a conocer la propuesta ante organizaciones que participaron del Diálogo Social y ante miembros del Comité Fiscal Asesor.
Sobre la iniciativa de retiro anticipado, Oddone explicó que aproximadamente el 30% de las personas que se jubilan cada año, principalmente trabajadores de menores ingresos, podrán acceder a condiciones "iguales o mejores" que las vigentes antes de la reforma previsional aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Para el 70% restante, en cambio, el proyecto busca incentivar la permanencia en actividad hasta los 65 años. El ministro destacó que la nueva causal tendrá carácter universal, ya que permitirá a todas las personas optar por jubilarse a partir de los 60 años, aunque con diferentes condiciones económicas.
El ministro aseguró que la ley no va a fomentar que personas que superen esa edad opten por la jubilación anticipada y sigan trabajando en negro, una crítica que han hecho legisladores de la oposición.
“Las personas que se acojan al retiro anticipado, no van a poder trabajar. Es ahí donde está centrada la discusión. El nivel de informalidad entre los mayores de 60 años es relativamente elevado. Nosotros no creemos que la ley lo vaya a incentivar pero es un problema que no lo va a resolver, eso está claro. Y seguramente tenemos que trabajar en otros instrumentos para atacar ese problema en que la oposición tiene un punto que puede ser considerado”.
El expresidente Luis Lacalle Pou participó en Paraguay de la sexta edición del Foro y Exposición Cavialpa, donde destacó la importancia de las obras de infraestructura para el desarrollo económico y social.
Durante su intervención, el exmandatario uruguayo sostuvo que las inversiones en infraestructura no deben evaluarse únicamente por sus resultados económicos, sino también por las mejoras que generan en la calidad de vida de las comunidades.
Lacalle Pou mencionó como ejemplos la construcción de escuelas y puentes que permiten conectar poblaciones que antes permanecían aisladas durante las inundaciones. En ese sentido, afirmó que el desarrollo de infraestructura tiene un objetivo esencialmente social, que no puede separarse del crecimiento económico. "Es muy difícil compatibilizar una sin la otra", expresó durante su exposición.
En el tramo final de su discurso, el expresidente elogió al pueblo paraguayo por su capacidad de transformar una historia marcada por conflictos bélicos en un camino de desarrollo y prosperidad.
"Desde el afecto, desde el respeto, de la admiración a este pueblo de coraje de muchos años que fueron en los campos de guerra y ahora transformados a otros campos de paz y de prosperidad. Hoy me voy a ir de Paraguay, no sé en cuánto tiempo voy a volver, pero estoy seguro que cuando me pregunten, voy a decir cómo está Paraguay y Paraguay, por suerte, está mejor”.
Compromiso Frenteamplista y Brazo Liberador cuestionaron la decisión del Congreso del Frente Amplio de crear una comisión para reducir las hojas de votación y limitar las colectoras.
La resolución sostiene que estas listas, que acumulan votos bajo un mismo sublema, fragmentan la identidad partidaria y pueden confundir al electorado.
Compromiso Frenteamplista, que obtuvo una banca en el Senado para Felipe Carballo mediante ese mecanismo, afirmó que las colectoras son legales y expresan formas legítimas de participación. Carballo advirtió en diálogo con La Diaria que limitarlas reduciría el espacio de las agrupaciones pequeñas.
Diego Olivera, de Brazo Liberador, sostuvo que “si las colectoras no salen, el Frente pierde” y señaló que tres senadores del MPP fueron electos gracias a ellas bajo el rótulo del Espacio 609. También cuestionó al MPP y al Partido Comunista por impulsar cambios que, a su juicio, podrían llevar a los grupos minoritarios a integrarse a sectores más grandes.
La Intendencia de Montevideo comenzó ayer las obras preparatorias para construir una nueva ciclovía que conectará el Centro con el oeste de la capital.
Los trabajos incluyen la reparación del pavimento de avenida General Rondeau, entre Plaza Cagancha y General Francisco Caraballo, además de intervenciones en las calles Caraballo, Paraguay y General José María Luna. La primera etapa consiste en retirar parte de la carpeta asfáltica y se desarrollará en horario nocturno, entre las 20 y las 5 horas, durante aproximadamente cuatro días.
Posteriormente se colocará una nueva carpeta asfáltica de 2,5 metros de ancho, en trabajos que se realizarán entre las 7 y las 17 horas durante unas dos semanas.
