FLASH INFORMATIVO DE LAS 10:00 HORAS
El próximo martes 17 se realizará una Asamblea General extraordinaria en el Casmu, para analizar el informe jurídico que sugiere que autoridades anteriores falsearon balances para acceder al Fondo de Garantía, y seguir cobrando las cápitas del Ministerio de Salud Pública. Así, se evaluarán responsabilidades y se definirá si se radica una denuncia penal.
La gestión de las autoridades anteriores del Casmu está bajo la lupa, luego de que un informe jurídico identificara una serie de irregularidades que podrían configurar estafa. El informe, cuyas conclusiones publicó Búsqueda días atrás, recomienda presentar los hallazgos en la Fiscalía. Incluso, dos contadores advirtieron las irregularidades y fueron desvinculados de la institución. En el orden del día figura la “consideración y determinación sobre la existencia de eventuales violaciones a la ley, estatuto social o a los reglamentos, mal desempeño en sus funciones y/o vulneración de deberes por parte de directivos y/o asociados; y adopción, en su caso, de las medidas sancionatorias, legales, estatutarias y de responsabilidad que correspondan”. Según supo Búsqueda, se espera que la asamblea del martes pueda definir si se radica la denuncia en Fiscalía o no, y si se resuelve expulsar de la mutualista a los dirigentes involucrados en las irregularidades señaladas, especialmente a su expresidente Raúl Rodríguez, quien integra el Consejo Directivo como prosecretario. El detalle de los documentos analizados por los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson evidencia, entre otras cosas, un “apartamiento a la normativa contable claro y ostensible”, que era conocido por los responsables (tanto los profesionales que materialmente realizaron el comportamiento como los cargos directivos superiores). Además, los involucrados eran conscientes de “su impacto en los resultados”, lo cual “es indicativo de dolo”. El último balance contable de la administración presidida por Rodríguez “fue aprobado por la Asamblea General (del Casmu) ‘bajo engaño’”, se advierte en el informe. “Es decir, se aprobaron resultados ostensiblemente distintos a los que debió haber arrojado el o los balances” de haber sido elaborados correctamente. Esto determinó que se obtuvieran “beneficios” que, de otra manera, “no hubieran sido otorgados o mantenidos en el tiempo”. En especial, el acceso al Fondo de Garantía que permitió al Casmu disponer de $ 2.184.367.134 en una situación de crisis de liquidez. El Plan de Reestructuración presentado se apoyó explícitamente en los controvertidos balances, advirtiendo que pese a la situación se estaban logrando resultados positivos. Los abogados sostienen que se visualizaron “violaciones normativas flagrantes” del ámbito de la contabilidad, “que excluyen la posibilidad de argumentar dobles interpretaciones normativas”. El eventual “conocimiento de los apartamientos normativos” podría estar reflejado en un intercambio de correos entre el contador Ignacio Labat, el exgerente general Marcelo Gilard, la exvicepresidenta Andrea Zumar y el expresidente Rodríguez. Los correos integran el informe completo al que accedió Búsqueda. En el informe se relata que “no solo no se tuvieron en cuenta las consideraciones de los contadores referidos, sino que a los pocos días fueron desvinculados de la institución, dejando de prestar sus servicios profesionales”. Para Donnángelo y Sasson, esto podría ser considerado “un posible y eventual acto de ocultamiento”, que implicaría que “los apartamientos normativos podrían haber sido realizados adrede para exponer una situación patrimonial mejor de la real”. La hipótesis refuerza el riesgo penal, aseguran. Consultado por Búsqueda, Raúl Rodríguez fustigó el contenido del informe que, según él, se basa solamente en documentos brindados por las autoridades actuales, sin haberlo consultado a él ni a sus colaboradores, ni a Grant Thornton, firma que audita los números del Casmu desde 2023 hasta hoy.
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El Partido Nacional denunció que el Ministerio de Industria, Energía y Minería, proyecta quitarle 330 hectáreas de alta calidad a la cuenca lechera en Florida, para dárselas a la firma española Solaria.
