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La crisis de Ueno Bank sacudió al sistema financiero y a la política paraguaya. El Banco Central anunció el inicio del proceso de disolución de la entidad luego de que esta no alcanzara la solvencia mínima exigida. La medida congeló depósitos, fondos previsionales y cuentas de empresas. Ueno tenía cerca de tres millones de clientes en un país de seis millones y medio de habitantes, y administraba importantes recursos del Estado.
“Una semana bastante intensa en el ámbito económico y ahora ya también en el ámbito político”, describió Gabriela Martínez Palma, periodista de la sección Economía del diario Última Hora de Asunción, en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva. En las horas previas a la entrevista, el presidente Santiago Peña había anunciado su renuncia, pero el Congreso todavía no la había aceptado y seguía en debate un juicio político.
Para Martínez Palma, la caída del banco no fue un hecho inesperado para quienes seguían su evolución. El cuestionamiento, dijo, se remonta al proceso que permitió a la financiera Ueno absorber Visión Banco. Visión tenía una cartera de créditos importante, pero también arrastraba una elevada morosidad. La operación despertó dudas en el sector financiero: “¿Cómo una financiera con poca liquidez o con poco patrimonio podría absorber a un banco?”, planteó la periodista.
Uno de los puntos más controvertidos fue el tratamiento de las deudas de Visión. Según explicó, se autorizó un diferimiento de alrededor de 300 millones de dólares a 20 años. “Para el sector financiero no cerraba”, dijo. A su entender, el plazo era excepcional: “A ninguno se le había dado un diferimiento de 20 años. Es mucho”. También se postergaron gastos vinculados con la absorción, agregó.
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La periodista señaló que, al sumar las deudas diferidas y los gastos de absorción, los montos podían superar el patrimonio que se había informado para el banco. “El patrimonio real del banco, en su inicio, se dijo que era 400 millones de dólares, pero solamente el diferimiento de la cartera era de 300”, explicó. “Con los gastos de absorción, ellos estimaban que era casi igual a 300 millones de dólares. Estamos hablando de 600; tu patrimonio era 400, básicamente estabas ya con pérdida de 200, más o menos”.
Las condiciones otorgadas a Ueno encendieron alertas entre otros bancos, que cuestionaron el efecto de esas reglas sobre la competencia y la solvencia de la entidad. “Las reglas del juego estaban totalmente distorsionadas ya desde ese momento”, afirmó Martínez Palma. También recordó que la Asociación de Bancos del Paraguay había puesto en duda las cifras de morosidad de Ueno: “No es normal que un banco con una cartera de crédito que ya venía arrastrando Banco Visión, y con los nuevos clientes que se están sumando, tenga un nivel de morosidad más bajo que el nuestro”.
La asociación, agregó, planteó entonces dos posibilidades: “Algo no está bien, este banco nos está mintiendo o la Superintendencia de Bancos no está haciendo correctamente el trabajo de supervisión”.
Hay más de un solo responsable
Las dudas, según Martínez Palma, se mantuvieron durante años sin que se llegara a una respuesta concluyente. “Tres años de discusión, de darse rumores, de darse todo tipo de sospechas de qué podría estar pasando”, resumió. Y añadió: “Eso es lo que a estas alturas indigna mucho más, porque fueron, como se dijo tantas veces, y tantas veces nos negaron lo que estaba pasando, que claramente acá hay más de un solo responsable”.
La investigación, sostuvo, no debería limitarse a los directivos del banco. “No solamente son las personas que están hoy ya detenidas y que son parte del banco en sí, sino que hubo un respaldo de entidades públicas”, dijo. En particular, pidió esclarecer si el Banco Central y la Superintendencia de Bancos cumplieron adecuadamente sus funciones: “Tienen que ser investigados para saber si hicieron o no hicieron correctamente el control”.
La periodista también cuestionó la concentración de fondos públicos en Ueno. Calculó que el banco tenía entre 800 y 850 millones de dólares provenientes de instituciones estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Economía, Petropar e Itaipú. “Esa liquidez la dan las instituciones públicas durante los últimos tres años”, afirmó.
En el caso del IPS, explicó, los depósitos crecieron con rapidez y llegaron a representar el 9% de su cartera total. “Hoy representa el 9 de la cartera total del IPS, la que está comprometida y que probablemente no sabemos cómo se va a recuperar”, señaló. Además, advirtió que la garantía de depósitos vigente en Paraguay —equivalente, según dijo, a 75 salarios mínimos— no cubriría una exposición de ese tamaño: “Para el IPS eso no es nada, no representa absolutamente nada”.
Martínez Palma sostuvo que las reglas del instituto fueron modificadas para permitir una mayor colocación de fondos en bancos y que ya se habían advertido los riesgos de esa concentración. “Se alertó en su momento que, si se cambiaban las reglas y se les permitía a los bancos seguir absorbiendo o captando los fondos del IPS, habría una exposición de sobremanera en ciertos bancos”, dijo.
A su juicio, la falta de límites legales para la concentración de recursos públicos también debe formar parte del análisis. “En Paraguay no existe una ley que limite a las instituciones públicas cuánto se pueden exponer o cuánto riesgo de su dinero puede estar solamente en un banco”, afirmó. Sobre la decisión de depositar fondos en Ueno, agregó: “Nosotros creemos que había cierta intención de favorecerle al banco”.
Vínculos políticos y controles bajo cuestionamiento
La crisis también reavivó el debate sobre los vínculos entre figuras políticas y el grupo propietario de Ueno. Peña había declarado que tenía acciones en Ueno Holding y, según se informó en la entrevista, las vendió en abril de 2025. Martínez Palma sostuvo que el presidente y el Congreso habían modificado la ley paraguaya sobre conflictos de intereses y “puertas giratorias”.