La futura ciclovía será de doble sentido y comenzará en Plaza Cagancha para continuar por Rondeau, Caraballo, Paraguay y General José María Luna hasta Jujuy. La Intendencia todavía trabaja en las conexiones con avenida Carlos María Ramírez, hacia el Cerro, y con la bicisenda de avenida Cibils, que llega hasta Paso de la Arena. El proyecto completo contempla aproximadamente 11 kilómetros y forma parte del objetivo de la administración departamental de aumentar la infraestructura cicloviaria de los actuales 78 kilómetros a 100 kilómetros al finalizar el período de gobierno.
La Federación Rural presentó un plan piloto para controlar la superpoblación de perros en Uruguay, que propone comenzar por Cerro Largo mediante la captura de animales sueltos, su castración, identificación y posterior adopción.
La iniciativa contempla la participación de los ministerios del Interior y Defensa, la Intendencia de Cerro Largo y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Entre las principales medidas figura la utilización de instalaciones del Ejército en Melo como refugios transitorios para los animales capturados.
El proyecto plantea realizar un censo que permita registrar al menos el 70% de la población canina de Cerro Largo durante el primer año. En los primeros tres meses se desarrollarían tareas de relevamiento y sensibilización, mientras que entre el cuarto y el duodécimo mes se implementarían operativos de captura, castración, vacunación y adopción. La Federación Rural sostuvo que el plan no requeriría partidas presupuestales adicionales, ya que las instituciones involucradas aportarían personal, vehículos e infraestructura existentes. El INBA se encargaría de los recursos para castraciones, identificación y alimentación de los animales.
La gremial, presidida por Rafael Normey, advirtió que la superpoblación canina representa un problema sanitario, productivo y social. Según el censo de 2023, en Uruguay hay un perro cada 2,4 habitantes, una proporción casi cinco veces superior a la recomendación citada por la organización. La Federación Rural señaló que los ataques de perros sueltos provocan importantes pérdidas a los productores ovinos y también afectan a vacunos y equinos. En las ciudades, agregó, generan problemas de seguridad, convivencia y salud pública.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Administración Nacional de Puertos (ANP) aclaró que Colonia Express todavía no cuenta con autorización para operar en el puerto de Montevideo, pese al anuncio de la empresa sobre la próxima puesta en marcha de una línea fluvial directa con Buenos Aires.
El organismo explicó que sus áreas técnicas aún analizan la propuesta presentada por la compañía para utilizar una rampa móvil que permita el descenso de vehículos sin afectar la estructura del muelle Maciel, que presenta problemas estructurales.
La empresa Lumary S.A., propietaria de Colonia Express, anunció el lunes que había obtenido la autorización formal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para explotar la ruta Montevideo-Buenos Aires. También adelantó que prevé comenzar a vender pasajes en aproximadamente dos semanas y ofrecer una frecuencia diaria de ida y vuelta. Sin embargo, desde la ANP señalaron que la propuesta de utilización de una rampa móvil fue presentada el jueves 15 de octubre y que todavía no fue elevada al directorio para su consideración.
Las autoridades portuarias insistieron en que cualquier alternativa deberá garantizar que las operaciones no comprometan la estructura del muelle Maciel. Además, la empresa tiene pendientes otros trámites ante el Ministerio de Transporte, entre ellos su registro como operador portuario en Montevideo. La ANP indicó que Colonia Express podría utilizar otros muelles públicos, aunque la compañía pretende operar desde el Maciel para ofrecer a sus pasajeros condiciones similares a las de su competidora Buquebus.
Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y el Sindicato de Pilsen alcanzaron un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo que permitirá cerrar el conflicto generado por la decisión empresarial de clausurar la planta de Minas, en Lavalleja.
El presidente del sindicato, Bruno Pastorino, explicó a El País que de los 58 empleados que trabajaban en la planta de Minas, 27 serán trasladados a Montevideo a partir de noviembre, otros 10 accederán a una prejubilación y los restantes se acogerán a retiros incentivados. Las prejubilaciones estarán destinadas a trabajadores de 53 años o más. También se acordó reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, con el objetivo de adecuar la actividad a los períodos de menor producción.
