Por Rafael Porzecanski ///
El pasado jueves 14 de julio, una delegación del Mides encabezada por la ministra Marina Arismendi se entrevistó con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En ese encuentro, la ministra realizó una serie de afirmaciones sobre los jóvenes “ni ni” que rápidamente tomaron estado público, levantaron polvareda y generaron predominantemente desaprobación ciudadana a juzgar por la reacción en diversas redes sociales.
La ministra declaró que “detesta” el término “ni ni” para aludir a los jóvenes que no trabajan en forma remunerada ni se encuentran en el sistema de educación formal. Conociendo varias declaraciones previas de la ministra, al menos dos razones explican su visceral rechazo a esa terminología. En primer lugar, la expresión “ni ni” se enfoca y hace hincapié en lo que los jóvenes no hacen (“ni” estudian, “ni” trabajan), lo que podría llevar a su estigmatización y a suponer que la raíz del problema es de orden estrictamente cultural (es decir, una decisión de los jóvenes asentada en pautas de vida reñidas con el esfuerzo y la disciplina).
Respecto a este primer punto, entiendo y comparto el sentir de la ministra. Como una vez escuché decir al sociólogo Luis Eduardo Morás, cada “ni ni” es también un “sin sin”, un joven a quien el mercado laboral no le ha ofrecido oportunidades suficientes y a quien el ámbito educativo ha sido incapaz de retener, entusiasmar y formar adecuadamente. Cuando un joven no estudia ni trabaja, pues, quien está en problemas no es solo el sujeto en cuestión sino todo un entramado institucional que debería ofrecer condiciones mucho mejores para una inserción social exitosa.
La segunda razón del enfado de la ministra con el término “ni ni” es que existe un sector muy significativo de jóvenes que, pese a no estudiar ni percibir un ingreso, dedican varias horas del día a trabajos no remunerados. Al respecto, la apreciación de la ministra tiene datos sólidos que la respaldan. Según las encuestas de hogares recientes, entre la población juvenil entre 14 y 29 años hay aproximadamente un 18 % que no estudia ni trabaja (alrededor de 130.000 jóvenes).
Sin embargo, como la misma ministra afirmó durante el encuentro con la Comisión de Hacienda, cerca de una tercera parte de esos jóvenes son los principales responsables del trabajo no remunerado en el hogar. Se trata, básicamente, de mujeres que realizan tareas domésticas de todo tipo y que se encargan de la crianza o cuidado de niños, adultos mayores y discapacitados.
Existe, además, otro numeroso subgrupo (cercano al 35 %) de jóvenes que busca trabajo, lo que vuelve a relativizar y cuestionar la imagen clásica del “ni ni” abúlico o descarriado. Al tomar estas realidades en cuenta, el llamado “núcleo duro” de los ni ni queda reducido a una cifra sustancialmente menor y hoy cercana a los 35.000 jóvenes (un 5 % del total de los jóvenes uruguayos). Ese “núcleo duro” serían aquellos jóvenes que, además de no estudiar ni trabajar, tampoco buscan trabajo ni colaboran significativamente con las tareas del hogar.
Si bien las ciencias sociales uruguayas nos han permitido conocer mejor su perfil sociodemográfico, es necesaria evidencia adicional para desentrañar cabalmente las razones de su desafiliación social, para saber hasta qué punto dichas razones son coyunturales o duraderas y para pronosticar las consecuencias que esa desafiliación tendrá para su vida adulta.
El problema con la ministra Arismendi es que en su compartible afán de evitar la estigmatización y culpabilización de los jóvenes (y en especial de los jóvenes en situación de pobreza) fue demasiado lejos y cayó en simplificaciones inconvenientes. En especial, cuando la ministra afirmó que “muchas veces no es verdad que [los ni ni] no trabajen. Trabajan mucho y por eso no estudian.” la ministra incurrió en una generalización que la evidencia disponible está muy lejos de respaldar. La realidad del gran bolsón de los “ni ni” es por demás compleja y exige reconocer una multiplicidad de causas, situaciones y trayectorias.
Solo a modo de ejemplo, entre los ni ni nos encontraremos: a quienes buscan una y otra vez trabajo sin encontrar una posibilidad decorosa o ajustada a sus perfiles; a madres adolescentes que deben postergar o abandonar sus estudios para dedicarse a la crianza de sus hijos; a jóvenes (generalmente pobres y varones) seducidos por la próspera industria del narcotráfico para vender, vigilar o matar; a una variedad de casos con graves e inhabilitantes discapacidades psicofísicas y a muchachos de diferentes estratos sociales que han sido ganados por la apatía –aunque quizás sólo temporariamente– en el marco de una educación secundaria en graves problemas.
Podríamos, además, agregar a una de las franjas más problemáticas de la juventud uruguaya que usualmente no es contabilizada en las estadísticas de los “ni ni” pero que constituyen una de las peores caras de la desafiliación y la fractura social: los más de 500 menores infractores internados en el Sistema de Rehabilitación Penal Adolescente (Sirpa) y los miles de adultos jóvenes presos en las cárceles de nuestro país (según el último censo carcelario, cerca del 35 % de los casi 10.000 reclusos –casi todos hombres– es menor de 25 años y otro 35 % tiene entre 26 y 35 años).
Para tantos y tan variados perfiles de jóvenes, se requieren abordajes con acentos institucionales muy diferentes. Como bien destaca un informe sobre el tema: “La heterogeneidad existente entre los jóvenes ni ni debe tener su correlato en el diseño e instrumentación de políticas. Si entendemos que el conjunto de jóvenes presenta diversas realidades, las respuestas desde las Políticas de Estado también debe ser amplias. Los desafíos se encuentran relacionados con la importancia de aumentar las posibilidades de los jóvenes de obtener y mantener un trabajo decente, lograr su reinserción en el sistema educativo (tanto formal como no formal), mejorar el sistema de cuidados para los jóvenes con carga familiar y lograr dar respuesta a aquellos jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, entre otras.”
Para futuras instancias sería saludable que, con el debido asesoramiento de su equipo técnico, la ministra hilase más fino al referirse a la población de jóvenes con dificultades de inserción laboral y educativa y a las causas que explican sus situaciones. No es mucho pedir. A fin de cuentas, estamos hablando de la principal autoridad y referencia del ministerio donde se diseñan e implementan buena parte de las políticas sociales sobre juventud.
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