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La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.
El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña. La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.
El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.
El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.
Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo.
Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.