En ese sentido, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, cuestionó la expropiación de tierras que, según afirmó, impulsa el gobierno para el proyecto de la empresa española, y apuntó contra la ministra de Industria, Fernanda Cardona, al señalar que los campos que se busca expropiar tienen un alto índice de productividad y reclamó que se conozca más información sobre la inversión. En tanto, Cardona respondió que se manejan datos que no son reales y subrayó que ninguno de los proyectos que negocia el gobierno desplaza a la producción nacional y dijo que se ofreció a concurrir a ambas cámaras para despejar dudas. A todo esto, Da Silva sostuvo que el MIEM y UTE buscan expropiar 330 hectáreas en Cardal, departamento de Florida, en campos de calidad productiva elevada y afirmó que en la zona ya hay una puja por la tierra y que es probable que las vacas lecheras sean reemplazadas por paneles solares. El legislador blanco pidió más datos sobre la inversión: "Me parece que el secretismo de Solaria, hace que nos vayamos metiendo en temas en donde no se dice la verdad". Luego se dirigió a Cardona: "Acá hay que avisarle a la ministra que no todos los uruguayos nos comemos los mocos, que habrá algunos que conocemos la realidad y conocemos el impacto de lo que es la pelea por el acceso a la tierra, y que se modere un poco con las declaraciones porque conmigo no va a poder, porque conozco Independencia, Cardal, San José, toda la zona, quién es quién, dónde están. Entonces, si quiere decir medias verdades, que no las diga públicamente, porque si no vamos a empezar con una enorme cantidad de líos que nadie los quiere". A propósito, la ministra explicó que se ofreció a ir al Legislativo hace unas tres semanas.
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Desde el próximo lunes, comenzará a funcionar la plataforma Integra Empleo, y las empresas podrán contratar trabajadores con incentivos. Además, el miércoles 18 se habilitarán las inscripciones para el programa "Yo estudio y trabajo", destinado a jóvenes de 15 a 24 años.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada a principios de agosto. De esta forma, a partir de las 13 horas del lunes 16 de noviembre quedará habilitada la plataforma Integra Empleo (www.integraempleo.gub.uy) a la que podrán recurrir tanto empleadores como trabajadores. Desde el 16 de noviembre, las empresas podrán contratar el sistema de contratación de trabajadores con subsidios. Los incentivos a las empresas van desde el 25 al 80% de la remuneración. Por ejemplo, si es joven y varón es de 25%, si es mujer 33,3% y así hasta el 80% en caso de personas con discapacidad o liberadas. El presupuesto del programa es de 407 millones de pesos, unos 10 millones de dólares, destacó. El ministro Castillo remarcó que la nueva normativa toma como punto de partida y reformula las leyes de empleo juvenil, de fomento al empleo y de promoción del empleo. El objetivo es dar mayores oportunidades de acceso al mercado laboral a los más jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas mayores de 45 años, población afrodescendiente, con discapacidad, personas trans, con discapacidad, liberados de las cárceles o con medidas alternativas, y padres de hijos con discapacidad menores de 15 años. El ministro también anunció el lanzamiento de la edición número 15 del programa "Yo estudio y trabajo" a partir del miércoles 18, y hasta el miércoles 25 de noviembre irá el período de inscripciones. Se verificarán los datos y el 1º de diciembre se hará el sorteo. La inscripción se realizará a través de la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para jóvenes de entre 15 y 24 años.
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Tras superar con creces las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio -más de 9.000- La Amplia, el sector de la vicepresidenta Carolina Cosse, aspira a que el próximo Plenario del FA previsto para el 21 de noviembre, considere el ingreso formal del grupo a la fuerza política.
Con la obtención de las firmas, solo resta que el Plenario de la coalición de izquierdas apruebe formalmente el ingreso de La Amplia. Una vez presentados los respaldos, el estatuto del Frente Amplio indica que el ingreso deberá ser aprobado por cuatro quintos del Plenario Nacional, sin que exista un décimo de votos en contra. Para ingresar al Frente Amplio y constituirse en un sector nacional, la agrupación debía conseguir una cantidad de firmas equivalente al 3% de los adherentes de la fuerza política en cinco departamentos que en conjunto superen el 70% de la población del país, en nueve departamentos incluido Montevideo, o en 12 departamentos que no incluyan la capital. En agosto, el sector ya había logrado llegar al piso de firmas, pero siguió trabajando para engrosar la cifra y así tener un “colchón” que le permita llegar con tranquilidad a las instancias de revisión. Esto se hace porque algunas de las firmas contienen datos “ilegibles”, por lo que se precisa aumentar el número para asegurar la cifra mínima necesaria. La Amplia aspira a competir directamente en las elecciones internas del Frente Amplio. En la anterior contienda, el sector compitió a través de una alianza con el Partido Comunista, y llegó a conseguir representación en la Mesa Política Nacional. Pero en los hechos, el grupo no integra formalmente la coalición de izquierdas y por lo tanto tiene una incidencia muy limitada en sus organismos internos. Al parecer, el sector todavía no definió si competirá directamente y de forma solitaria en las elecciones o si hará una alianza política con otros grupos de la izquierda.