“Esa ley existía en Paraguay justamente porque lo que se da mucho es eso de ingresar al sector privado, sector público, y luego volver a salir y posicionarse en algún cargo sensible en el sector privado”, explicó. “Cuando ingresa Santiago Peña, modifica esa ley”, añadió, y mencionó también el paso de funcionarios con trayectoria en entidades financieras a cargos públicos.
La periodista afirmó que el crecimiento de Ueno se desarrolló en un contexto de conexiones políticas y empresariales, aunque subrayó que su alcance todavía debía establecerse. “Llegan al gobierno y fortalecen este banco de manera directa o de manera indirecta, no lo sabemos todavía. Eso está ahora mismo siendo investigado por la Fiscalía”, expresó.
También relató que, antes de la intervención, el Banco Central había remitido al Senado un informe que, a su juicio, no reflejaba la gravedad de las irregularidades que luego quedaron expuestas. Entre ellas mencionó problemas de solvencia, préstamos a empresas vinculadas por encima de los límites establecidos y operaciones sospechosas entre firmas relacionadas con el banco. “Lo que responden al Senado nada tenía que ver con lo que se confirma el martes último”, señaló.
La resolución del Banco Central llegó después de que la entidad no inyectara capital para volver a los parámetros exigidos. “Fue una negación hasta el último momento”, dijo Martínez Palma. Recordó que, la semana anterior, Peña había descrito el asunto como “una cuestión comercial entre bancos” y como una disputa entre medios de comunicación vinculados a grupos empresariales. Luego, en la noche del lunes, el Banco Central convocó a una conferencia de prensa y publicó la resolución que inició el proceso de disolución.
El impacto alcanzó a los clientes y a los trabajadores. Martínez Palma mencionó las campañas de reintegros de entre 40% y 50% que ayudaron a atraer usuarios, muchos de los cuales abrieron cuentas desde el teléfono. “Hoy son los principales afectados”, afirmó. También señaló que había trabajadores independientes que recibían allí sus salarios y que quedaron sin poder disponer de su dinero.
El grupo empresarial, agregó, tenía cerca de 4.000 trabajadores en distintas empresas y actividades, entre ellas medios de comunicación, transporte y servicios tecnológicos. Algunas de esas compañías tenían contratos con el Estado. La crisis, por tanto, amenazaba con extender sus consecuencias más allá de los ahorristas y del banco.
La renuncia de Peña y el juicio político
La renuncia de Peña se produjo en medio de la presión social y política, pero no puso fin de inmediato a la crisis institucional. Al momento de la entrevista, el Congreso no la había aceptado y el mandatario seguía formalmente en funciones. Además, había pedido 72 horas para preparar su defensa ante el juicio político.
Para Martínez Palma, la decisión de renunciar no fue tan sorpresiva como el cambio de posición del Partido Colorado, que hasta entonces sostenía al gobierno. “Más que la renuncia de Peña, lo que sí fue sorpresivo era que el partido que sostiene a este gobierno” se sumara a la iniciativa del juicio político, dijo.
La ciudadanía reclamaba que la renuncia no fuera aceptada. Según explicó la periodista, una de las razones era que Peña podía adquirir fueros como expresidente y quedar protegido frente a una investigación penal. “La ciudadanía cree, y también parte del sector político y económico, que el presidente tiene una vinculación directa con el banco y tiene responsabilidades que asumir en todo este esquema”, señaló. También indicó que se había presentado una denuncia penal contra el mandatario.
Las protestas, describió, no estaban integradas únicamente por opositores. Había clientes afectados, trabajadores y jóvenes que se acercaban al Congreso con sus familias. “Ya no es solamente una cuestión política”, dijo. En su evaluación, el malestar respondía tanto al perjuicio económico como a la falta de explicaciones y a la desconfianza en las instituciones.
Martínez Palma advirtió que la situación podía agravarse si el Congreso no daba una respuesta. “Ya son cuatro días de manifestaciones constantes. Hay gente que está haciendo vigilia en el Congreso Nacional”, dijo. “Esta situación va a ir escalando si es que no se le da una respuesta a la ciudadanía”.
Si Peña era destituido, asumiría el vicepresidente Pedro Alliana. La periodista no esperaba que ese cambio significara una modificación sustancial del rumbo político. “No creemos que sea un cambio. Probablemente es el mal menor”, afirmó. Alliana, explicó, pertenecía a la misma línea política del gobierno y no se esperaban grandes cambios.
Repercusiones económicas y sobre la imagen del país
La crisis también podía tener consecuencias para la economía paraguaya y para la imagen internacional del país. Martínez Palma expresó preocupación por las calificaciones crediticias y por la situación fiscal. Dijo que Paraguay contaba con grado de inversión otorgado por Moody’s y Standard & Poor’s, pero consideró que el escándalo podía ponerlas en riesgo. “Probablemente ambas van a ser removidas”, sostuvo, aunque se trataba de una previsión y no de una decisión anunciada por las agencias.
La periodista mencionó, además, una depreciación del guaraní frente al dólar y una caída de las ventas en el comercio, en un clima de incertidumbre. “Se ve un movimiento interesante en el sector cambiario”, dijo. “Creemos que son depositantes de guaraníes que están pasándose a dólares debido a esta incertidumbre”.
Para Martínez Palma, el alcance internacional del caso agravaba el daño reputacional. “Todo este escándalo local ha trepado a nivel internacional”, afirmó. Y, frente a la crisis financiera y política, insistió en que la prioridad era explicar cómo se llegó a ese desenlace: “Lo que se esperaba mucho más era un presidente preparado para estar a la altura de una situación” de esta magnitud, dijo, en referencia a la trayectoria económica de Peña.
