Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
NACIONALES
Las listas de espera para cirugías en las mutualistas no se reducen de forma sostenida, pese a que la cantidad de intervenciones coordinadas se recuperó después de la pandemia, concluyó el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Según informa El País, el MSP analizó la evolución de indicadores asistenciales de las mutualistas de Montevideo y el interior del país, entre 2019 y 2025, y concluyó que al año pasado hubo una “recuperación” tras el pasaje del coronovarius, pero no hubo un “retorno idéntico” a la etapa prepandemia.
En mayo de este año, la espera se ubicó en torno a 20 cirugías pendientes por cada mil afiliados en Montevideo y a 12 en el interior.
Fuentes mutuales consultadas por El País indicaron que el rezago en las operaciones está asociado con la capacidad instalada que “no puede dar más de lo que da”, en función de las salas de block quirúrgicos y las camas de las instituciones, sumado al trabajo de los médicos.
Una fuente citada por el matutino indicó: “En verano, que es cuando se tendría capacidad ociosa, los cirujanos no operan porque se van de licencia, y no operan los fines de semana, ni después de las cuatro de la tarde”, graficó una fuente del sector. Mientras que en invierno, los sanatorios están con gran ocupación debido a cuadros respiratorios. Por estas variables, el rezago quirúrgico “está difícil de recuperar”, reconoció un informante.
Reducir los tiempos de espera fue una de las promesas de campaña del Frente Amplio y un tema de preocupación del gobierno. De hecho, el decreto 44/026, vigente desde mayo, fijó nuevos plazos de espera e incorporó algunas consultas y estudios diagnósticos, pero todavía falta determinar qué especialidades quedarán comprendidas.
Una comisión del MSP y las mutualistas tiene 120 días para acordar la reglamentación; las instituciones cuestionan que los plazos puedan aplicarse a todas las especialidades.
El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la devolución de nueve puntos porcentuales de IVA en consumos realizados con tarjetas de crédito, débito e instrumentos de dinero electrónico en restaurantes y otros establecimientos gastronómicos. El beneficio había vencido el miércoles y, de no renovarse, la devolución se habría reducido a cinco puntos.
El decreto establece que la medida busca continuar impulsando la actividad del sector turístico y alcanza tanto a residentes como a no residentes. El descuento no aparece directamente en la factura emitida por el comercio, sino que es aplicado posteriormente por la entidad administradora del medio de pago en la liquidación correspondiente.
El beneficio comprende servicios prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y establecimientos similares. También abarca servicios gastronómicos brindados por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias y otros alojamientos turísticos cuando el consumo no forme parte del servicio de hospedaje.
El gobierno confirmó ayer que promoverá cambios a la Ley General de Educación después de que la Suprema Corte respaldara una modalidad de enseñanza en sus casas de dos niñas de una comunidad menonita de Florida.
Luego de una reunión con el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, solicitada por ese organismo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció ayer que impulsará una reforma del artículo 7 de la Ley General de Educación y la derogación del cambio que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020.
La LUC eliminó la obligación expresa de inscribir a los niños en un centro y controlar su asistencia, aunque se mantuvo la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y media.
Este mes la Corte rechazó por mayoría un recurso de casación de la ANEP en el caso de las dos niñas, que concurren a un centro comunitario y reciben clases a distancia de una institución educativa del exterior no autorizada en Uruguay.
La mayoría entendió que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos permite modalidades alternativas, siempre que se garantice el derecho a la educación y no se vulneren otros derechos de las niñas.
El fallo rige para este caso y no legaliza automáticamente la educación en el hogar para todas las familias.
Caggiani dijo que hay otros dos recursos de casación presentados por ANEP ante la Suprema Corte y un caso más en una etapa previa.
La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano rechazó un pedido de Jorge Gandini para acceder a la carpeta de la investigación que terminó con la condena por lavado de activos de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Según informaron La Diaria y El País, Romano explicó que Gandini no puede acceder porque “no es indagado ni víctima” y la investigación tiene carácter reservado.
El caso alcanzó políticamente a Gandini debido a que Leiva concurría a un local de cobranzas de su esposa. El dirigente nacionalista aseguró que ninguno de los dos conocía al condenado, aunque sí conocían a su hijo Lucio, militante de Por la Patria y también exasesor de Gómez. Gandini sostuvo que Leiva pagaba habitualmente recibos del BPS correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras y, ocasionalmente, alguna factura de DGI, pero negó que realizara operaciones de cambio de moneda en el establecimiento.