FNC señaló que el entendimiento representa un avance para mejorar su competitividad y sostener la producción nacional de cerveza. La compañía mantiene pendiente un proyecto de inversión de 14 millones de dólares para concentrar la producción en Montevideo, cuya concreción depende de acuerdos con el gobierno. Entre los asuntos en discusión figura el tratamiento del Impuesto Específico Interno (Imesi), que según la empresa representa una desventaja competitiva frente a otras bebidas.
En el mercado local, el dólar bajó ayer tras la suba del lunes, en esta ocasión 0,12%. El interbancario fondo operó en promedio a $40,077.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 2,65% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde quedó estable y cerró ayer en $38,90 para la compra y $41,30 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,014.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial tuvo una leve suba y cotizó en AR$ 1.525,00.
El Euro aumentó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1237.
Los precios del petróleo bajaron respecto a ayer, pero siguen superando los 100 dólares por barril. Pese a este descenso, se mantienen elevados ante la preocupación del mercado por las hostilidades en Medio Oriente, en particular en el estratégico estrecho de Ormuz.
En este momento, el barril de Brent del mar del Norte, referente del mercado mundial, cotiza a 110,82 dólares.
Mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cotiza a 100,04 dólares.
OTRAS NOTICIAS
La fiscal argentina Josefina Minatta confirmó que la investigación por la desaparición de Camila Ayelén Rodríguez, la adolescente uruguaya de 15 años que fue encontrada en la ciudad de Campana junto a un hombre de 37 años, se desarrolla provisoriamente bajo la hipótesis de trata de personas.
En diálogo con El Observador, la fiscal reveló que el detenido le habría pedido a la menor que arrojara su teléfono celular al río para impedir que pudiera ser localizada. En declaraciones a El Observador, Minatta sostuvo que ese comportamiento demuestra que el hombre tenía la determinación de evitar que encontraran a la adolescente.
Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre habría recogido a la menor en el centro de Paysandú y la trasladó hasta las inmediaciones del puente internacional con Colón, donde le indicó que cruzara caminando la frontera. El sospechoso, que tiene nacionalidad argentina y uruguaya, atravesó el control migratorio solo en su camioneta y posteriormente volvió a encontrarse con la adolescente. La fiscal explicó que el hombre conocía a la familia a través de una hermana de la menor y que, después de que el padre le prohibiera concurrir a la vivienda, continuó comunicándose con ella mediante un videojuego y WhatsApp.
El detenido compareció este martes ante las autoridades argentinas, pero se negó a declarar. El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dispone de diez días para resolver su situación procesal. Minatta señaló que existen indicios de captación, traslado y acogimiento de la adolescente, aunque todavía no se ha establecido una finalidad de explotación sexual.
La menor permanece en Argentina bajo asistencia de equipos especializados y su regreso a Uruguay dependerá de evaluaciones médicas y autorizaciones judiciales. Mientras tanto, las autoridades uruguayas evalúan solicitar la extradición del sospechoso.
Un hombre de 47 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante una pelea ocurrida en la noche del lunes en el barrio Manga, en Montevideo. La víctima, que tenía antecedentes penales, fue encontrada por efectivos policiales en las inmediaciones del camino General Leandro Gómez y la calle Plutón. Los policías lo trasladaron a la Policlínica de Malinas, donde se constató su fallecimiento.
Según relató una familiar de la víctima a los investigadores, el hombre había mantenido un enfrentamiento con otra persona que terminó atacándolo con un arma blanca. Posteriormente, los policías accedieron a imágenes de cámaras de videovigilancia que permitieron observar la pelea y la fuga del agresor hacia unas viviendas de la zona.
Un adolescente fue condenado a seis años de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por su participación en el quíntuple homicidio ocurrido el 10 de julio en una vivienda del barrio El Monarca, en Montevideo.
El ataque ocurrió cuando cuatro delincuentes llegaron en dos motos a una vivienda de El Monarca, vestidos con ropa de trabajo con elementos reflectivos y cascos. Los atacantes treparon el muro perimetral y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior, algunas acostadas y otras en la cocina.
Las víctimas pertenecían al clan Los Suárez, que se había trasladado a esa zona tras mantener conflictos en Villa Española.
Durante la investigación se incautó un teléfono celular en el que se encontraron mensajes del adolescente reconociendo su participación en los homicidios y afirmando que había recibido dinero para cometerlos. Los investigadores también encontraron fotografías y otros elementos que coincidían con las armas, los vehículos y la vestimenta utilizados por los autores del ataque.
Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado presentaron una denuncia ante las autoridades del centro educativo contra un profesor al que acusan de realizar comentarios inapropiados hacia alumnas y de imponer ideas terraplanistas durante sus clases. El docente, que actualmente se encuentra de licencia médica, es padre del joven de 19 años que en setiembre apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Según informó FM Gente y confirmó El País con fuentes de Secundaria, las autoridades del liceo trasladaron la denuncia a la inspección correspondiente. Desde el gremio estudiantil señalaron que el profesor realizaba comentarios sobre los cuerpos de las alumnas y que incluso incorporó a estudiantes a un grupo de WhatsApp dedicado a difundir sus ideas terraplanistas. La denuncia formal fue presentada luego de que los jóvenes se enteraran de que el docente tenía previsto reintegrarse a fines de octubre.
Secundaria designó un suplente para garantizar la continuidad de las clases mientras el profesor permanece de licencia médica. Las autoridades aguardan su reincorporación para determinar las eventuales medidas disciplinarias. Por su parte, el gremio estudiantil convocó para este miércoles una asamblea con el objetivo de analizar la situación y organizar una movilización.
INTERNACIONALES
En Francia se aplicaron anoche nuevos toques de queda en París y otras ciudades para evitar que se repitan los disturbios del fin de semana pasado.
Después de las marchas violentas y los saqueos del sábado, y del rechazo de Macron a la renuncia del ministro del Interior, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció ayer que habría nuevos toques de queda donde hicieran falta, a decidir por los prefectos junto con los alcaldes.
En París, el toque de queda nocturno alcanzó la plaza de la República y el barrio de Les Halles, y se prohibieron las concentraciones en los Campos Elíseos, cerca de edificios públicos y en las estaciones de tren. También se vetó transportar latas o botellas de combustible. En Lille y otras ciudades hubo toque de queda para menores, de 20 a 6, durante dos noches, y en Niza el alcalde, Éric Ciotti, restringió la circulación nocturna de menores en el centro.
Lecornu descartó por ahora un toque de queda general en París, pero no excluyó declarar el estado de emergencia.
El Parlamento acordó ayer abrir una investigación sobre los disturbios, que incluirá posibles fallas de inteligencia, tácticas policiales y preparación del gobierno. Lecornu reconoció ante los legisladores que la respuesta de seguridad fue insuficiente.
Sobre los detenidos, hay cerca de 150 personas encarceladas y más de 800 ante los tribunales, según Infobae. La policía arrestó a un sospechoso con presuntos vínculos con la ultraizquierda por el incendio del histórico ayuntamiento de Limoges.
El gobierno acusa a grupos de ultraizquierda de preparar un "plan insurreccional", y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, le exige pruebas.
Lecornu anunció medidas de seguro de desempleo parcial desde aye para trabajadores de comercio. La federación de ese sector cuenta casi 3.000 locales perjudicados y pide alivio en cargas sociales e impuestos.
Hoy, Lecornu tenía prevista una reunión con cinco sindicatos para analizar cómo garantizar el derecho a manifestarse y evitar nuevos episodios de violencia.
El gobierno anunció además un despliegue policial "masivo" para las protestas convocadas para el sábado, entre ellas de estudiantes secundarios y chalecos amarillos. Los sindicatos convocaron otra jornada de movilización para el 5 de noviembre por el aumento de precios.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni aprobó ayer por decreto una serie de medidas para prevenir nuevos hechos de violencia como los del fin de semana pasado, entre ellas el arresto preventivo de menores y el envío de 500 militares más a Milán.
Las protestas contra el costo de vida terminaron en disturbios en Milán, Bolonia y Turín. Hubo 330 detenidos, cerca de la mitad de origen extranjero, incluidos hijos de extranjeros nacidos en Italia, y la persona más joven identificada en Milán tiene 11 años. Según La Nación, solo en Milán hubo 200 policías heridos y daños por alrededor de un millón de euros, según la cámara de comercio Confcommercio.
El arresto preventivo, de 12 a 24 horas, estaba limitado a adultos y ahora podrá aplicarse a menores. Para los adolescentes de 14 a 18 años se presume que son responsables penalmente, o imputables, salvo que se pruebe lo contrario. Eso rige de inmediato, aunque el proyecto sigue en el Parlamento, y los menores de 14 siguen sin responsabilidad penal.
