Por Fernando Butazzoni ///
La separación del cargo de Dilma Rousseff en Brasil pone una vez más de relieve la necesidad del Frente Amplio (FA) y su gobierno de unificar criterios y conductas en materia de política exterior. En reiteradas ocasiones, pero muy especialmente en el último año, las fricciones en ese terreno han sido múltiples. Casi siempre el cartón ligador terminó siendo Nin Novoa, porque es el canciller y también porque no tiene pelos en la lengua.
Una sencilla declaración de Nin, formulada en París en octubre del año pasado sobre la lucha contra el terrorismo, mereció idas y venidas, objeciones y pedidos de aclaración de varios legisladores frenteamplistas. Al final, el propio ministro de Relaciones Exteriores debió explicar el alcance de sus palabras para evitar entredichos mayores.
Las conversaciones sobre el TISA fueron, como se recordará, bochadas por el Plenario Nacional del FA, pese a que el Gobierno había señalado su interés en conocer en detalle los mecanismos y los contenidos de ese tratado, y pese a que el canciller consideraba un error levantarse de la mesa donde se estaban realizando esas conversaciones antes siquiera de que las mismas finalizaran.
En los últimos días, el ex vicepresidente de la República Luis Hierro, propuesto por el Gobierno para ocupar el cargo de embajador en Perú, tuvo que desarmar la valija porque en la bancada parlamentaria frentista no había acuerdo para darle la venia, lo que provocó que el Gobierno retirara la propuesta.
Los ejemplos son abundantes, tan abundantes que alarman. Pero ahora ocurre que la presidenta de Brasil, electa democrática y limpiamente, ha sido apartada temporalmente de su cargo en un proceso que, más allá de cualquier consideración política, ha respetado los pasos previstos en la constitución de aquel país.
Entonces, la izquierda uruguaya en el Gobierno se enfrenta a un grave dilema: o continúa con el respaldo a Dilma, a Lula y al PT, ya en el llano, o entabla vínculos más o menos serios con el Gobierno provisional recién asumido. La Mesa Política del FA dio un primer paso al emitir el viernes una dura declaración respecto a la situación política en Brasil, en la que reitera su afiliación a la tesis del “golpe de Estado parlamentario” propiciado por “la derecha brasilera”, y proclama su respaldo irrestricto a Dilma Rousseff, al PT y al pueblo brasileño.
El canciller Nin Novoa declaró el jueves 12, pocas horas después de que asumiera la presidencia Michel Temer, que los cancilleres de Unasur no se van a reunir por la situación en Brasil “porque no hay consenso” y que el Gobierno de Uruguay no pedirá la activación de la cláusula democrática del Mercosur. Nin fue un poco más lejos respecto al nuevo Gobierno brasileño: “Estamos esperando que nos llamen”, dijo.
Parece inevitable una nueva confrontación entre el Gobierno de Vázquez y su canciller por un lado, y la Mesa Política del Frente Amplio por otro. Las posiciones son distantes, tanto como los niveles de responsabilidad que tienen unos y otros en la conducción de la política exterior. Los lenguajes también difieren: mientras los unos hablan de lácteos, cebada, maltas y plásticos, los otros denuncian conspiraciones, golpes, regresión y pobreza.
Gobernar es decidir. Y Tabaré deberá decidir si acompaña, de una u otra forma, con más o menos entusiasmo, la postura asumida por su partido, o si busca en cambio mantener el buen relacionamiento con Brasil, más allá del rumbo que tome el juicio político a Dilma. Lo que parece evidente es que las dos cosas no pueden caminar juntas, porque los brasileños tienen muchos problemas, pero no son tontos.
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