En paralelo, el fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez abrió una nueva investigación a partir de información sobre movimientos de dinero vinculados a Leiva. La decisión se tomó luego de una reunión con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la investigación buscará determinar el recorrido de fondos provenientes del narcotráfico y las operaciones realizadas mediante casas de cambio y locales de cobranza.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, convocó para el próximo martes a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo luego de la condena de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En sus redes sociales, Díaz explicó que la reunión tendrá como objetivo analizar los riesgos asociados a operaciones de lavado vinculadas al narcotráfico y la corrupción pública. En la Operación Trazador, que derivó en la condena de Leiva y otras dos personas, la Policía incautó drogas, más de $ 3 millones, miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones.
Algunos ediles del Partido Nacional (PN) comenzaron a revisar las contrataciones y pases en comisión de su bancada en la Junta Departamental de Montevideo a pedido del senador Martín Lema, presidente de la Departamental nacionalista. La iniciativa surgió luego de que se conociera que Pablo Leiva no tenía ninguna actividad en el despacho de Gómez pese a cobrar $ 52.000 nominales mensuales como asesor.
Según informó El País, Lema reunió el martes a parte de los ediles blancos en el anexo del Palacio Legislativo, donde pidió información sobre el funcionamiento del sistema y planteó la necesidad de realizar las correcciones que correspondan. También remarcó la importancia de dar transparencia al trabajo de los ediles y planteó coordinar con el Frente Amplio para mejorar los mecanismos existentes. Además, conversó con el presidente del Directorio del PN, Álvaro Delgado, y otros dirigentes sobre el funcionamiento de la Junta.
Gómez no participó del encuentro y posteriormente obtuvo una licencia por 20 días en la Junta, mientras su situación es analizada por la Comisión de Ética del Partido Nacional. El matutino consigna que tampoco fueron invitados los ediles de la lista 22, liderada por Santiago Caramés, que votaron por el financiamiento especial promovido por el intendente Mario Bergara.
En paralelo, la bancada de ediles del Frente Amplio reclamó transparencia ante eventuales vínculos entre personas de la actividad política y organizaciones criminales y planteó fortalecer los controles sobre el financiamiento partidario.
La comisión de jóvenes del Partido Nacional pidió ser recibida de forma urgente por la Comisión de Asuntos Políticos del Directorio para expresar su “preocupación y profundo malestar” por el manejo público del caso del edil Gonzalo Gómez, luego de que su asesor Pablo Leiva fuera condenado por lavado de activos en la Operación Trazador, informó El Observador.
El presidente de la comisión, Tomás Casaretto, expresó su malestar por el manejo público del caso en un audio de WhatsApp que fue filtrado y publicado en Montevideo Portal. Allí dijo que estaba “decepcionado” con la actitud de algunos dirigentes blancos que a su juicio buscaron una exposición pública excesiva en medio de la polémica.
“Estuvimos hablando con varios de los que integran la mesa ejecutiva de la CNJ, les exprese mi sentimiento en relación al tema de público conocimiento. Sacando y despersonalizando del compañero y del afecto que le tenemos todos, creo que hemos visto como varios dirigentes del partido no han manejado de una forma sana para el partido las expresiones en medios públicos. Algunos queriendo cabecear demasiados micrófonos de forma innecesaria. Eso no es bueno para el partido y no es justo en relación a cómo se ha tratado en situaciones iguales o peores por parte de la dirigencia y las comisiones del partido”.
Casaretto confirmó a Telenoche que él envió el audio pero declinó dar más declaraciones.
La controversia se produjo luego de que los senadores Sebastián Da Silva y Sergio Botana cuestionaron públicamente al edil después de que este reconociera que Leiva no tenía tareas específicas asignadas.
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El gobierno propondrá al exintendente de Canelones Marcos Carámbula como embajador uruguayo en Palestina en 2027.
El canciller, Mario Lubetkin, explicó en La Diaria Radio que se busca una figura política con capacidad de articulación debido a la complejidad de la situación en Medio Oriente. El ministro dijo que la designación de Carámbula es parte de los esfuerzos que viene haciendo Uruguay en la ONU para contribuir a una solución basada en la existencia de dos estados.
“Estamos mandando a una figura cristalina, de referencia, de confianza del presidente y de muchos de los actores políticos del país para que de una mano. Nosotros estamos dando la señala, ahora no la aislemos del conjunto de movimientos que estamos haciendo”.
