El gobierno viene procesando los planteos que surgieron del Parlamento en medio de las denuncias de prácticas clientelísticas en la gestión de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Recordemos: al finalizar la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el canciller, Francisco Bustillo, la Cámara de Diputados solicitó con votos de todos los partidos que cesen los contratos de funcionarios que ingresaron de forma “discrecional”, en particular quienes son ediles de la junta departamental de Salto.
Y además, con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, la cámara baja también pidió la renuncia de los tres miembros políticos de la delegación uruguaya.
El presidente Luis Lacalle Pou ya manifestó que discrepa con esta última moción, que además, recordó, “no es vinculante”. Lacalle Pou sostuvo que para el Poder Ejecutivo ya es suficiente con la dimisión del expresidente de la delegación uruguaya, el nacionalista Carlos Albisu.
De todas formas, las autoridades sí se movieron para rever los contratos de los empleados nombrados de forma directa. Para eso buscaron y obtuvieron el aval de la delegación argentina en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Según informó El País, de los 36 nombramientos directos,15 continuarán vinculados a la CTM sin modificaciones, puesto que prestan servicios en el complejo hidroeléctrico y la delegación argentina no aprobó que se hicieran cambios en esos puestos.
De los restantes 21, a 13 se los pasará a la categoría de contratados (o sea que cesarán al final de este período), a dos no se les renovó el contrato, a uno no se le renovará el vínculo cuando este venza -a fines de este mes-, cuatro dijeron estar dispuestos a presentar su renuncia, y otro, directamente, ya renunció, lo hizo la semana pasada.
Este último es el edil de la lista 404, Pablo Constenla que fue el primero en hacer pública su decisión la semana pasada.
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