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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó el acuerdo de complementación de ASSE y la prestadora privada COMEF, para el servicio de pediatría única en Florida, que funciona desde hace una década.
La secretaria de Estado, tras reunirse con los directores departamentales de salud de todo el país, señaló que la complementación estará en el centro de esta instancia, ya que se apunta a avanzar en aquellos pueblos y otras pequeñas localidades en las que hay presencia de más de una prestadora, y "entre las dos, a veces no se hace una, aunque con la mejor intención, no prestan la mejor calidad asistencial en función de las necesidades que tienen los habitantes de esa localidad", según detalló el periodista Emilio Martínez Muracciole en Informativo Uruguay/ Radios Públicas.
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La prueba Acredita Educación Media Superior, se realizará por primera vez en dos instancias obligatorias el próximo 28 de noviembre y 5 de diciembre.
En ese marco, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) compartió algunos datos vinculados al proceso de inscripción y dio a conocer herramientas virtuales con el objetivo de cooperar en las etapas de estudio previo. El período de inscripciones se extendió desde el 14 de julio hasta el 2 de setiembre y allí 40.075 personas se registraron para rendir la prueba. Desde la ANEP explicaron que el número de inscriptos superó “todas las previsiones” y que finalmente serán 22.000 las personas que participen en esta instancia de evaluación a nivel nacional, pese a que en un principio habían previsto que serían 10.000 cupos. La selección de aspirantes se realizó mediante un sorteo ante un escribano público y se dispuso que quienes no fueron sorteados tengan prioridad para participar en la edición de 2027. Desde la ANEP informaron que los resultados finales de las pruebas estarán disponibles a partir de mediados de 2027. A su vez, insistieron en que la asistencia es obligatoria en ambas jornadas de evaluación para todos los participantes, ya que, la no asistencia a uno de los días de prueba significa la pérdida total de la instancia de acreditación. Al mismo tiempo, esta falta impedirá participar en una nueva edición de la prueba el próximo año. Por otra parte, en cada una de las 56 sedes habilitadas y distribuidas en todo el país para rendir la prueba, se establecieron tres turnos que comprenderán la evaluación de dos áreas por jornada. Las cuatro áreas de evaluación serán: comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos.
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El subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, reconoció que el régimen de vivienda promovida, tiene "dificultades" para facilitar el acceso a la vivienda a las personas y familias a las que originalmente estaba dirigida la ley.
“Tenemos dificultad del acceso a la vivienda a través de esta ley para la población y para las familias y las personas que esta ley buscaba”, señaló el jerarca. Di Candia también se refirió al crecimiento de los monoambientes dentro de los proyectos de vivienda promovida, que comenzaron a recibir exoneraciones fiscales a partir de un decreto aprobado en 2020. “Siguen siendo el 10% de las viviendas que se promueven; hubo un crecimiento exponencial”, afirmó. Hasta ese año, los monoambientes representaban poco más del 3% de las viviendas construidas bajo este régimen. Actualmente, la proporción ronda el 10%. Consultado sobre si seguirán aumentando, el subsecretario respondió: “En principio, de la manera en que está, lo dirá el mercado. Hasta el 2020 era un 3 y pico por ciento. Hoy están en un 10% aproximadamente”. La construcción de monoambientes dentro de proyectos de vivienda promovida está permitida desde 2011, aunque inicialmente estas unidades no recibían beneficios fiscales. Hasta 2020 se habían construido unos 206 apartamentos de este tipo. Ese año, un decreto habilitó las exoneraciones para monoambientes de entre 25 y 40 metros cuadrados, lo que impulsó su construcción. Actualmente está en discusión un proyecto de ley presentado por el senador socialista Gustavo González, que propone aumentar la superficie mínima de 25 a 35 metros cuadrados y exigir al menos un dormitorio. Una vez que avance esa discusión, los ministerios de Economía y Vivienda tienen previsto definir cambios al régimen de vivienda promovida.
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AFE mantiene abierta la posibilidad de restablecer los trenes de pasajeros hasta San José de Mayo, aunque por el momento, depende que el organismo pueda disponer del material rodante necesario.