La designación se concretaría durante el primer cuatrimestre de 2027, una vez finalizada la gestión del actual embajador, y deberá recibir la venia del Senado.
El presidente Yamandú Orsi recibió en la Torre Ejecutiva al ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, quien realizó una visita oficial a Uruguay orientada a profundizar las relaciones bilaterales. El jerarca también mantuvo reuniones con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el canciller Mario Lubetkin, informó la diaria.
Las conversaciones abordaron la cooperación bilateral, las inversiones y la promoción de la paz. Lubetkin señaló que las autoridades cataríes brindaron al gobierno uruguayo información sobre las negociaciones internacionales en curso y adelantó que ambas partes volverán a reunirse dentro de algunos meses para analizar áreas en las que puedan cooperar.
Uruguay y Qatar firmaron además una carta de intención sobre cooperación en materia de mediación. Según Cancillería, el acuerdo permitirá institucionalizar el intercambio de experiencias y explorar iniciativas conjuntas, entre ellas acciones destinadas a fortalecer capacidades para la construcción de la paz.
El Poder Ejecutivo dispuso el cese de la alerta roja por frío extremo que regía desde principios de mayo para atender a las personas en situación de calle. Según informó El País, la decisión fue adoptada mediante un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y varios ministros ante la finalización del invierno.
El decreto establece que el levantamiento de la alerta no modifica las competencias habituales de los organismos encargados del monitoreo de fenómenos meteorológicos y la asistencia a población vulnerable. Durante la vigencia del operativo participaron distintos ministerios, el Sistema Nacional de Emergencias y unidades militares, que habilitaron espacios de refugio.
Según el último reporte del Sinae, durante el operativo se brindó asistencia a 3.883 personas, de las cuales 2.651 estaban en Montevideo y 1.232 en el interior. Además, se realizaron 85 traslados, 41 atenciones médicas y tres derivaciones a centros de salud.
El Banco de Seguros del Estado resolvió no realizar este año su tradicional fiesta de fin de año para funcionarios debido a las directrices de austeridad y uso responsable de recursos públicos impulsadas por el Ministerio de Economía. Según informó El País, el festejo de 2025 para unos 1.200 empleados había costado $ 6.358.640, más de US$ 150.000.
La fiesta del año pasado se realizó en Hangar 33, en Ciudad de la Costa, y tuvo un costo aproximado de $ 3.170 más IVA por invitado. Solo el servicio de catering, contratado a Travel Food Limitada, costó $ 4.640.880. El evento incluía seguridad, DJ, decoración, servicio fotográfico, transporte y distintas opciones de comida.
Fuentes del banco señalaron que existió una sugerencia del Poder Ejecutivo para restringir gastos no esenciales, aunque la decisión también fue promovida por la gerencia y el presidente del BSE, Marcos Otheguy. De todas formas, se mantendrá en diciembre la tradicional fiesta con corredores de seguros, de carácter comercial, a la que concurren unos 400 invitados.
La Junta Departamental de Soriano aprobó la entrega en comodato durante 15 años de una vivienda del Complejo Habitacional de Palmar al cantante Matías Valdez, quien deberá pagar US$ 5.000 y realizar al menos un espectáculo durante ese período. La iniciativa fue respaldada por los partidos Nacional y Colorado y rechazada por el Frente Amplio, informó El País.
Valdez había solicitado en abril la vivienda a la Intendencia de Soriano como reconocimiento y contraprestación por su aporte cultural, social y comunitario a Palmar. La administración departamental destacó que la presencia del artista podría favorecer el posicionamiento turístico de la localidad y recordó que realizó allí tres espectáculos gratuitos, en 2022, 2024 y 2026, con concurrencias de miles de personas.
El edil frenteamplista Damián Alonso cuestionó tanto las condiciones del acuerdo como el mecanismo para acceder a estas viviendas, que consiste en presentar una solicitud al intendente para que posteriormente sea elevada a la Junta. Alonso sostuvo que el procedimiento es poco conocido por la población y reclamó que Valdez realizara más actuaciones durante los 15 años del comodato. Desde el entorno del cantante anunciaron que dará públicamente su versión.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Indonesia habilitó el acceso a su mercado para las exportaciones uruguayas de cítricos, soja y trigo destinados al consumo humano, anunció el presidente Yamandú Orsi, en sus redes sociales.