El decreto también castiga con hasta cinco años de cárcel y una multa de hasta 20.000 euros a quien participe, en un grupo de cinco o más personas, en el lanzamiento de piedras, petardos o palos. Meloni dijo que "quien rompe paga y si quien rompe es un menor, pagan sus padres". Los 500 militares reforzarán la seguridad en Milán hasta fin de año. El gobierno quería darles poderes de policía, pero retrocedió tras objeciones de la Presidencia de la República.
Meloni dijo que "no hay nada de revolucionario en causar devastación y robar". El ministro de Defensa, Guido Crosetto, habló de "una guerra híbrida" impulsada por las redes sociales. La oposición de centroizquierda criticó con dureza el decreto, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo que "no es solo un problema de represión".
En Portugal, la policía desalojó ayer las acampadas por el derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto y detuvo a decenas de manifestantes, unos 50 según Euronews.
Poco antes de las seis de la mañana, la policía dio entre cinco y diez minutos para levantar la protesta en las plazas del Rossio y João I, en Lisboa. Los manifestantes formaron un cordón humano y arrojaron objetos, y la policía usó porras. Hubo dos heridos, según la televisión pública RTP. Los acampados se trasladaron a la plaza de la Figueira y convocaron otra protesta en el Rossio para las 19 horas.
Reclaman la devolución de sus pertenencias, la liberación de los detenidos y acceso a una vivienda. Una activista dijo que el movimiento seguirá hasta que todos sus miembros tengan casa, y hubo manifestantes que amenazaron con ir a las casas del primer ministro, Luís Montenegro. En Oporto el desalojo fue más tranquilo, sin enfrentamientos, y la policía colocó vallas para impedir el regreso.
El petróleo cerró ayer a la baja ante señales de que Estados Unidos e Irán podrían retomar el diálogo, aunque sigue por encima de los 100 dólares por la guerra y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
El Brent, la referencia europea, cerró en 108,79 dólares el barril, 0,69% menos que el cierre anterior de 109,55, después de haber tocado un máximo de 111,99 durante la jornada. El WTI, la referencia estadounidense, con vencimiento en noviembre, cerró en 101,79, una baja de 1,8%, y el contrato de diciembre, el más negociado, en 97,82. Las cifras son de Infobae.
La caída se dio tras reportes de contactos diplomáticos. Según el medio The New Arab, una propuesta de mediación de Qatar y Pakistán habría sido aceptada por ambos gobiernos, y un vocero qatarí dijo que hay "negociaciones en curso" entre Teherán y Washington. Antes, el crudo había subido cuando la Guardia Revolucionaria iraní dijo que derribó un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho, algo que un funcionario de Estados Unidos calificó de falso.
La Guardia Revolucionaria asegura además que dos petroleros chocaron contra minas que ella había colocado en una ruta del sur del estrecho, cerca de la costa de Omán, y que ambos se incendiaron y quedaron inutilizados.
La Organización Marítima Internacional calcula que unos 6.000 marinos están varados en la zona desde que empezó la guerra, a fines de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Antes del conflicto, por Ormuz pasaba alrededor de un quinto del petróleo del mundo.
La Unión Europea presentó una nueva estrategia para reforzar su vigilancia y seguridad en el Ártico, ante la creciente actividad de Rusia, China y Estados Unidos en la región.
El plan prevé ampliar la vigilancia satelital, crear un centro de seguridad marítima y coordinar compras y uso de rompehielos. También busca proteger cables submarinos y rastrear la llamada flota en la sombra rusa, que transporta petróleo para eludir sanciones. El deshielo abre nuevas rutas y posibilidades de explotación, mientras las tensiones en torno a Groenlandia llevaron a los europeos a replantear sus prioridades en el norte.
En Ucrania, un ataque ruso con misiles y drones dejó ayer al menos nueve muertos, mientras el presidente Volodímir Zelenski se reunía en Oslo con el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff.
Según las autoridades, cuatro personas murieron en la región de Kiev, tres en la ruta Kiev-Odesa cuando se incendiaron dos vehículos, y dos en depósitos a las afueras de Dnipró. En el distrito de Bucha hubo 21 heridos, ocho de ellos niños, y la compañía estatal Ukrenergo informó cortes de luz en 12 regiones.
