Por Fernando Butazzoni ///
Lo que sigue es un rápido recorrido geográfico por noticias que, en las últimas semanas, vincularon a los países de América latina y el Caribe con graves fenómenos de corrupción en ámbitos estatales. En este mapeo aparecen muchos países marcados en rojo y muy pocos, casi ninguno, en verde.
Comencemos por el norte. El pasado jueves 16, el jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México, Aristóteles Núñez, declaró en una entrevista que uno de los mayores logros del presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue haber “obligado a pagar impuestos a gobernadores, exgobernadores, diputados y senadores de la República”. Núñez se refirió al pasar a los casos de “saqueo a las arcas de Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango”, para ilustrar la magnitud de la tarea.
Sigamos: en Guatemala el fiscal Julio Prado acusó la semana pasada al ex presidente Otto Pérez Molina de “crear una estructura criminal” para saquear las arcas públicas. Prado estimó, de acuerdo a su investigación, en US$ 37,9 millones el dinero recibido por Otto Pérez en concepto de coimas provenientes de al menos 70 contratos. Debe señalarse que tanto el ex presidente como su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya están presos.
En Honduras, lo más reciente es que un integrante de la Corte Suprema de Justicia, nombrado para dirigir la lucha anticorrupción, ha sido denunciado ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Al magistrado José Olivio Rodríguez se lo acusa de “avalar” compras de automóviles por los que se pagó hasta cuatro veces su valor. La maniobra fue hecha pública hace dos semanas, rondaría los US$ 3,5 millones y, según los investigadores, “es apenas la punta del iceberg”.
En El Salvador, desde el 29 de marzo pasado la Fiscalía Nacional investiga penalmente al expresidente Mauricio Funes por el posible enriquecimiento ilícito de más de US$ 728.000 durante su mandato, culminado hace dos años. Funes fue el primer presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización guerrillera que combatió durante 12 años contra sucesivos gobiernos de facto.
En Nicaragua las denuncias de corrupción, nepotismo y conexos contra el matrimonio en el Gobierno (Ortega-Murillo) son cientos, y suman decenas de miles de millones de dólares. Uno de los casos más sonados ha sido el presunto acuerdo con China para la construcción de un Canal Interoceánico, que partiría en dos a Nicaragua y que implica negocios y concesiones con privados por un monto inicial de hasta US$ 50.000 millones. Todo el proyecto se ha realizado sin avales parlamentarios, sin licitación y sin auditorías.
En Panamá, el explosivo asunto de los Panama Papers ha puesto en aprietos al presidente Juan Carlos Varela. Pero no es el único caso que vincula al mandatario con denuncias de corrupción. Una de las más relevantes tiene que ver con los casi US$ 6.000 millones que, según estimaciones, ingresan cada año en contrabando a Colombia, procedentes de Panamá. Hay quienes opinan que Varela puede estar detrás de esos asuntos.
En la Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro, organizaciones del corazón mismo de la izquierda de ese país calculan en US$ 260.000 millones el monto del dinero “esfumado” de las arcas públicas en los últimos tres años. Los organismos favoritos para proceder al robo de dinero del Estado fueron dos: la empresa petrolera PDVSA y la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI).
Los más nuevo es que el sitio web Aporrea, bastión del chavismo más recalcitrante, fue “hackeado” y puesto fuera de servicio el pasado 12 de junio, a raíz de sus denuncias sobre la corrupción en el Gobierno.
En Colombia, el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, fue condenado por coimero el pasado 15 de abril por la Corte Suprema de Justicia. Prófugo desde entonces, se entregó la semana pasada a agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General.
En Haití, el exdirector de la Oficina de Monetización de Programas de Asistencia para el Desarrollo de Haití (BMPAD, por sus siglas en francés) Eustache St-Lot, fue arrestado debido a “algunas inconsistencias” en su declaración sobre la gestión que realizó del dinero de Petrocaribe, que es el programa venezolano de petróleo subsidiado. La Fiscalía de Puerto Príncipe tenía abierta desde abril una investigación sobre la gestión de los fondos de ese programa. Las “inconsistencias” de Eustache ascienden por ahora a US$ 2.000 millones.
Hay mucho más, pero para muestra alcanza. Si agregamos Argentina y Brasil a la lista, la pregunta cantada es: ¿Qué color se le puede asignar a Uruguay en este mapeo?
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El diario del lunes es el blog de Fernando Butazzoni en EnPerspectiva.net. Como no podía ser de otra manera, actualiza todos los lunes.
