El repudiable atentado sufrido el 7 de enero en París contra la revista satírica Charlie Hebdo vino a reforzar la argumentación que desde junio de 2014 alienta en Francia el proyecto de ley sobre espionaje que se encontraba a estudio del parlamento. En estos días, la Asamblea Nacional terminó aprobando por abrumadora mayoría (483 diputados a favor y 86 en contra) el texto que ahora pasa al Senado. Se trata –según lo sostiene el primer ministro francés Manuel Valls– de un instrumento absolutamente imprescindible para lograr controlar personas y acciones vinculadas a los movimientos yihadistas. En síntesis, la solución que de transformarse en ley pasaría a regir la vida cotidiana de los franceses, otorga al primer ministro un mayor poder de decidir sobre el espionaje de personas, tanto telefónico como a través de internet. El único control que establece la norma es el de una comisión compuesta por magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional, algunos parlamentarios y expertos en la materia. En suma, la ley excluye la intervención del Poder Judicial cuya autorización previa y fundada ya no será necesaria para que el Estado invada la privacidad de las personas. Este medio de control se suma a otros que han ido adoptando las democracias para enfrentar el flagelo del terrorismo. El tema no es nuevo por cierto en la medida que la democracia siempre ha tenido enemigos. Es parte pues, del gran debate que la humanidad se ha dado en la trabajosa construcción del liberalismo como concepción del mundo y de la vida. Debate que intenta determinar ni más ni menos, hasta qué punto puede ser limitada la libertad del ciudadano para garantizar la seguridad pública. Debate que muchas veces se desarrolla a partir de los extremismos y falsas oposiciones como la que pretende sostener desde el oficialismo francés, que quien está en contra de esta ley, está –por esa sola circunstancia- en contra de dotar a la democracia de medios que le permitan combatir al terrorismo. El enfoque nos parece equivocado. No se trata de preguntarnos únicamente si una ley de espionaje y escuchas es necesaria porque –lamentablemente- parece serlo. Lo que realmente debemos preguntarnos es si debe o no eliminarse la autorización previa de los jueces para que el gobierno invada la privacidad de las personas. Esta es pues la verdadera cuestión a resolver cuando de entregar más parcelas de nuestra libertad se trata. Y la respuesta debe ser inequívoca: sin orden previa y expresa de juez competente ningún gobierno debería poder ejercer las potestades que le atribuye una ley como la que se proyecta. De lo contrario, la democracia en su afán de defenderse, corre serio riesgo de perder su identidad. Al fin y al cabo, asistía razón a Karl Jaspers cuando sostenía que “el problema del destino de la humanidad presente es combatir con el dragón sin convertirse en dragón y sin perder, no obstante, las fuerzas para sujetar al dragón”. El Senado francés está a tiempo de evitar que el mitológico animal se salga con la suya.
