Por Fernando Butazzoni ///
El paro y la movilización callejera son recursos que, en general, las sociedades modernas utilizan en circunstancias excepcionales. Ocurre que un conflicto llevado a esos extremos siempre desgasta, provoca tensiones no queridas y establece una línea demarcatoria final: después de eso no queda nada más para hacer.
En los países europeos que debieron enfrentar el desfonde de sus economías en años recientes se produjeron grandes manifestaciones populares, hubo acampadas como la de los “indignados”, hubo también choques y refriegas con la policía. Lo cierto es que, después de tanto humo, lo que quedó fue un grupo de políticos negociando alrededor de una mesa la mejor manera de salir del pozo. Eso pasó por ejemplo en España, en Portugal y, mucho más recientemente, en Grecia.
En Uruguay, en cambio, el paro y la consiguiente movilización es la primera medida de lucha. A tal punto que en algunas circunstancias se decreta de forma automática, como en el sindicato de la construcción ante la muerte de un obrero, o en el de magisterio ante la agresión a un docente. Esta práctica, sin embargo, no ha traído aparejada una mejoría en aquellos asuntos por los que se realizan dichos paros.
En la construcción, por ejemplo, las cifras de siniestralidad laboral y fallecimientos no cambiaron su tendencia hasta que se implementó en los ámbitos institucionales correspondientes la llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. En la enseñanza, la cantidad de agresiones a docentes en lugar de haber disminuido se ha multiplicado, quizá porque la televisión anuncia el paro automático, entrevista a dos o tres locuaces madres de la escuela en cuestión y le asegura así un protagonismo fulminante al hecho puntual.
El más reciente informe sobre conflictividad laboral realizado por la Universidad Católica, muestra un severísimo incremento de los paros y las huelgas en este 2015. Es, por lejos, el punto más alto desde hace muchos años. Algunos analistas opinan que es una señal de desgaste del gobierno del Frente Amplio, al mando del país desde hace una década. Otros dicen que es una expresión del “gobierno en disputa”. Y otros señalan que la conflictividad está en relación inversa con la marcha de la economía: cuanto más dinero haya, menos paros habrá.
Lo incuestionable es que los dos gobiernos del Frente Amplio distribuyeron la riqueza como nunca antes en la historia del país. Todos los indicadores lo demuestran. Sin embargo, para desconcierto de muchos, Tabaré Vázquez fue recibido esta vez con artillería pesada desde el movimiento sindical. Desde el primer día el acoso fue constante, sin tregua.
Las consecuencias últimas de esta confrontación están por verse, pero en ningún caso serán positivas. No lo serán para el conjunto de la sociedad ni para los sectores más empeñosos en los reclamos. Tampoco serán buenas para el movimiento sindical, que ya ha sufrido varias estocadas en su dirigencia y que parece un poco alejado de la realidad, esa verdad ante la que tarde o temprano todos debemos rendirnos.
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