En los últimos días se generó una polémica fuerte en relación a las subas de las tarifas públicas que se aplicarán a partir del 1° de enero. Desde el gobierno se señaló que los ajustes están relativamente en línea con la inflación pero desde la oposición las críticas fueron muy extendidas y se acusó al gobierno de aplicar un “tarifazo”.
Emiliano Cotelo (EC): También entre los economistas se observaron opiniones diferentes. Por eso, nos pareció oportuno dedicar nuestro espacio de análisis económico de hoy a este tema. Estamos en diálogo con el economista Pablo Rosselli, de Deloitte.
Romina Andrioli (RA): Pablo, en tu cuenta de Twitter decías “No hay tarifazo; hay inflación. Suba de enero mantiene ingresos reales de las empresas públicas”. ¿Cómo analizan ustedes este tema?
Pablo Rosselli (PR): Está claro que “tarifazo” es un término coloquial… puede querer decir muchas cosas diferentes… Por lo tanto, si le atribuimos distintos significados, la respuesta a tu pregunta puede ser diferente.
Nosotros entendemos que no corresponde hablar de un “tarifazo” si con ese término queremos referirnos a la magnitud del ajuste definido por el gobierno.
Se trata de ajustes similares a la inflación, lo cual significa que las tarifas mantendrán el año próximo más o menos el mismo valor en términos reales que el de este año.
RA: – Creo que ese punto que estás planteando es fácil de entender. De todas maneras, hay al menos en una parte de la población una insatisfacción con el valor que tienen las tarifas públicas en Uruguay. ¿Qué dicen ustedes sobre esa otra perspectiva?
PR: – Se trata de discusiones pertinentes y relevantes… Una cosa es discutir si las tarifas públicas son “caras” pero serán más o menos igual de caras el año próximo que este año.
Por cierto, se puede discutir si esos precios son “demasiado altos”, si introducen distorsiones competitivas para las empresas que operan en Uruguay, si las tarifas están o no siendo utilizadas como instrumento para cubrir el déficit fiscal.
Pero son discusiones que también tienen otros ingredientes. A nuestro juicio hay que ser cuidadosos de no perder de vista ingredientes que son importantes en esas otras discusiones y que suelen omitirse del debate público
RA: – ¿A qué otros ingredientes te estás refiriendo?
PR: – Un primer elemento a tener en cuenta es la evolución que han tenido las tarifas en los últimos años… Recién decíamos que el gobierno está aplicando en enero una suba de las tarifas más o menos alineada con la inflación.
Pero si uno mira una perspectiva más larga, los valores en términos reales de las principales tarifas (electricidad, combustibles y telefonía) han tendido a bajar.
La tarifa de telefonía bajó 45% en términos reales desde 2009 para acá… Esta es una tendencia mundial que tiene que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones…
En el caso de la nafta y la electricidad, las tarifas se encuentran actualmente un 15% y un 10% por debajo de los valores de hace 3 años…
RA: – Pablo, también se argumenta, entre los críticos del gobierno, que los costos de las empresas han bajado… bajó el petróleo y bajaron los costos de generación de energía eléctrica debido a la introducción de la energía eólica… Inclusive, en su momento, el entonces ministro [Roberto] Kreimerman señaló durante la campaña electoral que el cambio en la matriz energética permitiría una baja fuerte de las tarifas de la energía… Entonces, ¿cómo ven ese punto?
PR: – A ver… Por un lado está lo que fueron los anuncios de campaña electoral… No nos corresponde a nosotros, como analistas, hacer mayores comentarios sobre eso pero está claro que esas expectativas no fueron confirmadas en los hechos… Y es razonable pensar que anuncios de ese tenor generaron expectativas desmedidas en relación al potencial de reducción de tarifas.
¿Por qué digo esto? Porque es cierto que los costos de UTE han bajado muchísimo… los costos de UTE promediaron entre 2004 y 2014 un monto equivalente a 2% del PIB (con valores superiores a 3% del PIB en años de sequía)… actualmente están en 1% del PIB… Hubo un ahorro muy importante… Sin embargo, en el debate en relación a las tarifas públicas hay un ingrediente que siempre está absolutamente ausente… llamativamente ausente… ¿A qué me refiero? A la rentabilidad que deben tener las empresas públicas para ser viables…
RA: – ¿Cómo es eso, Pablo?
PR: – Cualquier empresa debe tener cierto nivel de rentabilidad para ser sustentable en el tiempo… Si las empresas no son rentables, no pueden capitalizarse… Y si luego deben hacer inversiones, como estas empresas tienen que hacer, la única forma de financiar esas inversiones es 100% con deuda… y eso conduce inexorablemente a problemas…
¿Y por qué traigo esto a colación?… Porque en Uruguay las empresas públicas obtienen generalmente bajos niveles de rentabilidad…
RA: – ¿Podemos ver cifras, Pablo?
PR: – Si miramos los estados contables de UTE, el resultado sobre el patrimonio invertido por el Estado ascendió en el promedio de los últimos 25 años (desde 1990 hasta 2015) a 4%; entre 2005 y 2015 el resultado sobre el patrimonio de UTE fue 3%… En Uruguay tenemos todos la noción de que el Estado obtiene cuantiosos recursos de las empresas públicas… y eso es mucho más un mito que una realidad… Pensemos que el Estado uruguayo paga una tasa de interés de 5% en términos reales cuando emite deuda… esa tasa a veces ha sido menor… a veces algo mayor… pero es una buena referencia… Pues bien, el resultado de UTE sobre el patrimonio invertido por el Estado en esa empresa no paga el costo de la deuda tomada por el Estado… Y además habría que tener en cuenta que una parte importante del resultado de la empresa es, como debe ser, reinvertido en la empresa (no se transfiere a rentas generales)… Entonces, no es cierto que el Estado obtiene recursos de las empresas públicas… no lo es en el caso de UTE.
Es cierto que UTE se benefició recientemente en los últimos dos años de una reducción de los costos de generación… Y eso ha permitido que el resultado de UTE fuera de 10% sobre patrimonio en 2014 y de 6,5% sobre el patrimonio en 2015… Mejoraron mucho los resultados de UTE, pero desde niveles que francamente no eran buenos.
RA: – ¿Y qué pasa en Antel y en ANCAP?
PR: – Antel ha sido tradicionalmente una empresa rentable para el Estado… Entre 2005 y 2015 obtuvo un resultado sobre patrimonio de 9,5%… mayor por cierto que el costo de la deuda pública… pero la tendencia es a la baja, porque los ingresos caen porque los precios bajaron mucho en términos reales… Seguramente también hay una reducción de la rentabilidad porque las inversiones en fibra óptica no tienen suficiente rentabilidad o al menos no tienen un repago rápido…
El caso de ANCAP es muy diferente… Hoy tenemos precios de combustibles que están muy por encima de la paridad de importación… Y esto afecta sin duda alguna la competitividad de las empresas… A su vez, esos precios altos están llevando a una mejora muy fuerte de los márgenes de ANCAP… pero entre 2005 y 2012 ANCAP obtuvo un resultado promedialmente apenas positivo (1,5% del patrimonio)… un resultado completamente insuficiente para una empresa de ese porte…
Esa falta de rentabilidad obedeció a muchos factores… El precio de los combustibles se utilizó con frecuencia para contener las presiones de inflación y así se afectaron los márgenes pero también se adoptaron numerosas medidas que expandieron los costos de producción… Se adoptaron además inversiones muy cuestionables o lisa y llanamente inconvenientes y esas inversiones se financiaron con deuda en moneda extranjera… y luego vimos el fuerte impacto que la suba del dólar y la acumulación de deuda tuvo en la empresa.
