Por Fernando Butazzoni ///
La mayoría de la oposición parlamentaria propuso la semana pasada, en la Cámara de Diputados, crear una comisión investigadora para analizar los negocios realizados entre Uruguay y Venezuela en los últimos años. La mayoría del oficialismo se negó a votar ese instrumento, y lo que se generó a partir de entonces fue un escándalo político de dimensiones importantes.
Ha habido fuego cruzado en todas direcciones y, a juzgar por las declaraciones de los principales animadores de la contienda, el caso terminará en la Justicia.
Los cuestionamientos de la oposición están vinculados a varios acuerdos firmados en 2011 entre autoridades y empresarios uruguayos, por una parte, y autoridades y empresarios venezolanos por otro.
En el marco de la sesión parlamentaria en la que se debatió el asunto resaltaron dos posturas contrapuestas y decisivas: la del diputado Gonzalo Mujica (FA) que votó a favor de la creación de la referida comisión investigadora, y la del diputado Eduardo Rubio (Asamblea Popular) que votó en contra. Así fue que el oficialismo consiguió puntualmente, por izquierda, lo que había perdido por derecha. Los votos no alcanzaron y la comisión no se formará.
Muchísimos frenteamplistas han expresado en los últimos días, y de distintas maneras, su disconformidad con la actuación parlamentaria de su fuerza política. Pero ni las autoridades del FA ni sus legisladores parecen haberse enterado de eso. Por el contrario, son numerosos los dirigentes (Orsi, Civila, Meroni) que han decidido plantarse en sus trece, crispar aún más el ambiente y pedirle públicamente a Gonzalo Mujica que devuelva la banca.
Lo anterior alcanzaría para demostrar que fue errónea la decisión del Frente Amplio de impedir la formación de esa comisión investigadora. Las razones esgrimidas, primero en una abigarrada conferencia de prensa y después en la propia sesión de la Cámara de Diputados no fueron lo bastante poderosas como para contrarrestar el manto de sospecha que se ha instalado en el conjunto de la sociedad, y que salpica de forma indiscriminada a empresarios, gestores y ex integrantes del Poder Ejecutivo.
Pero la decisión fue, además de errónea, totalmente reprobable. La transparencia en la gestión pública debe siempre quedar a resguardo de las contingencias de la vida política. Hay que ser y además parecer. La ciudadanía sólo se puede ejercitar a plenitud si esa transparencia es satisfecha desde distintos ámbitos, en primer lugar desde aquellos que tienen la responsabilidad de mostrar las cosas como son. No fue lo que aconteció en este caso, y el Frente Amplio va a pagar un alto costo por ello.
Se engañan los que piensan que la fractura expuesta por Gonzalo Mujica es un incidente menor en la vida del FA. Esa fractura es, por el contrario, el resultado de una torcedura previa que muchos se empeñaron en desconocer. Rengueaban pero seguían corriendo. Ahora deberán aprender a usar las muletas.
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