En Oslo, Zelenski se reunió con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y también con Witkoff. No se alcanzó ningún acuerdo de paz. Zelenski dijo que Kiev volvió a recibir alertas tempranas de misiles balísticos después de hablar con el secretario de Estado, Marco Rubio, y acusó al Pentágono de demorar la entrega de misiles Patriot ya pagados por países europeos. Rubio negó que Estados Unidos esté reteniendo ayuda, y el presidente Donald Trump presionó a Zelenski para que cierre un acuerdo.
Para hoy, Støre dijo que Witkoff planeaba viajar a San Petersburgo para reunirse con dirigentes rusos. El canciller ruso, Sergéi Lavrov, dijo que Moscú escuchará las nuevas propuestas de Estados Unidos, pero que no espera un milagro de Washington.
En Rumania, el Parlamento invistió ayer como primer ministro al diplomático independiente Luca Niculescu, con 280 votos a favor y 58 en contra, y puso fin a más de cinco meses de bloqueo político.
Niculescu tiene 55 años, es periodista y diplomático, y fue el cuarto candidato propuesto por el presidente Nicușor Dan, el 5 de octubre, después de que fracasaran los anteriores. La crisis empezó en mayo, cuando cayó el primer ministro Ilie Bolojan por una moción de censura de los socialdemócratas, que rechazaban las medidas de austeridad de su coalición.
Es un gobierno de minoría, con apoyo de los socialdemócratas y otros partidos que, según se informó, rige por seis meses mientras se negocia un pacto de más largo plazo. Su prioridad es el déficit, que en 2025 fue de 7,9% del PIB, el mayor de la Unión Europea, con una inflación por encima del 8%. Dan busca que el Ejecutivo mantenga una orientación euroatlántica, en un país que comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania. Niculescu prometió "un Gobierno que traerá fondos e inversiones al país".
En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación autorizó el uso comercial del Boeing 737 Max 10, el modelo más grande de la familia Max, tras años de demoras.
La certificación permite a Boeing venderlo a aerolíneas y abre el camino a las entregas, que la empresa espera iniciar en 2027. El avión puede llevar entre 185 y 210 pasajeros. La aprobación llega después de una revisión de seguridad y de una década de problemas técnicos y regulatorios para el programa, en medio del escrutinio reforzado sobre Boeing tras los accidentes de los Max 8 y el incidente de un Max 9.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que su país y Estados Unidos están cerca de cerrar un acuerdo en la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum dijo que el objetivo de México es reducir al máximo los aranceles que hoy afectan a vehículos, acero y aluminio, y obtener la garantía de que no se impondrán nuevos. Explicó que Estados Unidos hizo propuestas para bajar aranceles y pidió concesiones a cambio, y que las diferencias en algunos puntos demoran el anuncio final. Agregó que rechazó la propuesta de Trump de que empresas estadounidenses participen en la compañía estatal Pemex, porque la ley lo prohíbe.
Trump, en un acto en Kansas, también dijo que el acuerdo se acerca. Las elecciones de medio período en Estados Unidos son el 3 de noviembre, con los precios y el combustible como preocupación de los votantes.
En Colombia, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso denunció que el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro buscó que excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hablaran públicamente contra tres figuras de la derecha, entre ellas el actual presidente, Abelardo de la Espriella.
Las AUC fueron un grupo paramilitar. Según Mancuso, en octubre de 2025, en plena campaña presidencial, delegados del gobierno de Petro les pidieron en Valledupar a excomandantes que hablaran en público contra el expresidente Álvaro Uribe, contra De la Espriella y contra Germán Vargas Lleras. Dice que nadie aceptó.
La reunión tenía como fin cerrar un proceso de paz con los exparamilitares. Mancuso atribuyó el pedido a Angie Rodríguez, entonces directora de la Presidencia, y a un asesor presidencial, aunque dijo que Petro nunca se lo pidió directamente.
En Perú, el Senado debate esta mañana el pedido del gobierno de Keiko Fujimori de facultades legislativas, que le permitirían dictar normas sobre seguridad ciudadana y sobre el fenómeno de El Niño sin pasar por el Congreso.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el texto enviado por la Cámara de Diputados y lo amplió a 27 puntos. De los siete que sumó el Senado, seis son de seguridad ciudadana y uno de El Niño. Solo siete de los doce senadores del grupo de trabajo asistieron, y Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú estuvieron ausentes. El pleno lo trata a las 10 de la mañana, hora de Lima, y alcanza con mayoría simple.