El mandatario calificó la decisión como una “buena noticia” para las exportaciones uruguayas y destacó que la apertura genera nuevas posibilidades comerciales para productores y exportadores nacionales.
Orsi sostuvo además que la habilitación de estos productos contribuye a fortalecer la inserción internacional de Uruguay y amplía las oportunidades de acceso de la producción nacional al mercado indonesio.
Las solicitudes de exportación de bienes uruguayos, incluidas las zonas francas, sumaron 1.398 millones de dólares en setiembre, 10% más que en el mismo mes de 2025.
El Instituto Uruguay XXI informó que el acumulado de enero a setiembre llegó a 10.372 millones de dólares, 1% por encima del mismo período del año pasado.
Conaprole negó estar realizando despidos, en respuesta a las medidas adoptadas por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) por la desvinculación de 25 trabajadores de las empresas Marez y Maracaná, que prestaban servicios para la cooperativa. El sindicato responsabiliza a Conaprole por la pérdida de esos puestos de trabajo y advirtió que las movilizaciones podrían afectar el abastecimiento.
Conaprole explicó que resolvió finalizar los contratos con ambas empresas proveedoras debido a problemas de competitividad. Según la cooperativa, antes de tomar la decisión mantuvo conversaciones con las firmas involucradas y estableció un período de transición.
La FTIL, por su parte, sostiene que Conaprole es responsable de la situación laboral generada y comenzó a aplicar medidas en rechazo a los despidos. El sindicato anunció además acciones sorpresivas que podrían tener consecuencias sobre la distribución de productos lácteos.
En el mercado local, el dólar subió ayer por segunda jornada consecutiva, en esta ocasión 0,44%. El interbancario fondo operó en promedio a $40.463.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 3,64% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025).
En los últimos 12 meses el dólar subió levemente 1,38% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el jueves en $39,25 para la compra y $41,65 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,207.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en AR$ 1.523,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.555,00.
El Euro disminuyó por cuarto día consecutivo frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1234.
OTRAS NOTICIAS
La jueza Marcela Vargas prorrogó por otros 180 días la prisión preventiva del exsenador Gustavo Penadés, que permanecerá recluido hasta el 31 de marzo de 2027. Fiscalía sostuvo que continúan existiendo riesgos para víctimas y testigos y mencionó, entre otros elementos, una presunta trama de seguimiento y vigilancia durante la investigación.
La defensa de Penadés pidió sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa y cuestionó que se mantenga luego de 36 meses. La jueza consideró, sin embargo, que los riesgos procesales persisten. Durante la audiencia también mencionó un episodio en el que Penadés se levantó y saludó a un testigo mientras este declaraba. La defensa anunció que apelará.
En la misma causa, Vargas resolvió levantar el arresto domiciliario total de Sebastián Mauvezin y disponer su libertad bajo vigilancia con tobillera electrónica. También le prohibió salir del país y mantener contacto con víctimas, familiares y testigos. Fiscalía apeló la decisión, por lo que el asunto será analizado por un Tribunal de Apelaciones.
La Policía detuvo a seis personas investigadas por la denuncia de un conductor de UCOT, quien aseguró que el 9 de agosto fue amenazado con un arma por hinchas de Cerro y obligado a trasladarlos en un ómnibus de la línea 306 hasta el intercambiador Belloni sin realizar paradas. Los simpatizantes se dirigían al estadio Jardines del Hipódromo para un partido ante Danubio.
Las detenciones se concretaron durante allanamientos realizados en Cerro Norte, Casabó y Nuevo París. Fueron arrestados cinco hombres y una mujer, todos sin antecedentes penales, y se incautaron una moto y prendas de vestir relacionadas con la investigación. El caso está a cargo de la Dirección General de Seguridad en el Deporte y la Fiscalía de Flagrancia de 13° Turno.
La Policía había identificado previamente a unas 50 personas que abordaron el ómnibus y los vehículos que participaron del recorrido. El conductor declaró que algunos hinchas estaban armados, que fue obligado a cruzar semáforos en rojo y que fue apuntado durante el trayecto. La investigación policial constató, sin embargo, que los pasajeros pagaron boleto, a diferencia de lo señalado inicialmente por el trabajador.
La Policía detuvo a 32 personas durante 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo en el marco de la Operación Golfo, una investigación destinada a desarticular una organización vinculada a delitos de narcotráfico, lavado de activos y trata de menores. Más de 100 policías participaron del operativo.
