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EMILIANO COTELO (EC): A finales de esta semana, el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de Presupuesto ante el Parlamento.
Este proyecto incluirá, además de la asignación de los créditos presupuestales, varias disposiciones que han estado en el debate público en las últimas semanas relativas a muy diversos temas. Por ejemplo, el proyecto contendrá los cambios tributarios y las modificaciones al régimen de promoción de inversiones que discutimos la semana pasada con el ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Por su parte, en la exposición de motivos del proyecto, el gobierno también explicitará las proyecciones macroeconómicas que conforman su escenario base, así como las metas y pronósticos en el frente fiscal.
Dado esto, en la antesala de la presentación del Presupuesto, nos parecía oportuno dedicar el espacio de análisis económico de hoy a discutir sobre la situación actual de las finanzas públicas.
Para esto, estamos en contacto en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, gerente de Exante.
ROMINA ANDRIOLI (RA): Luciano, ¿te parece si empezamos repasando brevemente la evolución que han tenido las finanzas públicas en el último tiempo?
LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Sí, claro. A ver, el déficit del sector público consolidado se ubicó en el año móvil a junio en 4,6% del PIB (siempre excluyendo el llamado efecto “cincuentones”).
Vale recordar que el desequilibrio de las cuentas públicas había ascendido a 4,2% del PIB a finales del año pasado, por lo que en esta primera parte de 2025 hemos visto una desmejora de unas cuatro décimas del PIB.
Si vamos a una mirada un poco más larga y como ya hemos comentado en el programa en otras oportunidades, el deterioro en los indicadores fiscales se arrastra desde finales de 2022. En concreto, el déficit fiscal alcanzó un mínimo de 2,6% del PIB en el año móvil a setiembre de 2022, para luego dar paso a un deterioro progresivo.
RA: Estas cifras que recién comentabas refieren al sector público consolidado. Sin embargo, en los últimos años en general las autoridades han dedicado mayor atención a la evolución del resultado de la administración central, que es el perímetro relevante para la regla fiscal, ¿qué muestran los datos para este conjunto?
LM: Sí, ahí hago una breve aclaración antes de ir a la pregunta. A nosotros en Exante nos gusta mirar el sector público consolidado porque en general este tipo de análisis se relaciona en última instancia con evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. Y al final, eso implica pensar al sector público como un todo, ya que el Estado responde por la deuda de las empresas públicas y también ha tenido que capitalizar al Banco Central en los últimos años (lo cual es neutro si consideramos el sector público consolidado).
En cualquier caso, el déficit de la administración central siguió una evolución similar al del sector público consolidado en estos últimos años.
En particular, alcanzó un mínimo a finales de 2022, se deterioró en los últimos años de la administración pasada hasta situarse al cierre de 2024 en 3,3% del PIB y finalmente, también experimentó una desmejora adicional durante el primer semestre de 2025. En concreto, el déficit de la administración central se ubicaba, según los últimos datos disponibles, en 3,9% del PIB en el año móvil a junio.
Por lo tanto, ya sea que estemos hablando del sector público en su conjunto o que estemos analizando a la administración central, que como bien mencionabas es el perímetro relevante para la regla fiscal, lo cierto es que el déficit fiscal es elevado y además viene mostrando una trayectoria ascendente en el último tiempo.
RA: Si ponemos el foco en el período más cercano, recién decías que el déficit de la administración central pasó de 3,3% del PIB a 3,9% del PIB en estos primeros meses del año, ¿qué factores estuvieron detrás de este deterioro de las finanzas públicas?
LM: El deterioro del resultado de la administración central respecto al dato de diciembre se explicó fundamentalmente por un aumento del gasto público.
En particular, los gastos de funcionamiento y las inversiones del Gobierno Central y el BPS se incrementaron en dos décimas del PIB en cada caso. A su vez, el pago de intereses subió en una décima del PIB, mientras que las remuneraciones, pasividades y transferencias registraron un aumento conjunto también equivalente a 0,1% del PIB.
Por su parte, si bien los ingresos totales del Gobierno Central y el BPS expresados en porcentaje del PIB se mantuvieron sin cambios respecto al cierre de 2024, sí existieron movimientos relevantes a nivel de las diferentes partidas.
RA: ¿Podemos profundizar un poco sobre eso, Luciano?