El senador Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, dijo que los anuncios del gobierno sobre El Niño y la inseguridad son urgentes. Katherine Ampuero, de Renovación Popular, dijo que Juntos por el Perú rechaza todo y pidió a los demás bloques aprobar el pedido.
EN NUESTRA REGIÓN
En Brasil, a cinco días del balotaje, las encuestas siguen mostrando una carrera pareja entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y ambas campañas preparan cambios para el debate del viernes en Globo.
La segunda vuelta es el domingo 25 de octubre. Una encuesta de Real Time Big Data, publicada ayer, a 2.000 votantes entre el 15 y el 19 de octubre y con margen de error de 2 puntos, da a Flávio 48% y a Lula 45%, que en votos válidos es 52% a 48%. Parte de las entrevistas se hicieron antes del debate del domingo y parte después. AtlasIntel, con Bloomberg, a casi 5.000 votantes con margen de 1 punto, da 51,1% a Flávio y 48,9% a Lula en votos válidos. Otras tres encuestas, de Quaest, Datafolha y BTG/Nexus, mostraron empate técnico.
El domingo fue el primer cara a cara televisivo, en TV Band. La prensa brasileña lo describió como un debate dominado por ataques personales y sin un ganador claro. Flávio fue confrontativo, con gestos de burla que generaron memes. Lula empezó pidiendo un debate civilizado, entró después en el cruce y se recuperó en los bloques siguientes, aunque llamó a Flávio "carioca malandro", una expresión que puede costarle votos en Río de Janeiro. Uno de los momentos más comentados fue cuando Lula dijo que quería los votos del 100% de los presos, incluido Jair Bolsonaro, que está preso por intento de golpe, y agregó "hasta tu padre". Lula también le exigió a Flávio abrir sus secretos bancario y telefónico, y se comprometió a hacer lo mismo. Flávio no lo aceptó. Los casos del INSS y del Banco Master dominaron los cruces.
Las dos campañas minimizan el impacto. Aliados de Flávio admiten que su tono fue exagerado y poco propositivo, y planean suavizarlo en el debate del viernes 23 y prepararlo más, según medios brasileños. Cerca de Lula, que tiene 80 años frente a los 45 de Flávio, dicen que mejoró después de un comienzo difícil y que debe evitar nuevos errores y cuidar el tiempo.
En Argentina, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes, mientras estudios privados muestran un deterioro de los ingresos de los hogares.
Milei habló el lunes en la conferencia Argentina Oil & Gas, en Neuquén, y ayer, antes de viajar a España, escribió en sus redes sociales que los periodistas e investigadores que publicaron esos estudios son "muy pobres intelectualmente". Les propuso que contesten: "¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?". Atribuyó la frase de no llegar a fin de mes al kirchnerismo.
Un estudio de la consultora Zentrix encontró que alrededor de dos de cada tres argentinos tienen ingresos que les alcanzan hasta el día 20 de cada mes, más entre los menores de 40 y los sectores bajos. En agosto, la encuestadora Mide halló que el 59% dice estar peor que hace seis meses y el 53% tuvo que endeudarse para cubrir el mes. La pobreza oficial fue de 32,3% en el primer semestre de 2026, aunque consultoras y académicos sostienen que es mayor porque la canasta básica está desactualizada.
En Chile, el Congreso despachó ayer una ley que facilita expulsar a migrantes en situación irregular y permite a la policía entrar a una casa, con orden judicial, para detener a quien ya tenga una expulsión firme.
La ley también eleva de tres a cinco años la prohibición de volver a entrar al país para los expulsados.
En Diputados se aprobó con 128 votos a favor y 11 en contra. En el Senado, con 37 votos a favor y una abstención. Con eso quedó despachada y falta que se promulgue, algo que el gobierno dice que ocurrirá en los próximos días.
Aparte, el gobierno de Kast busca otra reforma que no está en esta ley, la de ampliar el plazo de retención de migrantes irregulares, que hoy es de cinco días. Diputados la rechazó y el Senado todavía analiza el pedido del gobierno de retomarla. Ayer, en un foro en Atacama, Kast criticó a quienes votaron en contra.
En Paraguay, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cumple una visita oficial de tres días centrada en seguridad, comercio e inversiones, y en ese marco se firmaron acuerdos de cooperación aérea y fronteriza.