Con todo esto no estamos desconociendo que hay muchos aspectos a discutir y a mejorar en torno a la gestión de las empresas públicas… Es imperativo que sean más eficientes… Es imperativo que las empresas públicas se concentren en lo que tienen que hacer y no en cumplir otros objetivos de la política económica (como por ejemplo la contención de la inflación). Pero también nos parece que es hora de que en el debate público sobre el tema se empiece a considerar que las empresas deben tener rentabilidades razonables…
RA: – Están claros estos puntos, Pablo… ¿Pero no es cierto, acaso, que si la política fiscal hubiese sido más cautelosa en el pasado, estos ajustes hoy no serían tan necesarios?… ¿No es cierto que con estas tarifas se está financiando un gasto público que creció muchísimo en el pasado?
PR: – Varios puntos, Romina… El primero, como decíamos recién, a nuestro juicio es necesario que las empresas obtengan rentabilidades razonables… Idealmente esas rentabilidades deben obtenerse con ganancias de eficiencia… Pero hay que ser realista en los tiempos y en las magnitudes de mejora que se pueden esperar… Por lo tanto, parte de la recomposición de rentabilidad puede concebirse que venga vía precios.
En segundo lugar y tratando de ser lo más rigurosos posibles con el lenguaje, no es lo mismo decir que el gobierno está usando las tarifas públicas para mejorar el resultado fiscal que decir que el gobierno está usando las tarifas para financiar gasto público…
RA: – ¿Cómo es eso, Pablo?
PR: – Sin dudas, el nuevo gobierno apeló a mejores resultados en las empresas públicas para corregir en parte la situación fiscal… No hay nada muy novedoso acá… Es un hecho ampliamente documentado que los gobiernos gastan de más en el año electoral y que el nuevo gobierno, sea o no del mismo partido, debe ajustar… Ocurrió en 1990, en 1995, en 2000… No ocurrió en 2005 porque habíamos tenido un fuerte ajuste obligado por la crisis de 2002 ni ocurrió en 2010 porque la economía crecía mucho… Y cuando hay que ajustar, los gobiernos hacen tres cosas: bajan la inversión pública, mejoran resultados de las empresas públicas (en esta ocasión, evitando bajar tarifas al ritmo que bajaron los costos) y suben impuestos… Sin dudas, la mejora de los resultados de las empresas públicas es parte del ajuste fiscal de este gobierno… De hecho, la contribución actual de las empresas públicas al resultado primario del sector público mejoró en más de un punto del PIB… pasó de ser deficitaria en 0,3% del PIB en 2014 a un superávit de 0,7%…
Pero otra cosa distinta es decir que las tarifas financian el gasto público… Si se miran algunas cifras, se puede ver que esa afirmación es incorrecta o por lo menos muy poco rigurosa.
RA: – ¿Cómo es eso, Pablo?
PR: – Es bastante simple… El gasto público (antes de intereses) del gobierno central y del BPS está actualmente entre los 27 y los 28 puntos del PIB. Si sumamos intereses estamos hablando de unos 30 puntos aproximadamente.
A su vez, todo el resultado primario de las empresas públicas, antes de intereses, es de 0,7% del PIB… Y los dividendos efectivamente transferidos a rentas generales fueron en los últimos 12 meses menos de la mitad de esa cifra… fueron unos 160 millones de dólares, sobre un gasto total superior a 15.000 millones. No es cierto que el gasto público se financia de un modo relevante con las tarifas o con el resultado de las empresas… El gasto se financia sustancialmente con impuestos y con contribuciones a la seguridad social… Los ingresos consolidados del GC y el BPS han sumado algo más de 27% del PIB… y obviamente también hay una porción del gasto que se financia con deuda. Uruguay ha sostenido sistemáticamente en estos últimos años déficit fiscales y esos déficit se cubren con endeudamiento.
No se puede sostener que las tarifas financian un gasto público creciente… es cierto que el gasto público creció fuertemente en los últimos diez años pero esa expansión del gasto se cubrió con impuestos… y como los impuestos no fueron completamente suficientes, con más déficit (que es más deuda).
La contribución que están haciendo las empresas públicas al resultado fiscal actualmente es inferior a la contribución que hacían entre 1999 y 2004… Entonces, es cierto que los gobiernos del Frente Amplio aumentaron significativamente el gasto público pero no es cierto que eso deriva en una mayor exigencia a las empresas públicas.
