El anuncio del gobierno de que iniciaba acciones para rescindir el contrato con Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas elevó el tono de la tensión entre el oficialismo y la oposición.
En el plano judicial avanza la investigación de la denuncia penal presentada el viernes, ya con fiscal asignada para el caso.
En lo político, el Partido Nacional respaldó ayer a los exministros de Defensa blancos que intervinieron en la selección de Cardama y el expresidente Lacalle Pou retornó a la escena pública declarando que esta es una maniobra política contra el gobierno que él encabezó.
Este lunes, además, se esbozó un nuevo escenario: un posible diálogo con Cardama de acuerdo a los términos del contrato, según dijo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
¿En qué está el tema de Cardama? ¿Se va a rescindir finalmente el contrato? ¿Ya hubo algún contacto del Poder Ejecutivo con el astillero español? ¿Se complicó gravemente la relación gobierno-oposición?
Emiliano Cotelo conversó con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
El miércoles pasado el presidente de la República anunció en conferencia de prensa que había decidido “iniciar acciones para la rescisión del contrato por la compra de dos patrullas oceánicas.”
Según explicó, la resolución se debe a que el gobierno detectó “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo” en la garantía que presentó el año pasado la empresa que obtuvo el contrato para la fabricación de las naves, el astillero español Cardama. Por esa razón, agregó, también se iniciarían acciones administrativas, civiles y penales, destinadas a resguardar los recursos de los uruguayos.
Desde entonces el caso se instaló como el principal asunto del debate político y al mismo tiempo acaparó la atención periodística.
Mientras en la prensa se conocen cada día más detalles oscuros sobre la empresa Eurocommerce, que fue la que otorgó el aval a Cardama, el director del astillero habla en todos los medios de comunicación, señala que se siente tan estafado como el Estado uruguayo y solicita una reunión con el presidente o con la ministra de Defensa.
Por otro lado, desde la oposición se sostiene que el Poder Ejecutivo emprendió una campaña para desacreditar a la administración anterior y se cuestiona la idea de cancelar el contrato, a la que se califica como apresurada y potencialmente muy costosa.
Ayer el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, abrió la puerta a un escenario menos drástico cuando admitió la posibilidad de un diálogo con Cardama en base al contrato vigente.
Entonces: ¿Se va a rescindir el contrato o no? ¿Hay un quiebre en el relacionamiento gobierno – oposición? ¿Qué implican las dos interpelaciones anunciadas ayer: a la ministra Sandra Lazo por el caso Cardama y a la ministra Cristina Lustemberg por la situación del presidente de Asse, Álvaro Danza?