Así lo confirmó el edil del Partido Nacional, Alberto Casas, tras recibir una respuesta del organismo a un planteo presentado en mayo en la Junta Departamental, con el respaldo de representantes de los distintos partidos políticos. Según explicó el curul, AFE no descartó recuperar la conexión ferroviaria con la capital maragata una vez que cuente con los vagones o trenes necesarios. Casas señaló que la respuesta no hace referencia a dificultades vinculadas al estado de las vías y recordó que la propuesta apunta a recuperar un medio de transporte que podría beneficiar a trabajadores y estudiantes que se desplazan diariamente por el corredor de la ruta 11. En ese marco, el edil anunció que buscará trasladar la inquietud a los diputados y senadores del departamento y continuar las gestiones ante la Unión Ferroviaria, que ya había expresado su interés en la iniciativa.
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Una nueva edición de la carrera San Felipe y Santiago, la tradicional actividad deportiva de 10 kilómetros de Montevideo, tendrá lugar este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas en la rambla.
La Intendencia de Montevideo informó que hasta hoy sábado inclusive, los anotados podrán retirar sus kits en la Rural del Prado. La entrada habilitada por la avenida Lucas Obes 1010, abrió hoy sus puertas de 09:00 a 14:00. Para retirar el kit hay que presentar: Cédula de identidad; Deslinde de responsabilidad firmado; Original y fotocopia del control de salud en cualquiera de sus opciones (carné de salud, certificado de aptitud física o certificado médico expedido a efectos de la carrera). Si el participante es estudiante, es obligatorio presentar el certificado de estudios vigente que acredite tu condición. En el caso de retirar el kit de otra persona no es necesario presentar la cédula de identidad física, se puede llevar una fotocopia.
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Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas debido a un fallo masivo de las comunicaciones, pero "tomará tiempo" volver a la normalidad.
La suspensión en todo el país el viernes provocó caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros. Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. La interrupción de los vuelos duró alrededor de cuatro horas. La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo "tras restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (…). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", dijo. El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.
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Los Guardianes de la Revolución iraníes informaron este sábado que se escucharon explosiones en dos petroleros después de que chocaran con minas en el estrecho de Ormuz, donde Teherán ha restringido la navegación.
Desde que estalló la guerra con Estados Unidos en febrero, la república islámica ha insistido en que los buques obtengan su autorización para cruzar el estrecho y ha atacado a los que no cumplen con esa exigencia. "Hace poco, dos petroleros que habían apagado sus sistemas de radar y posicionamiento y que intentaban secretamente atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada explotaron y se incendiaron tras chocar con una mina naval", informó la fuerza de élite en un comunicado difundido por la prensa estatal iraní. El boletín no proporcionó los nombres ni el origen de las embarcaciones, pero señaló que una de ellas era un superpetrolero. En respuesta a la paralización de Teherán de esta ruta comercial estratégica, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes y brinda apoyo militar a los buques cisterna que intentan cruzar Ormuz. En las últimas semanas, las fuerzas armadas iraníes han informado de varios incendios o explosiones a bordo de barcos en el estrecho al afirmar a menudo que las embarcaciones chocaron contra minas.
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Francia enfrenta su quinto sábado consecutivo de manifestaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Para esta jornada están convocadas entre 50 y 60 movilizaciones en todo el país, para las que el Gobierno ya ha dispuesto un amplio despliegue policial.
Las manifestaciones están convocadas por organizaciones estudiantiles y los ‘chalecos amarillos’, que también han anunciado dos marchas paralelas: una en defensa de los derechos de la infancia y contra la violencia policial. Esta última protesta se enfrenta a un proyecto de ley que plantea establecer una presunción de uso legítimo de las armas por parte de las fuerzas del orden. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha advertido de la posible presencia de grupos violentos durante las manifestaciones. El ministro del Interior francés, insistió en que los violentos podrían propiciar nuevos ataques a comercios y destrozos en los centros de las ciudades, al igual que ya ocurrió el pasado 17 de octubre en múltiples cascos urbanos franceses. En consecuencia, el Ejecutivo ha dispuesto el despliegue de 70.000 policías y gendarmes y unidades móviles preparadas para intervenir. Los agentes han sido preparados para actuar en caso de que los grupos de agitadores se fragmenten en pequeños grupos con la intención de eludir los controles policiales.
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