Desde el gobierno se dice que no es necesario subir las tarifas y los integrantes de la futura administración critican al gobierno por no ajustar
EMILIANO COTELO (EC): Como ustedes saben, el tema ajuste de tarifas “calentó” la transición hacia el cambio de gobierno. El Poder Ejecutivo señaló o confirmó – sobre esto también se discute – que no habrá ajuste de tarifas en enero. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, y algunos de sus colaboradores criticaron esa decisión y sostienen que por lo menos debieron ser consultados y que todos los años se aplican ajustes de tarifas en enero.
Para procurar ordenar esta discusión con una mirada más técnica, estamos en diálogo con el Ec. Pablo Rosselli, que en su cuenta de twitter señalaba “Tarifas públicas: Termina un año y empieza otro… Y vuelve, como si se trata de una enfermedad estacional, la discusión sobre el ajuste de tarifas públicas…”
ROMINA ANDRIOLI (RA): Pablo, ¿cómo están viendo este debate? Por lo que ponías en twitter, bastante previsible.
PABLO ROSSELLI (PR): Totalmente previsible; pasa todos los años.Transición hacia cambio de gobierno, tema previsiblemente importante. Gobierno podía actuar sin consultar o podía consultar al gobierno entrante y comprometerlo en la decisión.
Actuó solo, no parece lo mejor en términos de calidad de la transición pero este ha sido un tema de discusión permanente entre gobierno y oposición.
(RA): Desde el gobierno se señala que se había anticipado en julio que no habría ajustes ¿Cómo vieron ustedes aquellos anuncios?
(PR): El anuncio decía que NO habría ajustes hasta fin de año (lo cual era evidente porque los ajustes son usualmente en enero y el año termina en diciembre).
Y se decía que “probablemente” no habría hasta marzo. Dada la situación fiscal, nos parecía un típico anuncio de campaña, que nos hacía prever que este tipo de discusión iba a estar presente.Nada de lo que estamos viendo nos sorprende.
(RA): Decías en otro tuit que con esta discusión “veremos cómo cada quien salta al otro lado del mostrador”.
(PR): Sí. Es fácil recordar las discusiones que todos los enero teníamos en Uruguay, críticas de la oposición por el ajuste de tarifas, explicaciones desde el gobierno diciendo que los ajustes iban por debajo de la inflación pero que había que reconocer costos más altos en las empresas.
Ahora, tenemos críticas desde la oposición (que será gobierno) y desde el gobierno se señala que no hace falta subir las tarifas, adelanto que el anuncio del gobierno no tiene, a nuestro juicio, fundamento alguno desde la perspectiva fiscal y desde la perspectiva de los propios resultados de las empresas públicas.
(RA): De todos modos, ustedes en Deloitte siempre señalaron que era razonable que se ajustaran las tarifas públicas, en este tema, estaban más bien del lado del gobierno ¿Es así?
(PR): Como analistas tratamos de realizar un examen profesional y de aportar una visión independiente. Siempre sostuvimos que el debate político confundía dos discusiones sustancialmente diferentes: una cosa es discutir el NIVEL de las tarifas (y es muy razonable sostener que las tarifas deberían bajar) y otra cosa es cuestionar que las tarifas deben acompasar la SUBA de COSTOS en un país que tiene una inflación significativa, en torno de 8% anual.
Para lograr una REDUCCIÓN de las TARIFAS (bajar el NIVEL) es necesario bajar los costos de las empresas (EFICIENCIA) o en ausencia de mejoras de eficiencia, es necesario aceptar una RENUNCIA FISCAL (que las empresas ganen menos o que se cobren menos impuestos sobre las ventas de las empresas – IVA – IMESI). Lo segundo no parecía posible dada la situación fiscal. Las críticas de la oposición, a nuestro juicio, confundieron sistemáticamente las dos discusiones.
(RA): Dada la definición del gobierno saliente, ¿qué debería hacer el gobierno entrante?
(PR): La situación fiscal no permite ningún deterioro adicional de las cuentas públicas.
Estamos con un déficit fiscal cercano a 5% del PIB; con una economía estancada (sin perspectivas de aumento significativo de la recaudación) y con presiones estructurales al alza en algunos gastos (seguridad social). Los costos de las empresas suben, porque tenemos una inflación de 8 % – 9 % anual; los salarios suben más o menos al mismo ritmo; el dólar subió 17% en lo que va del año y el petróleo Brent subió 13% este año. Y las empresas públicas están bajando su contribución a las finanzas públicas de un modo significativo:
En 2014, cuando terminaba el gobierno de Mujica, las empresas públicas (EEPP) contribuyeron al resultado fiscal con apenas 0,1 % del PIB.
El gobierno de Tabaré Vázquez incrementó el margen de las EEPP y en 2016 las EEPP contribuyeron con 1 % del PIB al resultado fiscal. Ahora, la contribución está en 0,6 % del PIB.
Si no hubiera ajustes de tarifas en todo 2020, la contribución de las EEPP volvería a niveles prácticamente nulos, tomando como referencia que la renuncia de no subir todas las tarifas públicas está en torno de US$ 400 millones.
Por eso anticipaba que desde un punto de vista fiscal y de los resultados que están mostrando las EEPP no hay ninguna razón para NO AJUSTAR las tarifas. Si no lo hace el gobierno saliente, debería hacerlo el gobierno entrante. No hacerlo, nos parece, sería una muy mala decisión.
(RA): Para terminar, Pablo, recuerdo que en una entrevista que te hacíamos en enero sobre este mismo tema insistías en la necesidad de cambiar la forma en cómo regulamos las Empresas Públicas, me imagino que lo que estamos viendo estos días, solamente ratifica lo que decías entonces.
(PR):Definitivamente. Somos muchos los analistas que entendemos que hay que cambiar sustancialmente la forma en cómo se gobiernan y cómo se regulan las empresas públicas.
Los precios que cobran deben converger gradualmente a precios que reflejen estructuras de costos eficientes.Esos precios deben ser fijados por reguladores independientes que tengan como misión asegurar que los precios son de eficiencia.
Los subsidios que se quieran establecer deben ser trasparentes y ser a cargo de rentas generales; no deben estar ocultos en la estructura de costos de las empresas.
Las direcciones de las EEPP deben estar enteramente abocadas a logar esas mejoras de eficiencia. Y se les debe exigir que cobrando precios de eficiencia los costos sean suficientemente bajos para poder obtener ganancias razonables que remuneren al accionista, que es el Estado, por el capital que está invertido en las empresas.
Mientras no nos dispongamos a regular las EEPP de este modo, mientras el Poder Ejecutivo siga fijando las tarifas en forma discrecional, privilegiando en cada momento un objetivo distinto, no tendremos empresas más eficientes, no tendremos precios razonables y tendremos siempre asegurada esta discusión veraniega sobre las tarifas públicas.
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Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos
