Tras la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el miércoles pasado, por el caso Cardama, la empresa que tiene a su cargo la construcción de dos patrullas océanicas para la Armada Nacional, el oficialismo insiste en que faltó discutir el tema de fondo: el contrato, la garantía (que sería trucha) y el presunto intento de estafar al Estado uruguayo.
Dimos paso a la otra campana: Emiliano Cotelo conversó con quien llevó adelante la interpelación, el senador Javier García, ex Ministro de Defensa Nacional y líder de la lista 40 del Partido Nacional.
Este miércoles tuvo lugar el llamado a la sala de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, impulsado por el senador nacionalista Javier García a raíz de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi, anunciada el 22 de octubre, de iniciar acciones a efectos de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras océanicas destinadas a la Armada Nacional.
Como ustedes recordarán, aquella resolución se adoptó cuando Cardama no cumplió en fecha con la renovación de una de las garantías y además se detectó que el aval original era aparentemente falso, otorgado por una “empresa de papel” que poco después sería disuelta por las autoridades del Reino Unido.
La interpelación culminó con una declaración que consideró satisfactorias las explicaciones de la jerarca, que fue aprobada solo con los votos del Frente Amplio.
En ese texto el Senado expresó su “respaldo” a Lazo y su “conformidad” con lo expuesto en sala por las autoridades del Ministerio de Defensa, destacando la disposición a brindar información y asumir responsabilidades institucionales. Además, se apoyó al presidente Yamandú Orsi en las acciones “para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas” en torno al contrato con Cardama, y se dejó abierta la posibilidad de seguir investigando el proceso de compra.
La oposición había promovido dos mociones que no alcanzaron mayoría: una declaraba “insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra y advertía por riesgos para la soberanía, la seguridad y el patrimonio del Estado; la otra proponía crear una comisión especial integrada por senadores de todos los partidos para acompañar las actuaciones del Estado en relación con Cardama, con el objetivo de “velar por el interés superior del Uruguay”.
¿Qué dejó esta instancia parlamentaria? ¿Cómo sigue esta discusión?
