Desde el viernes comenzaron a regir nuevos precios para los combustibles. El ajuste implicó una rebaja de 2,3 % y generó un debate acerca de su oportunidad y de su impacto para los costos de las empresas, las cuentas de Ancap y también para la evolución de la inflación.
Análisis económico
Lunes 26.10.2015
Les proponemos dedicar el espacio económico de hoy a analizar con más detalle algunas de estas aristas del debate público. El diálogo será con la economista Tamara Schandy, de la consultora Deloitte.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Tamara, este ajuste venía analizándose desde hace un tiempo relativamente largo debido a la caída del precio internacional del petróleo. Quizás valga la pena comenzar repasando cómo ha impactado eso en los costos de Ancap…
TAMARA SCHANDY (TS) —El último ajuste de combustibles fue en julio. En ese momento el petróleo Brent estaba en casi 60 dólares por barril y el tipo de cambio un poco arriba de 27 pesos. Como es sabido, el valor del dólar fue subiendo desde entonces, pero el precio del petróleo cayó… Tuvo oscilaciones, pero en estos días el Brent cotizaba en torno de 48 dólares el barril. Por eso en el debate público había varios actores señalando que había un desfase en torno de 10 % en el costo del petróleo en pesos respecto a la referencia fijada en el último ajuste.
RA —¿Eso quiere decir que la rebaja de combustibles debió haber sido mayor al 2,3 % que se resolvió?
TS —No, en absoluto. El costo de petróleo es uno de los costos de Ancap. Hay otros que claramente no bajaron.
Por otro lado, y podemos entrar en más detalle sobre esto luego, también hay que tener en cuenta que el precio que pagan los consumidores también tiene otros componentes más allá de lo que recibe Ancap.
En cualquier caso, aun haciendo todos los cálculos exactos de cuánto deberían bajar los precios para que la caída de ingresos de ANCAP sea exactamente la incidencia que tiene el petróleo en su estructura de costos, nos queda el tema de discutir qué es un “equilibrio”… Recién comparábamos la caída del petróleo desde julio, pero julio no necesariamente era un “equilibrio”… ¿Había rezagos y ajustes pendientes? El balance de ANCAP con esos precios, por ejemplo, era deficitario…
La paramétrica es una referencia que se maneja pero sólo nos informa de bajo qué premisas está armado el presupuesto y fijado el precio… No nos dice cuánto gana ANCAP con eso…
De hecho, cuál es el precio “adecuado” es una discusión compleja, en la cual entran varios elementos incluyendo algunos políticos… Hay balances de distintos objetivos… por ejemplo, ¿cuánto importa el impacto sobre la inflación?, ¿cuánto importa el impacto en las cuentas públicas?, ¿cómo inciden los precios de los combustibles sobre la competitividad?
RA —Son todos ángulos interesantes. Empecemos por lo más concreto, ¿qué impacto estiman que va a tener esta rebaja de 2,3 % sobre el IPC?
TS —El impacto directo va a ser de una décima aproximadamente, que va a estar repartida entre el IPC de octubre y noviembre (porque el ajuste se dio avanzado el mes de octubre). Luego también puede haber impactos indirectos, que son mucho más difíciles de computar…
La rebaja fue más o menos pequeña, por lo cual el impacto sobre el IPC también es probable que sea modesto.
RA —Viene, de todos modos, en un momento crítico de expectativas…
TS —Es cierto. Pero también nos parece que hay que mirar que la estrategia de contención de las presiones inflacionarias a través del manejo de precios administrados no es sostenible. Tiene impactos sólo transitorios si el resto de la canasta de consumo tiene presiones subyacentes más o menos intensas, como está sucediendo en Uruguay… Por eso hace varios años que la inflación cada tanto “amenaza” con llegar al 10 %… Si la respuesta va por esta línea, al final el costo fiscal acumulado es grande… y a nuestro juicio no se justifica… El gobierno ha recurrido sistemáticamente a los precios administrados y la inflación sigue siendo un problema.
En ese sentido, no olvidemos que Uruguay precisa mostrar mejores resultados fiscales y las empresas públicas son uno de los resortes claves para eso… Al menos así lo presentaba el gobierno en el presupuesto. Medidas que conspiren contra ese objetivo de recomposición del resultado de las empresas conllevan riesgos de deterioro de las expectativas y pueden tener efectos negativos a mediano plazo.
RA —¿Podemos repasar brevemente cuál es la situación de las finanzas de ANCAP?
TS —Las últimas cifras fiscales marcan un pequeño superávit a nivel primario (esto es, una ganancia antes del pago de intereses). Sin embargo, los datos fiscales son en base caja y se mueven mucho según haya o no compras de petróleo. En el año móvil cerrado en agosto, el resultado antes del pago de intereses y corrigiendo también por las variaciones de stock de petróleo es negativo en unos 1.400 millones de pesos (casi 50 millones de dólares al tipo de cambio actual), lo que equivale a una décima del PIB. El cierre de 2014 había sido más o menos similar… y en general, más allá de diferencias de magnitud, la tónica de los últimos años ha sido de resultados negativos.
RA —¿Desde esa perspectiva debería concluirse que no sólo no debería haber baja sino que los precios de los combustibles tendrían que ser más altos?
TS —Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla porque como decía en última instancia se trata de decisiones de política que toman en consideración distintos objetivos…
Si el gobierno hubiese buscado equilibrar las cuentas de ANCAP, los precios en los últimos años tendrían que haber sido más altos. Y también podríamos preguntarnos incluso si el Estado no debería obtener alguna ganancia con la empresa (los gobiernos pasan y los resultados de ANCAP nunca son altos).
De todas formas, el objetivo del control de la inflación parece haber sido prioritario en los últimos años. De hecho, Romina, en términos reales los precios de los combustibles son hoy relativamente bajos en una perspectiva larga, de 10 años por ejemplo.
Con esto no queremos obviar el tema de los costos ni negar que puede haber espacios de mejora… Tampoco desconocer que se hicieron inversiones que no han generado rentabilidad, ni que cuando la empresa no ganaba se financió con deuda y en dólares… cosas que se ven en el balance contable más que en las cifras fiscales que se publican mensualmente.
RA —Ése es justamente otro ingrediente importante del debate. ¿El consumidor de combustibles tiene que pagar por eso?
TS —Bueno… Con el alto endeudamiento que ya tiene ANCAP, más pérdidas hacen que sea probable que en algún momento el gobierno deba capitalizarla. Todo lo que no gane Ancap en el precio lo terminará poniendo el gobierno (que tampoco tiene superávit)… Por lo tanto, o a su vez el gobierno termina tomando más deuda en cabeza propia o a la larga lo compensa con más impuestos… Ésa es, a nuestro juicio, la discusión que debería haber en relación a cómo abordar hacia adelante la situación de ANCAP, más allá de la evaluación política que tiene que haber en relación a la gestión de los últimos años y más allá de que toda mejora de eficiencia será bienvenida.
RA —Justamente a eso quería ir, Tamara. Muchas veces se señala que los números rojos de ANCAP esconden también ineficiencias en la empresa… ¿Cómo ven ustedes ese argumento?
TS —Seguramente hay oportunidades de mejora importantes, pero de todos modos a nuestro juicio debemos tener expectativas realistas en relación al impacto que eso puede tener en los precios finales de los combustibles… ¿Por qué digo esto? Por dos cosas… Por una parte, porque cuando uno mira los números de ANCAP, el petróleo crudo representa una parte muy importante de los costos primarios (bastante más de la mitad). Eso viene dado por el mercado internacional.
Por otra parte, hay que tener presente que entre el precio en planta o sea el que factura ANCAP y el precio en el surtidor, es decir, el que pagan los consumidores o las empresas, hay varios elementos más que inciden de forma relevante, como el margen de distribución y comercialización y los impuestos… Eso determina que cada punto porcentual de ahorro de costos en Ancap se traduzca, eventualmente, en una reducción bastante menor en el precio final.
RA —¿Cuánto pesan esos otros elementos en el precio que paga el consumidor?
TS —La última información detallada que tenemos es de junio (previa a los dos últimos ajustes), pero igualmente nos da una buena idea de cómo se descompone el precio al público. Redondeando, en el caso del gasoil, de los casi 38 pesos por litro en el surtidor que teníamos en junio, Ancap recibía alrededor de $ 24, unos $ 5 eran IVA, $ 5 más eran fletes y márgenes de distribución y comercialización, 3 pesos se destinaban al fideicomiso de transporte y unos 10 centavos eran para tasas de control. En síntesis, el precio al público se compone de un 60 %-65 % del precio en planta de Ancap y un 35 %-40 % son otras cosas.
Si tomamos el caso de la nafta súper, los diferentes costos de comercialización, tasas e impuestos (que en este caso es caso es IMESI y no IVA) absorben más del 50 % del precio al surtidor.
RA —Visto así es que también se argumenta que lo que está más “a mano” es una rebaja de esa carga impositiva. ¿Cómo lo ven?
TS —Eso nos devuelve a la discusión fiscal.
Para un nivel de gasto público dado, el gobierno tiene que cobrar impuestos para financiarlo… La discusión eventualmente pasa por qué tipo de modelo tributario debe tener el país (es decir, definir qué se gravará y con qué carga). En el mundo encontramos modelos tributarios de poca presión sobre los combustibles (como es el caso de Estados Unidos) y otros que optan por una alta presión tributaria sobre los combustibles, como es el caso de Europa.
Pero en términos netos, nos parece que la situación fiscal de Uruguay no está para que haya rebaja de impuestos.
***
Foto en Home: Estacion de Ancap en la ruta Interbalnearia (Archivo). Crédito: Javier Calvelo/adhoc Fotos.