La visita empezó el lunes con una reunión con el presidente Santiago Peña en el Palacio de López. Ayer la agenda incluyó una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, reuniones con empresarios y una recorrida por la represa de Itaipú. Landau dijo que "jamás hemos visto estos niveles de cooperación que benefician a ambos países".
Según Infobae, el acuerdo de seguridad aérea permitirá a Paraguay recibir información satelital de sistemas de seguridad de Estados Unidos para interceptar aeronaves sospechosas de narcotráfico. El canciller Rubén Ramírez dijo que no implica operaciones conjuntas en el terreno ni cambios en la legislación paraguaya. También se acordó un sistema de identificación con huellas y reconocimiento facial en los puntos de ingreso, un acuerdo de estadía temporal para migrantes no admitidos en Estados Unidos y uno de tercer país seguro para solicitantes de asilo.
El clima electoral en Brasil entró en una fase de máxima tensión y acusaciones cruzadas a 4 días del balotaje del próximo domingo 25 de octubre. En las últimas horas, la campaña dio un giro institucional inédito cuando el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió llevar la pulseada judicial y financiera directo a los estrados.
Lula presentó un escrito formal ante el Tribunal Superior Electoral y ante el Supremo Tribunal Federal en el que autoriza la apertura de su secreto bancario, fiscal y telefónico de los últimos ocho años, junto con el de su esposa, Janja, y sus cinco hijos. Sin embargo, la jugada tiene una condición estricta: que su rival en las urnas, el senador Flavio Bolsonaro —candidato del Partido Liberal e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro—, haga exactamente lo mismo.
El documento presentado por los abogados del líder del Partido de los Trabajadores incluye también a las empresas vinculadas y apunta de lleno al entorno familiar de los Bolsonaro: su padre, su madre, sus hermanos y su esposa. Incluso, el texto introduce una chicana jurídica al exigir que se revelen las cuentas donde Flavio figure como "usuario máster", en alusión a las investigaciones que pesan sobre el senador en el Supremo Tribunal Federal por presunto lavado de dinero.
La movida busca arrinconar al postulante opositor antes de este miércoles, fecha límite propuesta por el oficialismo para transparentar los datos patrimoniales. Durante una gira de campaña por São Luís de Maranhão, Lula redobló la apuesta y justificó así la iniciativa.
"Estoy dispuesto a que la sociedad brasileña sepa quién es ladrón en este país, quién es corrupto. Vamos a ver si él tiene coraje de abrir su vida secreta".
Por su parte, Flavio Bolsonaro, que durante el debate televisivo del domingo aseguró no tener «absolutamente nada que esconder», no formalizó si aceptará levantar el secreto de sus finanzas, pero tiende a ignorar el desafío, mientras en los pasillos de su comando electoral califican la maniobra como una provocación de campaña. En el Tribunal Superior Electoral, la causa recayó bajo la órbita del juez André Mendonça.
Pero la disputa no se libra únicamente en los tribunales ordinarios. El terreno digital se convirtió en otro frente de batalla abierto.
El juez electoral Marco Aurélio Bellizze mantuvo anoche una audiencia de urgencia con representantes de la multinacional Meta -dueña de redes clave como WhatsApp, Instagram y Facebook- y representantes de ambos comandos de campaña.
La cumbre fue convocada luego de que la Justicia intimara a la empresa tecnológica a demostrar qué medidas concretas aplica para asegurar un trato equitativo en sus algoritmos y en la distribución de publicaciones pagas.
El reclamo inicial partió del equipo de Lula, que denunció bloqueos e inequidades en la visibilidad de sus anuncios frente a las herramientas de inteligencia artificial y recomendación de las plataformas. Por su parte, la Corte Electoral ya fijó multas diarias que van desde los quinientos mil hasta el millón de reales en caso de que Meta altere de forma artificial el alcance de las candidaturas. La compañía negó cualquier sesgo político y atribuyó los desfasajes a fallas técnicas.
A este cruce con las grandes plataformas se sumó un nuevo foco de conflicto institucional. El Ministerio de Justicia denunció que Meta se negó formalmente a habilitar un canal directo y de respuesta rápida para atender casos urgentes de agresiones, hostigamiento o suspensión indebida de cuentas de periodistas y medios de comunicación, argumentando complejidades jurídicas y operativas.
A cuatro días de que los brasileños acudan a las urnas, la contienda electoral no se define solo en las calles ni en los actos públicos, sino en una guerra abierta de algoritmos y en los despachos judiciales más altos del país.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