Los procedimientos se realizaron en Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Rosario, Colonia Valdense, Nueva Helvecia, San Luis y Maroñas. La Policía incautó cuatro revólveres, una pistola, cuatro escopetas, una pistola de fogueo, municiones, casi un kilo de cocaína, un kilo de marihuana, pasta base y 23 plantas de cannabis.
También fueron incautados 59 celulares, $ 173.125, US$ 201, dos motos, dos autos, una camioneta, cinco computadoras, una tablet, cinco balanzas y 41 tarjetas de crédito y débito. Además, se realizaron requisas en las cárceles de Punta de Rieles, de mujeres y de Colonia, donde fueron encontrados celulares y armas blancas, y se dispuso la conducción de seis reclusos.
Romina Celeste Papasso fue imputada por un episodio ocurrido el año pasado con una funcionaria de la cárcel N° 10 de Juan Soler, en San José, donde se encontraba recluida. Según informó El País, Fiscalía la formalizó como presunta autora de un delito de desacato, un delito de agravio a la autoridad policial en concurso formal y dos delitos de lesiones personales.
Papasso se presentó en la Seccional 15ª de Montevideo luego de enterarse de que estaba requerida. La Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva mientras avanza el proceso. Su defensa apeló la medida cautelar, aunque deberá permanecer recluida hasta que se pronuncie el Tribunal.
La mujer había recuperado la libertad en noviembre de 2025 tras obtener una redención de pena por estudio. Había sido condenada en 2024 por varios delitos relacionados, entre otros hechos, con la denuncia falsa contra Yamandú Orsi realizada durante la campaña electoral de ese año.
INTERNACIONALES
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió ayer que podría utilizar "todo tipo de armas", incluidas las nucleares, en caso de un ataque de las fuerzas de la OTAN contra el enclave de Kaliningrado, pero afirmó que su país "no tiene la intención de atacar a nadie".
"Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa", declaró Putin durante el foro político anual de Valdái.
Esta advertencia se produce en un momento en que aumentan las tensiones en torno a este territorio situado en el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.
Los países de la OTAN realizaron en los últimos meses varias maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviarles un documento en el que condenó un aumento "sin precedentes" de la actividad militar de la Alianza en sus fronteras occidentales.
Por su parte, la OTAN condenó el martes la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia contenida en ese documento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que era probable que el gobierno de Irán estuviera implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel y agregó que ese país sería "golpeado muy duro" si esa posibilidad se comprobara.
El copiloto presuntamente agredió al capitán antes de que los pasajeros lograran evitar que el avión se estrellara.
El primer ministro israelí dijo que el hombre había sido sometido a un "adoctrinamiento islamista radical".
"Estamos trabajando en ello ahora mismo", dijo Trump cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron si Irán estaba implicado en el incidente en el vuelo de Dubái a Tel Aviv.
Sobre si Estados Unidos tomaría represalias contra Irán si fuera responsable del ataque, Trump respondió: "Oh, serán golpeados muy duro, no se preocupen".
La amenaza de represalia del líder estadounidense se produjo mientras adoptaba un tono más duro sobre las negociaciones con Irán, que están estancadas.
Trump declaró a la revista Time que era "posible" que pudiera reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes.
Los hutíes proiraníes de Yemen atacaron un transformador eléctrico en la ciudad santa de Medina, en Arabia Saudita, según la coalición militar dirigida por Riad, un acto que Turquía condenó firmemente.
El "cobarde atentado" ocurrido el martes y "dirigido contra una infraestructura civil que suministra electricidad a la mezquita del Profeta en Medina, se inscribe en los intentos de esta milicia extremista de atacar las dos mezquitas santas y en la provocación deliberada de millones de musulmanes al arremeter contra La Meca y Medina", subrayó la coalición militar en un comunicado en redes.
Riad, aliado del gobierno yemení, ya había acusado a mediados de setiembre a los hutíes de haber llevado a cabo un ataque con dron contra La Meca, algo que los combatientes proiraníes negaron.
Los hutíes rechazaron ayer toda responsabilidad en posibles ataques contra esos lugares santos, en voz de Mehdi al Machat, jefe del Consejo político supremo, citado por el canal Almasirah.
La Meca y Medina, en el oeste de Arabia Saudita, son las dos ciudades más sagradas del islam.
En Francia, acorralado por una deuda pública récord y a unos meses de la elección presidencial, el gobierno presentó un proyecto de presupuesto para 2027 que contempla un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros.