LM: Sí, claro. Por un lado, la recaudación neta de la DGI aumentó en más de 0,3% del PIB respecto al cierre de 2024, con subas interanuales en términos reales en casi todos los impuestos. De hecho, las únicas excepciones a esta tónica fueron las del IASS y el Impuesto al Patrimonio, que mostraron caídas reales en enero-junio de este año respecto a las cifras de igual período de 2024.
Además, los ingresos por Comercio Exterior también subieron, en este caso en 0,1% del PIB.
Sin embargo, estos movimientos fueron compensados por una caída de más de 0,4% del PIB en el rubro de “otros ingresos” del Gobierno Central, por una menor remisión de utilidades del BROU y de las empresas públicas a Rentas Generales.
De ahí lo que decía que los ingresos totales no experimentaron cambios en términos del PIB.
Lo otro que me parece importante mencionar es que este deterioro del resultado fiscal ya estaba contemplado por el gobierno, por lo que no puede catalogarse como una sorpresa.
En concreto, el Ministerio de Economía había explicitado en la última Rendición de Cuentas, presentada a principios de junio, una proyección de 4,1% del PIB para el déficit agregado del Gobierno Central y el BPS en 2025. Esto contemplaba que este año se verían reflejadas en la contabilidad fiscal un conjunto de partidas correspondientes principalmente a gastos del período anterior.
De este modo, el déficit de la administración central se ubica actualmente aún dos décimas del PIB por debajo de esa proyección.
RA: Cuando mencionabas los gastos del período anterior contemplados en la proyección fiscal para este año te referías a los pagos por disponibilidad de las obras del Ferrocarril Central y por gastos de funcionamiento en ASSE que se habían generado en 2024, ¿no?
LM: Exacto, de acuerdo con lo que transmitió el gobierno en la última Rendición de Cuentas, ese conjunto de gastos generados el año pasado representan un monto equivalente a 0,4% del PIB.
A esto habría que sumarle, de acuerdo con lo expresado por las actuales autoridades, un adelanto de impuestos de las empresas públicas realizado el año pasado por un monto equivalente a 0,1% del PIB.
Vale aclarar que, en este caso, si bien el adelantamiento en el pago de impuestos no genera efectos si uno lo mira en términos consolidados, sí generó una mejora del resultado de la administración central en 2024 y un deterioro en 2025.
RA: Con todo lo que hemos hablado en este rato, ¿qué perspectivas manejan ustedes en Exante en lo previo a la presentación de este proyecto de ley de Presupuesto?
LM: Como ya dijimos, el déficit fiscal se ubica en un guarismo muy elevado, que no es consistente con los niveles requeridos para estabilizar el ratio de deuda / PIB. Según las estimaciones que realizamos en Exante, para estabilizar el ratio de deuda a PIB sería necesario un ajuste del resultado fiscal de entre 1,5% y 2% del PIB.
Dado esto, a nuestro juicio, el gobierno no debería disponer aumentos relevantes del gasto público en el próximo Presupuesto.
Esta visión parece estar en línea con el diagnóstico que tiene el propio equipo económico y cuyos integrantes han transmitido en diferentes entrevistas.
De hecho, la semana pasada, el ministro Oddone en entrevista con ustedes mencionó que el gobierno se plantea alcanzar una mejora del resultado de alrededor de 1,8% del PIB a lo largo de esta administración y que el espacio para aumentar el gasto público es relativamente acotado.
Lógicamente, para entender la viabilidad de ese pronóstico será necesario analizar las proyecciones de los diferentes rubros de ingresos y egresos, así como los pronósticos de las principales variables macroeconómicas que conforman el escenario base de la administración.
A su vez, el proyecto seguramente traerá cambios en el diseño de la institucionalidad fiscal, con la introducción de un ancla basada en la determinación de un nivel de “deuda prudente”. En ese sentido, la determinación de ese nivel de “deuda prudente”, así como la definición de las metas operacionales de corto plazo y los mecanismos de convergencia ante desvíos también serán elementos a evaluar.
En conclusión y en términos generales, si bien los mercados internacionales siguen teniendo una visión muy favorable de Uruguay, las señales que se deriven del proyecto de ley de Presupuesto serán claves para el desafío de gestión de expectativas que debe afrontar el gobierno.
