El pasado sábado 6, el diario El País publicó la noticia del archivo de una causa judicial en mi contra, por pedido del propio fiscal Juan Gómez, que estaba a cargo de la misma. En el día de hoy, el diario El Observador amplía al respecto en su página 7.
Lamentablemente, la decisión de archivar la causa demoró tres años. Tres años para establecer que no había merito ni delito alguno y que la operación comercial objeto de la denuncia, ya había sido examinada por el Tribunal de Cuentas, la máxima autoridad en cuanto a la legalidad de contratos y procedimientos en el Estado uruguayo, sin que le mereciera observación alguna.
Así fue. Yo compré para la Dirección General de Casinos, en un remate legítimo y siguiendo el debido proceso administrativo, 10 maquinas slots marca Orion, por 9.400 dólares cada una. Las mismas máquinas, nuevas, sin uso, valían 14.700 dólares cada una, como consta en el expediente.
Desafortunadamente, por error interno de nuestro servicio, no se advirtió que al momento de adquirirlas, la admisión temporaria que estaba a cargo de la DGC había vencido, cosa que se procedió a subsanar luego, con un trámite administrativo que regularizó la situación sin costo alguno para el Estado.
Una admisión temporaria vencida, que el organismo no renovó a tiempo, o sea, un problema administrativo interno, que se resolvió con un trámite administrativo y una resolución del MEF, sin ningún perjuicio para nadie.
Sin embargo, fui denunciado judicial y públicamente con malicia, con la única intención de perjudicarme. Mejor dicho, fui abiertamente enchastrado en medios de prensa donde, sin esperar ningún proceso, me juzgaron de forma sumaria.
Así se sucedieron acusaciones en mi contra, endilgándome cualquier disparate. Compra ilegal, contrabando, delito y otras perlas, en medio de una total falta de seriedad en el tratamiento del asunto.
Fui citado en noviembre de 2012, sin cargo y sin abogado, a declarar como testigo al juzgado, al que concurrí gustosamente con el expediente completo de todas las actuaciones, que expliqué tranquila y exhaustivamente.
Los dos diarios insisten en afirmar que en la oportunidad declaré frente al Fiscal Gómez y al Juez Valetti. No es cierto, no tuve el gusto. Fui gentilmente atendido por una actuaria que tomó mi declaración, recibió en sus manos la copia del expediente y nunca más tuve noticias.
Pero en febrero 2014, El Observador anunció en tapa, que mi situación era delicada, que estaba muy comprometido y que era inminente mi convocatoria al juzgado, obviamente bajo otro rótulo, muy poco prometedor.
Se arruinaron mis pobres vacaciones, mi familia pagó el pato feo y mal. Tuve que dejarlos solos y, frente a semejante anuncio periodístico, salir a buscar rápidamente un abogado que me representara, en medio de la angustia y el estupor de los que veraneaban conmigo.
El anuncio nunca ocurrió. Nunca fui convocado. Nadie me citó, ni me comunicó nada hasta ahora. Hasta que por fin, hoy, todo ha quedado expuesto y terminado. Archivado por falta de mérito.
Dónde han quedado ahora todas las acusaciones y señalamientos? En la nada, o mucho peor, todo ha quedado reducido a la infamia y el oprobio gratuito. Ha quedado completamente demostrado que actué con absoluta buena fe, con apego al procedimiento y a las normas de la administración y buscando el beneficio del Estado.
Javier Cha