Las finanzas públicas de Francia, con un nivel de deuda récord y un déficit por encima de los límites marcados por la Unión Europea, son un tema central de los comicios presidenciales del próximo año.
El gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, enfrenta el desafío de lograr la aprobación de las cuentas para 2027 en un contexto de creciente malestar social por el aumento del costo de vida.
El movimiento social cobró fuerza con nuevas protestas estudiantiles por la falta de recursos para la educación. Más de 160 centros educativos permanecieron cerrados y estudiantes universitarios se sumaron a las movilizaciones en París, Marsella y otras ciudades del país.
El Ministerio del Interior informó de 1.949 detenciones durante las movilizaciones de ayer y bloqueos en centros educativos de todo el país.
Estudiantes levantaron barricadas y prendieron fuego a contenedores en Nantes, Estrasburgo, Toulouse y Lille, mientras que las autoridades denunciaron agresiones e intimidaciones contra directores de centros educativos.
Los diputados españoles votan hoy si validan los dos decretos de vivienda impulsados por el gobierno de izquierdas en plena ola de movilizaciones, pero su aprobación peligra por falta de apoyos en la cámara, dejando contra las cuerdas al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Un amplio dispositivo de seguridad rodeaba el Congreso de los Diputados en Madrid antes de la esperada sesión, que se desarrolla a estas horas.
Furgones de la policía y vallas aguardaban la llegada anunciada de los manifestantes que acampan por el derecho a la vivienda desde hace casi una semana en la cercana Puerta del Sol.
Los sindicatos de inquilinos llamaron a presionar por la aprobación de estos dos decretos que el gobierno adoptó el martes, en plena ola de protestas desatadas tras el desahucio la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a dejar el piso donde vivía desde hacía siete décadas.
Los decretos incluyen, entre otros, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan o medidas para restringir los desalojos de inquilinos vulnerables. Igualmente, apuntan a los llamados "fondos buitre", entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.
El gobierno pidió reiteradamente su aprobación, con el propio Sánchez llamando a actuar con "responsabilidad" a los diputados de la fragmentada cámara, en la que su ejecutivo de coalición no tiene mayoría.
Con los votos en contra de la oposición de derecha (PP) y extrema derecha (Vox), el ejecutivo necesita la abstención de los nacionalistas catalanes de Junts para aprobar al menos uno de los decretos.
Pero el partido de Carles Puigdemont anunció a última hora de ayer que votará en contra de ambos al considerar que no están bien planteados, y podrían tener efectos "negativos e irreversibles".
Para darle su apoyo, pidió al gobierno que los retire y elabore unos nuevos textos.
La vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Abascal, después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275%.
El caso provocó acampadas de protesta en el centro de Madrid y otras ciudades y convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional.
Agentes de inteligencia artificial (IA) de OpenAI que accedieron de manera autónoma a sitios gubernamentales intentaron borrar el rastro de su actividad, señalaron expertos en un informe publicado ayer.
La empresa de ciberseguridad Asymmetric Security analizó la actividad de estos agentes —programas de IA capaces de actuar por sí mismos—, que tuvieron como objetivo sitios del gobierno australiano y de otras organizaciones públicas entre marzo y septiembre.
Su informe se suma a investigaciones realizadas por OpenAI e investigadores independientes sobre una serie de incidentes revelados desde julio, entre ellos el hackeo de la plataforma de IA Hugging Face.
Estos análisis buscan determinar hasta dónde pueden llegar las herramientas de IA autónomas cuyos comportamientos imprevistos alimentan el temor a perder el control sobre esta tecnología.
La propia OpenAI calificó el ataque contra Hugging Face como el "primer caso conocido" de agentes que actúan de manera ofensiva sin autorización.
Los hechos examinados por Asymmetric Security parecen haberse originado en "tareas inocuas", como la recopilación de estadísticas sanitarias de Australia, que posteriormente derivaron en otras acciones, destaca el informe.
Sin embargo, estos elementos "no permiten determinar" si los agentes pretendían "ocultar" su actividad.
Las autoridades de Bolivia investigan por lavado de activos y narcotráfico al fiscal general Roger Mariaca, detenido dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales, informaron el jueves autoridades.
Mariaca fue arrestado por policías el miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
"Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia", dijo en rueda de prensa Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, liderada por Roger Mariaca, se convirtió en una "organización criminal destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo", agregó.
Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico, cargos que Mariaca niega.
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia.
Los policías encontraron fajos en moneda local y estadounidense que sumaban unos 300.000 dólares, escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un informe difundido por el Ministerio de Gobierno.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están aprehendidos en una dependencia policial y serán remitidos a la justicia ordinaria local, anunció Oviedo.
Mariaca fue designado en octubre de 2024 por el Congreso, con votos del Movimiento al Socialismo (MAS), partidos de los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Mariaca negó el lunes las acusaciones y aseguró a la prensa que la decisión de retirarle la visa era un acto de "injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones.
Oviedo aseguró que el operativo fue realizado por la policía boliviana, pero con la "cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias".
El ministro también señaló que cuando Mariaca era fiscal de Santa Cruz, en 2023, el narco uruguayo Sebastián Marset, entonces uno de los más buscados del cono sur, fue detenido allí por primera vez en Bolivia. "Lo dejaron salir" y "le devolvieron sus bienes incautados", denunció.
Marset fue recapturado por policías en marzo de este año y luego expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
En Chile, estudiantes y policías chocaron en el centro de Santiago durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027.
Los policías dispersaron con gases lacrimógenos y cañones de agua a los manifestantes, que en algunos casos respondieron con piedras, botellas y palos.
Diecisiete personas fueron detenidas, informó el ministerio del Interior.
Unas 6.000 personas, según las autoridades, acudieron a la convocatoria de las organizaciones estudiantiles bajo el lema "Ni un peso menos para la educación", pese a que aún se desconoce el detalle del primer presupuesto de Kast, que asumió en marzo con la promesa de austeridad.
Los carabineros cerraron el paso a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos cuando estos habían recorrido unos 800 metros.
El pasado miércoles, el presidente aseguró en un mensaje televisado que mantendrá la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes, meses después de que su gobierno se planteara limitar este derecho.
En Brasil, a sólo tres días de las elecciones presidenciales, y en una recta final atravesada por tensiones institucionales, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva denunció una presunta injerencia de Estados Unidos y le pidió formalmente a la Policía Federal y a la Fiscalía General que investiguen si la administración de Donald Trump financia de forma encubierta a grupos y redes opositoras vinculadas al bolsonarismo.
Para entender el trasfondo de esta grave acusación hay que remitirse a una investigación del diario británico The Guardian.
El informe reveló que el Departamento de Estado norteamericano asignó un millón de dólares a un programa bautizado "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil". Esos fondos formaban parte de un paquete millonario que estaba frenado en el Congreso estadounidense por objeciones de legisladores demócratas, pero el flamante secretario de Estado, Marco Rubio, firmó personalmente un memorando para destrabar el dinero al cierre del año fiscal.
Según la denuncia presentada por la Abogacía General de la Unión, ese dinero tendría como objetivo financiar a organizaciones locales para erosionar y deslegitimar al Supremo Tribunal Federal, en especial al juez Alexandre de Moraes, magistrado que lideró la causa que condenó a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
El Palacio del Planalto sostiene que este presunto esquema vulnera la soberanía y viola la prohibición constitucional que impide el financiamiento extranjero a causas y partidos políticos en Brasil.
En paralelo a este frente externo, el jueves se emitió la última tanda de la propaganda electoral gratuita en radio y televisión, un espacio clave que en Brasil llega a casi todos los hogares.
La campaña del oficialismo salió con los tapones de punta apelando a la religión y al espinoso tema de las apuestas online, las llamadas «bets».
Lula repudió los choques del senador opositor Flávio Bolsonaro con la Iglesia Católica y la Conferencia Nacional de Obispos, buscando blindar el voto de los fieles y devotos de Nuestra Señora Aparecida. Además, mostró archivos del clan Bolsonaro defendiendo la legalización de los juegos de azar, en medio de la reciente medida del gobierno para prohibir las apuestas por internet.
"¿Creés que Flávio Bolsonaro defiende a las apuestas o a su familia?", dice la propaganda electoral, tras un fragmento de Flavio defendiendo proyectos de casinos.
Flávio Bolsonaro, por su parte, contraatacó con el discurso del cambio, mostrándose en las góndolas de los supermercados para hablar del bolsillo de la gente, de la inflación de los alimentos y del miedo de no poder llenar el changuito, prometiendo desarmar lo que calificó como el viejo sistema que sólo beneficia a los políticos tradicionales.
"Conversé con madres, amas de casa. Fui a mercados, vi la angustia que todo el mundo tiene por no poder llenar más el changuito de mercado".
El último sondeo Datafolha, publicado anoche, ratifica una polarización extrema: Lula subió al 42% de intención de voto y Flávio Bolsonaro escaló al 38%. Si se miran los votos válidos, los que descuentan blancos y anulados para definir si hay balotaje, el presidente cosecha el 45% frente al 40% del senador liberal, mientras que candidatos menores como Augusto Cury, Ronaldo Caiado o Renan Santos rondan apenas entre el 3 y el 4%.
El cierre de campaña terminó en un verdadero escándalo judicial que vació el histórico debate presidencial de TV Globo a pocas horas de su inicio.
Lula ya había anunciado que faltaría a la cita para dar una entrevista en un podcast. Ante esto, el Tribunal Superior Electoral emitió una medida cautelar pedida por el oficialismo que le prohibió a la emisora mostrar de forma destacada el atril vacío del mandatario y vetó las preguntas dirigidas a su ausencia.
Indignado por la medida, Flávio Bolsonaro anunció a última hora que tampoco asistiría, acusando al tribunal de haber impuesto censura. El evento televisivo estelar de la campaña quedó así completamente desdibujado y sin sus dos principales protagonistas. Al mismo tiempo que los brasileños, acudirán a las urnas el domingo, sin haber tenido ningún debate con la participación de los dos mejor posicionados en los sondeos.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
En Argentina, como en el resto de la región, se sigue muy de cerca la elección presidencial de Brasil. Y, de hecho, se la vive casi como un tema local, dado que el gobierno y la oposición tienen identificaciones claras y explícitas con los contendientes.
El peronismo, en particular el kirchnerismo, y los partidos de izquierda, tienen un alineamiento absoluto con el presidente Lula Da Silva, y apuestan a que una reelección pueda influir en el escenario político argentino, porque se interpretará como un freno en el avance de los gobiernos de derecha.
En cambio, el gobierno de Javier Milei simpatiza con la candidatura de Flavio Bolsonaro, como ha quedado bien en evidencia con la última visita del presidente argentino a Brasil, cuando participó en un acto de campaña y tuvo expresiones agraviantes hacia Lula y el sistema judicial brasileño, que llevaron a que hasta el día de hoy se hayan retirado los embajadores.
Además de la afinidad ideológica, Milei espera que, si gana Bolsonaro, el Mercosur tome una nueva dirección, con mayor flexibilidad comercial y un acercamiento a las posturas de Estados Unidos.
Pero, más allá de las simpatías o antipatías, hay mucha atención a los efectos que la elección pueda tener sobre la economía regional.
Sobre todo, el tema que aparece bajo la lupa es el tipo de cambio. Hoy el dólar cotiza a 5,17 reales, y se espera que si gana Lula pueda haber una devaluación, mientras que si triunfa Bolsonaro, la moneda se fortalecerá.
Algunos bancos de inversión lo han puesto en números, como el Goldman Sachs, que pronostica que, en caso de reelección del líder del PT, el tipo de cambio pasaría a 5,8 reales por dólar, mientras que si se impusiera la oposición, la paridad pasaría a 4,5 reales por dólar.
Para el ministro de Economía, Toto Caputo, esto supone un motivo extra para hacer fuerza por Bolsonaro: una apreciación del real brasileño tiene un efecto de oxigenación sobre la economía argentina, porque mejoraría su competitividad. Es, de manera indirecta, como si el peso se devaluara, pero sin los efectos negativos sobre la inflación.
Brasil sigue siendo el primer destino de las exportaciones argentinas, como preponderancia de productos industrializados, como los automóviles. En los primeros ocho meses del año, había comprado por 8.500 millones de dólares.
Hay, además, otras connotaciones de la elección brasileña que impactan en Argentina. Entre ellas, la situación judicial y política de Cristina Kirchner, que desde el año pasado está en prisión domiciliaria, tras ser condenada en una causa por manejo irregular del presupuesto de obra pública.
Ya desde que Lula logró que su juicio se considerara nulo por vicios procesales y fuera liberado y desproscripto, en el entorno de Cristina Kirchner han tratado de emular esa estrategia.
Y no es casualidad que, entre los principales asesores de Cristina que impulsan su alegato ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, figure el brasileño Rafael Valim, uno de los abogados de Lula durante los procesos por corrupción del presidente brasileño.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
